POLITICA
Conflicto universitario: la Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.
La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.

La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.
Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y argumentaron que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.

Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.
El conflicto encontró un nuevo punto de quiebre el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. La oferta fue idéntica a la presentada a comienzos de mes. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.
Como punto de confluencia del plan de acción, el 15 de octubre se realizará frente al Palacio de Tribunales la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año.
POLITICA
En Nueva York, Kicillof afronta un test clave con fondos de inversión y asiste a un foro progresista con Mamdani

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof participó este martes de una cumbre progresista convocada por The New School durante la primera jornada de su visita a Estados Unidos. En privado, en tanto, se reunía con inversores y buscaba proyectar una imagen de “buen pagador” tras haber reestructurado la deuda de la provincia en 2020 y cerrar posteriormente acuerdos con los bonistas que quedaron afuera.
Se trata de un test clave para Kicillof, que llegó a Nueva York acompañado por una delegación de funcionarios integrada por Carlos Bianco, Pablo López, Jesica Rey, Cecilia Nicolini y Juan Padin. El gobernador ensaya un discurso económico acorde con su proyecto presidencial de cara a 2027. El sábado, días antes de emprender su gira estadounidense, había dado un discurso en el que esbozó un elogio al orden de las cuentas, mechado con su crítica usual a las políticas del gobierno del presidente Javier Milei.
De acuerdo a cifras oficiales, la deuda pública de la provincia es equivalente a USD 12.112 millones. El stock de deuda medido en pesos entre diciembre de 2025 y junio de 2026 se mantuvo en niveles similares, con un leve incremento del 0,2%, explicado principalmente por la suba del tipo de cambio, que varió un 1,9%. Medido en dólares, el stock de deuda de la Provincia disminuyó 1,7% en el mismo período.
Kicillof exhibió estos números en territorio norteamericano. “La deuda al primer semestre 2026 continúa mostrando parámetros saludables, con un nivel en torno al stock promedio medido en dólares estadounidenses de los últimos 5 años, y ratios de deuda bajos, que se ubican en valores mínimos de los últimos 10 años para el ratio Deuda/Recursos totales y de los últimos 25 años para el ratio Deuda/PBG, denotando un nivel de endeudamiento sostenible en el tiempo. Los bonos internacionales vienen perdiendo participación en el stock de deuda total, mientras que los multilaterales van ganando participación y marcaron un nuevo récord histórico con 18,7% del total”, es el discurso oficial del gobernador.
Kicillof coincide con el presidente Milei este martes y miércoles en New York, pero tienen actividades contrapuestas en distintos think tank y el círculo rojo. La agenda del gobernador comenzó con una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y otro encuentro con empresas que tienen proyectos de inversión en el distrito bonaerense.
Luego participó de la jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, organizada en The New School. Allí afirmó: “Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”.
“En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, agregó Kicillof.
“Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, afirmó Kicillof y concluyó: “Frente a ello, necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”.
El encuentro contó la presencia del codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y el profesor y exdecano de The New School William Milberg; entre otros economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, profesores e investigadores de distintos países. Previo a la charla, Kicillof mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox; y los co-directores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman.
El gobernador y uno de los principales aspirantes del peronismo para las elecciones del año próximo se mostrará con el alcalde de Nueva York y referente del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, y disertará sobre el futuro de Argentina en el orden global, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.
En el Boletín Oficial de la provincia se informó que el viaje es oficial y que el encuentro con Mamdani tendrá lugar “en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas”. En plena batalla cultural por el rumbo de la Argentina, Kicillof buscará posicionar su discurso antónimo al de Milei en una universidad de prestigio internacional.
Kicillof coincidirá con Mamdani en un coloquio convocado bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”. También se espera la participación de otros mandatarios, como el presidente de España, Pedro Sánchez. El miércoles, en tanto, Kicillof disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.
De acuerdo al anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.
En la gira, Kicillof busca un acercamiento con un ecosistema financiero que, en buena medida, no guarda las mejores referencias de él. El juicio por la expropiación de YPF, tramitado en tribunales neoyorquinos y que finalizó con un fallo favorable para el Estado argentino, lo puso en la mira de modo prolongado (era el viceministro de Economía nacional cuando se definió la expropiación que derivó en el proceso judicial). Mientras dure su estadía en el exterior, lo reemplazará interinamente la vicegobernadora Verónica Magario.
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El Gobierno confirmó que Pablo Di Liscia será el nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno anunció este martes que Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad. Reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció en medio de la discusión por los recortes de fondos al sector incluidos en el Presupuesto 2027.
Según explicaron desde el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, Di Liscia “cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.
Entre 2017 y 2019, el flamante funcionario fue Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires y previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, agregaron.
En ese contexto, desde el Ministerio de Salud enfatizaron que la principal responsabilidad de Di Liscia en su nuevo rol será “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.
A su vez, el funcionario continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, “identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan”.
La salida de Vilches, en medio de la pelea por el Presupuesto
El recambio se produjo menos de 24 horas después de que el anterior secretario, Alejandro Vilches, presentara su renuncia mediante una carta dirigida a Lugones en la que atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”.
El médico sanitarista había sido designado en febrero al frente de la Senadis, la secretaría creada un mes antes para reemplazar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras el escándalo por presuntos sobreprecios que involucró a su extitular Diego Spagnuolo.
Su salida llegó en pleno conflicto por el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno giró a Diputados la semana pasada, que incluyó de forma sorpresiva un capítulo que deroga parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad, elimina el arancel único del nomenclador de prestaciones y quita al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión. El texto también fija la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo registrado —hoy es posible combinarla con hasta dos salarios mínimos— y retoma un criterio de invalidez laboral, con un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
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El Gobierno designó a un exfuncionario de Pro como sucesor de Vilches en la Secretaria Nacional de Discapacidad

Un día después de la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno designó a Pablo Di Liscia. Se trata del área antes llamada Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), disuelta luego de la investigación judicial por supuestas coimas durante la gestión de Diego Spanuolo.
Con la explosión del caso Andis, el Gobierno echó a Spagnuolo, que fue abogado de Javier Milei y uno de los más asiduos participantes en la veladas privadas de los domingos en Olivos. Además, se resolvió la intervención de la Agencia y se puso en marcha una auditoría. Entre otros detalles, la auditoría identificó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de 158.000 millones de pesos, como reveló este domingo . Un día después, Vilches presentó su renuncia por “motivos personales”.
Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires. La provincia estaba por entonces bajo la órbita de María Eugenia Vidal.
Antes se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Fuentes oficiales explicaron que, además, “su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”.
Vilches quedó al frente de la ex-Andis desde septiembre del año pasado, cuando asumió tras la salida forzada de Spagnuolo, cuyo procesamiento por desmanejos en el área fue confirmado este martes por la justicia federal.
Vilches renunció en una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones. Allí, este lunes, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.
Su dimisión se conoció menos de una semana después de la presentación del proyecto de ley presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones.
En tanto que menos de tres semanas atrás, Vilches estuvo en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.
Tras conocidos los ajustes en el área de Discapacidad, la voz disonante del Gobierno fue la de Patricia Bullrich, que mostró su bronca con la mesa política que, el martes pasado, estuvo reunida hasta minutos antes de que se difundiera el Presupuesto, pero no se informó de los cambios.
Este martes la mesa volvió a reunirse.
La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será este miércoles a las 12 en la que se deberá emitir un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.
renuncia,sobreprecios de hasta 4239%,158.000 millones de pesos,confirmado,pic.twitter.com/BQZM1eAY5X,September 22, 2026,volvió a reunirse,Conforme a
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