El frente político no fue el único factor que llevó al Gobierno a revisar su estrategia en materia de discapacidad. En el oficialismo también pesó una advertencia judicial: avanzar con una reducción de derechos y prestaciones podría multiplicar las demandas contra el Estado y trasladar a los tribunales parte del ahorro fiscal que buscaba el Poder Ejecutivo.

“Nos íbamos a llenar de juicios in aeternum por esto”, admitió a un referente libertario que sigue de cerca las negociaciones.

El aviso alcanza tanto al proyecto que el Gobierno presentó en abril en el Senado como a las derogaciones incluidas en el presupuesto 2027. “Por eso nunca se trató”, explican sobre el primero. Sobre el segundo, sostienen: “Por suerte lo podemos cambiar”.

El principal límite está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 tiene jerarquía constitucional en la Argentina. A ella se suman dos leyes permanentes: la 22.431, que estableció el sistema de protección integral, y la 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.

Ese andamiaje legal obliga al Estado a garantizar los derechos reconocidos a las personas con discapacidad y vuelve especialmente sensible cualquier decisión que implique reducir prestaciones existentes.

Los cambios planteados originalmente por el Gobierno podrían, por lo tanto, ser cuestionados por los afectados y abrir una discusión judicial sobre su constitucionalidad y aplicación.

El Gobierno ya tiene un antecedente adverso. Después de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia, Milei la promulgó, pero suspendió su ejecución hasta que el Poder Legislativo determinara de dónde saldrían los fondos. El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y ordenó poner en marcha la norma.

El expediente se originó en un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad y derivó en sucesivas intimaciones al Poder Ejecutivo. En enero, González Charvay fijó el 4 de febrero como fecha límite para que la ley estuviera plenamente implementada. Finalmente, un día antes del vencimiento, el Gobierno la reglamentó mediante el decreto 84/2026.

El mismo magistrado ya había fijado un criterio sobre los límites del Estado para retroceder en materia de prestaciones. Al hacer lugar a una acción de amparo presentada por padres de niños con discapacidad contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, González Charvay sostuvo que una política pública no puede contradecir las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por la Argentina si genera “un resultado regresivo incompatible con el principio de progresividad en la satisfacción de derechos fundamentales”.

Y fue más allá: “La obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles no puede subordinarse a pactos o acuerdos políticos que impliquen un retroceso de derechos”, sostuvo en aquella sentencia.

Ese antecedente también forma parte de los argumentos con los que el oficialismo busca ahora convencer a sus aliados de reemplazar la emergencia por una ley. Los libertarios sostienen que una norma extraordinaria y con plazo determinado no debería ser el instrumento para garantizar derechos.

“Queremos una ley permanente y salir de la lógica perversa de la emergencia”, resumen en el oficialismo tras un giro drástico.

Con esa premisa, el presidente de Diputados, Martín Menem, el jefe de gabinete, Diego Santilli, y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado trabajan con los bloques aliados para acordar un texto que preserve el piso de protección y, al mismo tiempo, revise algunos criterios del sistema. Buscan un punto intermedio entre las derogaciones planteadas originalmente por el Gobierno y la continuidad de la emergencia.

A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones. “Se va a trabajar para que sea lo más justo posible”, respondió Menem tras ser consultado durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand. Ayer, como parte de la tensión que generó el tema en el oficialismo, renunció a su cargo Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Es que a la preocupación política y fiscal que atraviesa la discusión se le suma el eje judicial. El oficialismo reconoce que el ahorro obtenido mediante la reducción de prestaciones podría terminar convertido en un costo judicial para el Estado durante años.