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POLITICA

La Justicia Federal ordenó recuperar las clases perdidas por los paros en colegios universitarios de San Juan

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La Justicia Federal ordenó a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recuperar los días y las horas de clase perdidos durante los paros docentes en tres colegios secundarios que dependen de esa casa de estudios. El fallo hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por un grupo de padres de alumnos y estableció un plazo de cinco días para que las autoridades universitarias comuniquen un plan destinado a garantizar la finalización del ciclo lectivo 2026.

La decisión fue adoptada el viernes 9 de octubre por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1 de San Juan, en el expediente FMZ 39628/2026, caratulado “Fornes Martín, Francisco Daniel y otros c/ Universidad Nacional de San Juan s/ amparo Ley 16.986”.

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La resolución se conoció mientras las autoridades universitarias, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles preparaban una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves frente al Congreso de la Nación. La convocatoria tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y trabajadores, y el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades públicas.

El pronunciamiento judicial incorporó otro aspecto del conflicto educativo: la continuidad de las clases en los establecimientos secundarios que dependen de universidades nacionales y la recuperación de los contenidos afectados por las medidas de fuerza.

Los padres de alumnos de la Escuela Industrial Sarmiento fueron a la Justicia a pedir una definición por los días perdidos

Las familias denunciaron 41 jornadas sin clases

El caso comenzó con una presentación de familias de alumnos de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. Los tres establecimientos integran el sistema de institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan.

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Los padres promovieron una acción de amparo colectivo para solicitar que las autoridades garantizaran el calendario escolar, los días mínimos de clase y el dictado de los contenidos correspondientes al año en curso.

Según el relevamiento realizado por las familias, los establecimientos habían acumulado 41 jornadas sin clases por medidas de fuerza docentes. Esa cifra fue uno de los antecedentes utilizados para fundamentar la presentación judicial. El registro elaborado por los padres reunió información sobre las interrupciones de actividades durante 2026.

La organización de las familias comenzó durante el ciclo lectivo y derivó en la presentación del amparo el 24 de septiembre. De acuerdo con la información difundida en San Juan, el grupo reunió a más de 600 familias vinculadas a los establecimientos, impulsó una colecta para afrontar los gastos del proceso y obtuvo adhesiones al reclamo.

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El expediente llegó al Juzgado Federal N.º 1, que examinó la documentación presentada y las obligaciones legales vinculadas con la educación secundaria.

En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que los elementos incorporados al expediente permitían considerar acreditadas, con el grado de verosimilitud exigido para una cautelar, las reiteradas interrupciones en el dictado de clases de los tres establecimientos durante 2026.

El juez también señaló que las familias habían realizado presentaciones ante el Rectorado para solicitar medidas que garantizaran la continuidad educativa y que, al momento de resolver, el expediente carecía de constancias sobre un programa de recuperación de las actividades afectadas.

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La resolución estableció una obligación concreta para la Universidad Nacional de San Juan: adoptar medidas académicas, administrativas y organizativas que garanticen la conclusión del ciclo lectivo, la recuperación de las jornadas y horas afectadas y el dictado de los contenidos curriculares obligatorios.

La orden judicial alcanza al Rectorado, a la Secretaría Académica y a las autoridades de los tres colegios preuniversitarios. También dispone que la universidad comunique a la comunidad educativa un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica dentro del plazo de cinco días establecido en la resolución.

El fallo hizo referencia a la Ley 25.864, que establece un mínimo de 180 días efectivos de clase para los establecimientos educativos comprendidos en su alcance. Esa legislación contempla mecanismos de compensación cuando se producen interrupciones que afectan el cumplimiento del calendario escolar.

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También mencionó la resolución del Consejo Federal de Educación que fijó un piso de 190 días y la normativa interna de la Universidad Nacional de San Juan, que establece 33 semanas de actividades escolares para sus institutos preuniversitarios.

El magistrado examinó esas disposiciones junto con los derechos constitucionales involucrados en el conflicto: el acceso a la educación de los estudiantes y el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores docentes.

Uno de los fundamentos centrales de la resolución estableció: “Ambos derechos -educación y huelga- deben ser armonizados de manera que ninguno importe la anulación del otro”.

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En ese sentido, Rago Gallo sostuvo que corresponde preservar las medidas gremiales legalmente previstas y, al mismo tiempo, exigir a las autoridades educativas que garanticen la continuidad pedagógica, recuperen las jornadas afectadas y aseguren el desarrollo de los contenidos obligatorios.

El juez dejó pendiente la prestación educativa mínima durante los paros

La Escuela Mariano Moreno depende de la Universidad Nacional de San Juan

El fallo también abordó la autonomía de las universidades nacionales, reconocida por el ordenamiento jurídico argentino.

“La autonomía académica e institucional de la Universidad le permite seleccionar los medios pedagógicos y organizativos que estime adecuados, pero no la exime del cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la duración del ciclo lectivo y la compensación de los días de clase perdidos”, expresó el juez.

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A partir de esa consideración, la resolución dejó en manos de las autoridades universitarias la definición de los mecanismos académicos y administrativos para recuperar las clases. La intervención judicial se concentró en exigir el cumplimiento de las obligaciones educativas correspondientes al ciclo lectivo.

El magistrado también analizó la situación de los estudiantes ante la proximidad de la finalización del año escolar. Según explicó, la demora en adoptar medidas de recuperación reduce las posibilidades de completar las jornadas y los contenidos pendientes.

El escrito judicial citó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de enseñar y aprender, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la consideración primordial del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

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En este punto, la resolución sostuvo que la documentación aportada por los demandantes resultaba suficiente para considerar configurada, de manera preliminar, una afectación del desarrollo del ciclo lectivo.

Los padres también habían solicitado que, durante las medidas de fuerza, la universidad garantizara una prestación educativa mínima del 75%, en los términos de la normativa sobre actividades esenciales invocada en la demanda.

El juez dejó ese pedido pendiente de resolución, al considerar que requiere un debate más profundo, la producción de pruebas y la intervención de las partes. La cautelar concedida se limitó a ordenar la continuidad y la recuperación pedagógica, mientras continúa el trámite del amparo.

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La distinción quedó expresamente planteada en el fallo, que hizo lugar parcialmente a la pretensión de las familias y aclaró que la decisión cautelar constituye una respuesta provisoria, previa a la sentencia sobre el fondo del conflicto.

La resolución también estableció las condiciones procesales para la continuidad del trámite y la vigencia de la medida.

Después de conocerse el pronunciamiento, los padres autoconvocados difundieron una comunicación dirigida a las familias de los estudiantes para informar el resultado del amparo. Allí explicaron que la Justicia había aceptado parcialmente su presentación y resumieron las obligaciones impuestas a la universidad.

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La organización destacó que el fallo reconoció las interrupciones reiteradas en el dictado de clases y la necesidad de contar con un plan de recuperación. La comunicación también informó sobre el plazo otorgado a las autoridades universitarias para presentar las medidas correspondientes.

El caso se desarrolló en un contexto de medidas de fuerza del sector universitario, vinculadas con los reclamos salariales y presupuestarios que atravesaron a las universidades nacionales durante 2026.

Las organizaciones docentes y las autoridades universitarias mantuvieron sus reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno sostuvo su posición sobre las partidas presupuestarias y la política de financiamiento del sistema.

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La discusión también llegó a los tribunales y al Congreso de la Nación, donde la cuestión presupuestaria universitaria fue uno de los temas de confrontación entre el oficialismo y la oposición.

Los padres de los alumnos fueron clave para la definición de la Justicia Federal

En ese escenario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina, convocó a una nueva movilización para el jueves 15 de octubre, a las 13.30, frente al Congreso.

La convocatoria incluyó el reclamo por la aplicación plena de la legislación de financiamiento, la actualización salarial y los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio, en paralelo con la discusión del Presupuesto 2027.

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El fallo de San Juan se conoció seis días antes de esa movilización y quedó circunscripto a la situación de los tres colegios secundarios dependientes de la universidad provincial.

La medida judicial dispuso que las autoridades de esos establecimientos, junto con el Rectorado y la Secretaría Académica, definan cómo recuperar las jornadas y los contenidos afectados durante 2026.

El cumplimiento de esa orden y la continuidad del expediente determinarán los próximos pasos del proceso iniciado por las familias, mientras sigue abierta la discusión nacional sobre el financiamiento de la educación universitaria.

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POLITICA

Con la provincia de Buenos Aires como eje de conflicto, el Gobierno busca avanzar con las negociaciones electorales

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Con el presidente Javier Milei nuevamente concentrado en una intensa agenda internacional que lo llevará a los Estados Unidos, el resto de la cúpula del Gobierno continuará esta semana las negociaciones electorales de cara a 2027, con la provincia de Buenos Aires como uno de los principales focos de tensión.

Después de dos semanas, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13:00 en la Casa Rosada bajo la conducción de la secretaria general, Karina Milei, que una vez más optó por no sumarse a la comitiva que partirá al exterior, para quedarse en la Argentina supervisando la gestión y las negociaciones parlamentarias.

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El último encuentro de este grupo había quedado postergado por la visita de parte de sus integrantes a Salta, por lo que la intención en esta oportunidad es analizar en conjunto el resultado de las conversaciones con los gobernadores que se dieron en Francia y el estado de los acuerdos legislativos.

Por otro lado, está pendiente una nueva reunión con los representantes del PRO, en el marco del proceso de acercamiento que ambos espacios venían sosteniendo cada 15 días desde agosto para llegar a una alianza el año que viene.

Las partes no se juntan desde el 24 de septiembre, cuando peligró el cónclave por cuestiones de agenda, pero finalemte se llevó adelante, en medio de un clima de tensión por diferencias públicas en torno al Presupuesto.

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Luego, las charlas informales que también se suelen dar estuvieron pausadas porque uno de los enviados habituales del partido amarillo, Cristian Ritondo, estuvo fuera del país al ser invitado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) a una gira por el Vaticano, para ver al papa León XIV y, posteriormente, por Armenia.

Reunión del PRO con el Gobierno

Si finalmente se lleva adelante el encuentro esta semana, será también una prueba de cómo están las relaciones, ya que coincidirá con la sesión convocada para ese mismo día por la oposición en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023, que el Gobierno pretende que se caiga por falta de quórum.

Ritondo es el jefe del bloque de su partido en la Cámara baja y en la Casa Rosada dan por descontado que le ordenará a sus 12 miembros se ausenten en el recinto.

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La vuelta de las conversaciones se da en un clima de malestar dentro de la fuerza que fundó Mauricio Macri, porque consideran que La Libertad Avanza especula con los tiempos de la negociación y que pretende disputar poder en distritos donde ya gobiernan o cuentan con dirigentes de peso.

“Ellos quieren que mostremos nuestras cartas, pero no podemos hacerlo, si todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser las reglas de juego. Todavía no sabemos si vamos a tener PASO”, respondió a Infobae un integrante del oficialismo nacional.

La crítica apunta a que el PRO sigue mostrándose en contra de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, como pretende el Poder Ejecutivo, y propone, en todo caso, convertirlas en optativas.

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El Gobierno quiere eliminar las PASO (EFE/ Nina Osorio)

La discusión sobre el territorio bonaerense atraviesa buena parte de las conversaciones: “Vamos a terminar acordando, no va a haber problema. Ahora, nosotros, como partido, nos vamos a expandir en toda la provincia de Buenos Aires porque queremos crecer y ser fuertes en todos lados. Después vemos quiénes van a encabezar las listas, ya nos vamos a entender”, señaló a este medio una persona que está detrás de la estrategia política libertaria.

Esa voluntad de expansión se reflejó el sábado en Morón, donde el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, encabezó un acto con la juventud al que asistieron más de mil militantes a un estadio que tenía capacidad para unas 600 personas.

“Va a venir tanta gente que queremos poner pantallas afuera para que los que no lleguen a entrar puedan ver lo que está pasando. Si lo conseguimos va a ser una foto muy importante”, se entusiasmaba uno de los organizadores en la previa del evento.

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Los invitados fueron todos dirigentes jóvenes -casi- exclusivamente del distrito gobernado actualmente por Axel Kicillof: quienes estuvieron detrás de los preparativos lo planificaron así para, de esa manera, “saber con mayor precisión cómo estamos”.

“Muchas veces sucede que vienen militantes de cualquier parte del país, eso pasa en todos los partidos. Esta vez quisimos que no fuera así, porque cuando se hace de esa forma nunca terminás sabiendo cuál es el apoyo real que tenés en cada lugar o con cuántos dirigentes contás”, explicaron.

Pareja encabezó un acto de la juventud libertaria en Morón

En las últimas semanas circuló la versión de que, con Diego Santilli ya prácticamente confirmado como candidato en la provincia de Buenos Aires, Pareja podría terminar siendo el elegido del espacio para la Ciudad, donde todavía no hay un acuerdo claro con el PRO.

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Esa posibilidad surge, en parte, porque en el oficialismo nacional no todos ven con buenos ojos respaldar la reelección del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ya confirmó que buscará ir por su segundo mandato.

“Ese es un problema que van a tener que resolver primero ellos y después de que lo solucionen, nos sentaremos a ver qué hacemos nosotros. No sé si va a ser Jorge el que propongan, porque no todos lo quieren, empezando por el propio Mauricio”, indicaron en el búnker violeta.

Sin embargo, en el entorno de Pareja niegan esa posibilidad y sostienen que el dirigente “es 100% de la provincia” y que cumple “una tarea de crecimiento en el territorio que va más allá de una eventual candidatura”.

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“Él tiene una devoción por Javier Milei tremenda y también mucho agradecimiento. Siempre dice que donde él diga que tiene que estar, ahí va a estar. Pero me parece muy extremo que le vayan a pidan que se postule en la CABA”, aclararon.

El armador bonaerense, de hecho, estuvo cerca de no participar del acto en Morón debido a que venía de varios días de sentirse mal por un resfrío pero, finalmente, decidió asistir y terminó siendo uno de los pocos oradores de la jornada.

Con ese trasfondo, la semana que comienza será clave para que el Gobierno intente avanzar con las negociaciones sobre la reforma electoral y los acuerdos territoriales, en un escenario donde la definición sobre la ciudad y la provincia de Buenos Aires continúa condicionando el ritmo de las conversaciones con el PRO.

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POLITICA

Radiografía del CONICET en tiempos de Milei: recorte de fondos, reducción de becarios y menos investigaciones

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Como con el presupuesto universitario, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) también vino sufriendo un ajuste en lo que va de la gestión de Javier Milei. De agosto de 2023 al mismo mes de este año, hubo un recorte de personal, de investigadores y becarios, y las partidas para el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina sufrieron un fuerte ajuste, considerando la inflación. Esto implicó que la producción científica del país se viera comprometida.

Así surge de un relevamiento hecho por Infobae del presupuesto del organismo, del personal, la cantidad de becarios y los proyectos de investigación aprobados en los últimos años, con datos del propio sitio del CONICET, del INDEC y de Presupuesto Abierto.

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Sus investigadores trabajan distribuidos a lo largo del país -desde la Antártida hasta la Puna y desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- en sus 17 Centros Científico Tecnológicos, 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario, y más de 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones.

Según los datos de la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico, los distintos tipos de proyectos de investigación vigentes se redujeron en tres años un 85%. Pasaron de 3.179 en diciembre de 2022, a 480 a finales de 2025, según los datos publicados en la web del CONICET.

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De esas 480 investigaciones, el 84,6% fueron Proyectos de Investigación Plurianual; el 10,4%, proyectos de investigación en temas estratégicos territoriales en red; y el 5%, proyectos de cooperación internacional.

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Reducción de personal

Desde agosto de 2023 a agosto de este año, la planta de personal se redujo un 11%, en 3.064 personas. Hace tres años, sumaban 27.961 entre investigadores, personal de apoyo, administrativos y becarios. Los últimos números de INDEC revelan que a agosto de 2026, pasaron a ser 24.897.

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Los últimos datos publicados por el CONICET corresponden a 2025. pero contienen un desglose de cómo se distribuyó la reducción del personal. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el ajuste implicó 2.072 personas menos (pasaron de 27.709 a 25.637), un 7% en dos años.

Los investigadores pasaron de 12.176 a 11.887, lo que implicó una baja de 289 personas (-2%). El personal de apoyo disminuyó de 3.036 a 2.779, con 257 personas menos (-8%). En tanto, el personal administrativo sufrió el mayor recorte: pasó de 1.592 a 1.333, una disminución de 259 personas (-16%).

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En cuanto a los becarios del CONICET, pasaron de 10.905 en total en diciembre de 2023, a 9.638 en diciembre pasado, es decir, 1.267 menos (-12%), según el sitio del organismo.

Hay tres tipos de becas: las doctorales que duran 5 años como máximo (se ampliaron a 6 en la pandemia) y están destinadas a graduados universitarios que desean realizar un doctorado en carreras acreditadas por la CONEAU; las de de finalización de doctorado, que se extienden por dos años (diseñadas específicamente para quienes ya iniciaron su doctorado con financiamiento de otra institución, como una universidad, y demuestran que pueden defender su tesis en el periodo de esta beca; y las posdoctorales, de 3 años, dirigidas a candidatos que ya tienen su título doctoral aprobado o defendido y buscan perfeccionar su formación científica.

Brenda Doti, investigadora del CONICET trabaja con un ejemplar de crustáceo en el laboratorio principal del buque de investigación Falkor (Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute)

“Se está formando menos personal de investigación, dado que las becas doctorales de CONICET pasaron de 1.300 a 1.000 y las posdoctorales de 800 a 500; las convocatorias para ingresar a la Carrera del Investigador Científico bajó su cupo de 800 vacantes a 400, y pasó de ser anual a bianual”, advirtió Jorge Aliaga, físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del CONICET.

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El Presupuesto

El presupuesto del organismo de investigación científica tuvo una caída del 70% desde diciembre de 2023 a este año, al pasar de $2,1 billones – ajustados por inflación a junio pasado -a $635.000 millones, según el último presupuesto vigente. Solo en 2026 con relación al de 2025, ajustado por inflación, la caída fue del 33% interanual.

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Según el Grupo EPC (Economía Política Ciencia), el CONICET perderá en 2027 un 9,3% en relación a este año. Su masa salarial caerá 9,1%, mientras que el número de becas se reducirá de 9.609 en 2026, a 9.138 el año próximo, de acuerdo a este “grupo de investigadores, analistas y consultores con experiencia en gestión de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación”, como se definen en su sitio web.

“El personal de ciencia y técnica de Argentina tiene serios problemas para desarrollar sus tareas. Los salarios han perdido aproximadamente el 40% si se compara con noviembre de 2023 y han desaparecido las convocatorias para financiar proyectos de investigación que realizaba la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. En estas condiciones cuesta cubrir los gastos de vida personal y las tareas de investigación se ven seriamente limitadas al no poder comprar insumos, equipos, libros”, advirtió Aliaga.

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Sin embargo, esto no se refleja de manera inmediata en una menor producción de trabajos científicos por la propia dinámica de la actividad. Los trabajos científicos demoran varios años en realizarse por lo que hay un retraso de un año o dos entre que termina una investigación y se publica. Así, los publicados en 2024 y 2025 son investigaciones que comenzaron mayormente antes del 2023.

Del análisis de los datos oficiales, se ve una suba en la cantidad de publicaciones durante la pandemia, pero según todos los consultados, corresponden a investigaciones de campo realizadas con anterioridad. Ante la imposibilidad de salir de sus casas, los investigadores se dedicaron a volcar los resultados en distintos papers en ese período de cuarentena.

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“Además, dada la colaboración internacional propia de la actividad, el personal de investigación utiliza la posibilidad de recibir invitaciones y realizar tareas en entidades científicas del exterior como forma de paliar la escasez de recursos locales”, advirtió Aliaga.

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La vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Valeria Levi, coincide con el diagnóstico de Aliaga. “Los científicos cobran un 40% menos que en 2023; se suspendieron las vías de financiamiento; hay menos investigadores; no hay renovación de equipamiento. Todavía el impacto no se ve hoy por el tiempo que tardan las investigaciones en llevarse a cabo. Pero si se deja de invertir en recursos humanos y equipamiento, perdés un tiempo valioso y vamos marcha atrás. Vamos a quedar cada vez más aislados de la comunidad científica internacional”, advirtió ante Infobae esta licenciada en Química y doctora en Química Biológica de la UBA.

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Áreas de investigación

La actividad del CONICET se desarrolla en cuatro grandes áreas: Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Exactas y Naturales; y Ciencias Sociales y Humanidades.

La disciplina que concentró la mayor cantidad de investigaciones en 2024 (último año disponible) es Biología, 11%, un patrón que se viene repitiendo desde 2013.

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Le siguió ese año Sociología, Comunicación Social y Demografía, con un 6,5%, una disciplina que se ubicó en segundo lugar también en 2022 y 2023, seguida muy de cerca, con 6,4%, por trabajos referidos a las Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera; y con un 6%, Ciencias Médicas. El área de la Salud también ocupó los primeros lugares entre 2013 y 2021.

En tanto, las Ciencias Agrarias concentraron en 2024 el 5,6% de los trabajos, una disciplina que empezó a crecer desde 2018 como tema de investigación. Por su parte, otro 5,2% de los proyectos se refirieron en 2024 al área Historia y Geografía, el 5,2%, con una ligera baja continuada desde 2020.

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Proyectos por provincia

En 2022, en las 24 provincias se llevaron adelante proyectos de investigación, alcanzando 3.179 trabajos. A finales del 2025, 4 provincias no publicaron ninguno y las que lo hicieron, redujeron significativamente el número, con un total a nivel país de apenas 480.

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Entre las que no publicaron ningún proyecto en 2025 están Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Formosa.

Lideraron Buenos Aires con 135 proyectos; Ciudad de Buenos Aires, con 127; Córdoba, con 64; y Santa Fe, con 48. Tres años atrás, el ranking era el mismo, pero la producción científica era mucho mayor: 923 proyectos, 845, 419 y 293, respectivamente.

Visualizaciones: Daniela Czibener

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Chequeo de datos: Desiré Santander

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POLITICA

Súper RIGI estancado en el Senado: no habrá acuerdo si la Rosada no acepta las exigencias de los aliados

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Con la semana más o menos cantada de antemano en el Senado -sin recinto ni demasiado apuro en comisiones- y parte de una abultada agenda ya liberada durante las últimas tres sesiones que realizó el pleno de la Cámara alta, el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Economía, tienen en sus manos la definición del proyecto de Súper RIGI -inversiones por más de USD 1.000 para industrias del futuro- ante aliados que ratificaron que, sin cambios extra, no habrá ley.

El trámite de la iniciativa fue normal hasta que, antes de activar el pase hacia la firma de dictámenes -a comienzos de septiembre pasado-, aterrizó un puñado de objeciones del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandaron proteger los insumos nacionales. “No estoy en contra de la importación de insumos, pero no hay dimensión de los que ocurrió con el RIGI en los últimos meses. Se está yendo de las manos”, deslizaron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Ejecutivo.

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La queja principal vino del lado del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no kirchnerista Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), quienes exigieron ampliar el término “precio/calidad”. Añadieron, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

En aquella ocasión, al no tener un guiño desde Balcarce 50, la líder de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital Federal), sólo validó los cambios anticipados relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea el articulado de la Casa Rosada reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Al venir de Diputados, eventuales modificaciones harían regresar el texto a la Cámara baja, en segunda revisión.

Los titulares de las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR en el Senado: Patricia Bullrich (Capital Federal), Martín Goerling (Misiones) y Eduardo Vischi (Corrientes), respectivamente

Para verificar la oferta, los legisladores sugieren que la potencial autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

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En tanto, la propuesta impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.

Además, la comparación deberá efectuarse sobre precios “equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

En la misma semana que pasó a siesta el Súper RIGI encontró el mismo paredón, aunque en otro plenario, la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas que impulsa desde unos meses el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

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Llamó la atención, en aquel convite, que un propio colega del centenario partido, el catamarqueño Flavio Fama, le reclamara a Vischi mayores precisiones en el compre local. El ex rector fue uno de los senadores que firmó el dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada -incluida la venta de tierras a extranjeros- y, horas antes de la sesión, anunció el rechazo al capítulo y su no asistencia tras una operación de rodilla. A los pocos días reapareció en otro plenario, ya 100% recuperado y sin vestigios de molestia alguna por la intervención en la anatomía de su tren inferior.

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