POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta

Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.
También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde en el entorno de la expresidenta.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.
Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.
Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.
La presentación
La adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner”.
En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.
La adenda sostiene que “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.
En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.
Pero agregaron que “en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría”.
Según la Adenda, esos resultados “contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total”.
“Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri”, añadieron.
En tercer lugar, la adenda denunció “más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.
La presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.
El caso
Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.
Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.
Lugar: NH Hotel. Bolivar 160.
Soledad AznarezLa defensa de la exmandataria busca la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.
Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización” de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.
La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
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POLITICA
Galmarini cruzó a Caputo por su reacción al evento del peronismo organizado por Massa: “Está bien que te agarres la cabeza”

Malena Galmarini salió al cruce en redes por un video que compartió el ministro de Economía, Luis Caputo, del acto por el Día de la Lealtad Peronista del martes en el que participaron, entre otros, Sergio Massa y dirigentes federales, kirchneristas y de las provincias. El funcionario mileísta publicó el fragmento en su cuenta de X junto a un emoji que emula a una persona agarrándose el rostro y la senadora lo cuestionó y apuntó contra el gobierno libertario.
“Está bien que te agarres la cabeza. El miedo no es zonzo”, le respondió, también a través de la red social, en alusión al ícono que utilizó el ministro. “Nos ves juntos, con ganas, construyendo la unidad que te va a sacar de ese lugar desde el que vendiste la Argentina. ¡Y la vamos a recuperar, eh!”, continuó.
En el video que compartió Caputo se puede ver a Massa arengando los aplausos y el canto de la marcha peronista junto a otros referentes como Mayra Mendoza, las diputadas Natalia de la Sota y Victoria Tolosa Paz, el senador Gerardo Zamora y la misma Galmarini, senadora de la provincia de Buenos Aires y esposa del exintendente de Tigre y excandidato presidencial.
“Con incentivo a la producción, industrialización y agropecuaria, nacional que genera trabajo, sin timba financiera. Apoyando a los laburantes que se rompen el lomo y no a los apostadores de poca monta. Sosteniendo a nuestros jubilados que dieron su vida por el país”, escribió Galmarini y siguió: “Cuidando a quienes cuidan, sobre todo a las mujeres que sostenemos el sistema de producción, con sus hombros, en sus espaldas”.
La también expresidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aseguró que buscarán también garantizar y mejorar la educación “para que pibes y pibas sientan que vivir acá es posible”. “Protegiendo a la población de la delincuencia, para que no haya más víctimas ni victimarios”, dijo.
“No te alteres que te sube la presión, el riesgo país y se te mueve el dólar. Un beso”, cerró, con ironía.
El acto en San Fernando
El video que compartió Caputo transcurrió durante un evento por el Día de la Lealtad Peronista el pasado 17 de octubre en San Fernando. Allí, con la notoria ausencia del gobernador Axel Kicillof, el massismo organizó el acto con el objetivo de levantar el perfil después de tres años y con la mirada en las elecciones del año que viene.
Sin oradores, en el escenario —con todos los dirigentes sentados en la platea— apareció un humorista político, Emanuel Rodríguez, y luego se proyectó un simulacro de entrevista con Juan Domingo Perón, hecho con inteligencia artificial. “El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio”, dijo en el video montado Perón, cuyas palabras estuvieron guionadas por Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se bajó a último momento, tal como consignó , con el argumento de que el acto generaba “más divisiones” en el peronismo. Si bien el principal grupo que quedó afuera del encuentro fue el axelismo, hubo representantes de casi todas las provincias, como el tucumano Juan Manzur, la fueguina Roxana Bertone, el chubutense Mariano Arcioni y el entrerriano Gustavo Bordet.
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El Senado debate la nueva ley de Discapacidad y la restitución de la Ley de Tierras – Nexofin

El Senado tendrá este jueves una sesión clave para el cierre del período ordinario, con dos iniciativas centrales en discusión: el nuevo régimen de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción, y el proyecto que busca restablecer la Ley de Tierras, derogada mediante el DNU 70/2023.
La convocatoria fue acordada en Labor Parlamentaria, bajo la conducción de Victoria Villarruel, y comenzará a las 11. La Libertad Avanza deberá conseguir al menos 37 senadores para habilitar el debate.
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Al momento, cuenta con 21 bancas y necesita el respaldo de bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR y representantes provinciales.
Frente al rechazo de los aliados, el oficialismo eliminó las listas colectoras de la reforma electoral
Uno de los proyectos propone reemplazar la emergencia en discapacidad por un sistema permanente de prestaciones y financiamiento, además de establecer controles sobre los fondos y mecanismos para regularizar las deudas con los prestadores.
La otra iniciativa, denominada Inviolabilidad de la Propiedad Privada, incorpora la derogación del artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y dispone recuperar sus restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales. La norma establece un límite del 15% de propiedad extranjera en cada jurisdicción. Si el Senado aprueba el texto sin cambios, la legislación volverá a estar vigente.
El temario incluye además la designación de representantes parlamentarios en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, encargado de supervisar los lugares de detención.
También se debatirá una propuesta para declarar 2027 como el “Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, impulsada por el radical Eduardo Vischi.
Por último, los senadores tratarán el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, iniciativas sobre cabotaje y Marina Mercante, admisión temporaria, derechos de niños y adolescentes y distintos acuerdos internacionales.
Diputados: el Gobierno no consiguió quórum y se cayó la sesión por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central
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Mahiques se reunió en Washington con el jefe de los fiscales penales de EEUU y acordó fortalecer la cooperación judicial

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión en Washington con Andrew Tysen Duva, máximo responsable de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con quien acordó avanzar en una agenda bilateral para fortalecer la cooperación penal y mejorar los mecanismos de colaboración en investigaciones judiciales.
Durante el encuentro, del que también participaron autoridades del Departamento de Justicia y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Alec Oxenford, se analizaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento de los tribunales, la cobertura de vacantes judiciales y los desafíos de la implementación del sistema acusatorio en la Argentina.
Según información a la que accedió Infobae, uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de fortalecer los canales de cooperación penal internacional, en particular para facilitar el intercambio de información entre autoridades judiciales, avanzar en investigaciones que involucren a ambas jurisdicciones y mejorar la coordinación de los procedimientos de extradición.
La reunión permitió establecer una agenda de trabajo entre las autoridades de ambos países, con atención en las capacidades operativas que requieren los organismos judiciales para responder a investigaciones complejas y a los desafíos de la persecución de delitos con conexiones internacionales.
Duva conduce desde diciembre de 2025 la División Criminal del Departamento de Justicia, una de las estructuras centrales del sistema federal estadounidense para la investigación y persecución de delitos. Bajo su supervisión trabajan más de 1.100 fiscales federales y empleados especializados en áreas como el crimen organizado, el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, la corrupción pública, los delitos financieros y los ciberdelitos.
La delegación que participó de la reunión estuvo integrada, además de Mahiques, Duva y Oxenford, por Adam Hobson, primer fiscal general adjunto principal interino de la División Criminal; Brian D. Skaret, fiscal general adjunto interino de esa división; Erik C. Peterson, director de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías en el Extranjero (OPDAT), y John Beasley, abogado litigante principal de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia.
La cooperación incluyó capacitación y el avance del sistema acusatorio
La presencia de funcionarios vinculados con la capacitación internacional y la cooperación judicial permitió abordar las necesidades de formación de los operadores del sistema penal y los mecanismos institucionales disponibles para mejorar la colaboración entre los organismos de ambos países.
En ese marco, Mahiques destacó que la transformación del sistema de justicia penal argentino requiere modificaciones normativas, instituciones preparadas, infraestructura adecuada y equipos profesionales con capacidad para desarrollar investigaciones de manera eficiente.
Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener programas de intercambio y capacitación para jueces y fiscales, con el objetivo de incorporar experiencias y herramientas que permitan mejorar el funcionamiento de la justicia penal y fortalecer las capacidades de investigación.
Uno de los principales temas de la agenda fue la implementación del Código Procesal Penal Federal, que establece el sistema acusatorio y modifica la distribución de funciones entre jueces y fiscales. A diferencia del modelo tradicional, en el que los jueces de instrucción tienen a su cargo buena parte de las investigaciones, el nuevo esquema dispone que los fiscales dirijan la investigación penal, reúnan pruebas y formulen las acusaciones. Los magistrados intervienen como jueces imparciales, controlan la legalidad de los procedimientos, garantizan los derechos de las partes y resuelven las controversias que se planteen durante el proceso.
La reforma también establece un modelo basado en la oralidad, la publicidad de las audiencias y la contradicción entre las partes, con el propósito de reducir los trámites escritos y acelerar los tiempos judiciales. En lugar de un expediente predominantemente escrito, el sistema promueve que las decisiones relevantes se adopten en audiencias ante los jueces, con participación de fiscales y defensores. Su implementación exige reorganizar los recursos humanos, incorporar tecnología, adecuar salas de audiencias y ampliar la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal, que adquiere un papel central en la investigación de los delitos federales.
La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal avanza de manera progresiva en las jurisdicciones del país. Tras su aplicación en distritos como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza y La Plata, el proceso continuará el 30 de noviembre con su entrada en vigencia en Paraná. El cronograma oficial prevé para 2027 su implementación en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y en la jurisdicción federal de Córdoba, desde el 8 de marzo. La transición representa uno de los desafíos institucionales del Ministerio de Justicia, por la necesidad de coordinar recursos, infraestructura y capacitación entre los distintos organismos del sistema judicial.
La experiencia de Estados Unidos en investigación penal y organización de fiscalías fue uno de los puntos considerados durante las conversaciones, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae. Allí, los fiscales federales tienen un papel protagónico en la persecución de los delitos y trabajan en coordinación con organismos especializados de investigación, dentro de un esquema institucional que articula recursos y conocimientos técnicos.
En ese contexto, la participación de Erik Peterson, responsable de OPDAT, adquiere relevancia por las funciones de esa oficina, que desarrolla programas de asistencia técnica y capacitación destinados a fortalecer los sistemas de justicia penal de otros países.
También intervino John Beasley, de la OIA, una dependencia que tiene entre sus responsabilidades la cooperación jurídica con autoridades extranjeras, en particular en cuestiones relacionadas con extradiciones y asistencia judicial internacional.
La cobertura de vacantes en la Justicia argentina fue otro de los asuntos incluidos en la agenda. Durante la conversación se examinó la importancia de contar con estructuras judiciales completas y funcionarios capacitados para garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento de los tribunales.
La reunión se inscribe en una agenda de cooperación institucional entre Argentina y Estados Unidos que apunta a fortalecer las capacidades de los organismos encargados de investigar delitos, facilitar el intercambio de información y mejorar la articulación de los procedimientos judiciales cuando las investigaciones involucran a más de un país.
El objetivo compartido es mantener un canal de diálogo directo entre las autoridades de ambos países y avanzar en mecanismos de cooperación que permitan obtener resultados concretos en investigaciones penales, procesos de extradición y programas de formación de jueces y fiscales.
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