Tan solo unas horas después de que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

A pesar de que también está en agenda, no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que todavía no tiene el respaldo de los aliados.

La actividad comenzó por la tarde en la Casa Rosada, cuando el funcionario nacional recibió a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Fue un único encuentro que comenzó un poco pasadas las 15:00, luego de que llegaran los invitados, convocados la noche anterior, quienes se dirigieron directamente a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.

Durante más de dos horas, en el que el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

Aunque tienen origen peronista, Jaldo y Jalil son dos de los líderes provinciales que suelen acompañar las medidas que toma el presidente Javier Milei, con quien tienen una relación oscilante.

En tanto, Valdés es uno de los referentes del radicalismo y le ganó en el 2025 las elecciones a La Libertad Avanza, luego de que no se llegara a un acuerdo para competir juntos.

Por último, Sáenz pertenece a un espacio independiente que tiempo atrás estaba cerca del Frente Renovador de Sergio Massa, pero actualmente da señales contradictorias: este miércoles visitó la Casa Rosada, un día después de haberse sacado una foto con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.

“Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”, comentó Jaldo a la salida.

El tucumano también contó que junto a Sáenz, por ejemplo, le reclamaron a Santilli “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas“ que le corresponden a la Nación.

“Hablamos también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, marcó.

“Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural, por eso yo lo que creo que esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur“, agregó Jaldo.

Por otra parte, reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal“.

“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso, es decir que nuestro senadores nacionales en las respectivas comisiones van a estudiar el texto. Vamos a ver artículo por artículo. Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos

Además, señaló que “concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” con respecto a antes del encuentro.

“Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias, pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, cerró.

El jueves por la mañana, Santilli continuará con la ronda de reuniones cuando reciba a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Quedó para la semana que viene la charla con el de Chaco, Leandro Zdero, que por cuestiones de agenda tuvo que postergar su viaje a Buenos Aires.

En esa oportunidad, serán tres encuentros por separado y se espera que en algunos de ellos también participe el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La Nación busca reactivar las conversaciones con las provincias en la previa de una etapa legislativa que será determinante para el oficialismo. El Poder Ejecutivo ya envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y ahora deberá negociar con los bloques aliados y dialoguistas para garantizar su aprobación.

A pesar de que circuló que el texto se iba a enviar por la tarde, recién pasadas las 23:00 fue que la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados, lo que generó la molestia de algunos aliados.

“Después quieren que los acompañemos. ¿Cómo puede ser que no nos lo pasen a los integrantes de la comisión en la que se va a tratar? Somos nosotros los que tenemos que poner la firma para el dictamen después“, protestó un legislador.

El Gobierno sostiene que la ley de gastos y recursos mantendrá como prioridad el superávit fiscal. Sin embargo, los gobernadores plantearon sus demandas sobre obras, transferencias, fondos para las provincias y programas que dependen de recursos nacionales.

En paralelo, Santilli intentará conseguir adhesiones para la reforma electoral. La eliminación de las PASO es uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza antes de que el calendario rumbo a los comicios de 2027 pase a ocupar la agenda política.

El oficialismo considera que las primarias implican un costo elevado para el Estado y extienden el período de campaña, mientras que parte de los mandatarios provinciales analiza cómo una eventual modificación del sistema puede afectar la definición de candidaturas y los acuerdos locales.

Aunque el Presupuesto y la reforma electoral concentrarán la atención de los encuentros, el Gobierno continúa trabajando también en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con las islas Malvinas, que se enviará está semana.

El texto, que continúa en revisión, prevé endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en la Plataforma Continental y en el archipiélago.

La iniciativa todavía deberá ser discutida en el Congreso, donde el oficialismo buscará que los gobernadores y sus legisladores acompañen el debate. En ese contexto, la gira de Santilli por la agenda provincial apunta a ordenar apoyos para tres frentes que el Gobierno considera prioritarios: las cuentas públicas, la reforma política y el proyecto sobre Malvinas.

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El Gobierno impulsa cambios para agilizar los procedimientos de interceptación y el eventual uso de la fuerza contra buques que incumplan órdenes en espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o sujetos a sus derechos soberanos. La reforma forma parte del capítulo de protección marítima de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y apunta, según explican en Nación, a reducir la cantidad de pasos que actualmente deben atravesarse antes de determinadas medidas coercitivas.

El Ejecutivo trabaja sobre un esquema comparable en su lógica al que prepara para la protección aeroespacial, donde también pretende revisar la secuencia de decisiones previa al empleo de la fuerza. En el caso marítimo, el análisis alcanza a la detección, intimación, persecución, abordaje y eventual utilización de armas contra embarcaciones que desobedezcan instrucciones.

Cerca de quienes intervienen en la elaboración confirman que el nuevo marco no estaría limitado a amenazas militares externas. También podría aplicarse a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva y se nieguen a acatar las órdenes impartidas por las autoridades argentinas.

El punto exige una distinción: Argentina ya cuenta con herramientas para actuar contra esos buques. La Prefectura Naval puede detectar, perseguir, inspeccionar y apresar embarcaciones extranjeras que realicen pesca ilegal dentro de la ZEE y, bajo determinadas condiciones, continuar una persecución iniciada allí aun cuando el buque alcance alta mar.

Desde 2018 existe además un protocolo específico para los pesqueros extranjeros que incumplen la Ley Federal de Pesca. La secuencia contempla comunicaciones radiales, señales visuales, intimaciones de detención, abordaje y persecución. Si el buque mantiene una actitud de resistencia, el régimen permite escalar al uso de armas.

La norma distingue entre disparos de advertencia, que no deben impactar sobre la embarcación, y disparos de invalidación, destinados a provocar un daño limitado que permita detenerla. Estos últimos requieren autorización de la Dirección de Operaciones y deben evitar afectar a las personas que se encuentran a bordo.

El protocolo fija además cinco criterios para el empleo de la fuerza: legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad. Eso significa que el debate que abre ahora el Gobierno no consiste en autorizar por primera vez el uso de armas contra pesqueros, sino en modificar el procedimiento existente y eventualmente ampliar su alcance.