POLITICA
Crisis en la obra social de los militares: ATE ocupó la sede de OSFA por despidos y el destino de 13 hoteles
La crisis de la obra social militar sumó este jueves un nuevo frente de conflicto. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en la ciudad de Buenos Aires, para rechazar una reorganización que, según el sindicato, pone en riesgo alrededor de 600 empleos y compromete la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos.
La medida de fuerza se desarrolló mientras el Gobierno intenta restablecer las prestaciones médicas para los afiliados y resolver las obligaciones que dejó el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La administración de la nueva entidad calcula que la deuda acumulada supera los $200.000 millones; ATE, en cambio, la ubica por encima de los $500.000 millones.
Los manifestantes se concentraron frente al edificio ubicado en la calle Paso 551 y luego ingresaron a las instalaciones. Llegaron al cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades, y permanecieron allí mientras una delegación sindical mantenía una reunión con un integrante del directorio para presentar el reclamo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezó la protesta y anticipó que el gremio podría extender las medidas si no recibe definiciones sobre el personal y los establecimientos turísticos. El conflicto coincide con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, responsable de la liquidación del IOSFA, tras una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
ATE advirtió que profundizará las medidas si continúan los cambios laborales
“Hasta ahora, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Las medidas y los reclamos fueron progresivos, pero a partir de ahora las vamos a empezar a profundizar y no descartamos ocupar todas las dependencias del organismo”, afirmó Rodolfo Aguiar en diálogo con Infobae.
La discusión se concentra en el destino de las actividades de turismo y recreación que hasta ahora formaban parte de la estructura de la obra social. El sistema incluye hoteles, residencias, cabañas y centros recreativos en distintas provincias. La nueva OSFA prevé concentrar sus recursos en la cobertura sanitaria y apartar de su organigrama esas prestaciones no médicas.
El sindicato sostuvo que la transferencia podría dejar sin empleo a unos 600 trabajadores. La preocupación se intensificó porque numerosos contratos vencen el 30 de septiembre, la fecha prevista para completar el traspaso administrativo de los establecimientos a las Fuerzas Armadas.
Aguiar explicó que los afectados tienen distintos vínculos laborales. Algunos integran la planta permanente del Estado nacional y otros cuentan con contratos temporarios cuya continuidad debe resolverse antes de que finalice el mes. Para el gremio, el riesgo de desvinculación alcanza especialmente a quienes no tienen estabilidad.
Los contratos vencen el 30 de septiembre
En Mar del Plata, ATE contabilizó 147 empleados en los establecimientos turísticos de la obra social. De ese total, 87 son contratados y el resto pertenece a la planta permanente. El sindicato considera que esa composición expone a una parte significativa de la dotación si los acuerdos no son renovados.
La hipótesis que plantea el gremio es que, si las actividades dejan de funcionar, los trabajadores temporarios podrían quedar desvinculados. Quienes pertenecen a la planta estable, en tanto, podrían ingresar en un régimen de disponibilidad, una posibilidad que también rechaza la organización sindical.
“No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, planteó Aguiar en un comunicado difundido por ATE. La entidad anticipó que mantendrá asambleas para decidir los próximos pasos del plan de lucha.
La situación abarca principalmente predios y hoteles situados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, aunque la nómina incluye otras dependencias recreativas. ATE afirma que el proceso puede derivar en el cierre de 13 hoteles y dos centros, además de afectar las delegaciones y otros servicios vinculados al antiguo sistema.
OSFA niega que haya despidos definidos y atribuye la decisión final a las Fuerzas Armadas
La conducción de OSFA cuestiona esa interpretación. Fuentes con acceso a la administración indicaron a Infobae que no existe una definición cerrada sobre despidos y que el sindicato presenta como resueltas situaciones que aún deben determinarse durante la transición administrativa.
Según esa posición, el personal involucrado tiene condiciones laborales diferentes. Hay militares en actividad que pueden ser reasignados, empleados de planta permanente estatal, contratados del antiguo IOSFA y prestadores que facturan como monotributistas. El destino de cada caso dependerá de las decisiones que adopten las fuerzas una vez que reciban los inmuebles.
La principal divergencia se ubica en el futuro de los hoteles. Para ATE, la transferencia puede encubrir un cierre y abrir la puerta a una eventual venta de propiedades. Las autoridades de la obra social sostienen que los bienes volverán a las Fuerzas Armadas que los habían aportado al sistema y niegan que exista un plan de enajenación.
La decisión del Ministerio de Defensa es que los establecimientos dejen de depender de la obra social y regresen a la órbita del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El cambio apunta a separar el turismo y la recreación de la estructura que deberá administrar exclusivamente la atención sanitaria de los afiliados.
Los hoteles pasarán a las fuerzas que los aportaron al sistema
Los establecimientos continuarán por ahora bajo la administración residual del antiguo IOSFA. A partir del 1 de octubre, las respectivas fuerzas deberán establecer cómo seguirán operando, qué prestaciones mantendrán y bajo qué régimen quedará el personal vinculado con cada predio.
Desde la conducción de la obra social sostienen que los hoteles registran un déficit cercano a $2.000 millones anuales. El diagnóstico oficial es que ese gasto debe quedar fuera de los recursos destinados a consultas, internaciones, medicamentos y otros servicios médicos.
ATE rebate esa evaluación y asegura que los establecimientos pueden financiarse con los ingresos de su actividad. También objeta el traspaso porque entiende que debilita las garantías sobre su continuidad y perjudica a los trabajadores que cumplen funciones en esos lugares.
La nueva estructura de OSFA, según explicaron fuentes del organismo, concentrará su presupuesto y su gestión en los afiliados de las tres Fuerzas Armadas. La transferencia de los activos turísticos forma parte de la redefinición de funciones que se ejecuta en paralelo con la liquidación del instituto anterior.
La deuda acumulada condiciona la recuperación de la cobertura médica
La disputa por los hoteles ocurre mientras persiste la crisis financiera de la obra social militar. El pasivo acumulado por el IOSFA figura entre los principales obstáculos para recuperar el funcionamiento regular del sistema y recomponer los convenios con clínicas, sanatorios, droguerías y otros prestadores.
La administración de OSFA reconoce obligaciones por más de $ 200.000 millones. El sindicato eleva el cálculo por encima de $ 500.000 millones. Esa diferencia forma parte de la discusión política y gremial, aunque ambas partes coinciden en que las deudas afectaron la capacidad de pago de la entidad.
El deterioro tuvo efectos directos sobre militares, retirados y familiares que dependen de la cobertura. En distintas provincias se registraron interrupciones o restricciones en la atención, a partir de las deudas con prestadores privados y de las dificultades para sostener los acuerdos vigentes.
El impacto resulta especialmente sensible fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde muchos afiliados acceden a consultas, estudios, tratamientos e internaciones a través de convenios con centros privados. La recuperación de esos servicios es una de las prioridades que declara la nueva administración.
Defensa busca cancelar los pasivos antes de fin de año
Fuentes de OSFA señalaron que el Ministerio de Defensa trabaja en una salida integral para las obligaciones pendientes y aspira a regularizarlas antes de fin de año. El plan contempla mecanismos estatales para afrontar las deudas del antiguo IOSFA, mientras la nueva obra social arma un presupuesto propio y un esquema de gastos que considera sostenible.
La estrategia parte de un diagnóstico oficial: el organismo anterior acumuló un desequilibrio estructural que terminó por afectar el pago en tiempo y forma a sus prestadores. La administración actual busca que las cuentas heredadas no se trasladen de manera automática a la entidad que asumió la cobertura de las Fuerzas Armadas.
En ese marco, la reducción de actividades ajenas a la atención médica forma parte de la reorganización. Las autoridades plantean que los recursos disponibles deben priorizar las prestaciones sanitarias, una definición que explica el apartamiento de hoteles, centros recreativos y otros servicios de la estructura principal.
La revisión también alcanzó a las 33 farmacias propias de la obra social. Desde el organismo admiten que se analizan modificaciones debido a sus resultados deficitarios, aunque aclaran que todavía no adoptaron una determinación final sobre la continuidad del servicio.
Las 33 farmacias propias también están bajo revisión
ATE afirma que el Gobierno prepara el cierre de las farmacias y su reemplazo por establecimientos privados. La organización sindical sostiene, además, que el ajuste de funciones puede extenderse a delegaciones de distintas provincias y reducir aún más la presencia territorial de la obra social.
La conducción de OSFA no confirmó ese escenario. Sí reconoció que el funcionamiento de la red está en análisis dentro de la revisión general de costos y servicios. La definición dependerá de las evaluaciones administrativas que se completen durante la transición.
Aguiar responsabilizó a las gestiones del organismo durante el gobierno de Javier Milei por el deterioro de las cuentas. También apuntó contra el exministro de Defensa Luis Petri y sostuvo que la entidad había comenzado la actual administración nacional con un saldo positivo.
“Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra”, sostuvo el dirigente. Según su planteo, el organismo contaba con un superávit de $ 25.000 millones al inicio de la gestión actual.
El DNU 88 dividió la cobertura de militares y fuerzas federales
La crisis se desarrolla en medio de una reorganización dispuesta por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. La norma separó la cobertura médica de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad, que hasta entonces estaban reunidas bajo el IOSFA.
El antiguo instituto atendía al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. La modificación creó dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas bajo la jurisdicción de Defensa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.
La estructura anterior reunía cerca de 550.000 beneficiarios. Unos 330.000 corresponden a integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias; el resto forma parte del universo de las fuerzas federales. La nueva OSFA asumió la atención de militares, mientras que la entidad de Gendarmería y Prefectura siguió un modelo distinto mediante un convenio con la empresa de medicina privada Medicus.
La separación implicó repartir recursos, personal, bienes y tareas administrativas. Al mismo tiempo, el IOSFA quedó en liquidación con el objetivo de ordenar las obligaciones pendientes y completar el traspaso de los activos que aún figuran bajo su administración.
La nueva obra social administrará la cobertura de 330.000 afiliados militares
El Ministerio de Defensa sostiene que el nuevo esquema debe permitir una administración con presupuesto específico y reglas diferentes de las que regían en la entidad anterior. El objetivo declarado es sostener las prestaciones médicas con los recursos disponibles sin replicar los desequilibrios financieros que acumuló el organismo liquidado.
La liquidación del IOSFA resulta central en ese proceso. La gestión residual debe resolver deudas, transferir bienes y definir la situación de actividades que ya no integrarán la estructura sanitaria. Los hoteles y el personal asociado quedaron en el centro de ese capítulo.
La complejidad de la transición quedó expuesta con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien administraba la liquidación. De acuerdo con lo informado por Infobae, el ministro Carlos Presti lo recibió el miércoles para analizar el avance de la reorganización.
Presti manifestó su disconformidad con las demoras y reclamó acelerar las medidas administrativas necesarias para sanear el sistema. El encuentro terminó con la desvinculación de Guzmán de la conducción residual del organismo, mientras continúan las gestiones para resolver el pasivo y restablecer convenios médicos.
Desde el organismo indicaron que las tareas administrativas siguen cubiertas y que la definición sobre el reemplazante se conocerá en los próximos días. El Ministerio considera que completar la liquidación es una condición para que la nueva obra social concentre su gestión en la cobertura sanitaria.
Sin embargo, el proceso debe resolver antes el destino de los establecimientos turísticos y de los trabajadores que dejarán de depender de la estructura de salud. Esos dos puntos, atravesados por el vencimiento de contratos y la transferencia prevista para el 30 de septiembre, fueron los que dispararon la ocupación sindical.
La conducción de OSFA enfrenta así una semana de definiciones. Deberá avanzar con el traspaso de los hoteles, responder a los planteos de ATE y sostener la negociación con los prestadores médicos, en un sistema que atiende a aproximadamente 330.000 afiliados de las Fuerzas Armadas.
POLITICA
Ritondo apuntó contra Kicillof tras el plan de dos presos para matar a una fiscal y reclamó prohibir los celulares en las cárceles
El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.
En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.
POLITICA
Rebajan las condenas por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión
La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.
Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.
El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.
La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.
Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.
Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.
En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.
Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.
Atenuantes
Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.
Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.
Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.
Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.
El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.
El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.
condenas impuestas,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
En un clima de tensión, el Gobierno se reúne con el PRO en Casa Rosada: “No hay muchos temas para hablar”
Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno y el PRO retomaron este jueves, desde las 15:00, la mesa de diálogo que ambos espacios mantienen cada 15 días en la Casa Rosada, en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y de una falta de acuerdo en el plano electoral.
“Nos llamaron recién y vamos a ir para darle continuidad a las charlas, pero la verdad es que no hay muchos temas para hablar”, sostienen en el partido fundado por Mauricio Macri, que tan solo un día antes publicó un duro comunicado en contra del Poder Ejecutivo.
Desde Presidencia reconocían durante la mañana que la reunión no estaba incorporada de manera definitiva a la agenda y que la posibilidad permanecía “a confirmar”, mientras que por el lado de los invitados, ya insinuaban que lo mejor era posponer la cumbre para otro momento, dado el contexto.
Finalmente, la cita quedó ratificada para esta tarde, por lo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron en las viejas oficinas del extinto Minsterio del Interior al jefe del bloque de diputados amarillo, Cristian Ritondo, y al secretario general de ese partido, Fernando de Andreis.
Se trata del cuarto encuentro formal de La Libertad Avanza y sus aliados desde que institucionalizaron este canal de diálogo, que acordaron mantener semana por medio y que por lo pronto nunca se suspendió.
Las reuniones anteriores se realizaron el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en la que participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Aunque el cónclave casi se susprende por cuestiones de agenda, “El Colo” decidió convocar formalmente a los dirigentes del PRO para este jueves, dadas las complicaciones que hubiera generado posponerla.
La semana que viene Ritondo viaja a Italia a verlo al Papa, como parte de una comitiva de dirigentes argentinos invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que luego también lo llevará a Armenia.
Por este motivo, si Santilli pasaba el encuentro para algunas de esas fechas, iba a tener que ser sin la presencia del armador aliado en la provincia de Buenos Aires, justo en un momento en el que el acuerdo tambalea.
En el macrismo cuestionan al oficialismo por la falta de decisiones respecto a la creación de un frente y también protestan porque no hay coincidencias sobre los candidatos en diferentes localidades bonaerenses.
“De todas formas, es cierto que falta mucho para las elecciones, pero hoy estamos lejos de un acuerdo. El Gobierno especula mucho. No terminan de cerrar con ningún gobernador, tampoco con el radicalismo ni con nosotros”, cuestionó un integrante del PRO.
Se espera que la agenda esté atravesada por la discusión sobre discapacidad, que también expuso diferencias entre el oficialismo y sus aliados, que cuestionaron los cambios que el Poder Ejecutivo había incorporado en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que las modificaciones podían debilitar herramientas centrales para garantizar prestaciones y pensiones.
“El Gobierno se equivocó”, señalaron desde el partido amarillo en un comunicado difundido esta semana. De todos modos, el espacio remarcó que continuará acompañando las medidas que considere necesarias para sostener el rumbo económico y la gestión.
El conflicto obligó a la Casa Rosada a revisar su propuesta original. El oficialismo presentó una iniciativa alternativa ante los otros bloques, que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.
La nueva redacción permitió al Ejecutivo reconstruir parte de la negociación parlamentaria. La Libertad Avanza obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría para su iniciativa en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas.
La reunión de esta tarde servirá para medir si ese acuerdo legislativo alcanza también para encauzar el vínculo político entre ambos espacios. El oficialismo necesita sostener ese respaldo para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el resto de las iniciativas que pretende aprobar antes de que la campaña por las elecciones de 2027 ordene la dinámica del Congreso.
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