El bloque Unión y Libertad del Senado de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para habilitar durante 180 días el uso de fondos viales rurales en obras hídricas urgentes. La iniciativa permitiría a los municipios reasignar hasta el 100% de esos recursos ante el riesgo de lluvias e inundaciones asociado a una posible llegada del fenómeno de El Niño.

La propuesta fue impulsada por los senadores bonaerenses Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura. El objetivo es dar a los intendentes una herramienta temporal para intervenir en zonas afectadas por anegamientos, con tareas de drenaje, limpieza de canales y reparación de infraestructura.

El texto plantea una modificación excepcional y acotada en el tiempo del esquema establecido por la Ley 13.010, que asigna los fondos descentralizados del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento, mejorado y perfilado de los caminos de tierra.

De aprobarse, los municipios de la provincia de Buenos Aires quedarían habilitados para utilizar esos recursos en obras consideradas críticas ante excesos de agua. El permiso tendría una vigencia de 180 días corridos y contemplaría la reasignación de hasta el 100% de los fondos viales rurales.

Entre las intervenciones previstas figuran el drenaje pluvial, el dragado y la limpieza de canales, la reparación de alcantarillas y la compra de equipamiento destinado a responder ante emergencias hídricas.

Kikuchi sostuvo que las reglas actuales no se corresponden con la situación que podrían enfrentar los distritos. “Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, afirmó el legislador.

Según los fundamentos de la iniciativa, el mantenimiento de la red vial rural pierde eficacia si los canales y desagües están desbordados o no tienen capacidad para conducir el agua acumulada. Desde el bloque consideran que la normativa vigente limita la respuesta de los gobiernos locales frente a fenómenos climáticos de gran impacto.

Vargas señaló que la propuesta no incluye partidas adicionales ni cambios tributarios. “No estamos pidiendo más plata ni creando nuevos impuestos, estamos pidiendo que puedan usar los recursos que ya tienen para prevenir las consecuencias de las inundaciones”, indicó.

El senador agregó que los intendentes conocen de cerca las necesidades de cada distrito y deben contar con margen para definir las prioridades frente a una emergencia. El proyecto busca mitigar posibles afectaciones sobre la producción agropecuaria, los caminos rurales y las comunidades del interior bonaerense.

La iniciativa deberá avanzar ahora en el tratamiento legislativo para reunir los respaldos necesarios en el Senado provincial.

Los antecedentes muestran que el impacto de El Niño no se distribuye de forma homogénea en Argentina. La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, explicó que la influencia suele sentirse con mayor intensidad en el litoral y el noreste del país, regiones donde pueden darse períodos con más lluvias y tormentas de mayor intensidad.

Por su parte, Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, alertó que las precipitaciones acumuladas en lapsos cortos pueden exceder la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana y rural. También remarcó que las lluvias en el sur de Brasil inciden en los caudales de los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná, un factor relevante para las zonas cercanas a esas cuencas.

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La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.

Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.

Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.

La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.

En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.

Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.

La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.

La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Contraofensiva de Furlán

La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.

Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.

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