El juez federal Daniel Rafecas sumó al iraní Alí Asghar Hejazi al juicio en ausencia por el ataque a la AMIA. De esa forma, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que considera a Asghar Hejazi como el presidente del comité que decidió el atentado terrorista de 1994.

El dirigente iraní, cuyo nombre también se consigna como Alí Asghar Mirhejazi, tiene actualmente 79 años y era en 1994 el delegado personal del entonces líder supremo Alí Khamenei, su mano derecha.

El fiscal federal especial para la causa AMIA Sebastián Basso entendió en un dictamen que la decisión de atacar la mutual se tomó durante una reunión de un comité secreto conocido como “Vijeh”, encabezado por Khamenei y Hejazi.

El fiscal considera que intervinieron en la decisión del atentado Mohsen Rezai (comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (a cargo de la Fuerza Al Quds, la sección encargada de operaciones fuera de Irán), Alí Fallahian (ministro de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (a cargo de la política exterior).

La fiscalía entiende que el 14 de agosto de 1993 se decidió el atentado del 18 de julio de 1994 en ese Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el aval de Khamenei.

Desde ese momento, el comité presidido por Hejazi se ocupó de los preparativos y la definición de la fecha del ataque, que provocó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos.

La fiscalía entendió que Hejazi estuvo en Buenos Aires en marzo de 1993, como delegado personal de Khamenei y para supervisar la operación y analizar sus posibilidades.

Según Basso, integrantes de la Fuerza Al Quds, liderada por Vahidi, transmitieron las directivas para la ejecución material del atentado a Imad Mughniyeh, señalado como el jefe de la estructura más clandestina de Hezbollah hasta su muerte en 2008.

El juzgado de Rafecas dictó la captura nacional e internacional de Hejazi el 10 de abril pasado, pidió a Interpol la difusión de una circular roja y lo declaró rebelde el 7 de mayo.

El tribunal remarcó que la cancillería iraní fue notificada de todas las medidas dispuestas en su contra, y concluyó que “no existe forma alguna que Hejazi no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal”.

Por eso es que lo sumó al resto de los acusados al juicio en ausencia, cuya viabilidad analiza la Cámara de Casación Penal.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) hizo una fuerte defensa de la existencia de un estatuto del periodismo, como herramienta para evitar una aumento de la vulnerabilidad que, según plantearon sus autoridades, prevalece en el ejercicio de la profesión. Ante una comisión del Senado, las autoridades del colectivo periodístico abogaron por la sanción de un nuevo estatuto, ante la derogación del que estaba vigente, definida al aprobarse el proyecto de modernización laboral del gobierno del presidente Javier Milei.

Claudio Jacquelin, vicepresidente de Fopea y columnista de , planteó ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado que el periodismo se ejerce en “un marco de absoluta vulnerabilidad”. Y subrayó: “La ausencia de una ley específica, como el estatuto, dejaría en una condición de aún mayor vulnerabilidad al ejercicio periodístico, que es una institución fundamental de la democracia, como lo reconocen tratados a los que adscribe la Argentina y están vigentes, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Jacquelin también puntualizó el rechazo de Fopea a la colegiación del periodismo (una iniciativa que propuso el Gobierno) y, en paralelo, volvió a argumentar a favor de la vigencia de un estatuto periodístico. “La existencia de un marco legal nacional garantizaría el ejercicio de la profesión en todo el país, teniendo en cuenta las particularidades de un país como la Argentina y las fragilidades con las que se desarrolla el ejercicio profesional a lo largo y ancho del país. Es imprescindible contar con una ley nacional que dé marco y garantía para ese ejercicio esencial a la democracia”, subrayó. El estatuto del periodista fue derogado por la ley de reforma laboral y dejará de regir en enero de 2027.

Entre otros puntos relevantes de protección de la tarea periodística, Jacquelin sostuvo que se debe “contar con un marco de respeto a la libertad de conciencia para el ejercicio de la profesión”, en un contexto de “estigmatización, acoso y ataque a la libertad de prensa”.

El vicepresidente de Fopea, además, abogó por el establecimiento de un “blindaje ante la vigilancia”. Señaló que se trata de “situaciones que, por avances tecnológicos y falta de acción de protección de parte de la Justicia y el Estado, se ven cada vez con mayor frecuencia”. También defendió la “autonomía de códigos de ética”.

En la comisión, presidida por la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), también se escucharon los planteos del presidente de Fopea, Fernando Stanich, y de la secretaria del foro, Paula Moreno. El encuentro se desarrolló en el Salón Illia.

Stanich rechazó que la vigencia de un estatuto signifique defender privilegios; por el contrario, consideró que implica la preservación de un “escudo democrático” que garantiza la circulación de información de interés público sin presiones políticas ni económicas. Aportó cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, que marcan que, en 2025, hubo un récord de agresiones a periodistas (278 casos), con el que se superó el pico anterior, en 2013 (193 hechos).

Moreno, a su turno, identificó los ejes “El periodista y el derecho a la información”, “Independencia profesional y compromiso ético”, y “Entorno digital e Inteligencia Artificial” como los puntos que estructuran los lineamientos de Fopea. “Si cae el estatuto, no solo pierde el periodista; pierde la sociedad la posibilidad de acceder a información veraz y confiable”, dijo Fopea tras la intervención de sus autoridades en la Cámara alta.