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“Desagradable, obra maestra, desconcertante, brillante”: la campaña publicitaria de ‘Digger’ juega con las valoraciones de la crítica

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Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, generó una de las divisiones más profundas de la temporada entre los críticos de cine internacionales. La cinta, que se estrenó esta semana, acumula un puntaje de 46 sobre 100 en Metacritic y ronda entre el 50% y el 53% de aprobación en Rotten Tomatoes, cifras que la convierten en la calificación más baja de la carrera de Iñárritu en ese agregador y en la primera película “podrida” de Cruise en nueve años, según consignó la web de noticias de la industria del entretenimiento ScreenRant.

En la película, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero texano cuya empresa provoca un desastre de escala planetaria tras liberar una fractura masiva de hielo en Groenlandia que amenaza con generar un tsunami devastador sobre Europa. Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons y Sophie Wilde completan el elenco.

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El filme, descrito por varios medios como una versión contemporánea de Dr. Insólito de Stanley Kubrick aplicada al colapso climático, incorpora un giro narrativo hacia la mitad de la trama que revela que los sucesos observados forman parte de una representación teatral titulada Fossil Fools, protagonizada por un actor llamado Curtis Markson. Esa decisión estructural se transformó en el eje de la controversia crítica.

The New York Times y The Guardian encabezan el rechazo

Entre las publicaciones de mayor peso internacional, el rechazo fue contundente. The New York Times calificó la cinta como “un elefante blanco tan torpe que casi provoca lástima por todos los involucrados” y cuestionó directamente las decisiones del director: “¿Y qué diablos estaba pensando el director, Alejandro G. Iñárritu?”. El medio sostuvo que, pese al trabajo físico de Cruise, el resultado es “una colección de momentos —discursos, acciones, gestos, muecas— que nunca cohesionan”.

The Guardian fue igual de severo. El crítico Peter Bradshaw definió la película como “una sátira exasperante, superficial, laboriosa y autocomplaciente”, aunque reconoció valor en algunas imágenes oníricas logradas por el director de fotografía Emmanuel Lubezki y el diseño de producción de Dennis Gassner. El periódico británico señaló además que la película “resuena con el afán voraz de Donald Trump por saquear el Ártico y cualquier otro lugar”, aunque consideró que la propuesta resulta “superficial e inflada”.

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Variety e IndieWire respaldan la ambición pero cuestionan la ejecución

Variety fue uno de los medios que reflejó con mayor claridad la fractura. Clayton Davis escribió tras las primeras proyecciones: “Respeto el riesgo y lo que Alejandro González Iñárritu busca. Tom Cruise y John Goodman entregan un trabajo estelar, y el diseño de producción y la fotografía son impresionantes. Al final, no todos los puntos conectan, y desearía que la película se hubiera inclinado con más fuerza hacia el absurdo y la sátira que buscaba”. Davis anticipó que la reacción del público será “la prueba definitiva del poder de estrella de Tom Cruise”.

En IndieWire, la división se replicó dentro de la propia redacción. Jim Hemphill calificó la cinta como “una de las películas de estudio más inventivas visualmente, conceptualmente audaces e impredecibles jamás realizadas”, y sostuvo que sus riesgos estéticos hacen que Bardo, la obra previa de Iñárritu, “parezca un episodio de The Golden Girls”. Su colega David Ehrlich, en cambio, la describió como “un riff de mega presupuesto sobre Dr. Insólito tan alejado de la verdad humana que su personaje más creíble es un gato animatrónico tuerto llamado Maggie”, y remató: “ver a Alejandro González Iñárritu intentar construir un chiste es como ver a Frank Gehry intentar dibujar una línea recta”.

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The Hollywood Reporter y The Wall Street Journal profundizan la crítica negativa

David Rooney, de The Hollywood Reporter, comparó la película con “fracasos colosales como Babylon de Damien Chazelle o Amsterdam de David O. Russell, obras infladas dirigidas por cineastas tan embriagados por su propia reputación que olvidaron que había un público a considerar”.

Kyle Smith, de The Wall Street Journal, fue igual de implacable: calificó la película como “intencionalmente mala en la superficie, e involuntariamente mala por debajo de ella”, y agregó que “resulta gracioso que la franquicia de acción de Cruise, Mission: Impossible, presente un escenario de fin del mundo más verosímil que este intento de conseguir un Óscar tras una década de ausencia”. La revista Rolling Stone, a través de su crítico David Fear, optó por una lectura más ambigua. El medio definió la obra como “una sátira tumultuosa, una especie de sinfonía para violines mientras arde Roma”, y reconoció que Iñárritu, Cruise y el resto del elenco —que incluye a Hüller como hermana emprendedora de Rockwell, a Michael Stuhlbarg como asesor servil y a Plemons como un empresario tecnológico— “han creado deliberadamente algo caótico, torpe y demasiado ingenioso, pensado para sonar como un grito de angustia y furia”. “Es imposible descartarla como un simple error, e igualmente imposible afirmar que funciona en algún nivel”, sentenció.

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero texano cuya codicia desata un desastre de escala planetaria en Groenlandia

El País resalta el riesgo actoral y la ambición de Iñárritu

El País dedicó dos coberturas al estreno. En su crítica, el medio español definió al filme como “la película más pretenciosa, histérica y tonta del año”, y expresó sorpresa por encontrar la firma de un director que había entregado “películas admirables como Amores perros, 21 gramos y Babel”. El diario describió la segunda mitad del filme, centrada en la representación teatral, como “tan presuntamente sofisticada como aburrida”.

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En una entrevista con Iñárritu publicada este viernes, el director defendió su creación: “La única forma de saber cómo sabe un mango es ponértelo en la boca. Y esta película hay que ponérsela en los ojos para poder entender, porque si te la explico, no la vas a entender”, afirmó. Para él, la obra explora “la naturaleza humana, el poder y la insaciable ambición que hace que el beneficio de una sola persona sea el problema de millones”. Según relató, Cruise considera a Rockwell “el mejor papel que ha hecho en su vida” tras 46 años de carrera.

Del otro lado del espectro, publicaciones como Los Angeles Times, BBC y USA Today destacaron la transformación física y actoral de Tom Cruise. Amy Nicholson, de Los Angeles Times, escribió que “Ha colgado de acantilados, rascacielos y aviones, pero el magnate petrolero Digger Rockwell es su papel más riesgoso en décadas”.

Nicholas Barber, de la BBC, señaló: “Cuando Cruise trepa por todo el set entregando sermones atronadores sobre la industria petrolera, no pude evitar sonreír ante la escala gigantesca de su actuación, la convicción del mensaje ambiental del guion y el estilo frenético de Iñárritu”. En la misma línea, Brian Truitt, de USA Today, remarcó que, con prótesis faciales, una panza falsa y un acento tejano exagerado, Cruise “empuja sus propios límites y recuerda que puede ofrecer una clase magistral de actuación cuando se lo propone”.

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Ante la recepción crítica dividida, la distribuidora lanzó una campaña publicitaria que exhibe de forma directa los calificativos contrapuestos de la crítica, con frases como “DESAGRADABLE – OBRA MAESTRA” y “DESCONCERTANTE – BRILLANTE”. En uno de los anuncios, el propio Cruise, en su personaje de Rockwell, responde a las reseñas negativas con la frase: “¿Sabes qué? Al diablo con esa gente”.

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Gobierno de Guatemala actualiza las reglas para administrar fideicomisos públicos y fija un plazo de adaptación hasta 2027

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El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala aprobó el Acuerdo Ministerial 527-2026 para establecer nuevas reglas sobre los fideicomisos que administran recursos estatales, exigir mayores registros contables y financieros, y obligar a las entidades del Organismo Ejecutivo a adecuar sus procedimientos antes del segundo cuatrimestre de 2027, según el Minfin.

La disposición fue emitida el 24 de septiembre y publicada el 5 de octubre de 2026. El manual fue presentado el 18 de noviembre y reemplazó al Acuerdo Ministerial 25-2010-A, que reguló estos mecanismos durante 16 años.

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Las nuevas exigencias alcanzan a la Presidencia, los ministerios, las secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo que utilicen fideicomisos para ejecutar fondos públicos. También deberán cumplirlas los bancos fiduciarios y las unidades ejecutoras responsables de administrar los recursos.

Una persona revisa el Manual para la Administración de Fondos Públicos en Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. (Ministerio de Finanzas Públicas)

Tres modalidades y un requisito de ejecución previa

El Manual para la Administración de Fondos Públicos en Fideicomiso diferencia los contratos según el destino de los recursos y las condiciones para recuperarlos: fideicomisos no reembolsables, reembolsables y de garantía. Cada categoría tendrá disposiciones propias sobre registros contables, controles y responsabilidades institucionales.

Los fideicomisos reembolsables deberán incorporar obligaciones específicas para registrar y recuperar cartera. La normativa anterior no contemplaba algunas condiciones de la operación actual de estas figuras financieras, por lo que el nuevo instrumento ordena los procedimientos desde el traslado de recursos hasta el cierre de cada contrato.

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Las entidades deberán demostrar una ejecución mínima del 75% de los fondos recibidos antes de solicitar nuevos anticipos. El requisito vincula la entrega de recursos adicionales con el avance de la ejecución presupuestaria.

Las unidades ejecutoras asumirán tareas de actualización de registros sobre ingresos y operaciones. También deberán cumplir los procedimientos que defina la Dirección de Fideicomisos del Minfin y mantener información actualizada sobre el dinero administrado bajo esta modalidad.

Los intereses generados por esos recursos deberán incorporarse a los sistemas institucionales. El registro permitirá seguir el movimiento financiero de cada contrato, incluidos los saldos disponibles y las obligaciones pendientes.

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Una persona revisa el Manual para la Administración de Fondos Públicos en Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. (Ministerio de Finanzas Públicas)

Información centralizada y reglas para el cierre de contratos

Los fideicomisos que reciban transferencias del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado tendrán un tratamiento particular. Aunque estarán parcialmente exceptuados de ciertas disposiciones, deberán enviar información periódica a la Dirección de Fideicomisos mediante herramientas informáticas.

La concentración de esos datos en la dependencia financiera permitirá al ministerio revisar la ejecución de los fondos que operan fuera del esquema presupuestario ordinario. Las entidades tendrán que identificar además a los funcionarios y unidades encargados de cumplir las obligaciones administrativas, financieras y contables.

Los fideicomisos constituidos después de la entrada en vigencia del acuerdo deberán incluir cláusulas que obliguen al cumplimiento del manual. La regulación incorpora también procedimientos para su liquidación y extinción, con reglas para definir el destino de los saldos, concluir obligaciones pendientes y registrar la finalización de los contratos ante las autoridades competentes.

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El director de Fideicomisos, Miguel García, afirmó que la actualización permitirá regularizar los registros contables y ampliar los controles sobre la ejecución de recursos. El funcionario sostuvo que las disposiciones apuntan a fortalecer la rendición de cuentas de las entidades responsables.

El viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, Wilberto Rojas, señaló que el manual constituye una primera etapa de una revisión más amplia sobre los fideicomisos públicos. El Minfin prevé desarrollar reglas para todo el ciclo de estos contratos, desde su constitución hasta su liquidación.

La cartera financiera inició capacitaciones y prevé brindar acompañamiento técnico a las instituciones obligadas. Durante el período de adecuación, las entidades deberán revisar los fideicomisos vigentes, actualizar sus sistemas de información y definir las responsabilidades de los funcionarios que intervienen en cada operación.

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Los últimos momentos con vida de la influencer dominicana Melissa Medina: ¿Qué pasó en 84 minutos antes de morir repentinamente?

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La madrugada transcurrió entre el silencio de los pasillos de la torre Arpel 07 y el registro ininterrumpido de las cámaras de seguridad. Ese rastro audiovisual, pieza central de la investigación que hoy conducen la Policía Nacional y el Ministerio Público, reconstruye paso a paso las últimas horas con vida de Melissa Medina, una joven de 22 años empresaria e influencer.

Todo comenzó pasadas las dos de la madrugada del martes 17 de noviembre. Según las grabaciones recopiladas por los investigadores y presentadas por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, a las 2:06 a. m. ingresó al edificio Mariana Michelena, una joven venezolana de 21 años que acompañaría a Melissa durante aquella jornada.

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Diecinueve minutos más tarde, a las 2:25 a. m., las cámaras captaron la llegada de Medina. Entró al inmueble caminando por sus propios medios, con vida y sin señales visibles de alerta, sin imaginar que aquellas imágenes se convertirían en el último registro de su ingreso al lugar.

Durante las siguientes dos horas, el movimiento en los accesos principales pareció detenerse, hasta que a las 4:26 a. m. el lente de vigilancia volvió a encuadrar una presencia clave: el empresario Eliezer Salvador arribó a la torre residencial y subió al apartamento donde se encontraban ambas jóvenes.

No obstante, según la versión de Michelena, Salvador fue el primero en llegar a la habitación y volvió a salir alrededor de las 4:15 de la madrugada, pero regresó nuevamente al lugar. Lo ocurrido detrás de esa puerta durante los 84 minutos antes constituye hoy el principal enigma que intentan despejar los peritos y fiscales.

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El reloj marcó las 5:50 a. m. cuando la escena dio un giro dramático. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Melissa abandonaba el apartamento, pero ya no lo hacía por sí sola. Inconsciente y sin capacidad de sostenerse, la joven era cargada y sostenida por Mariana Michelena y Eliezer Salvador mientras descendían hacia el lobby del edificio. El trayecto por el vestíbulo reflejaba la urgencia de un traslado improvisado en medio de las primeras luces del día.

21 minutos después, a las 6:11 a. m., otro video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales documentó la llegada de Melissa a un centro médico. El esfuerzo por reanimarla resultó infructuoso: el personal de salud que la recibió certificó que la joven había llegado sin signos vitales. En apenas tres horas y cuarenta y seis minutos desde su entrada a la torre Arpel 07, su vida se había apagado.

Una investigación científica sin personas detenidas

Hasta el momento, el caso se mantiene en una fase estrictamente técnico-pericial y no hay personas capturadas ni imputadas formalmente por el fallecimiento. El coronel Diego Pesqueira explicó este viernes 20 de noviembre que la Policía Nacional ha tomado entrevistas a dos personas clave: a Mariana Michelena, testigo presencial de las horas previas, y al vigilante de seguridad de la torre Arpel 07, cuya identidad permanece bajo reserva para proteger el curso de las indagatorias.

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En cuanto al empresario Eliezer Salvador, cuya presencia en el apartamento quedó plenamente confirmada por los videos de vigilancia, las autoridades precisaron que aún no ha sido entrevistado directamente por los agentes investigadores, aunque se confirmó que ya se ha establecido contacto a través de su representante legal. Su estatus jurídico, al igual que el rumbo procesal del expediente, depende por completo de lo que determinen los exámenes médicos.

Mientras los investigadores reconstruyen cada lapso de tiempo entre las 2:25 y las 6:11 de la mañana, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ofreció un primer adelanto técnico sobre el estado del cuerpo. De acuerdo con los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el deceso de Melissa Medina apunta a una falla cardíaca.

Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Nacional han sido enfáticos en señalar que ese dato inicial no cierra el caso. Las autoridades aguardan los resultados definitivos y toxicológicos de Patología Forense para establecer qué provocó exactamente ese fallo cardiorrespiratorio y descartar o confirmar la intervención de terceros o el consumo de alguna sustancia.

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Solo cuando ese informe científico llegue a manos de los fiscales se definirán las próximas acciones legales en torno a una madrugada que aún guarda demasiadas preguntas.

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How a $1B Obama-era solar plant went bankrupt twice, leaving taxpayers with the tab

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TONOPAH, Nev. — An Obama-era solar power plant once hailed as a «clean energy marvel» and backed by more than $1 billion in federal support has gone bankrupt for a second time and sold for just $7 million — with the estimated taxpayer tab potentially reaching $507.6 million.

Rising from the barren Nevada desert, the Crescent Dunes Solar Energy Project looks like a futuristic fortress in a vast, dusty wasteland, with more than 10,000 mirrors surrounding a giant central tower. The plant was designed to generate solar electricity even after sunset, using an emerging technology that promised to revolutionize green energy in America.

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The Obama administration bet big on the project, backing it with a $737 million federal loan guarantee and around $275 million in Treasury grant awards as part of its broader $90 billion push to combat climate change and stimulate the economy following the 2008 financial crisis.

OBAMA-ERA ‘CLEAN ENERGY’ SOLAR POWER PLANT STILL USES FOSSIL FUELS – AND KILLS THOUSANDS OF BIRDS ANNUALLY

But the promise never matched the performance.

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After operations began in late 2015, leaks and equipment failures repeatedly knocked the plant offline, production fell short and cheaper solar alternatives undercut its economics — driving the project into financial ruin and leaving taxpayers shouldering the cost.

The financial collapse comes 15 years after Solyndra, another Obama-backed solar company, went bankrupt and left taxpayers in the red for $528 million — a sum Crescent Dunes’ estimated taxpayer tab could nearly match.

«The Crescent Dunes solar project is a microcosm of what is wrong with Democrat governance: the Green New Scam, hundreds of millions in taxpayer dollars wasted, fraud, and a cover-up,» Rep. Lance Gooden, R-Texas, told Digital.

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OBAMA-BACKED $2.2B GREEN ENERGY ‘BOONDOGGLE’ LEAVES TAXPAYERS ON THE HOOK

Crescent Dunes sits about 13 miles northwest of the old mining town of Tonopah, roughly halfway between Las Vegas and Reno.

The isolated facility, which Digital toured, is surrounded by miles of barren desert, scrubland and distant mountain ranges.

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Across the 2,250-acre federal site, more than 10,000 giant mirrors surround a 640-foot tower — the centerpiece of a system designed to overcome one of solar power’s biggest limitations: darkness.

Unlike ordinary solar panels, which convert sunlight directly into electricity, Crescent Dunes focuses the sun’s rays onto a receiver atop the tower, heating molten salt to roughly 1,050 degrees Fahrenheit. The salt stores that heat in a massive insulated tank, allowing it to produce steam that drives an electricity-generating turbine long after sunset.

That combination made it the first commercial-scale U.S. solar tower to use molten salt to both collect and store the sun’s heat. DOE projected it would generate 482,000 megawatt-hours annually, with a maximum output of 110 megawatts — enough to supply more than 75,000 Nevada homes during peak periods.

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American developer SolarReserve developed the project, while Spanish contractor Cobra, a subsidiary of construction giant ACS Group, built it.

Both held ownership stakes in the company that owned the plant, Tonopah Solar Energy.

Spanish banking giant Banco Santander also held an ownership stake in Tonopah Solar Energy.

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Then-Senate Minority Leader Harry Reid, D-Nev., championed the project. In 2016, he called it an «engineering and clean energy marvel» and predicted that «Nevada will benefit for decades.»

The project reflected the Obama administration’s push to expand clean energy by using taxpayer-backed financing to help bring promising but commercially risky technologies to market.

But Crescent Dunes showed how expensive those gambles could become when they failed.

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Crescent Dunes’ problems emerged almost immediately.

A major leak in its molten-salt storage tank occurred in October 2016 — less than a year after commercial operations began.

During that shutdown, Treasury approved a cash-grant payment in March 2017 under the Obama-era stimulus program — funding that later became the subject of serious fraud allegations.

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It went back online in July 2017, but restarting the plant did not resolve its performance problems.

Even in 2018, its best full year through 2025, Crescent Dunes generated just 41% of the annual electricity output projected by DOE, according to federal energy records.

Then another tank failure halted generation in March 2019.

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Seven months later, the repeated breakdowns and poor performance eventually cost Crescent Dunes its sole electricity customer when NV Energy terminated its 25-year agreement.

Without its long-term power contract, Crescent Dunes spiraled into financial trouble, culminating in its first bankruptcy in July 2020.

The 2020 restructuring handed ownership to ACS through its affiliate, Crescent Dunes Investment, with Cobra running the plant. The turnaround plan counted on extensive repairs restoring production to 400,000 megawatt-hours a year — more than twice its best annual output.

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But the revival faltered.

The plant restarted in July 2021, only for further molten-salt-tank leaks in 2022 and 2023 to force additional shutdowns.

Although the plant resumed selling electricity under shorter-term agreements, it continued to lose money and relied on financial support from affiliated companies, court records show.

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REGULATORS ALLOW OBAMA-ERA SOLAR PLANT TO KILL THOUSANDS OF BIRDS ANNUALLY, INVESTIGATION FINDS

By January 2026, it was back in bankruptcy court. This time, the billion-dollar plant went on the auction block.

Mississippi-based Sons of Liberty Construction, a company owned by three brothers, bought it for $7 million in July and are attempting to revive it.

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The plant was generating electricity during Digital’s visit, although they said it remained well below its initial intended output. Their efforts to restore the troubled facility are examined in Part 3 of this series.

Behind that history of breakdowns and bankruptcies lies a dispute over what failed: the solar technology, the construction behind it, or a combination of both.

Bill Gould, SolarReserve’s co-founder and former chief technology officer, blamed the project’s Spanish construction contractor, ACS Cobra.

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«It was a tragedy of mismanagement,» Gould told Bloomberg in 2020, accusing the contractor of delaying necessary work and designing a defective molten-salt tank.

An unnamed engineer who said he had worked at Crescent Dunes since its early development offered a similar account, blaming the tank failures on design and welding problems. He told SolarPACES in 2023 that the plant’s solar collection technology had experienced comparatively few problems.

«It’s just the old tech that’s having these troubles,» the engineer said, referring to the conventional thermal-power equipment.

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The sheer size of the storage system posed a significant challenge, according to Oliver Hemmers, a physicist and energy researcher who formerly led the Harry Reid Center for Environmental Studies at the University of Nevada, Las Vegas.

«Ultimately, the larger you make those tanks that hold the molten salt, the harder the material science challenges become,» Hemmers told Digital.

Hemmers said temperature swings of hundreds of degrees can cause the metal to repeatedly expand and contract, eventually creating cracks and leaks. He had not reviewed the plant’s engineering plans but questioned whether the developers had sufficiently tested the tank design.

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«You need to have alloys that can withstand that heat variation without moving much. Otherwise, when the walls move, the vessel breaks, cracks and leaks. So I’m not sure how much research they really put into the vessel design,» he said.

Hemmers noted that Crescent Dunes relied on a massive molten-salt storage tank, while other solar thermal facilities have used multiple smaller tanks to reduce the stresses caused by repeated heating and cooling.

Court records show how efforts to prevent further failures came at a cost.

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When the plant resumed operations in July 2023, operators lowered the hot-salt tank’s temperature from its original design level of about 1,050 degrees Fahrenheit to about 850 degrees. They later raised it to as high as 900 degrees, but the lower temperatures still reduced electricity production and revenue.

As Crescent Dunes struggled to meet its production targets, competing solar technology was getting cheaper.

Falling prices for conventional solar panels, known as photovoltaic panels, including those manufactured in China, undercut the project.

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Photovoltaic panels convert sunlight directly into electricity, offering a simpler and increasingly cheaper way to generate solar power.

Crescent Dunes, by contrast, uses more than 10,000 computer-controlled mirrors, called heliostats, to focus sunlight onto a receiver atop its central tower. The heat warms molten salt, which is then used to produce steam that drives turbines to generate electricity.

Crescent Dunes, however, has one key advantage: Its molten-salt storage system allows it to generate electricity even after sunset, something conventional solar panels cannot do without additional storage.

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Those same economic pressures have battered California’s Ivanpah solar plant, another Obama-era project Digital reported on that uses thousands of heliostats to concentrate sunlight. Unlike Crescent Dunes, Ivanpah cannot store the sun’s heat to generate electricity after dark.

Digital contacted ACS Group and its attorneys but received no response.

The project was backed by more than $1 billion in federal loan guarantees and grants.

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That included a $737 million Department of Energy loan guarantee. DOE said it resolved its financial interests in the project through the plant’s first bankruptcy settlement in 2020 in an effort to maximize taxpayer recovery and estimated its loss on the loan at $232 million — a figure the department confirmed to Digital on background.

The Trump administration’s Department of Energy blasted the handling of taxpayer money behind the project.

«It is unfortunate that previous administrations irresponsibly managed taxpayer dollars in their support of the Green New Scam. Since 2020, DOE has had no ownership, operational, or financial interest in the Obama-era project,» DOE assistant press secretary Caroline Murzin told Digital in a written statement.

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The project also received a $275.6 million Treasury grant award, which, unlike the loan, was not intended to be repaid provided the project met the program’s requirements.

Combined, the Treasury grant awards and DOE’s estimated loan loss would put the total federal cost at approximately $507.6 million, although Treasury has not confirmed the full grant was disbursed and DOE has not provided a final accounting of its loan losses.

Digital has filed Freedom of Information Act requests with both the Energy and Treasury departments seeking a full accounting of the federal loans, grant payments and taxpayer losses associated with Crescent Dunes.

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The Treasury grant also became the focus of a private investor-backed lawsuit alleging that companies involved in construction fraudulently secured the money. A judge dismissed the case at DOJ’s request and the investors are appealing.

The allegations and the fight over the dismissal are examined in Part 2.

Reid, who died in 2021, had championed Crescent Dunes as a showcase for government and private industry working together to build «the next generation of clean energy technology.»

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Its financial collapse has sharpened the question behind that partnership: Should taxpayers bankroll commercially risky energy projects that private lenders are unwilling to fully finance?

«The government shouldn’t be picking winners and losers,» Véronique de Rugy, an economist at George Mason University’s Mercatus Center, told Digital.

«This is not the role of the government. The government is not good at actually picking projects that somehow the private sector is leaving on the sidewalk,» she said.

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De Rugy argued that politicians take credit for publicly financed projects without facing the same consequences when they collapse. Unlike private investors, she said, politicians don’t personally bear the financial losses when their bets go wrong.

«So then they can go and do a ribbon cutting ceremony when the plant opens, and then they’re usually nowhere to be seen when the company goes under,» she said.

She also argued that many companies receiving government assistance would have succeeded without it, questioning why taxpayers should shoulder the risks of commercial investments.

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«These subsidies go to projects that end up failing, right, then taxpayers have to shoulder the bill,» she said.

Nick Loris, president of the Conservative Coalition for Climate Solutions (C3 Solutions), a conservative energy and environmental policy think tank, offered a different perspective, arguing that government financing can sometimes justify the risks of developing new technologies.

«I wouldn’t call it a mistake. I think it took a risky bet on a potentially promising technology that aimed to solve one of the challenges with solar in its intermittency,» Loris told Digital.

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He argued that federal financing can help promising technologies reach the market when private investors are reluctant to take the risk, and that failures such as Crescent Dunes should be weighed against successful projects and interest earnings across DOE’s broader loan portfolio.

One example is California’s Desert Sunlight, a 550-megawatt solar farm that uses panels instead of mirrors and molten salt. In a 2024 assessment, DOE said the project helped prove the viability of large-scale solar and was meeting its loan obligations.

Across the broader program, DOE reported in its fiscal 2027 budget justification that borrowers had paid nearly $5 billion in interest, compared with nearly $1 billion in default losses, through Sept. 30, 2025.

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But Hemmers questioned whether Crescent Dunes ever made economic sense, arguing that the billion-dollar investment was a risky gamble from the outset.

«Right, we kind of say, okay, that was a boondoggle. It didn’t work. And so now we move on, right, do something else,» Hemmers said.

Asked whether Crescent Dunes deserved that label, he doubled down.

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«I think so, yeah. I think from the get-go, it started off too expensive, and I think it was unfortunate, let’s say for the developer, that they run into all these technical issues on top of it,» he said.

«And as we can see from that project, it completely failed in the end.»

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