La política de discapacidad se convirtió en un frente de batalla recurrente para el gobierno de Javier Milei. Desde el año pasado, el oficialismo atravesó siete votaciones adversas en el Congreso −incluida la insistencia contra un veto presidencial−, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

El tema también genera cortocircuitos con aliados. Desde Pro y la UCR hasta gobernadores que suelen acompañar al oficialismo. Incluso la Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario de León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense.

Para la oposición es todo ganancia. No solo los aglutina cuando escasean temas en común, sino que quiebra la cohesión del gobierno con sus socios.

Quedó en evidencia esta semana en Diputados. Javier Milei venía de celebrar la centralidad que había adquirido su anuncio sobre la cuestión Malvinas, pero la oposición le marcó la cancha con una sesión para impulsar la discusión de una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.

Para desactivar la sesión, el oficialismo primero abrió el debate en comisiones y después intentó persuadir a aliados y gobernadores para que no dieran quorum. Pero frente a la inminencia de una derrota, los libertarios cambiaron de estrategia y terminaron por acompañar los emplazamientos impulsados por la oposición.

En LLA calificaron la jugada de “brillante”, al argumentar que consiguieron imponer el cronograma que habían promovido originalmente, además de excluir del debate los proyectos con costo fiscal.

“Votaron lo que Milei vetó”, replicó una diputada peronista.

No fue la primera vez que el Gobierno quedó en minoría por este tema. La emergencia fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, ninguno en contra y los libertarios ausentes.

Después del veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado completó el rechazo al veto con 63 votos contra siete.

En ese recorrido, sectores de Pro y la UCR que inicialmente habían acompañado al Gobierno se fueron desmarcando.

En diciembre hubo otro revés: Diputados rechazó un capítulo entero del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.

La pelea judicial

El conflicto derivó después en la Justicia. A través del decreto 681/2025, el Gobierno promulgó la ley de emergencia, pero suspendió su aplicación con el argumento de que no contaba con fuentes claras de financiamiento.

Familias y prestadores presentaron amparos y llegaron a solicitar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la aplicación de sanciones económicas al jefe de Gabinete en caso de incumplimiento. Finalmente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.

La disputa, sin embargo, continúa. Las familias reclaman una nueva prórroga porque sostienen que todavía está pendiente el cumplimiento del artículo 13, que establece una compensación a prestadores por la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó contemplada en las actualizaciones por inflación.

También reclaman incorporar a la base del nomenclador −que fija y actualiza los honorarios de los prestadores de los servicios como transportistas, terapias y centros de día− alrededor de un 30% que, según sostienen, quedó pendiente durante los primeros meses sin indexación.

El Gobierno desconoce estos reclamos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada libertaria Silvana Giudici durante la última sesión y citó un fallo de la Cámara Federal de San Martín.

Esa resolución establece que la ejecución de la ley “se encuentra en curso”. El oficialismo interpreta que la emergencia se está cumpliendo y que no corresponde prorrogarla; las familias, los prestadores y la oposición sostienen que los pagos todavía no fueron completados.

Aliados y gobernadores

Incluso Pro y la UCR reclamaron al Gobierno precisiones sobre los pagos pendientes. Los radicales le reprocharon al oficialismo el cambio de estrategia y no ocultaron su malestar por haber quedado descolocados frente a su acuerdo con la oposición.

Pro manifestó su malestar a través de un comunicado. Pidió públicamente un “cronograma claro de pago a los prestadores”. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, repitió el reclamo en el recinto.

También se desmarcaron gobernadores cuyos diputados suelen acompañar al Gobierno. Entre ellos, Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba.

En los bloques provinciales explican que hay también un problema presupuestario: cuando las prestaciones no son cubiertas a nivel nacional, parte de esa demanda termina en hospitales e institutos provinciales. Para los gobernadores, por lo tanto, la discusión tiene un impacto directo sobre sus distritos.

Muchos gobernadores buscarán revalidar su mandato y no les hace gracia pagar el costo político del ajuste con el que Milei se vanagloria.

La causa Andis

Esta puja legislativa que derivó en los tribunales fue catalizada por otra causa radicada en Comodoro Py, donde se investiga al poder por posible corrupción.

Ese expediente indaga sobre presuntos sobreprecios y direccionamientos de licitaciones en la ex-Andis, actualmente reconvertida en la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Es decir, mientras el Gobierno se negaba a cumplir con los pagos a los prestadores de servicios de discapacidad fijados por la emergencia, la Justicia investigaba −e investiga− posibles maniobras de funcionarios para sobrefacturar y quedarse con un porcentaje de la diferencia.

Esta investigación salpica a la hermana del Presidente, así como a su círculo más cercano.

La semana pasada, el fiscal federal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller, víctima del atentado por el que está detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor de Milei. Beller sostiene que Cerimedo le contó que Karina Milei está involucrada en los presuntos hechos de corrupción que se investigan y asegura que cuenta con grabaciones que lo prueban.

La declaración de Beller fue fijada para el 23 de septiembre y será por videoconferencia. Es otro frente abierto del Gobierno en materia de discapacidad que podría complejizarse.

La causa comenzó a mediados del año pasado tras la filtración de audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Andis, hablaba de presuntas irregularidades en el organismo y hacía referencia a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.