El debate por la Ley de Financiamiento Universitario provocó un fuerte cruce entre representantes del oficialismo y la oposición, este miércoles, en A Dos Voces (TN). Rocío Gómez, presidenta de la juventud de La Libertad Avanza; el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI); y Roy Cortina, dirigente del socialismo porteño, confrontaron sus posiciones durante una discusión televisiva sobre las protestas estudiantiles, los recursos destinados a las universidades públicas y el cumplimiento de la legislación por parte del gobierno de Javier Milei.

El intercambio se produjo después de que un grupo de estudiantes ingresara al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para reclamar por el financiamiento universitario.

Mientras Gómez denunció que algunas universidades se utilizan como “caja política” y defendió la decisión del Gobierno de cuestionar leyes que no establecen sus fuentes de financiamiento, Ferraro acusó al Presidente de violar la legislación vigente y dictar un decreto inconstitucional.

Cortina, por su parte, defendió la universidad pública como una herramienta de desarrollo económico y movilidad social, y cuestionó el deterioro de los salarios docentes.

Rocío Gómez defendió al Gobierno y acusó a la oposición de utilizar las universidades como “caja política”

La presidenta de la juventud de La Libertad Avanza abrió la discusión con un duro cuestionamiento a los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación.

“Para mí, ojalá que los chicos que hoy tomaron el Palacio Pizzurno, la Secretaría de Educación, duerman todos en un pabellón”, expresó Gómez.

Ante la consulta sobre si consideraba que debían ser detenidos, insistió en que las ocupaciones de edificios públicos tienen que generar consecuencias.

“Me parece que tiene que tener consecuencias. Una institución pública, como es la Secretaría de Educación, es sagrada”, sostuvo.

La dirigente libertaria también defendió la posición del Ejecutivo frente a las leyes que implican mayores erogaciones presupuestarias.

“Para mí, el Gobierno no debería ejecutar ninguna ley que no especifique de dónde va a salir el financiamiento. Ninguna partida, ni este Gobierno ni ningún otro gobierno”, afirmó.

Gómez cuestionó además el funcionamiento del sistema universitario argentino y sostuvo que la discusión no debería limitarse exclusivamente a los recursos económicos.

Según planteó, las universidades tienen problemas estructurales vinculados con la baja tasa de graduación, la distribución de cargos y la utilización política de algunas instituciones.

“Y sí, yo creo que les queda cómodo a veces a la oposición hablar de las universidades desde un relato lindo, desde lo cómodo, porque garpa, porque es una de las instituciones que hoy más imagen positiva tiene”, señaló.

En ese contexto, acusó al kirchnerismo de haber impulsado la creación de universidades por intereses partidarios y apuntó contra Sergio Massa.

“Se usa la universidad como caja política, porque nos interesa quedar bien con tal intendente”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la creación de cinco universidades nacionales en 2023 y cuestionó las designaciones de exfuncionarios políticos en cargos de conducción.

“Por ejemplo, en 2023, cuando el país se prendía fuego, crearon 5 universidades nacionales, como si fuese una prioridad de ellos. ¿Sabés de quién era una prioridad? De Massa”, sostuvo.

La dirigente consideró que una reorganización de los recursos existentes permitiría mejorar las remuneraciones docentes sin incrementar el presupuesto.

“Si el problema son los docentes y el salario docente, yo creo que, si sacamos a toda la política que hoy está parasitando el sistema universitario, va a alcanzar la plata”, aseguró.

Ferraro acusó a Milei de violar la ley y Cortina advirtió sobre el desfinanciamiento universitario

Desde la oposición, Maximiliano Ferraro rechazó la postura del Gobierno y sostuvo que el conflicto universitario no responde solamente a una discusión presupuestaria, sino también a una decisión ideológica.

“Yo creo que Milei y Álvarez no es que no cumplen la ley, sino que violan la ley y, a su vez, dictan un decreto que es inconstitucional”, afirmó.

“El Congreso se expresó en 4 oportunidades con respecto al financiamiento universitario: rechazó los vetos del presidente Milei”, sostuvo.

“Hoy tenemos un sistema universitario en el que los salarios docentes y no docentes están un 30% abajo, las becas totalmente congeladas y un presupuesto 2027 que está un 34% debajo del presupuesto que mandó el Consejo Interuniversitario Nacional”, señaló.

Por su parte, Roy Cortina, dirigente del socialismo porteño, defendió el financiamiento de las universidades públicas y cuestionó las consecuencias económicas y sociales de la política educativa del Gobierno.

“Ningún país serio, capitalista, con una economía de mercado normal y razonable, desfinancia lo que es la investigación y la educación terciaria”, sostuvo.

“Vos sabés que la universidad produce externalidades económicas positivas, porque el servicio que brinda no es al alumno que se está graduando, sino a todos los profesionales, a los médicos que forma, a los ingenieros que construyen en la cotidianeidad, a los veterinarios, a las abogadas”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó el deterioro de las remuneraciones docentes.

“¿Cómo puede un gobierno desfinanciar, con sueldos de miseria, a la universidad donde se forma el futuro?”, planteó.

Cortina también rechazó el modelo económico del oficialismo y consideró que el desfinanciamiento de las universidades está vinculado con una estrategia de desarrollo concentrada en la exportación de materias primas.

La Ciudad de Buenos Aires finalizó la construcción del complejo penitenciario en Marcos Paz con capacidad para 2.240 internos, permitiendo proyectar el cierre definitivo de la cárcel de Villa Devoto. El próximo jueves se suscribirá el convenio oficial con participación de la ministra Alejandra Monteoliva.

Un Comando Unificado Federal coordinará el traslado gradual de los detenidos para garantizar estrictas condiciones de seguridad operativa y prevención de riesgos. Además, el predio fue incluido dentro de la agenda oficial del papa León XIV para su visita del 11 de noviembre.

LA CÁRCEL MÁS MODERNA DEL PAÍS YA ESTÁ FINALIZADA

Terminamos el nuevo centro penitenciario de Marcos Paz para ponerle fin a la cárcel de Devoto y devolverle la tranquilidad al barrio.

Conocé la cárcel por dentro:

— BA Infraestructura (@BAInfraest) October 6, 2026

Advertisement

Las obras del complejo carcelario estuvieron detenidas durante cinco años y se retomaron en diciembre de 2024 bajo la administración de Jorge Macri. Esta moderna infraestructura penitenciaria también contribuirá a descomprimir significativamente la sobrepoblación registrada en las comisarías porteñas.

La entrada La Ciudad finalizó el complejo penitenciario de Marcos Paz y planifica el cierre total de la cárcel de Devoto se publicó primero en Nexofin.

Cárcel de Devoto,internos,marcos paz,Presos

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires elevó en las últimas semanas una serie de pedidos al Poder Ejecutivo y a la Legislatura para ampliar la estructura judicial, crear 40 cargos de magistrados suplentes, reorganizar las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y cubrir puestos que ya fueron creados por ley, pero aún no funcionan. Las iniciativas se suman a la presentación realizada para impulsar la autarquía económico-financiera del Poder Judicial y al reclamo previo para completar las cuatro vacantes del máximo tribunal, que hoy cuenta con solo tres de sus siete miembros.

Los planteos, admiten en el Poder Judicial, revelan una agenda institucional que excede el funcionamiento interno de la Corte. El tribunal busca que el Ejecutivo y las dos cámaras legislativas -el Senado y la Cámara de Diputados- intervengan en decisiones vinculadas con el presupuesto, la designación de jueces, la creación de órganos y la distribución territorial de competencias. En todos los casos, la Corte sostiene que las medidas son necesarias para atender el aumento de expedientes, las vacancias y las modificaciones del mapa judicial bonaerense.

El presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, el vicepresidente Daniel Fernando Soria y la jueza Hilda Kogan firmaron las resoluciones que impulsan las reformas. Son los únicos integrantes actuales del cuerpo, luego de que quedaran sin cubrir cuatro cargos.

El pedido para cubrir las vacantes del máximo tribunal de Justicia no es nuevo. La Corte ya había llevado esa preocupación a un acto institucional realizado el 28 de abril. Allí reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado bonaerense que avanzaran con las designaciones necesarias para devolverle al tribunal su composición de siete integrantes. También presentó su proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

La cobertura de las vacantes parte de un acuerdo político. Un entendimiento que aún no asoma. En los seis años que lleva Kicillof al frente de su gestión no se han girado postulantes para el máximo tribunal. La última designación fue la de Torres durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Los distintos espacios políticos esperan que el Ejecutivo abra esa instancia de negociación, que invariablemente también está atravesada por la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Cuando presentó el proyecto de ley de Autarquía Judicial, Torres sostuvo que la independencia judicial requiere autonomía financiera. La Corte argumentó que el actual esquema presupuestario condiciona la administración de recursos destinados a salarios, infraestructura, tecnología y funcionamiento de los tribunales.

En abril, la Corte exhortó formalmente al gobernador y al Senado a iniciar el proceso de designación. La Constitución bonaerense establece la intervención del Ejecutivo en la propuesta de candidatos y del Senado en la prestación del acuerdo. El reclamo no se limitó a una cuestión de representación institucional. Según expuso el máximo tribunal, la actividad asignada a siete ministros recae sobre tres.

Luego hubo reuniones de Torres con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, y con la vicegobernadora y también titular del Senado, Verónica Magario, para avanzar con el tema. De momento no hubo mayores novedades.

Los últimos pedidos

Fueron tres las resoluciones que los integrantes de la Corte elevaron días atrás. La Resolución 2917/26 que pide la creación de más de 60 órganos judiciales en los fueros Penal, Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo y Laboral.

La Corte pidió, entre otras medidas, la creación de 12 Juzgados de Garantías en Junín, La Plata, Cañuelas, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y San Pedro. También reclamó dos Juzgados en lo Correccional y dos Tribunales en lo Criminal para La Plata, además de un órgano de cada tipo para Junín.

El documento incluye Juzgados de Ejecución en La Matanza, La Plata y Quilmes, junto con una nueva sala para la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes y el reiterado pedido de otra sala para La Matanza.

En el fuero Civil y Comercial, la Corte propuso una sala adicional para la Cámara de Apelación de San Isidro, un Juzgado en La Matanza y dos Juzgados en Malvinas Argentinas, con competencia sobre ese distrito, San Miguel y José C. Paz.

Una parte importante del requerimiento se concentra en el fuero de Familia. La resolución propone tres juzgados en La Plata, dos en Merlo, cinco en Moreno-General Rodríguez, uno en Pergamino, Quilmes, Florencio Varela y Pilar, dos en Zárate-Campana y tres en Escobar. A ese listado se agregan órganos en Coronel Rosales, Ezeiza, San Pedro y Chivilcoy, a partir del incremento de causas familiares que tramitan ante Juzgados de Paz.

El tribunal también solicitó cuatro juzgados en lo contencioso administrativo: dos para La Plata y uno para cada una de las jurisdicciones de La Matanza y Quilmes. En el fuero Laboral, pidió 12 nuevos tribunales distribuidos en La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.

La resolución aclara que las nuevas dependencias deben contar con partidas presupuestarias, personal e infraestructura. La Corte advirtió que la creación de organismos sin edificios adecuados ni plantas funcionales podría profundizar la sobrecarga de las sedes existentes y la dispersión de oficinas en inmuebles alquilados o adquiridos en diferentes zonas urbanas.

La Suprema Corte también solicitó que se inicien o concluyan los procedimientos de designación de magistrados para organismos que fueron creados por leyes provinciales y permanecen pendientes de funcionamiento.

La lista abarca Juzgados de Garantías en Avellaneda-Lanús, Mercedes y Malvinas Argentinas; Juzgados en lo Correccional de Moreno-General Rodríguez y Pergamino; un Tribunal en lo Criminal y un Juzgado de Ejecución Penal en Moreno-General Rodríguez; y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul.

También aparecen un Juzgado Civil y Comercial de Moreno-General Rodríguez, Juzgados de Familia en Tigre y Berazategui, Juzgados en lo Contencioso Administrativo en Moreno-General Rodríguez y Merlo, y Tribunales de Trabajo en La Matanza, Lomas de Zamora, San Miguel y Tigre.

La Corte reiteró, además, el pedido de llamado a concurso para el Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez, creado por la Ley 14.864. El planteo exhibe una diferencia entre la sanción legislativa de un órgano y su funcionamiento efectivo. Para que las oficinas judiciales comiencen a operar, se requieren concursos, propuestas de candidatos, acuerdos del Senado, designaciones, recursos humanos y partidas para infraestructura.

La resolución también propone cambios en las competencias territoriales. Entre ellos, que los Tribunales de Trabajo con sede en Chacabuco y Bragado tengan jurisdicción sobre la totalidad de los departamentos judiciales de Junín y Mercedes, respectivamente. La iniciativa incluye una modificación para el Tribunal de Trabajo creado en Bahía Blanca y para el Juzgado de Garantías de San Fernando.

En el caso de los Juzgados de Familia con asiento en San Miguel, la Corte planteó que atiendan exclusivamente las causas de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. La finalidad declarada es adecuar el reparto de expedientes a la instalación progresiva de los órganos previstos para esa zona.

La Resolución 2918/26, registrada el 22 de septiembre, impulsa una reforma de la Ley 13.837, que regula el Cuerpo de Magistrados Suplentes. Ese sistema permite cubrir temporalmente cargos vacantes por renuncia, destitución, suspensión, fallecimiento o licencias superiores a 60 días.

La Corte propuso crear 40 nuevos cargos de jueces suplentes. El proyecto prevé 12 para los fueros Civil y Comercial, de Familia y de Paz; 18 para los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil; nueve para el Laboral; y uno para el Contencioso Administrativo.

Los fundamentos indican que el promedio de vacantes se incrementó más de 100% desde la última determinación de la cantidad de miembros del cuerpo. En el mismo período, la cantidad total de jueces en funciones creció un 12%, debido a la apertura de nuevos organismos y a dependencias próximas a entrar en funcionamiento.

La iniciativa busca, además, rediseñar las regiones en las que se distribuyen los magistrados suplentes. El nuevo esquema contempla nueve áreas: La Plata, Quilmes y Avellaneda-Lanús; Lomas de Zamora y La Matanza; San Martín, San Isidro y Morón; Moreno-General Rodríguez, Merlo y Mercedes; Zárate-Campana, Pergamino y San Nicolás; Junín y Trenque Lauquen; Azul; Mar del Plata, Dolores y Necochea; y Bahía Blanca.

La Corte sostiene que la reorganización reducirá traslados entre departamentos judiciales alejados. El proyecto también le delega la asignación regional de los nuevos cargos y permite redistribuir puestos ya existentes, sin afectar la situación de los magistrados que se encuentren en funciones. Esa adecuación debería completarse dentro de los 180 días posteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.

La tercera iniciativa, elevada también el 6 de octubre, apunta a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo. La Corte pidió una ley para ampliar la cantidad de salas, modificar la integración de esos tribunales y redistribuir competencias entre las Cámaras de San Martín y San Nicolás.

El proyecto propone que la Cámara de La Plata tenga siete miembros, distribuidos en tres salas de dos jueces y una presidencia común. Para San Martín, San Nicolás y Mar del Plata se prevén cinco integrantes por tribunal, organizados en dos salas de dos miembros y una presidencia.

La reforma requeriría la creación de un juez adicional en La Plata y dos en cada una de las otras tres cámaras, junto con las respectivas secretarías. La Corte propuso que las nuevas salas puedan comenzar a funcionar de modo gradual y que, durante un plazo de hasta 24 meses, puedan integrarse con magistrados suplentes del fuero.

El fundamento central es el incremento de expedientes. Entre 2015 y 2025, el ingreso anual a las Cámaras Contencioso Administrativas pasó de 3.900 a 15.700 causas, con un pico de 18 mil durante 2024. La Cámara de La Plata acumuló el mayor crecimiento en ese período, con 515%, según la información incorporada al proyecto.

La Corte también propuso trasladar los departamentos judiciales de Mercedes y Trenque Lauquen desde la competencia de la Cámara de San Martín a la de San Nicolás. En 2025, 559 causas que ingresaron a San Martín provinieron de Mercedes y 143 de Trenque Lauquen. El cambio apunta a distribuir los expedientes de manera más equilibrada entre ambas alzadas.

Las tres resoluciones fueron remitidas a la Comisión Permanente del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires.