POLITICA
Gustavo Sáenz cuestionó al Gobierno nacional tras la reunión con Santilli: “La paciencia se va acabando”

Luego de haber participado en la reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores del Norte, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno por no brindarles apoyo en cuestiones financieras y de infraestructura. “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, apuntó y advirtió: “La paciencia se va acabando”.
El encuentro se llevó adelante este miercoles, tan solo horas después de que sea enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Además, del mandatario salteño participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Durante más de dos horas, Santilli les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.
De esta manera, al evaluar la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, Sáenz afirmó que existe una “falta de consideración y de reciprocidad”. Incluso, para con aquellas jurisdicciones que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso.
“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, cuestionó el mandatario al remarcar que, al igual que Nación, cada una de las provincias también tiene los mismos problemas.
Durante una breve entrevista con A24, Sáenz apuntó: “No estamos pidiendo nada”, en referencia a los fondos nacionales para obras públicas. Luego de que el Gobierno fijara como máxima mantener el déficit fiscal equilibrado, el jefe del Estado de Salta explicó que tuvieron que buscar financiamiento internacional.
A pesar de esto, el gobernador criticó la falta de respuesta por parte de Nación, que presentaría una demora en otorgar las autorizaciones para continuar con los proyectos planificados por la provincia.
En este sentido, explicó que pidió autorización y garantía soberana nacional para refinanciar una deuda tomada durante la gestión anterior. Así, precisó que la provincia tenía un compromiso original de 640 millones de dólares y que ya canceló cerca de 500 millones.
Según relató, el ministro de Economía, Luis Caputo, le recomendó avanzar con la refinanciación por la baja del riesgo país y de las tasas de interés. Sin embargo, señaló que para concretar la operación requiere el aval nacional.
“Para eso necesitamos la autorización y la garantía soberana de Nación”, dijo Sáenz. De la misma forma, agregó que esa herramienta también es necesaria para obtener financiamiento internacional destinado a obras viales en territorio salteño.
Pese a que recordó que el mantenimiento y obras referidas a las rutas nacionales deberían estar a cargo del Ejecutivo central, indicó que la provincia resolvió asumir las tareas con fondos externos. “Son endeudamientos que tienen que ver con obras fundamentales para Salta”, planteó sobre los frenos que encontró.

Por otro lado, Sáenz vinculó sus reclamos con el comportamiento de referentes oficialistas en las legislaturas provinciales. En línea con esto, afirmó que sectores que respaldan al presidente Javier Milei en Salta, Tucumán y otros distritos votan en contra de las iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las provincias.
“Cuando nos necesitan, hablan con nosotros todos los días, a toda hora y en todo momento”, cuestionó el gobernador, tras plantear que los mandatarios provinciales acompañaron leyes nacionales, pero no reciben el mismo respaldo para resolver necesidades de índole local.
Por este motivo, afirmó que la relación con el Gobierno debe tener una lógica de reciprocidad. “Yo siempre dije que la lealtad es una avenida de ida y vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, expresó.
En la misma sintonía del reclamo, sostuvo que en encuentros anteriores hubo compromisos que no se concretaron y pidió que los acuerdos alcanzados con funcionarios nacionales se cumplan antes de abrir nuevas discusiones.
Por otro lado, el mandatario salteño diferenció los reclamos financieros de la posición que adoptará frente a la ley de emergencia en discapacidad. Así, confirmó que no acompañará esa iniciativa al considerar que los sectores más vulnerables requieren asistencia estatal.

“El equilibrio fiscal que tanto se defiende también vaya acompañado de un equilibrio social”, afirmó. Por esto, sostuvo que las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como “una planilla Excel” y admitió que pueden existir irregularidades, aunque señaló que deben detectarse a través de auditorías.
A pesar de esto, el gobernador pidió controles para verificar las prestaciones y beneficios. Asimismo, insistió en que ese proceso no debe derivar en la desatención de quienes tienen una discapacidad acreditada.
Durante la entrevista, Sáenz también se refirió al escenario político y económico. Si bien señaló que una parte de la sociedad rechaza un regreso al pasado, remarcó que tampoco está conforme con el presente. Además, consideró que el debate público no puede reducirse a una confrontación entre Milei y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A su entender, la falta de institucionalidad, confianza y previsibilidad afecta la llegada de inversiones y frena el impacto de la estabilidad macroeconómica en la actividad cotidiana. Mencionó el consumo, las exportaciones y la inversión como sectores que todavía no despegan.
Incluso, cuestionó los planteos de dirigentes que prometen revertir normas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si llegan al poder. “Tienen que ser política de Estado independientemente”, sostuvo.
Finalmente, Sáenz comparó el nivel del riesgo país argentino con el de naciones vecinas y señaló que, pese a una macroeconomía que describió como estabilizada, Argentina se ubica —según sus dichos— entre 450 y 500 puntos, por encima de países como Uruguay y Chile.
POLITICA
Alonso cruzó a Milei por las críticas a Kicillof por el narcotráfico: “Menos stand up y más trabajo”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó este martes al presidente Javier Milei por las críticas que el mandatario hizo contra el gobernador Axel Kicillof por no permitir a Nación avanzar en un combate conjunto contra el narcotráfico en el distrito, y le reprochó “incompetencia” a la hora de abordar esa problemática.
“Dice que en Buenos Aires no actúa porque ‘El soviético no lo deja’. Falso. El narcotráfico es delito federal. Las fuerzas federales no necesitan el permiso de ningún gobernador. Si no actúan, es porque no quieren o porque no pueden”, remarcó Alonso sobre Milei.
El funcionario sostuvo que, con sus dichos, el Presidente expuso su “propia incompetencia”.
El mensaje de Alonso se dio luego de que Milei le apuntara el lunes a la gestión de Kicillof durante su discurso en la sesión de clausura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 sobre Crecimiento, Productividad e Inflación organizadas por el Banco Central (BCRA).
“Desde que somos Gobierno, pasamos de tener 9000 piquetes a cero. También sacamos a las patadas a los narcos en Rosario: en la provincia de Buenos Aires no lo hacemos porque el ‘soviético’ no nos deja”, había dicho el mandatario, en alusión a Kicillof.
Pero la respuesta de Alonso no tardó en llegar. Vía X, expresó: “Gracioso, viniendo de un presidente que le debe a la provincia $19,1 billones entre deudas directas, obras paralizadas y programas que cortó”.
Luego se refirió a las operaciones contra el narcotráfico que se llevaron a cabo en Rosario en el último tiempo y resaltó que la provincia de Buenos Aires envió a la ciudad santafesina “más de 80 móviles blindados” cuando hizo falta. “Las patadas, en buena parte, eran nuestras”, afirmó, con una referencia a la propia figura utilizada por Milei.
“En un momento difícil, el que fue a colaborar fue Kicillof. Mientras Nación hacía anuncios, la provincia mandaba recursos”, señaló sobre la asistencia que recibió la gestión de Maximilano Pullaro.
Y resaltó que la droga no se fabrica en el conurbano bonaerense sino que entra por las fronteras nacionales y cruza rutas y provincias antes de llegar.
“Cuidar esas fronteras es trabajo de su gobierno. ¿Cuántos radares, gendarmes y escáneres sumó? Nación le retiene a la Provincia fondos que le corresponden por ley. Le recorta la plata para seguridad y después le reclama resultados. Es como sacarle la nafta al patrullero y preguntar por qué no llega», graficó.
Y cerró: “Presidente, el narcotráfico es competencia federal. Cada vez que habla del tema no expone a la Provincia: expone su propia incompetencia. Menos stand up y más trabajo”.
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POLITICA
Qué son las colectoras y cómo evolucionó su regulación en el sistema electoral argentino

El oficialismo negocia en la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en el Senado con la reforma electoral, que contempla, entre otras, la suspensión de las PASO y la incorporación de listas colectoras. Estas últimas fueron una modificación de último momento y el oficialismo apunta a tratarlo en el recinto la próxima semana.
Según pudo saber TN, el agregado a último momento de las colectoras fue una negociación entre Casa Rosada y los gobernadores aliados que permitiría a los socios del oficialismo presentar una columna de candidatos legislativos propia debajo de la postulación presidencial de Javier Milei.
Las colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan candidatos enfrentados en una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma lista para una categoría superior. Durante años se utilizaron en el país bajo un vacío legal que no las permitía ni las prohibía expresamente, hasta que un decreto de 2019 las prohibió. Su eventual reutilización requeriría un nuevo marco normativo, ya que desde 2025 rige el sistema de Boleta Única de Papel.
Las colectoras en los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri
Un ejemplo histórico se registró en las elecciones presidenciales de 2011 cuando Cristina Kirchner, con el Frente para la Victoria, fue reelecta como presidenta. En la provincia de Buenos Aires, compitieron Daniel Scioli y Martín Sabbatella como candidatos a gobernadores. Ambos apoyaban a Cristina pero compitieron con distintos sellos. Finalmente, Scioli se impuso.
Las colectoras se utilizaron durante muchos años porque existía un vacío legal en el Código Electoral Nacional. En 2011 el Congreso sancionó la ley de reforma política que creó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese decreto, el gobierno de la expresidenta oficializó la regulación para las colectoras. Dispuso que en la conformación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.

En 2019 el gobierno de Mauricio Macri dictó un decreto que prohibió las colectoras. Con la firma del expresidente, del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña y de Rogelio Frigerio, que era ministro del Interior, dicho decreto sostuvo que “las colectoras generan confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”, algo que “conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”.
Su eliminación, según el decreto, “constituye una recomendación persistente de los expertos en la materia y un reclamo de las asociaciones de la sociedad civil abocadas a la mejora de la calidad de los procesos electorales”.
Desde entonces, su futura reutilización requeriría un nuevo marco legal. Además, para los comicios del 2027 ya no rige la tradicional boleta partidaria, sino que se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel.
Cómo se utilizarían en 2027
El mecanismo de listas colectoras se adaptaría a la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez a nivel nacional en las elecciones legislativas de 2025. La propuesta permitiría que una misma fórmula presidencial aparezca vinculada a dos columnas electorales dentro de un distrito: una de los candidatos legislativos de su propia agrupación y otra de una fuerza aliada.
De acuerdo con el proyecto, ambas columnas estarían ubicadas de manera contigua y compartirían la misma fórmula presidencial, aunque los votos para cada lista de legisladores se contabilizarían por separado para conseguir bancas.
El sistema no sería automático: la agrupación que presenta al candidato presidencial tendría que autorizar expresamente la adhesión de la otra fuerza, mediante un acuerdo presentado ante la Justicia Electoral.
POLITICA
Presupuesto 2027: con concesiones a sus aliados, el Gobierno obtuvo el aval para debatir el proyecto en Diputados la próxima semana

Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió este miércoles dictamen para el proyecto de presupuesto 2027.
La Libertad Avanza (LLA) reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
El acuerdo le permitió al oficialismo avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre, aunque no logró satisfacer todas las demandas de sus socios parlamentarios.
Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, donde influyen los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, presentaron dictámenes de minoría y consideraron insuficientes las modificaciones. Tampoco acompañaron los cordobeses de Martín Llaryora, los santafecinos de Maximiliano Pullaro ni los misioneros de Hugo Passalacqua.
El texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. Uno de los principales cambios fue el retiro del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
También se eliminaron los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento. A la vez, se incorporó una nueva disposición sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Estos ajustes los leyó la legisladora libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien se puso al frente de esa discusión en Diputados.
El dictamen sumó, además, beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para Mendoza.
Los cambios, en detalle
Pro consiguió una de las concesiones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista. El partido también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales.
Según se informó, la deuda con la Ciudad se negociará por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Otro de los reclamos estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Se acordó que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial. Según los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó solo una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.
La UCR, por su parte, consiguió preservar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. También había exigido garantizar los fondos para discapacidad y universidades.
Si bien el dictamen introdujo modificaciones en materia de discapacidad, no contempló el incremento presupuestario para las universidades que reclamaban los radicales. En el presupuesto 2027 figura una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que para cumplir la ley se necesitan $11 billones.
El texto incluyó, además, un guiño al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo.
Eduardo Falcone, del MID, reconoció una aceptación parcial de sus pedidos. El diputado obtuvo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el compromiso de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Las partidas, sin embargo, no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la Jefatura de Gabinete. Su espacio también había reclamado duplicar los recursos destinados a las Becas Manuel Belgrano.
Los pedidos que no fueron contemplados
No todos los gobernadores consiguieron respuestas favorables. El jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó un aumento del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología y propuso financiarlo mediante una reasignación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También exigió que se respetaran las partidas establecidas por la Ley de Bosques para Misiones. Ninguno de sus pedidos fue incorporado y su espacio se negó a acompañar el dictamen oficialista.
Tampoco prosperaron los reclamos de los legisladores cordobeses alineados con Martín Llaryora, que exigían el pago de deudas con la caja jubilatoria provincial y obras en rutas nacionales, ni los de los representantes de Gustavo Sáenz, de Salta, que solicitaban mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.
La oposición cuestionó el alcance de las modificaciones y presentó sus propias propuestas. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, defendió un dictamen alternativo con mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Entre otras medidas, propuso elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño.
Martínez también consideró insuficientes los cambios en materia de discapacidad y cuestionó a los gobernadores que reclaman recursos, pero luego acompañan al oficialismo en el Congreso. En alusión a la reciente visita de León XIV y a sus llamados a priorizar el bienestar social, ironizó: “En una semana lo guardaron al Papa en un placard. Se terminaron las lágrimas”.
Su compañera de bloque Julia Strada puso en duda las proyecciones económicas del Gobierno y reclamó precisiones sobre las fuentes de financiamiento previstas para afrontar los vencimientos de deuda. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó el proyecto, al que definió como “un ataque en regla a las necesidades de la población”.
Pese a los cambios, el presupuesto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial proyectado de $1847,60. También prevé un superávit primario del 1,1% del PBI y mantiene el equilibrio fiscal como eje de la política económica.
Con el dictamen conseguido, el oficialismo buscará darle media sanción al presupuesto el próximo 25 de noviembre, el mismo día en que Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Para conseguirlo, deberá sostener en el recinto los acuerdos que le permitieron avanzar en comisión.
August 10, 2026,@CINoficial,November 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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