INTERNACIONAL
Polémico exdiputado guatemalteco se suma al partido político de Edmond Mulet

El polémico exdiputado guatemalteco Aldo Dávila se incorporó al partido político XGuate, agrupación que dirige Edmond Mulet. La llegada del exlegislador ocurre después de una trayectoria marcada por su actividad en defensa de los derechos humanos, su paso por el Congreso y una serie de disputas internas vinculadas con el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
La incorporación de Dávila a XGuate se informó en un acto celebrado este 16 de septiembre en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El partido presentó la adhesión como parte de su estrategia para ampliar su presencia política en el país.
XGuate indicó que la incorporación busca reunir figuras con experiencia pública bajo un programa centrado en la fiscalización y la participación social. La organización no precisó si Dávila tendrá una candidatura o una función específica dentro de su estructura.
Mulet sostuvo que la incorporación apunta a ampliar la diversidad de la agrupación y a convocar a personas de distintas trayectorias. “Guatemala necesita personas auténticas comprometidas con transformar el país”, afirmó el dirigente en una declaración difundida por el partido.

Dávila explicó que su decisión requirió una reflexión personal. El exdiputado señaló que encontró en la organización personas con las que comparte la intención de trabajar por Guatemala.
Aldo Dávila no pudo competir en las elecciones de 2023
El exdiputado buscó su reelección al Congreso en 2023, con el partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), pero el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó su inscripción luego de aceptar recursos de nulidad contra su candidatura.
Según la información disponible, el organismo electoral solicitó informes al Ministerio Público, que comunicó que a Dávila le habían retirado la inmunidad por casos bajo investigación. También informó sobre otras peticiones de retiro de inmunidad que permanecían en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

Los recursos fueron presentados por el partido Vamos y una ciudadana. El recurso promovido por esta última fue el que derivó en la revocatoria de la candidatura.
Polémico y “sin pelos en la lengua”
Aldo Dávila es considerado una figura polémica en la política guatemalteca debido a una combinación de su estilo político, sus métodos de comunicación y las disputas legales en las que ha estado involucrado.
Durante su gestión como diputado y en su labor política, adoptó un estilo de fiscalización caracterizado por encarar de manera directa y vehemente a funcionarios públicos, ministros y miembros de las fuerzas de seguridad.
A diferencia del estilo parlamentario tradicional, recurrió al uso de transmisiones en vivo en las redes sociales caracterizadas por un tono informal, sarcástico y en ocasiones calificado por sus detractores como inapropiado o irrespetuoso. Mientras que Dávila siempre ha sostenido que “no tiene pelos en la lengua”.

Incluso, el expresidente Alejandro Giammattei presentó denuncias legales por injuria, difamación y discriminación, acusándolo de vulnerar su honra, su dignidad y por realizar acusaciones despectivas a su vida privada y orientación sexual.
Disputas internas lo separaron de VOS
Pese a que Dávila se proyectaba como una posible candidato presidencial del partido VOS, terminó dejando a la agrupación política en medio de tensiones y disputas internas que iniciaron cuando Dávila se posicionó a favor del político Roberto Arzú, luego que ambos quedaran fuera de las elecciones 2023.
Luego de ello, el exdiputado expresó discrepancias con la cúpula del partido y con otros diputados de la agrupación respecto a las posturas políticas, el manejo de la agenda parlamentaria y las alianzas estratégicas dentro del Congreso.

Además, aseguró manifestó en diversas ocasiones sentirse excluido o desacreditado por la dirigencia del partido a medida que la agrupación redefinía sus prioridades políticas de cara y posterior a las elecciones de 2023.
Aldo Dávila llegó al Congreso desde el activismo por los derechos humanos
Aldo Iván Dávila Morales nació en la Ciudad de Guatemala y desarrolló una trayectoria vinculada con la defensa de las personas que viven con VIH y de la población LGBTIQ+.
Llegó al Congreso en 2019 con el partido Winaq, partido político del que también se distanció y posteriormente impulsó su trabajo junto con la plataforma VOS.
Antes de llegar al Legislativo, fue director de Gente Positiva, una organización dedicada al acompañamiento y la promoción de derechos relacionados con el VIH.
También participó en movilizaciones contra la corrupción y en protestas contra la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Dávila fue el segundo diputado abiertamente homosexual que llegó al Congreso guatemalteco, después de Sandra Morán. Durante su etapa legislativa, se identificó con iniciativas sobre derechos humanos, protección de la niñez, identidad de género y atención a víctimas de discriminación.
Con su ingreso a XGuate, el exdiputado vuelve a integrarse a una estructura partidaria. La agrupación de Mulet sostuvo que continuará incorporando dirigentes y ciudadanos para impulsar una propuesta enfocada en el funcionamiento del Estado y la participación social.
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INTERNACIONAL
Mineras de oro logran ingresos récord en Nicaragua

Las compañías Equinox Gold, Mineros y Mako Mining informaron que aumentaron la producción de oro en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026, con ingresos récord y avances en planes para ampliar sus operaciones. Las tres empresas también anunciaron inversiones, permisos y trabajos de perforación destinados a extender la vida útil de sus yacimientos o abrir nuevas minas.
El desempeño ocurre en un contexto de precios internacionales del oro superiores a los USD 4,000 por onza. En 2025, las exportaciones mineras nicaragüenses superaron los USD 2,000 millones y se convirtieron en el principal rubro de ventas externas del país.
Las empresas canadienses concentran buena parte de la actividad aurífera. Equinox Gold es la mayor operadora del sector por volumen y capacidad de procesamiento, con las minas La Libertad, en Chontales, y El Limón, en León. La colombiana Mineros opera a través de Hemco-Nicaragua, mientras que Mako Mining explota la mina San Albino, en Nueva Segovia.

Equinox Gold obtuvo una cuarta parte de su producción trimestral en Nicaragua
La producción de las minas La Libertad y El Limón alcanzó 58,489 onzas de oro entre julio y septiembre. Esa cifra representó el 25% del volumen total de Equinox Gold durante el período, según el informe entregado por la compañía a sus accionistas.
El grupo produjo 237.019 onzas y vendió 248.484 onzas en el tercer trimestre, a un precio promedio de USD 4,157 por onza. Las ventas le permitieron alcanzar ingresos récord de USD 1,000 millones.
Las operaciones nicaragüenses tienen una capacidad de procesamiento de unas 7,500 toneladas de material por día. Entre enero y septiembre, ambas minas acumularon una producción de 199,246 onzas, cerca del objetivo anual de entre 225,000 y 250,000 onzas previsto para este año.
La empresa indicó que sus actividades de corto plazo en Nicaragua se concentran en identificar nuevas fuentes de mineral y retirar materiales estériles para permitir la continuidad de la explotación.
Hemco-Nicaragua explicó el crecimiento por la minería artesanal
La Hemco-Nicaragua, filial local de Mineros produjo 37,698 onzas de oro en el tercer trimestre, un incremento del 18% frente al mismo período de 2025. La compañía atribuyó el avance a un mayor volumen de material procesado, mejores recuperaciones metalúrgicas y al aporte del mineral adquirido a productores artesanales.
“La producción de Hemco en el tercer trimestre de 2026 se debió principalmente a leyes de alimentación más altas y a la contribución del mineral adquirido de Bonanza Mining Partners”, señaló la empresa en su informe trimestral. Ese esquema, conocido como Modelo Bonanza, regula la relación comercial con los mineros artesanales que venden material a la compañía.
Hemco-Nicaragua aportó el 60% de la producción total de Mineros en el trimestre. El grupo obtuvo 62,253 onzas de oro, del 13% más que en los mismos meses del año anterior, mientras que la mina Nechí, en Colombia, explicó el 40% restante.
Entre enero y septiembre, Mineros acumuló una producción de 180,356 onzas, un 11% por encima de la cifra registrada en igual período de 2025. La empresa vendió 187,133 onzas a un precio promedio de USD 4,451 por onza, con ingresos récord de USD 838 millones y una utilidad neta de USD 222 millones.
Hemco-Nicaragua prevé terminar el año con una producción de entre 148,000 y 152,000 onzas. También invierte USD 23 millones para elevar de 1,750 a 2,000 toneladas diarias su capacidad de procesamiento.

El Proyecto Porvenir prevé extraer oro, plata, zinc y cobre
Mineros avanza además en el Proyecto Porvenir, previsto como una operación independiente de Hemco-Nicaragua. La compañía estima una inversión inicial de USD 206.8 millones para poner en marcha la mina, que estará ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
El proyecto contará con una planta capaz de procesar 2,000 toneladas de material por día y apunta a extraer oro, plata, zinc y cobre. En abril de 2026, la compañía recibió la certificación ambiental de la Fiscalía General de la República para la planta de procesamiento y sus depósitos de relaves, un paso necesario para completar los permisos exigidos por el régimen nicaragüense.
Mineros también estudia instalar otra planta de procesamiento con capacidad para 1,000 toneladas diarias. La firma sostiene que esa infraestructura permitiría aliviar restricciones operativas y acompañar el crecimiento proyectado de sus operaciones en el país.

Mako Mining obtuvo permisos para perforar una nueva concesión
La canadiense Mako Mining informó una producción de 12,743 onzas de oro y ventas de 11,902 onzas durante el tercer trimestre. La compañía recibió un precio promedio de USD 4,285 por onza, con ingresos aproximados de USD 50.7 millones y una utilidad neta de USD 16.4 millones.
De ese volumen, 9,145 onzas procedieron de la mina San Albino, situada en Nueva Segovia. La operación tiene capacidad para procesar 1,000 toneladas diarias de material. Entre enero y septiembre, la mina acumuló 30,177 onzas de oro, frente a una meta anual de entre 35,000 y 37,000 onzas.
Mako Mining comunicó que mantendrá estable la producción de su planta y que continuará sus planes de expansión en Nicaragua. La empresa obtuvo permisos de perforación para comenzar la exploración de la concesión Eureka, donde ya se realizan tareas preparatorias. La perforación comenzará antes de que finalice el trimestre.
A la producción de estas tres compañías se sumará en los próximos meses la británica Condor Gold, que opera la mina La India y prevé iniciar actividades antes de que termine 2026.

Mineras chinas concentran el 12.5% del territorio nicaragüense
El 27 de octubre de 2026, la Fundación del Río afirmó que 23 empresas vinculadas con China controlan 93 concesiones mineras que abarcan 1.554.332,02 hectáreas en Nicaragua, una superficie equivalente al 12.5% del territorio nacional. La cifra contradice la posición de las embajadas chinas en Nicaragua y Costa Rica, que sostuvieron que la participación de ese capital es limitada y que no existen operaciones próximas a la frontera costarricense. La organización ambientalista elaboró el registro con publicaciones de La Gaceta difundidas entre 2021 y 2026.
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INTERNACIONAL
Trump’s immigration olive branch threatens to open Pandora’s box as experts warn of far-reaching fallout

After President Donald Trump signaled in a «60 Minutes» interview that aired shortly after the midterm elections that he was willing to «work on a deal» with Democrats to allow some illegal immigrants to gain legal status, Digital spoke with several immigration experts about the potential ramifications of such an agreement.
The interview came just days after Republicans suffered crushing losses in the midterm elections, raising questions about whether Trump might be willing to compromise on immigration. But the president later ruled out amnesty, saying, «There won’t be amnesty,» while maintaining that his immigration policy had not changed.
While Trump has not outlined a specific proposal, his comments have raised questions about what a potential deal could look like and how granting legal status to some illegal immigrants could impact the rule of law, assimilation and fiscal policy.
TRUMP ADMITS IMMIGRATION ENFORCEMENT MAY HAVE BEEN TOO ‘TOUGH’ IN FIRST INTERVIEW SINCE MIDTERMS
Digital spoke with three immigration experts about what a potential agreement could mean for the country, including its impact on the rule of law, assimilation and taxpayers.
«I think one of the first things we have to always consider is the impact on the rule of law and does it undermine it. It’s very hard to argue that the best way to restore the rule of law and deal with illegal immigration is to reward some large fraction of people who’ve broken the law,» said Steven Camarota, the director of research at the Center for Immigration Studies (CIS).
Camarota believes that amnesty begs the question of basic fairness, and impacts how people who have come to the United States legally view the immigration system.
«It seems like it mocks them,» he said.
He used the example of a person who illegally overstays a visa to illustrate his point, saying that person shouldn’t be rewarded with citizenship after overstaying a visa, especially when there are millions of people who have already followed the law and left the country when their visas expired.
Laura Collins, director of immigration policy at the George W. Bush Presidential Center, acknowledged those concerns but argued that the country’s immigration laws are part of the problem.
AMERICA NEEDS WORKERS, BUT TRUMP’S POLICIES ARE SHARPLY CUTTING LEGAL IMMIGRATION
«I understand people’s concerns about the rule of law,» said Collins. «I also think you have a set of immigration laws that are not working as intended. The reason we have so many people who are here undocumented is because we have an economy that pulls in a lot of people’s work, but an immigration system that restricts that labor flow.»
She says the United States is at a crossroads: the country can choose a system where illegal immigrants cannot stay and fix their mistakes while also contributing to the economy, or they can stay and be offered a chance at restitution.
«Almost every single piece of legislation that has had a chance at passage on immigration that involves legalization program has had things like paying back taxes, going through a background check, paying some sort of fine or fee or restitution payment in order to make up for the fact that these people did something illegal by either overstaying a visa or crossing the border,» she said.
But Camarota questioned whether a future amnesty agreement would actually require immigrants to complete those restitution payments before obtaining citizenship.
Camarota also said that one of the main reasons for restricting immigration in the first place is to ensure that the United States isn’t overwhelmed.
«We don’t want the numbers to be so large that they overwhelm the assimilation process, where you can go to a school where everyone’s from your background or you don’t ever have to learn English, because there’s enough people around you who you don’t [and] who you speak your native tongue So that’s one reason to limit immigration,» he said.
«In effect, an amnesty throws that out the window and says, well, we have these limits, but we’re not going to enforce them,» he continued.
TRUMP SAYS DEPORTATION PUSH HASN’T PUT ‘SAME PRESSURE’ ON FARMWORKERS, HOTEL STAFF: ‘NOT EVEN CLOSE’
Drawing from the findings of a 2022 book called «Streets of Gold: America’s Untold Story of Immigrant Success,» Collins argued that today’s immigrants are assimilating at a pace similar to that of immigrants of prior generations. America’s current foreign-born population has matched a historic peak similar to late 1800s and early 1900s levels. About 15% of the current population is foreign-born.
The book, she said, compared people’s memories of how their grandparents and great-grandparents assimilated when they came to the United States.
«And what they found was actually that immigrants are integrating it pretty much the same rates,» she said.
She also said that work helps people to assimilate faster, and thus, if illegal immigrants were given the opportunity to work legally, assimilation would be a smoother process.
«I do think that one of the things America really is good at is us taking newcomers and turning them into Americans, and so I worry less about that» she said. «But I understand why there is a scenario where people could be afraid of that. But the data doesn’t support it.»
Camarota estimated that households headed by illegal immigrants receive approximately $50 billion annually in government benefits, often through programs for which their U.S.-born children are eligible. He cited Medicaid, Supplemental Security Income (SSI), Temporary Assistance for Needy Families (TANF) and free school lunches as examples, although illegal immigrants themselves are generally barred from receiving many federal welfare benefits.
TRUMP TELLS DHS CHIEF TO WORK WITH DEMOCRATS ON IMMIGRATION REFORM, BUT NO AMNESTY
Illegal immigrants use welfare not because they’re lazy, but because most of them do not have educations higher than 11th grade level, Camarota said.
«Legalizing folks doesn’t change the fact that the illegal population is overwhelmingly less educated, and less educated people just don’t pay enough in taxes to cover their consumption of public services, especially when you consider all the means-tested programs they get,» he said.
Low-income people, he noted, simply don’t pay much in taxes.
«Remember, half of all workers pay no federal income tax,» he said. «So, yes, illegal immigrants do pay taxes, and actually we think more than half already work on the books, so there’s no big boon to taxpayers anyway. But now, they themselves will become eligible for welfare programs.»
Collins conceded that while many immigrants have low education levels, he said that that doesn’t mean all of them are working jobs that meet their education skills. She pointed to a 2013 Congressional Budget Office (CBO) analysis of the Gang of Eight’s immigration bill, S. 744, which estimated that the legislation would increase federal tax revenues and reduce federal deficits by approximately $158 billion over 10 years, despite increased spending on government benefits.
«You get a little bit more tax revenue,» she said. «They are potentially making higher wages, they’re able to negotiate for different jobs and different wages because they have that legal work authorization,» Collins said.
HISPANIC VOTERS ARE NATURAL CONSERVATIVES. REAGAN KNEW. GOP NEEDS TO PROVE IT AGAIN
She argued that with legal work authorization, some illegal immigrants would be able to fulfill their full potential in higher-level jobs.
Mark Krikorian runs CIS. He said that while thinking through the pros and cons of amnesty might be a useful thought exercise, the point is probably moot.
«Well, to begin with, it’s not going to happen,» he said of an amnesty deal. The likelihood of anything happening, certainly until the Democrats come in, until the next Congress comes in, and even then, it is, in my opinion, close to zero.»
For two reasons, Krikorian doesn’t think Republicans have leverage to make a deal.
He says Democrats won’t be willing to concede any restrictions on immigration, thus leaving Republicans with no incentive to make an amnesty deal for illegal immigrants.
HOUSE REPUBLICANS MOVE TO MAKE TRUMP’S BORDER POLICIES PERMANENT
He used DACA as an example. Recently, Homeland Security Secretary Markwayne Mullin floated the possibility of a compromise involving DACA recipients — people who came to the United States as children and received temporary protections from deportation — that could give them permanent legal status.
«A DACA amnesty? Frankly, the DACAs already have amnesty. It’s upgrading them from amnesty light to amnesty premium,» he said.
He said the first Trump administration tried making a deal for tighter immigration measures using DACA recipients as a bargaining chip.
«That idea is valuable and could be productive, but there’s no way that upgrading the DACA who already have Social Security numbers and work permits to regular green card status is something that the Democrats would give anything in exchange for,» he said.
But Krikorian warned that giving green cards to DACA recipients could eventually allow them to sponsor additional relatives, including their parents, once they become U.S. citizens, although existing immigration restrictions could prevent some relatives from obtaining legal status.
«And that would have some effects, because once you have a green card, you can petition for certain relatives, and the five-year clock for citizenship starts,» he said. «And when you become a citizen, you could then petition for your parents. There’s no numerical caps for that.»
Trump discussed on «60 Minutes» potentially working out a deal that would allow some illegal immigrants working in industries like hospitality and landscaping to remain in the country.
«When you go into a hotel, and you have a woman that’s working there as a maid, as a cleaner as a this, as a that, as a waitress, a lot of good things, great jobs, and all of a sudden they’re being taken out of the country, it’s tough. It’s a tough thing,» Trump said on «60 Minutes.»
MULLIN VOWS ‘ZERO CHANGE’ ON IMMIGRATION AFTER REPUBLICANS SUFFER CRUSHING MIDTERM LOSSES
He added that people whom he described as «far-right» want deportations regardless of whether the illegal immigrant is working.
The White House, meanwhile, says Trump’s «strong immigration policy remains unchanged,» and White House spokeswoman Lauren Bis told Digital that Democrats should work with the president to keep the border secure, remove dangerous criminal illegal immigrants from the country and stop drug trafficking.
She said the president’s «commonsense immigration agenda» has resulted in the «most secure border in history.»
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«If Democrats choose to pursue radical left open border and mass amnesty policies, they are choosing to work against the interests of the American people,» she said.
The Department of Homeland Security did not return a request for comment.
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INTERNACIONAL
Régimen cubano traslada a empresas el costo de reparar escuelas, hospitales y hogares de ancianos a cambio de incentivos fiscales


El régimen cubano aprobó incentivos fiscales para que empresas estatales y privadas financien obras en escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, una decisión que traslada parte de la carga de recuperación de los servicios públicos a actores económicos que ya operan bajo restricciones, escasez de insumos y un entorno tributario controlado por la dictadura.
La Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) entró en vigor este lunes tras su publicación en la Gaceta Oficial. La norma permite que quienes destinen recursos a la construcción, rehabilitación o equipamiento de infraestructuras sociales obtengan bonificaciones en el Impuesto sobre Utilidades o en el Impuesto sobre los Ingresos Personales.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, admitió en la televisión estatal que el presupuesto público tiene limitaciones para sostener la actividad social. La declaración expone la falta de recursos del régimen para atender por cuenta propia funciones básicas que durante décadas presentó como pilares de su modelo político y económico.
Según explicó el funcionario, las entidades estatales y no estatales podrán descontar hasta el 20% del valor de las inversiones destinadas a instalaciones de carácter social. El beneficio podrá aplicarse durante un período máximo de cinco años y se hará efectivo al cierre de cada ejercicio fiscal.
Las empresas, llamadas a suplir carencias que el Estado no puede cubrir
La medida incluye desde la reparación de una escuela o una sala hospitalaria hasta la rehabilitación de un hogar de ancianos y la recuperación de sistemas de alimentación destinados a familias. Los bienes financiados pasarán a integrar los activos fijos tangibles de la entidad estatal beneficiada.
El diseño de la norma deja en evidencia una contradicción del régimen: mientras conserva el control sobre la administración de los principales servicios públicos, busca que negocios privados y empresas estatales aporten capital para reparar instalaciones cuyo mantenimiento corresponde al presupuesto estatal.
Regueiro afirmó que los incentivos permitirán “complementar” la movilización de recursos desde el sector empresarial. Sin embargo, la fórmula confirma que el Estado cubano no dispone de fondos suficientes para responder al deterioro acumulado de sus redes de salud, educación, cultura, deporte y asistencia social.

Las bonificaciones tampoco representan una financiación directa. Las empresas deberán asumir primero el costo de las obras, acreditar la inversión mediante facturas y otra documentación, obtener la conformidad de la entidad receptora y esperar la liquidación anual de los impuestos para solicitar el descuento.
La resolución contempla además una reducción tributaria del 10% del valor de las donaciones monetarias o materiales realizadas a entidades estatales dedicadas a fines sociales. El régimen mantendrá el control del procedimiento a través del MFP y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), organismos encargados de autorizar, supervisar y evaluar los beneficios.
Incentivos sujetos a autorización oficial
Los negocios que obtengan al menos el 50% de sus ingresos brutos de actividades y servicios sociales podrán pedir una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades o una bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Personales durante sus primeros cinco años de funcionamiento.
También podrán solicitar la exención del Impuesto Aduanero para importar equipos y tecnologías requeridos por esas actividades. No obstante, estos beneficios no serán automáticos: cada interesado deberá presentar una petición ante el Ministerio de Finanzas y Precios y esperar una autorización expresa.
El requisito añade un filtro administrativo a las empresas que pretendan participar en la recuperación de servicios comunitarios. En una economía marcada por la escasez de divisas, las dificultades para importar y la dependencia de permisos estatales, la posibilidad de acceder a equipos y tecnología seguirá sujeta a la decisión de las autoridades, así como la precariedad en los servicios de recolección de basura, servicio de agua potable, electricidad, entre otros.
La norma forma parte de las 176 reformas económicas anunciadas por el régimen desde junio, con las que busca liberalizar y descentralizar parcialmente algunos sectores sin abandonar el control estatal sobre las decisiones centrales de la economía.
Cuba, ante la mayor contracción económica de la región en 2026
La iniciativa llega cuando Cuba atraviesa su sexto año de crisis económica, con apagones, deterioro de la infraestructura, inflación, falta de productos básicos y una capacidad fiscal cada vez más limitada.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que el Producto Interno Bruto cubano se contraiga 10.3% en 2026, la caída más pronunciada de América Latina y el Caribe. Esa proyección se suma a una contracción acumulada de más de 15% entre 2020 y 2025, según los datos citados por EFE, agencia española de noticias.
La Resolución 208/2026 establece que la aplicación de los incentivos deberá coordinarse entre las autoridades locales y los actores económicos presentes en cada comunidad. El régimen atribuye a esos sectores un papel complementario, aunque la nueva normativa los coloca frente a una tarea mayor: financiar parte de la recuperación de servicios públicos que el propio Estado reconoce no poder sostener con sus recursos actuales.
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