El sindicalista de camioneros Maximiliano Cabaleyro, principal referente en San Nicolás del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano, puede ser condenado a diez años de prisión por bloqueos a la empresa Rey, una distribuidora de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

El miércoles próximo, se conocerá el veredicto en un juicio que comenzó hace dos semanas y en el que la fiscalía solicitó esa pena por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por hechos cometidos entre 2017 y 2021.

Se realizó este martes la jornada de alegatos en el juicio contra Cabaleyro, que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López. Las fiscales del juicio son María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes solicitaron la pena de diez años de cárcel para el jefe sindical, que está detenido desde 2022 (actualmente, goza del beneficio de prisión domiciliaria). Además, exigieron que se le revoque el arresto domiciliario y que sea inhibido para ejercer cargos públicos. Al momento de ser detenido, Cabaleyro era concejal en San Nicolás por el Frente para la Victoria.

Según consignó el diario local El Norte, las fiscales consideraron probado que el acusado ejerció intimidación y amenazas sobre los empresarios Ariel y Gustavo Rey para recibir pagos porque, de lo contrario, no les permitiría trabajar. Sostuvieron también que se comprobaron los bloqueos utilizados como extorsión y rechazaron que esas medidas hayan sido parte del ejercicio del derecho a huelga.

Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados) sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. Los dueños de la firma hicieron la denuncia por esas dos medidas y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017. En abril de 2022. Cabaleyro fue detenido junto con Fernando Espíndola, integrante del sindicato, que no es juzgado junto al jefe gremial local porque acordó un juicio abreviado con una pena de hasta seis años de prisión.

La abogada de los empresarios es la senadora bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza), que solicitó que la pena contra Cabaleyro sea de 15 años, el máximo previsto por los delitos de los que se lo acusa. “No puede pasar que utilicen una herramienta legal para cometer un delito”, dijo Arietto en la audiencia del martes.

Al presentar su alegato, el abogado de Cabaleyro, Mauricio Gugger, afirmó que la causa “no es más que un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey”. Afirmó que no se pudieron determinar “modo, tiempo y lugar de las amenazas”, y subrayó que hubo testigos que “incurrieron en graves contradicciones”. Para Gugger, la acusación “fue una criminalización de la protesta por parte de la fiscalía”.

El abogado de Cabaleyro indicó, además, que “la única forma de protestar” para los sindicalistas “era estar en la puerta” de la empresa. Argumentó, también, que su defendido no impidió a los dueños de la firma “ingresar, egresar o comerciar en su empresa”. Y remarcó que durante el proceso se mencionó un pago de $500.000 ”que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro».

La abogada Analía González, también parte de la defensa de Cabaleyro, reforzó la postura de Gugger, al referirse a un “audio de una hora y media” que se reprodujo durante el juicio. “En ningún momento se escuchó a Cabaleyro pedir dinero para solucionar la cuestión. Él quería el restablecimiento de [Edgardo] Di Mayo [un empleado que había sido despedido] en su puesto de trabajo y que reconozcan [el pago remunerativo] de horas nocturnas”, aseveró González.

Entre los testigos que declararon en el juicio, estuvo el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (Partido Justicialista). En la audiencia del viernes pasado, dijo que, en 2022, intentó mediar en el conflicto entre la empresa y el sindicato de camioneros, pero aclaró que no le constaba que los gremialistas hubiesen bloqueado el ingreso a la firma. Ariel Rey es en la actualidad un dirigente político opositor a Salazar. Ganó las elecciones legislativas sampedrinas de 2025, a la cabeza de la boleta de concejales La Libertad Avanza (LLA). Hoy ocupa una banca en el Concejo Deliberante, en un bloque apartado de LLA, denominado “San Pedro Puede”.

Cuando Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos, el sindicato de Camioneros protestó con un bloqueo de los accesos a la ciudad de San Nicolás, donde tiene su sede la seccional regional del gremio, que incluye a San Pedro y Ramallo. Por esa medida, que se extendió entre el viernes 8 de abril de 2022 y la noche del domingo 10, se frenó la recolección de residuos y se impidió el ingreso de mercaderías a San Nicolás.

Junto a Cabaleyro, son juzgados seis exempleados de Rey Distribución SRL, por el delito de turbación de la propiedad. La fiscalía pidió para ellos condenas de ejecución condicional. Los empleados llegaron al juicio en libertad; Cabaleyro y Espíndola están en prisión domiciliaria desde hace tres años, luego de un año y medio en la cárcel.

LA PLATA.− La Justicia intimó a la Casa Rosada a que en un plazo de cinco días le informe cuántas hectáreas de la provincia de Buenos Aires están en manos extranjeras y dónde están ubicadas. También le impuso la obligación de preservar todos los datos e informes públicos relevantes sobre compras de tierras por parte de extranjeros en la provincia.

El Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El planteo apunta obtener información y preservar toda la documentación sobre las tierras rurales bonaerenses durante la vigencia de la ley de tierras, sancionada en 2011 pero derogada por el DNU 70/2023 que Javier Milei firmó a poco de asumir la Presidencia. El martes pasado, la Corte Suprema dejó a salvo el artículo de ese DNU que derogaba la ley de tierras.

La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, había advertido que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.

Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino, y agregó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.

En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.

La jueza Güendalina Sessarego hizo lugar a la cautelar. Si el gobierno nacional cumple con la intimación, en cinco días la Defensoría del Pueblo podría acceder a un registro actualizado de tierras extranjeras en este territorio.

La ley de tierras rurales 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También imponía límites por nacionalidad y por titular.

En diciembre de 2023, el DNU 70/2023, de Javier Milei, derogó la ley mediante su artículo 154. A partir de esta derogación – que quedó judicialmente suspendida durante casi tres años- se interpuso la medida cautelar de la Defensoría del Pueblo.

El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación. El argumento de la Corte fue procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la demanda, no tenía legitimación suficiente. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, pero su fallo, en términos prácticos, confirmó la derogación de la ley a través de un decreto de Milei.