INTERNACIONAL
El primer ministro del Reino Unido ratificó en la ONU su defensa de la soberanía sobre las Malvinas: “Nos mantendremos firmes”
El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, reafirmó este martes la posición británica sobre las Islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y aseguró que su gobierno defenderá los derechos de los territorios británicos de ultramar frente a cualquier amenaza.
“Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no solo de Rusia, sino también de otros, incluido donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland”, afirmó Burnham ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York.
En otra parte de su discurso, Burnham hizo especial hincapié en los desafíos de seguridad que enfrenta el Reino Unido y sus aliados. En ese contexto, anticipó que su gobierno seguirá destinando recursos a la defensa, aunque aclaró que no busca la confrontación.
Al referirse a la guerra en Ucrania, el primer ministro sostuvo que el Reino Unido continuará fortaleciendo su capacidad de disuasión. “Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia”, afirmó, y remarcó su respaldo a Kiev.
Burnham insistió en que Londres debe estar preparado frente a posibles amenazas, pero sin abandonar una posición prudente. “A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados”, expresó.
La mención a las Malvinas se produce en el contexto de una creciente tensión diplomática entre Londres y Buenos Aires por la explotación de recursos naturales en el archipiélago y pocas horas después de una reunión entre Burnham y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El encuentro entre ambos mandatarios tuvo lugar al margen de la Asamblea General de la ONU. Tras la reunión, Trump aseguró que las relaciones entre Washington y Londres están “mejorando”, mientras que Burnham confirmó que conversaron sobre comercio y sobre cuestiones vinculadas con las Islas Malvinas.
Las declaraciones del jefe de gobierno británico llegan además luego de que la administración de las islas decidiera prorrogar por cinco años todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, una medida respaldada por el Reino Unido y cuestionada por el Gobierno argentino.
La decisión busca garantizar la continuidad de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago. Entre ellos se destaca Sea Lion, el emprendimiento liderado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevén iniciar la producción de petróleo en 2028.
La medida fue interpretada en Buenos Aires como una profundización de las acciones unilaterales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa. En las últimas semanas, el Gobierno de Javier Milei impulsó denuncias penales y procedimientos administrativos contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas sin autorización argentina.
ONU
INTERNACIONAL
Secretario de Energía advierte que las reglas actuales alejarán interesados en la distribución eléctrica en Panamá
El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, advirtió que las reglas vigentes reducen el interés de nuevos competidores en las concesiones de distribución eléctrica porque permiten que el operador actual conserve el control si iguala la mayor oferta. Esa condición es uno de los principales aspectos que el Gobierno busca modificar antes de octubre de 2028.
En esa fecha vencen las concesiones de Elektra Noreste (ENSA), EDEMET y EDECHI, empresas responsables de distribuir electricidad en distintas zonas del país. Antes de concluir los contratos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá convocar un proceso competitivo para vender el paquete mayoritario, correspondiente al menos al 51% de sus acciones.
Rodríguez recordó que, cuando este procedimiento fue realizado entre 2012 y 2013, otras compañías no mostraron interés en participar porque conocían la ventaja que mantenían los concesionarios existentes. Bajo el modelo vigente, explicó, el titular puede conservar las acciones si presenta una oferta igual o superior a la mejor propuesta recibida durante el acto competitivo de concurrencia.
El proyecto de ley 705, presentado por el Ejecutivo, incorpora una precalificación obligatoria para todos los interesados, incluidos los operadores actuales. Los aspirantes deberán acreditar experiencia y capacidad técnica, financiera y operativa, además de demostrar su cumplimiento en otras concesiones. Solamente quienes superen esa evaluación podrán presentar ofertas por los nuevos contratos de quince años.
La propuesta también introduce un mecanismo para contener valoraciones excesivas. Si el concesionario actual coloca un precio elevado para conservar sus acciones, deberá pagar al Tesoro Nacional el diferencial establecido frente al valor justo de mercado o respecto de la segunda mejor oferta, según las condiciones contempladas en el procedimiento presentado por el Gobierno.
Rodríguez explicó que esa obligación funcionaría como un control económico para evitar que el titular coloque una valoración artificialmente elevada y desaliente a otros interesados. Si una empresa distinta presenta la mejor oferta, recibirá el paquete mayoritario; mientras que el Estado mantendrá su participación accionaria dentro de las compañías encargadas de la distribución.
La iniciativa también amplía las causas para terminar anticipadamente una concesión. Entre ellas aparecen el incumplimiento reiterado de los indicadores de calidad, la falta de ejecución de inversiones y el abandono de los proyectos de electrificación rural. También aplicaría cuando las reducciones tarifarias, multas y penalizaciones acumuladas superen el 25% de los ingresos anuales del distribuidor.
Otro cambio relevante está relacionado con la concentración de la generación. Actualmente, la ley impide solicitar nuevas concesiones cuando una empresa atiende más del 25% del consumo nacional, pero la limitación se aplica principalmente a proyectos hidroeléctricos. El Gobierno propone elevar el porcentaje al 30% e incluir también las licencias solares, eólicas y térmicas.
El secretario de Energía sostuvo que la ampliación permitiría controlar la concentración en tecnologías que no estaban desarrolladas cuando la Ley 6 fue aprobada en 1997. Según explicó, niveles elevados de participación en manos de un mismo grupo pueden afectar el funcionamiento futuro del mercado, por lo que se necesitan reglas aplicables a todas las modalidades de generación.
La propuesta recibió observaciones de AES Panamá. Edgar Ivankovic, director de Asuntos Corporativos de la empresa, solicitó que el límite sea calculado sobre la capacidad instalada de cada grupo económico y no sobre el porcentaje del consumo que abastece, debido a que este último indicador puede cambiar constantemente según las condiciones del despacho eléctrico.
Ivankovic señaló que las plantas con precios más bajos ingresan primero al sistema y, por esa razón, una empresa competitiva puede terminar atendiendo más del 30% de la demanda nacional sin controlar una proporción equivalente de la capacidad instalada. A su juicio, la redacción propuesta limitaría la competencia y podría generar presiones posteriores sobre las tarifas.
El representante de AES afirmó que, conforme a los cálculos de la compañía, la disposición podría impedirle participar en nuevas licitaciones del mercado panameño hasta 2054. También recordó que unas 70 empresas participaron en la última convocatoria, celebrada en abril, lo que utilizaron como argumento para sostener que actualmente existe competencia entre los generadores.
Además de las concesiones y la concentración, el proyecto gubernamental modifica la metodología empleada para reconocer la rentabilidad de las distribuidoras. Rodríguez explicó que las condiciones económicas del país han cambiado desde 1997 y que la fórmula debe reflejar la actual calificación financiera de Panamá, con el propósito de evitar tasas superiores a las justificadas.
La propuesta obliga igualmente a las distribuidoras a ejecutar proyectos en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas. El secretario indicó que más de 58.000 familias permanecen sin electricidad y explicó que la Oficina de Electrificación Rural mantendría la planificación, mientras las empresas asumirían la responsabilidad de ampliar la cobertura.
En materia de calidad, las distribuidoras tendrían que aplicar en las facturas los créditos derivados de incumplimientos confirmados por la ASEP. Aunque las empresas podrían recurrir posteriormente las decisiones, el cliente recibiría primero la compensación correspondiente. El Ejecutivo también propone multas de hasta $20 millones y nuevas causales para la intervención de prestadores deficientes.
El primer debate comenzó este martes en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Durante la sesión fue leído completamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y se escucharon las primeras intervenciones. Posteriormente, la comisión decretó un receso hasta el próximo martes para continuar la discusión y recibir aportes.
Por insistencia de la bancada independiente Vamos, la comisión también prohijó el anteproyecto 181, presentado por la diputada Yamirelis Chong. Esta iniciativa comparte objetivos relacionados con la calidad, las inversiones y el proceso de 2028, pero incorpora reformas adicionales para modificar otros componentes de la organización del mercado eléctrico.
El texto prohijado plantea planes vinculantes de modernización y mantenimiento, publicación periódica de indicadores de interrupciones, auditorías externas a la regulación y compensaciones automáticas por incumplimientos comprobados. También impediría participar en el siguiente proceso competitivo a concesionarios sancionados reiteradamente por faltas graves relacionadas con calidad, continuidad o inversiones obligatorias.
La propuesta de Vamos incorpora además comercializadores independientes y permitiría a ciertos clientes escoger su proveedor. La apertura comenzaría con usuarios de al menos 100 kilovatios, bajaría posteriormente a 50 kilovatios y podría extenderse a consumidores residenciales cuando existan condiciones técnicas y suficiente competencia, además de protección para la estabilidad del sistema.
También reconoce la generación distribuida, la medición neta y la posibilidad de que los usuarios produzcan electricidad mediante fuentes renovables. El documento propone una plataforma neutral para cambiar de comercializador en un máximo de 48 horas y exige separar los costos de las redes de aquellos relacionados con la venta de energía.
Antes de cerrar la sesión, varios diputados pidieron ampliar los diez minutos concedidos a cada participante durante las consultas. Argumentaron que la reforma contiene aspectos altamente técnicos que requieren explicaciones más extensas y respuestas de las autoridades. La comisión deberá decidir cómo organizar esas intervenciones cuando reanude el primer debate el próximo martes.
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INTERNACIONAL
From Austin to New York, pro-China network fuels week of anti-US protests as Xi meets Trump
As President Donald Trump readies for high-stakes negotiations with Chinese President Xi Jinping, a network of pro-China organizations funded by pro-communist tech tycoon Neville Roy Singham is taking to the streets from New York City to Austin, creating the image of rolling street unrest that lawmakers warn China can exploit to project a perception of chaos in the United States.
Yesterday, Singham’s wife, Jodie Evans, wore a trademark fuchsia straw hat and protested across the street from the United Nations on E. 47th Street, between First and Second Avenue, under an arch at Katharine Hepburn Garden, smiling widely next to agitators from the far-left CodePink nonprofit she co-founded and her American-born husband helped fund from his base in Shanghai. As part of their elaborate weeklong calendar, the activists railed against the U.S. military and its «all-out climate and environmental devastation.» and then they marched to the offices of Open AI to demonstrate against data centers they allege «drive war» and «economic degradation.»
The week’s protests reflect a pattern of rapid mobilization around breaking news and political flashpoints. The sequencing of events — combined with messaging sharply critical of the United States and silent about China’s human-rights, environmental and civil-liberties record — raises questions lawmakers debated last week about whether some activists function as «Trojan horses» for foreign adversaries such as China. Recently, Evans posted a video lauding China for building an economy that helps citizens «grow and thrive.» Last year, Singham delivered a speech in China supporting the Chinese Communist Party and Xi’s «new world order.»
SOCIALIST, COMMUNIST GROUPS COORDINATE, PROMOTE ‘SPONTANEOUS’ ANTI-ICE PROTESTS IN AUSTIN
Lawmakers have warned that the cumulative visibility of such actions shape public perceptions, project an image of instability and give foreign adversaries a potential messaging – and negotiating – advantage as Trump prepares for high-stakes talks with Xi this week.
«The American people need to know that this is not just an organic movement,» Rep. Jason Smith, R-Mo., chairman of the House Ways and Means Committee, told Digital. «There has to be more transparency across all areas with these kinds of activities.»
Rep. John Moolenaar, R-Mich., chairman of the House Select Committee on China, told Digital the network’s grassroots image belies the serious funding infrastructure behind these groups. «In these situations where you have groups that portray themselves as grassroots, it’s really more Astroturf, very fake,» he said.
He said the protests «raises serious concerns» about malign foreign influence in the U.S., especially «when you see them actively speaking out against American interests.»
The protests are publicly framed as separate events involving immigration, climate change, artificial intelligence, militarism and Israel. But their shared sponsorships show how organizations within the broader Singham network move quickly from one issue to another, using national organizations, local chapters, social-media promotion and shared venues to create a cumulative impression of coordinated street activism.
Moolenaar called for «clarification and transparency» regarding the organizations’ finances and questioned whether they should continue receiving tax-exempt status, adding that their political involvement may violate «campaign rules and political rules here in the United States.»
LAWMAKERS RAISE ALARM OVER NEVILLE ROY SINGHAM’S $278M NETWORK SPREADING CCP PROPAGANDA IN THE U.S.
HASAN PIKER DEFENDS PRO-COMMUNIST, ANTI-ICE SINGHAM NETWORK ACTIVISTS AS ‘WONDERFUL PEOPLE’
The significance of the week’s activity is heightened by the scale of Singham’s financial support for the network. A Digital investigation has documented how Singham has pumped $285 million through a donor-advised fund and shell companies into a broader network of six major nonprofits, media outlets and activist organizations that have promoted anti-American and pro-China messaging.
In that network, Singham has given CodePink $1.33 million, while doling out $22.44 million to the People’s Forum, a hub for the protest activity this week, and $1.098 million to BreakThrough BT Media, a media arm of the network that is flooding social media with images and videos from the coordinated protests this week.
As Digital reported exclusively, the Justice Department’s Southern District of New York has convened a federal grand jury investigation into Singham’s financial network, sources say. Prosecutors are examining whether Singham, the organizations he funded or their leaders engaged in alleged wire fraud, bank fraud or money laundering, according to sources. Singham hasn’t been charged with a crime, and the investigation doesn’t establish that he personally directed each protest. Singham, the People’s Forum, CodePink and BreakThrough News haven’t responded to repeated requests for comment.
The sequence began Sunday night in Austin, where socialist and communist organizations rapidly promoted an anti-ICE protest after the shooting of Venezuelan national Wilber Rafael Garcés Pérez. The Democratic Socialists of America, Freedom Road Socialist Organization and Party for Socialism and Liberation amplified calls for demonstrators to gather at 8121 Research Blvd. in Austin.
Although media accounts described the protest as organic, the mobilization moved through an existing national activist infrastructure. The Singham network’s Party for Socialism and Liberation and the Freedom Road Socialist Organization circulated video and protest messaging, while Democratic Socialists of America promoted the gathering as «spontaneous» and called supporters to the streets. The protest later spread beyond Austin, with activists in Pearsall, Tex., pledging to put «boots on the ground.»
In response to reporting on the protests, the Party for Socialism and Liberation published a video with an activist «rejecting» criticism of its Austin protests as a «nefarious» coordinated event and called the protests the result of «righteous anger.»
The Party for Socialism and Liberation, Democratic Socialists of America and Freedom Road Socialist Organization didn’t respond to requests for comment.
CHINESE PROPAGANDA, SINGHAM NETWORK, FOREIGN DARK MONEY LINKED TO CAMPAIGNS AGAINST DATA CENTERS
On Monday, the network’s actions moved to New York City, where Singham’s wife, Evans, and her cadre of CodePink activists began a week of demonstrations tied to Climate Week and the United Nations. CodePink co-founder Susan Medea Benjamin has led previous protests, including demonstrations supporting China.
After the environmental activism led by Evans outside the UN, CodePink agitators joined an «Unplug OpenAI» protest outside OpenAI’s offices on Lafayette Street, linking artificial-intelligence data centers to the «military-industrial complex.» The group’s weeklong schedule promised «disruptions» and «bird-dogging,» a tactic in which seemingly regular people plant themselves in restaurants, conferences and other events to heckle and harass public officials and even ordinary citizens, peppering them with questions and shaming rhetoric without any real interest in a dialogue.
Early Tuesday, CodePink celebrated its «fearless cofounder» Evan’s birthday with an Instagram collage of photos from her decades of activism, including the image of a smiling Evans in her pink straw hat, standing beside fuchsia balloons from a campaign called «China Is Not Our Enemy» that the group launched after receiving the donations from Singham. Another photo included her beaming smile next to controversial Marxist influencer Hasan Piker, as the two joined a caravan to support the Communist Party of Cuba.
Later in the day, CodePink activists moved their campaign inside the People’s Forum, a Manhattan hub for communist organizing for a screening of a film, «Earth’s Greatest Enemy,» by a fiercely anti-U.S. film company, Watermelon Pictures, chronicling the U.S. military as «one of the most significant drivers of environmental destruction,» the «world’s largest institutional polluter.»
Back in Austin, a short while later at about 5:30 p.m. Eastern Time, the Singham network’s BreakThrough News propaganda network posted edited video clips from the Austin protests, headlined: «SECOND DAY OF PROTESTS IN AUSTIN AFTER ICE SHOOTS VENEZUELAN DELIVERY DRIVER.»
For Wednesday, Evans and CodePink promise more protests against the U.S. military’s «role in climate issues.»
On Thursday, as Xi meets with Trump in the White House, the People’s Forum, CodePink, the Palestinian Youth Movement and other groups in the Singham network are hitting the streets to protest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. In social media posts, the groups are advertising a Thursday march from Bryant Park to the United Nations, calling on New Yorkers to «reject war criminal Benjamin Netanyahu and the genocidal Zionist project.»
That day, Evans and CodePink also plans to participate in a teach-in on «War & Climate: What U.S. Imperialism Demands of Our Climate Justice Movements» before joining the anti-Israel agitation. Organizers are lashing out against the «genocide» in Gaza and blasting «ecocide.»
By Friday, as Xi readies to leave town, the protests will go full circle back to Austin, with the Singham network’s Party for Socialism and Liberation planning a protest at 6 p.m. at City Hall with the simple message: «Now is the time for us all to be brave, to follow the example of Minneapolis earlier this year, and TAKE TO THE STREETS!»
fox news investigates, politics
La transformación digital ya no es una promesa a futuro: es la variable que determina la competitividad de los países, las empresas y los gobiernos en el presente. En México, la expansión de la conectividad, la adopción de la Inteligencia Artificial y el desarrollo de infraestructura tecnológica se han convertido en prioridades estratégicas que definen el rumbo económico y social de la nación.
En ese contexto, los espacios de diálogo entre actores públicos y privados cobran una relevancia sin precedentes, pues son el escenario en el que la innovación puede convertirse en sinónimo de mejoras para la calidad de vida de las personas y el desarrollo de las ciudades.
México Digital Summit 2026 volverá a reunir a los protagonistas de ese debate el 6 y 7 de octubre en Alboa de Plaza Artz, Ciudad de México. El encuentro, convocado por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (Amiti) y organizado por DPL Group, congregará a líderes empresariales, autoridades, reguladores, operadores de telecomunicaciones, inversionistas y especialistas bajo el concepto “Infraestructura e IA: el motor de la economía”.
Una agenda de alto nivel para definir el futuro digital de México
La edición 2026 del Summit contará con la participación de figuras de primer nivel del ecosistema tecnológico y gubernamental. Entre los confirmados destacan Daniel Hajj, CEO de América Móvil; Mónica Aspe, CEO de AT&T México; Manola Zabalza Aldama, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; y Zaira Yvette Pérez Salinas, directora general de Altán Redes. También participarán David Guerrero Rubio, director de la Red de Telecomunicaciones y Mexsat, y Susana Harp, senadora de México.
La agenda incorpora además perspectivas internacionales. Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, aportará una visión comparada sobre regulación digital. A ellos se suman Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio; Vicente Roqueñí López, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de DiDi; Adriana Servín, directora de Asuntos Gubernamentales de México, Centroamérica y Caribe de Cisco; y Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas para América Latina de TikTok, entre otros referentes.
Las sesiones abordarán temas estratégicos como regulación digital, espectro radioeléctrico, redes móviles, fibra óptica, satélites, conectividad universal, Centros de Datos, Nube, ciberseguridad, energía, electromovilidad, plataformas digitales y economía digital. El objetivo es identificar oportunidades de inversión, desafíos regulatorios y las condiciones necesarias para una transformación digital sostenible e inclusiva.
Roundtables y espacios privados para la toma de decisiones
Uno de los ejes diferenciadores de esta edición será la realización de roundtables: mesas de conversación entre actores públicos y privados diseñadas para abordar desafíos concretos del sector. La mesa “Gobiernos digitales” analizará cómo los gobiernos estatales y municipales pueden convertirse en motores de innovación y desarrollo económico local a través del uso de datos, Inteligencia Artificial y modernización administrativa. Participarán autoridades, especialistas en innovación gubernamental, responsables de economía y directores de TIC.
El evento también incluirá el Open House del Consejo Ejecutivo de la Economía Digital y Centro-i, un espacio privado dirigido a directivos de empresas tecnológicas. La conversación se centrará en los retos regulatorios y económicos que acompañan el desarrollo de la Inteligencia Artificial, así como en la necesidad de marcos legislativos y políticas públicas que generen condiciones favorables para su adopción. Este tipo de instancias buscan traducir el debate técnico en acuerdos concretos entre tomadores de decisión.
México Digital Summit 2026 cuenta con el respaldo de organizaciones como Centro México, ATIM, Centro-i, ASIET, Fiber Broadband Association, CIAPEM, CEIAP, AMOMVAC y CAPOT, y la participación de empresas como DiDi, Honor, Huawei, Tangerine, Apple, Hughes, SES, Telecom District, TikTok, Ookla, ALAI, Xiaomi, The Campaign Registry, AWS, EFTS Group y Nokia.
El encuentro aspira a consolidarse como un punto de referencia para construir alianzas y definir una visión compartida sobre el papel de la tecnología en la economía mexicana. El registro gratuito y el programa completo están disponibles en
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