POLITICA
El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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votación sesión 9 de septiembre
POLITICA
Morales Solá y Kirschbaum cuestionaron a Milei por los insultos al periodismo en la asamblea de ADEPA en Tucumán
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (De una enviada especial).- Los periodistas Joaquín Morales Solá, columnista de , y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, encabezaron este jueves un encuentro en la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que comenzó ayer en esta ciudad. Durante la conversación, sostuvieron que “la descalificación del periodismo”, hoy impulsada principalmente por el presidente Javier Milei, “es un hecho antidemocrático” que, a su vez, creó “un clima innecesario de confrontación” con la prensa.
En paralelo, reflexionaron sobre el impacto de los avances de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la práctica periodística. Los expositores coincidieron en que la IA dificulta la distinción entre las noticias verdaderas y falsas y en que utiliza información de los medios, a los que no retribuye económicamente por ese “conocimiento robado”.
La presentación, titulada “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán”, fue moderada por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA y titular de La Gaceta, medio tucumano que oficia como anfitrión del foro.
“[El Presidente] ha creado un clima innecesario de confrontación con el periodismo”, introdujo Morales Solá. Consideró que Milei “tiene un desconocimiento muy profundo sobre cómo es la relación del periodismo con los gobiernos”, dado que la misión de la prensa “es contar cosas que los gobiernos que están en el poder no quieren que se sepan”. No existe un periodismo serio “de puro elogio”, apuntó.
“Lo que pasa actualmente es muy grave, pero son tuits. No me van a asustar con tuits a esta altura del partido. El Presidente, a veces, es muy agresivo con la prensa”, afirmó Morales Solá. No obstante, recordó que durante los gobiernos kirchneristas los periodistas y los medios sufrieron “escraches” y acusaciones por parte de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.
En la misma línea, Kirschbaum afirmó que “el periodismo siempre está en tensión contra el poder porque hay muchas cosas que el poder no quiere que se sepan y el periodismo, sí” y, en relación con los gobiernos kirchneristas, remarcó que “atacaron un elemento fundamental para un medio de comunicación y un periodista: la credibilidad”, en alusión a la frase “Clarín miente” con la que insistió el kirchnerismo durante el enfrentamiento con el medio.
“Milei nos agarró bastante entrenados”, ironizó Kirschbaum. “Los insultos afectan, por supuesto. La descalificación del periodismo y de los periodistas es un hecho antidemocrático. Pero, a su vez, es un estimulante para que sigamos trabajando de la forma más profesional posible y no dar ningún margen para que esa crítica tenga carnadura”, agregó.
La exposición transcurrió ante la atenta mirada de Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa del gobierno de Milei. Su participación no pasó desapercibida. En los minutos previos, se lo vio en el hall del Hotel Sheraton, locación donde se realiza la asamblea, junto a directivos de distintos medios y, durante su entrada al auditorio, saludó a Morales Solá, Kirschbaum y a referentes de las entidades que participan del foro. También asistió Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
El desembarco de Fernández y Ferrentino representa la primera vez que asisten funcionarios del gobierno de Milei a una asamblea anual de ADEPA, y ocurre en un contexto de escalada de los insultos que propina el Presidente a medios y periodistas. En 2024 y 2025, la gestión nacional no envió emisarios.
“Al Presidente le molesta la mentira. Pero queda en el plano discursivo”, justificaron fuentes del Gobierno, en diálogo con . Negaron tensiones con ADEPA –al igual que la entidad– y valoraron que sobre el escenario se haya trazado la comparación con el kirchnerismo, un movimiento que propuso Dessein a los expositores durante la presentación.
El desafío de la IA
Morales Solá expresó su preocupación por el avance de la IA: “No sabemos cuánto hay de verdad y cuánto no, y está haciendo un saqueo económico que pone en riesgo el periodismo tradicional”.
Con este telón de fondo, consideró que “no hay IA” que reemplace el “chequeo” de la información, que calificó como “el primer deber del periodismo”, ni las reuniones personales con las fuentes. A su vez, evaluó que la IA carece de “consciencia y contexto: dos elementos fundamentales para el ejercicio del periodismo”.
También transmitió al auditorio su inquietud por las redes sociales, a las que tildó de “un peligro para la información de la sociedad”, en tanto reproducen información falsa que “compite, en una franja etaria muy importante, con el periodismo serio”.
En sintonía con el planteo del columnista de , Kirschbaum sostuvo que “los medios tradicionales han perdido la centralidad en la agenda noticiosa”. No obstante, destacó que la prensa “tiene el atributo de confirmar la veracidad de la información”.
Además, lamentó que la IA utilice el conocimiento de la humanidad sin pagar por “ese conocimiento robado”. El 35% de esa información proviene de los medios periodísticos, precisó.
Los avances de la IA y de Internet derivan en la propensión de los periodistas a “dejar de verificar personalmente determinados hechos”, sostuvo. Sin embargo, valoró ciertas herramientas útiles de la IA para el periodismo, como la transcripción y traducción: “El adelanto es maravilloso, salvo que tenemos que saber cómo utilizar esa innovación”.
Esta tarde comenzarán las actividades de capacitación, que tendrán como pilar el análisis del impacto de la IA sobre la industria periodística y la puesta en práctica de esta tecnología en los medios del país. En concreto, Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA, presentará el viernes un informe sobre “el valor de los medios argentinos en la era de la IA”.
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POLITICA
La Libertad Avanza vuelve a recibir al PRO en la Casa Rosada para avanzar en un acuerdo electoral
En vista a las elecciones presidenciales de 2027 vuelven a reunirse el PRO y La Libertad Avanza, en Casa Rosada, en el tercer encuentro entre ambos espacios, por una eventual alianza para las ejecutivas.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de LLA y jefe de la Cámara Baja, Martín Menem; y el responsable político de ese espacio, Eduardo “Lule” Menem, volverán a recibir al jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador y secretario general de este partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.
Desde el Gobierno destacaron que los ejes de los encuentros pasaron por “profundizar la coordinación entre ambos espacios a partir de coincidencias de fondo: impulsar las transformaciones que el país necesita, y consolidar un rumbo que impida el regreso del kirchnerismo al poder”.
En la cumbre anterior, que fue el 27 de agosto, La Libertad Avanza y el PRO repasaron el escenario electoral en todos los distritos donde no gobierna el partido liderado por Mauricio Macri para analizar eventuales alianzas para competir en 2027. Con el objetivo de fondo de avanzar hacia un acuerdo a nivel nacional para las ejecutivas del 2027.
Como anticipó TN desde el PRO explicaron que hubo un repaso de la agenda parlamentaria y del estado de la economía. En ese sentido, Santilli hizo un repaso de los principales indicadores económicos, con especial mención al crecimiento de 13 de los 15 sectores del Estimador Mensual de Actividad Económica y la caída de la inflación.
De Andreis destacó: “Nos llevamos una dosis de tranquilidad. En el marco de blindar el cambio estamos totalmente conscientes de que la situación económica es importante”. Mientras que Ritondo dijo en declaraciones a TN que todavía “falta mucho” para las definiciones electorales: “Para las discusiones electorales y con nombre propio, básicamente candidaturas, que entendemos perfectamente que generan mucha ansiedad, falta muchísimo”.
La Libertad Avanza acelera su armado bonaerense y muestra sintonía con el PRO para 2027
Como anticipó TN los libertarios dieron el fin de semana una nueva señal de acercamiento al PRO en la provincia de Buenos Aires, durante una actividad en Lincoln de la que participaron la presidenta de LLA a nivel nacional y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su par de PBA y diputado nacional, Sebastián Pareja, Santilli y dirigentes del macrismo.
La postal fue en medio de las negociaciones entre ambos espacios para tratar de confluir en una alianza para el 2027, y tuvo un protagonista que dejó señales en clave electoral: el exintendente de Junín, Pablo Petrecca, que en las legislativas de 2025 compitió por afuera del acuerdo entre ambos espacios.
La secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete y el titular bonaerense de LLA asistieron al cierre de la octava edición de “Bien Montados”, una prueba de doma realizada en la Estancia Lavinia de Lincoln.
Formalmente, se trató de una actividad vinculada con las tradiciones rurales. Aunque no se informó sobre una reunión política ni se anunció ningún acuerdo electoral fue una foto política, en plenas negociaciones entre ambos campamentos.
PRO, La Libertad Avanza
POLITICA
Tobilleras electrónicas: el Gobierno creó un programa para reforzar su uso y alcanzará al régimen penal juvenil
El Gobierno lanzó un nuevo programa para fortalecer el uso de las pulseras y tobilleras electrónicas en casos de condenados de prisión domiciliaria y otros acusados con restricciones a la libertad ambulatoria. El protocolo también incluirá a los adolescentes en conflicto con la ley penal, tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Así surge de la Resolución 434/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada ayer en el Boletín Oficial. La medida apunta a mejorar la asistencia de jueces y fiscales de todo el país en la implementación de tecnología de monitoreo electrónico, y se enfoca en aquellos casos de acusados que no pasaron por una cárcel o alcaidía.
“Los jueces vienen reclamando la necesidad de contar con pulseras sobre todo para casos que necesitan monitorear pero que no aplican para ir a un establecimiento penitenciario”, deslizaron fuentes oficiales.
En sus considerandos, la decisión oficial remarca que la expansión del modelo acusatorio -encabezado por los fiscales- en la mayoría de las provincias hizo crecer la adopción de medidas de control alternativas a la prisión ante quienes enfrenten juicios penales, mientras el proceso judicial continúa.
Puntualmente, el programa resalta que estos mecanismos son de utilidad “tanto para supervisar medidas de coerción personal durante el proceso” judicial, como para “controlar modalidades de cumplimiento de penas o medidas privativas de la libertad fuera de establecimientos penitenciarios”, dice la resolución.
Lo saliente es que también plantea “acompañar la implementación de respuestas previstas por el régimen de responsabilidad penal juvenil”, que esta semana comenzó a aplicarse en todo el país, a excepción de la provincia de Buenos Aires, luego del habeas corpus colectivo dictado por la jueza Marta Pascual que suspendió la norma por 60 días.
A quiénes se les aplicará el nuevo protocolo
El alcance del Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria -su nombre oficial- funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la cartera de Justicia, y tendrá como fin colaborar con el Poder Judicial en casos de asistencia tecnológica en personas que:
- Tienen restricciones procesales, por ejemplo, prohibición de acercamiento o arresto domiciliario sin haber estado presos.
- Cumplen detención domiciliaria por condena, sin ingresos previos a la cárcel.
- Afrontan medidas o sanciones según la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, es decir, adolescentes en conflicto con la ley.
En cada situación, la implementación dependerá de una orden judicial, previa evaluación de la situación personal y domiciliaria del acusado, y solo si la persona cumple con los requisitos del programa.
La implementación de las tobilleras y dispositivos es acotado para los delitos federales. Según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), de un total de 12.643 personas con prisión domiciliaria en 2024, el 54,71% –es decir, 6.917 personas– estaban bajo vigilancia electrónica.
Cómo funcionará el programa
La responsabilidad del monitoreo efectivo recaerá en una empresa. Fuentes de la cartera de Mahiques indican que solo la firma Surely SA ofrece ese servicio. La función del Ministerio será la de intermediario entre la empresa y el Poder Judicial, por lo que no asumirá el control ni vigilancia directa de los arrestos o supervisión del dispositivo. En lo operativo, el Ministerio de Justicia centralizará la logística y el financiamiento con sus propios recursos. También ofrecerá capacitación a jueces y equipos judiciales.
Ante una alerta que surgiera en el monitoreo, la empresa proveedora de las tobilleras deberá dar aviso inmediato a la autoridad judicial que investiga el caso. También deberá compartir periódicamente toda la información al programa, que estará a cargo el abogado Brian Ezequiel Gallo en carácter ad honorem.
De esta forma, el programa permitirá realizar un sistema de seguimiento que controle el uso real de los dispositivos, el avance de los procesos judiciales y el nivel de cumplimiento de las restricciones.
Así, se centralizará información sobre la cantidad de dispositivos asignados y en stock, para detectar cuellos de botella y necesidades de compra; la etapa procesal en la que se encuentran los monitoreados; el delito investigado en cada caso; y datos demográficos de las personas bajo vigilancia electrónica.
Actualmente, el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, tiene bajo su órbita funciones similares. Según informaron desde esa cartera, la medida del ministerio de Justicia “complementa” las atribuciones del área. Cuando haya “solapamiento” de casos, el protocolo establece su derivación.
El “costo” de aplicar el sistema
Aunque no suelen contar con el visto bueno de la opinión pública, las tobilleras permiten resolver situaciones procesales y de condena de diferente índole. Desde un punto de vista técnico, el costo de aplicar estos dispositivos electrónicos frente a una prisión preventiva carcelaria resulta “significativamente inferior” en términos de gasto estatal para controlar a un imputado o condenado, argumenta la resolución.
En lo jurídico, el ministerio de Justicia también defiende este tipo tipo de medidas alternativas. La resolución cita el fallo “Nápoli” de la Corte Suprema de Justicia y los tratados internacionales vigentes, que limitan el encierro preventivo a los casos estrictamente necesarios y es una medida de “carácter excepcional destinada exclusivamente a asegurar los fines del procedimiento, sin que pueda asumir naturaleza punitiva anticipada”, sostiene el documento.
Para la persona investigada o condenada en el régimen domiciliario, le permite conservar sus vínculos familiares, laborales y educativos, y evita los efectos negativos del primer ingreso al encierro. Una dimensión que suele ser tenida en cuenta para los adolescentes que infringen la ley, y que el sistema penal, al menos de lo declarativo, busca resocializar.
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