POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta

Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.
También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde en el entorno de la expresidenta.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.
Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.
Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.
La presentación
La adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner”.
En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.
La adenda sostiene que “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.
En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.
Pero agregaron que “en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría”.
Según la Adenda, esos resultados “contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total”.
“Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri”, añadieron.
En tercer lugar, la adenda denunció “más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.
La presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.
El caso
Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.
Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.
Lugar: NH Hotel. Bolivar 160.
Soledad AznarezLa defensa de la exmandataria busca la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.
Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización” de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.
La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
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POLITICA
Ernesto Sanz equiparó a Milei con Kicillof: “Los dos modelos son del siglo XIX”

El dirigente radical Ernesto Sanz defendió este martes la construcción de una alternativa similar a la de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones de 2027 y equiparó al presidente Javier Milei con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al considerar que “los dos modelos son del siglo XIX”.
En diálogo con LN+, quien fuera precandidato a presidente en 2015 por la UCR apuntó contra Milei y KIcillof por exhibir en Nueva York ideas que, según su visión, ya no tienen asidero en el presente.
“La semana pasada fueron a Nueva York los dos referentes de la polarización política de hoy. Ambos fueron a defender desde la teoría el modelo que defienden. Milei, el mercadocentrismo, el mercado que todo lo puede, y Kicillof, el estadocentrismo, el Estado que todo lo puede. Los modelos, hoy en 2026, son del siglo XIX. Están intentando mirar y proponer hacia adelante modelos que ya han fracasado”, analizó Sanz.
A su vez, el expresidente de la UCR afirmó que existe una demanda en el país de millones de argentinos que no se sienten representados por la actual polarización entre los libertarios y el peronismo y que no quieren “ir a votar con la nariz tapada o con los dientes apretados”.
“La demanda existe. Algunos encuestas la miden y casi está llegando al 50%. El problema es que no hay oferta, no hay una oferta consolidada, con volumen, con organización”, señaló.
Consultado sobre si esa oferta podría ser representada por el surgimiento de un espacio con características similares al de JxC, la alianza que para 2015 pactaron Pro, la UCR y la Coalición Cívica, respondió que “es una posibilidad”.
“Tampoco es mirar para atrás y que sea exactamente igual a Juntos por el Cambio. Lo que estoy viendo es mucha dirigencia dispersa, pero muchas voluntades y ganas, pero no a través de la representación orgánica de los partido”, dijo.
Y agregó que la coalición que debe interpretar esa demanda debe ser “plural y diversa”.
En ese contexto, manifestó que podría lanzarse como candidato si es que se llegara a un acuerdo con otras organizaciones, aunque destacó que lo principal es la construcción de una alternativa política a Milei y Kicillof.

“Lo primero es lo primero. Vamos a tratar de construir junto con una enorme cantidad de amigos que tenemos en todo el país del radicalismo, y fuera del radicalismo también, una alternativa”, subrayó.
En ese sentido, destacó que la UCR debería tener un candidato propio en caso de lograr una alianza, con el fin de que compita en una eventual PASO.
“Estoy soñando con una construcción plural donde el radicalismo tenga su candidato, Pro el suyo y demás. Hay espacio para construir por fuera de los extremos de la polarización”, cerró.
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POLITICA
El peronismo saldó sus diferencias y aprobó medidas contra la morosidad en la provincia de Buenos Aires

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a cuatro proyectos para regular los créditos de consumo, limitar las cobranzas abusivas y crear mecanismos de reestructuración de deudas. Las iniciativas pasarán al Senado bonaerense en un escenario de aumento de la mora: el Banco Central de la República Argentina informó que la irregularidad de los préstamos a familias llegó al 12,8% en junio de 2026, y en julio subió al 12,9%, según datos difundidos posteriormente.
La aprobación fue con el voto del bloque de Fuerza Patria y el acompañamiento tanto de los bloques dialoguistas Nuevos Aires como de Unión y Libertad. En consonancia con la línea esgrimida por el Gobierno nacional sobre esta temática -que es un problema entre privados- el bloque de La Libertad Avanza rechazó los textos. El PRO hizo lo propio en los proyectos. “Hay una clara injerencia de la Provincia sobre cuestiones que son federales”, dijo el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.
Una de las objeciones que emanaron fue sobre el proyecto del presidente del bloque peronista, Facundo Tignanelli, ante la potestad que se le otorga a la Defensoría del Pueblo de la provincia para generar instancias prejudiciales y crea crear un régimen de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, si bien los distintos sectores del oficialismo presentaron diversas iniciativas con el objetivo de atacar la morosidad, el bloque peronista llegó a la sesión con algunos matices que se habían exteriorizado el último viernes en un plenario de comisiones. Fue, puntualmente, por el proyecto de Tignanelli. La iniciativa prevé una instancia gratuita y obligatoria ante la Defensoría del Pueblo bonaerense antes de que se inicien acciones judiciales de cobro. En los plenarios de comisiones, la diputada Ana Luz Balor de Fuerza Patria había considerado que su posición era proclive a dejar la autoridad de aplicación a “los órganos locales”, porque la Defensoría del Pueblo tenía “otras tareas”.
Balor fue impulsora de otro proyecto que este martes también se aprobó, luego de unificarse con una iniciativa de su compañera de bloque Noelia Saavedra, quien responde políticamente a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.
“No corresponde a nosotros la resolución del problema porque obedece a medidas macro, quizá corresponde a nosotros poder llevar algo de alivio a las familias bonaerenses. Nadie dice que la toma de crédito sea mala. El tema es para qué tomamos crédito. Acá no estamos hablando de toma de crédito para gastos suntuarios. La gente está endeudándose para comer”, dijo Balor.
En la misma línea se pronunció su presidente de bloque. Tignanelli cerró el debate y planteó que “el problema que existe hoy en la Argentina es que no hay plata, no hay salario. Los trabajadores tienen que tener hasta dos o tres trabajos para poder, con suerte, llegar a fin de mes. Y cuando no llegan a fin de mes, toman deuda para comprar alimentos, vestir a sus hijos y sostener el nivel de vida que venían trayendo. Entonces, probablemente estas herramientas jurídicas armadas en la urgencia y dando respuesta a un problema probablemente sean un parche en la situación que están viviendo los argentinos y en este caso, los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. No va a ser la solución definitiva”.
En su intervención, Tignanelli también se refirió al rol que tendría la Defensoría del Pueblo que comanda Guido Lorenzino en el desarrollo de una instancia prejudicial. “Si el artículo 38 de la Constitución dice que la Provincia proveerá a la educación para el consumo y el establecimiento de procedimientos eficaces y el Defensor del Pueblo de la Provincia es un organismo de la Constitución que entre sus funciones tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, va de suyo que tiene habilitada la posibilidad de esta instancia prejudicial obligatoria o de reclamo previo obligatorio. Digo porque hay una lectura quizá caprichosa o cortada de la Constitución y hay que leerla en forma integral”. También detalló que en el municipio de La Matanza, de donde es, “uno de cada tres matanceros están endeudados”. Además, espera que las iniciativas ahora se aprueben en el Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora, Verónica Magario.
Así, las diferencias internas que habían emergido la semana pasada por estos proyectos y puntualmente por la iniciativa de Tignanelli, que es uno de los responsables políticos de La Cámpora en territorio bonaerense, quedaron matizadas. Sin embargo, Balor, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo la posición planteada en el plenario de comisiones.
Además, la iniciativa unificada de las diputadas Balor y María Noelia Saavedra y de los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli —todos de Fuerza Patria- propone modificaciones a la Ley 13.133, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. El proyecto aprobado busca reforzar la protección durante la contratación y ejecución de créditos, regular la publicidad de productos crediticios y prevenir el sobreendeudamiento mediante herramientas de información y educación financiera. También, incorpora disposiciones para créditos otorgados por plataformas digitales, como la obligación de explicitar las decisiones automatizadas y la posibilidad de requerir una revisión humana.
También se aprobó otra iniciativa que unifica proyectos de Balor y de la diputada del bloque UCR Cambio Federal, Silvina Vaccarezza. Ese texto se centra en la prohibición del hostigamiento y del trato indigno durante los reclamos extrajudiciales de deudas. La propuesta, según sus autoras, apunta a establecer resguardos para las personas deudoras frente a prácticas de cobranza abusivas y contempla medidas de protección para quienes atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.

Otro de los proyectos que se aprobó fue el que se forjó a partir de las iniciativas de los diputados Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli que fueron reunidas en un proyecto que plantea modificar la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de consumidores sobreendeudados. La propuesta también prevé la creación de un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo, con el objetivo de ofrecer mecanismos para abordar situaciones en las que las obligaciones financieras superan la capacidad de pago de las personas. La Libertad Avanza rechazó todos los proyectos.
“Algunos proyectos se contradicen; en dos expedientes generamos dos herramientas distintas, el 3108 te obliga a agotar instancias en la Defensoría del Pueblo, pero en el 354 se le debe permitir ir al juez sin la necesidad de tramitar previamente el procedimiento administrativo. Acordemos el procedimiento”, planteó la diputada Romina Braga de la Coalición Cívica. Su bloque se abstuvo y la legisladora consideró que “muchas de estas tomas de deuda terminan en apuestas, en el juego online y en la ludopatía; espero que pronto podamos hablar de un proyecto que ataque esta problemática”. La discusión seguriá en la Cámara alta.
POLITICA
Sin un paro en carpeta, la CGT marchará el 8 de octubre en “defensa de la industria nacional”

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió movilizarse el próximo miércoles 8 de octubre, a las 15.30, sobre la Diagonal Sur porteña, a la altura del edificio que fue del Ministerio de Industria. La decisión descartó, en una misma jugada, la convocatoria a un paro nacional contra el gobierno de Javier Milei.
La central obrera le sumó tintes malvineros al anuncio con la consigna “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, que resolvió tras una reunión de “mesa chica ampliada” en la sede de la Uocra, a la que asistió la primera plana de los secretarios generales.
Recibidos por el anfitrión Gerardo Martínez, entre los presentes estuvieron los triunviros Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), así como también Héctor Daer (FATSA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitaria), entre otros. La novedad de la jornada fue la participación del líder del sindicato camionero, Hugo Moyano.
La discusión tuvo lugar en medio de la puja por parte de algunos sectores internos que reclamaban una respuesta más contundente frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Finalmente, la conducción cegetista optó por una movilización, en línea con el plan de lucha escalonado, y se descartó por ahora un nuevo paro nacional.
“Hicimos un análisis de la situación económica, productiva y social, y llegamos al diagnóstico de que hay crecimiento del desempleo, de la pobreza y baja del poder adquisitivo. Necesitamos seguir en este plan de lucha que venimos llevando adelante con las otras centrales, así que el próximo jueves haremos una movilización en defensa de la industria nacional”, manifestó Sola a la salida, donde agregó que también se sumarán a la marcha universitaria del 15 de octubre.
Sobre los reclamos, el cosecretario general cegetista enumeró: “Necesitamos un proyecto industrial que piense en un modelo de producción, de desarrollo, de generación de puestos genuinos y formales, con derechos sociales y con salario digno. No estamos de acuerdo con una apertura indiscriminada de la importación, que significa el rompimiento del tejido productivo”.
“Estamos en un plan de acción que va a terminar en una gran marcha federal, que vamos a llevar adelante después de esta marcha”, explicó Sola ante la consulta sobre la posibilidad de que la CGT llame a una nueva huelga general.
La presencia de Hugo Moyano, además, se produjo luego de que su hijo, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, lanzara en las últimas horas duras críticas contra el peronismo y la CGT —“¿Dónde carajo están?”, preguntó— y anticipara el inicio de asambleas en el sector de Recolección y Barrido (que están nucleados en el sindicato) a partir de este miércoles.
La acción se da en medio de la disputa con el gobierno porteño de Jorge Macri por la renovación de las concesiones del servicio en la Ciudad. Los pliegos, que serán analizados el próximo 5 de octubre en una audiencia pública, no contemplan el pago de las indemnizaciones a los trabajadores en caso de cambios en las empresas concesionarias.
La visita del Papa
Durante la cumbre, la CGT abordó la expectativa por la visita a la Argentina del Papa León XIV, que a mitad de septiembre ya recibió a una comitiva sindical en el Vaticano. “Estamos convencidos que su llegada va a ser un enorme hecho y entendemos que también va a dejar políticamente la posibilidad de dar su mensaje, que no es necesariamente partidario, pero va en sentido con la justicia social”, destacó Sola, que señaló que “la mayor tarea va a quedar el día después, cuando el Papa se vaya y deje su mensaje”.
Manuel Casado,CGT,Conforme a
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