POLITICA
Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo
Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.
Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.
La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.
Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas
El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.
La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.
Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.
La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.
La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.
Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos
El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.
El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.
La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.
Para no interferir en la investigación este medio identificó a las firmas involucradas solo con las siglas.
También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.
Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.
La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.
Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.
Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.
Falta de controles médicos, provinciales e informáticos
Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.
El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.
Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.
El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.
GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.
En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.
Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.
La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.
Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.
Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.
Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.
Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.
Pese a las diferencias existentes en torno a los plazos y las condiciones a la hora de conversar con los 13 gobernadores aliados, el Gobierno tiene en mente un posible esquema de alianzas en función de las necesidades presentadas en cada territorio. La posibilidad de cerrar un acuerdo macro, que fije los mismos criterios, aparece cada vez más lejana, por lo que se impone la decisión de negociar “provincia por provincia”.
Una importante fuente oficial reveló a Infobae que los diálogos están en curso y que los entendimientos tendrán sus particularidades en base a las características y al electorado de cada provincia. “Son ellos (los gobernadores) los que tienen que definir porque son los que realizan un monitoreo permanente de sus electores”, precisó un funcionario ante este medio.
Tras el viaje a París, en el marco de la Argentina Week, en el oficialismo intensifican esfuerzos para consolidar el acercamiento de los 12 gobernadores aliados y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para avanzar en alianzas que le permitan a La Libertad Avanza competir por la reelección del presidente Javier Milei en 2027.
Es en ese marco donde detectan ocho potenciales listas conjuntas, de las cuales cuatro están encaminadas, y cuatro escenarios de “confrontación acordada”. También persiste la incertidumbre en algunas provincias donde la Justicia interviene en el proceso electoral, y la decisión por competir en los territorios grandes y donde gobierna el peronismo.
En varios despachos de Balcarce 50 aseguran que los acuerdos más avanzados son los que se ensayaron por primera vez en las elecciones legislativas de 2025 e involucran a Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). A esta lista suman además a Juan Pablo Valdés (Corrientes), de las pocas provincias que no eligen gobernador el año próximo debido a que los comicios tuvieron lugar en 2025.
En un segundo nivel de optimismo ubican a Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), aunque advierten que las conversaciones con ellos todavía son incipientes. En Casa Rosada sostienen que con los mencionados podrían avanzar en eventuales listas conjuntas si logran profundizar la tónica de las charlas en curso.
Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cerrar nuevos encuentros individuales con los gobernadores para avanzar en las primeras definiciones sobre posibles acuerdos.
Lo hace en medio del debate que atraviesa a la plana de poder sobre los tiempos y condiciones de los acuerdos. Mientras Luis Caputo y Santilli consideran que las negociaciones deben concretarse cuando antes, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem se muestran más pacientes.
En paralelo a las discusiones, los más pesimistas vaticinan que las negociaciones podrían extenderse hasta principios de marzo. “Es lógico que los gobernadores estén ansiosos por la falta de definiciones. La tensión permanente termina agotando”, planteó ante Infobae un integrante de la mesa política.
Del listado de los 13, Casa Rosada evalúa negociar un esquema de “competencia acordada” con cuatro mandatarios provinciales: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), a los que se le suman Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Entre los argumentos figuran el pedido de los gobernadores de presentarse de manera diferenciada, debido a que no comparten electorado con La Libertad Avanza, y a la fuerza del peronismo en las distintas provincias, que lleva a los mandatarios a considerar que una competencia con listas separadas podría reducir su caudal electoral.
Por último, ubican el caso de Gustavo Sáenz (Salta), que está sujeto a la definición de la justicia provincial. El salteño tiene intenciones de buscar un tercer mandato, aunque la reforma constitucional de 2021 estableció un límite de dos mandatos, por lo que su candidatura depende de la interpretación judicial.
Por fuera de esos escenarios, en el armado libertario anticipan que competirán en Córdoba, donde el vínculo con el gobernador Martín Llaryora es ambiguo, y en las provincias gobernadas por el peronismo, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.
POLITICA
Diputados: se reanuda el debate por Malvinas y el oficialismo busca cerrar un acuerdo con los bloques aliados
La Cámara de Diputados retomará este miércoles el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo buscará cerrar un acuerdo con los bloques aliados para avanzar con la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.
Aunque La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto en la sesión prevista para el 21 de octubre, las diferencias sobre algunos artículos podrían postergar la firma de los dictámenes.
Este miércoles, a las 15, se realizará un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. Será la cuarta reunión convocada por el diputado libertario Carlos Zapata y tendrá carácter informativo. Si el oficialismo no logra responder a los planteos de los aliados, la firma de los dictámenes quedará para más adelante.
Los aliados reclaman cambios al proyecto
La iniciativa fue uno de los temas abordados el martes por la Mesa Política de la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, también busca incorporar el proyecto al temario de la próxima sesión, pero los bloques dialoguistas todavía no dieron su respaldo al texto completo.
Los sectores aliados reclaman modificaciones en distintos artículos del proyecto que Milei envió al Congreso después de sus anuncios sobre la defensa de la soberanía argentina en Malvinas, realizados por cadena nacional. El oficialismo recibió propuestas de varios bloques y las coordina con el Gobierno, aunque todavía no llegó al Parlamento una versión definitiva que permita reunir las mayorías necesarias.
La bancada de Unión por la Patria (UxP), a través de su jefe, Germán Martínez, pidió durante el plenario de la semana pasada, ante la presencia de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dividir el tratamiento de la iniciativa.
El planteo apunta a debatir por separado el aumento de las sanciones a las empresas que exploten hidrocarburos en las cuencas de las Islas Malvinas y las modificaciones a las leyes de Seguridad Interior e Inteligencia.
Sin embargo, el Gobierno rechazó esa alternativa y resolvió mantener el tratamiento unificado. De esta manera, los diputados deberán optar por acompañar o rechazar el proyecto en su conjunto, aunque podrán proponer cambios durante las negociaciones.
Uno de los pedidos de los sectores aliados apunta a establecer mecanismos de control sobre las políticas de seguridad nacional. En ese sentido, Ibarzabal Murphy anticipó que el Gobierno analiza incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional.
“Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes. Estamos analizando incorporar la creación de una comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad nacional”, señaló la funcionaria.
Otro de los artículos que genera cuestionamientos establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes, según el texto impulsado por el Gobierno, “financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública”.
La iniciativa también fija restricciones al financiamiento y al asesoramiento de origen extranjero en las campañas políticas. Estos puntos forman parte de las conversaciones que el oficialismo mantiene con los bloques dialoguistas para intentar destrabar el tratamiento parlamentario.
Qué establece el proyecto sobre la soberanía en Malvinas
Entre los principales ejes de la iniciativa figura un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También prevé consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
Además de las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales, el proyecto propone modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
Lee También: El Gobierno reunió a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con gobernadores
El nuevo plenario se realizará horas después de la presentación de la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca de Malvinas.
El canciller Pablo Quirno anunció la iniciativa a través de sus redes sociales y afirmó: “En un hecho sin precedentes, la República Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que tome medidas provisionales para que el Reino Unido cese las acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas”.
El funcionario agregó que el país pidió al tribunal que impida el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del proyecto denominado “Sea Lion”.
El respaldo a la política de defensa
En paralelo con las negociaciones parlamentarias, el diputado libertario Federico Pelli se reunió con el general Jorge Alberto Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, quien también participó del primer plenario de comisiones.
Tras el encuentro, Pelli destacó la necesidad de fortalecer la política de defensa y avanzar en medidas vinculadas con la soberanía nacional.
“Intercambiamos ideas sobre la importancia de fortalecer nuestra política de defensa y avanzar con acciones concretas en la defensa de nuestros derechos soberanos, especialmente en la cuestión Malvinas. La soberanía se defiende con convicción, responsabilidad y decisiones concretas. Ese es nuestro compromiso con la Argentina y con quienes dieron su vida por nuestra Nación”, expresó el legislador.
Con las diferencias todavía abiertas y sin una versión definitiva del proyecto, el plenario de este miércoles será clave para determinar si el oficialismo logra acercar posiciones con los aliados o debe postergar la firma de los dictámenes.
Malvinas Argentinas, Diputados, Pablo Quirno
POLITICA
El Gobierno depende otra vez del Vaticano y ya hay especulaciones sobre el impacto de una eventual visita del Papa en el año electoral
Tras el diagnóstico de cáncer de León XIV, el Gobierno quedó otra vez a la espera de una definición del Vaticano y puertas adentro ya se especula con el impacto que tendría una visita papal en el año electoral.
La Santa Sede, más preocupada por la salud del Sumo Pontífice que por cualquiera de sus actividades programadas, no comunicó cambios aún a los países de la región que aún tiene planeado visitar, incluida la Argentina. Y en la Casa Rosada, si bien quedaron en ascuas y no tienen claridad sobre la posibilidad de que se suspenda o postergue la visita, algunos dirigentes respiraron aliviados.
Otros abrieron un nuevo interrogante: la posibilidad de que una reprogramación -que reconoció anoche la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva– provoque que el Papa llegue al país en el año electoral.
La de las visitas papales en año electoral no es una regla escrita, pero en general los papas suelen evitarlas. Y si bien no hay una política clara de parte de Robert Prevost al respecto, en mileismo deslizan que en su corto papado por ahora no hay registros de visitas a países en la previa de sus elecciones presidenciales.
La visita está prevista para el 8 al 11 de noviembre y, desde que se confirmó, algunos en la Casa Rosada vieron el viaje como un bálsamo político para cerrar el año antes de que arranque la campaña de 2027. Otros reconocieron que estaría atravesado por una lectura social (negativa) del país.
Una jornada de desconcierto
El Gobierno quedó en ascuas tras conocerse el diagnóstico del Papa. No esperaban que el nódulo fuera maligno. Y creían, contra los pronósticos y análisis de los mejores médicos, que no habría inconvenientes con que pudiera viajar.
Hasta la mañana de ayer, las terminales de contacto con el Vaticano estaban convencidas de que el Papa vendría. Esto a pesar de que en ámbitos de especialistas advertían que el posoperatorio sería complicado. “No es una operación grave” y “no hay riesgo de que no venga” eran las frases que se repetían en el oficialismo.
Los oncólogos suelen recomendar no volar durante tres semanas después de una cirugía de este tipo, un plazo que coincide con el margen del viaje. Se abrieron así las especulaciones sobre si podría volar, cuándo, y qué lugar ocuparía una eventual reprogramación en el calendario político electoral argentino para el oficialismo.
La secuencia del Gobierno evidenció el desconcierto. La conferencia del vocero Adrián Ravier estaba fijada para las 16 y, hasta ese momento, la información que manejaba el Gobierno, transmitida por el vocero vaticano, era que la operación había sido un éxito y que no alteraba la visita. Ravier habló con ese dato. Poco después, cerca de las 17, llegó el segundo parte con la confirmación de la malignidad. Pese al impacto, la agenda oficial siguió su curso. Y la consigna que bajó desde la cúpula fue esperar al Vaticano y mantener la cautela.
Milei le había expresado sus buenos deseos a Su Santidad de cara a la operación, pero después del resultado de la intervención se llamó a silencio, al igual que sus ministros. “Sería caranchear. Ya está, ya dijimos lo que había que decir sobre el tema”, justificaron en Balcarce 50. “Se hará algún ajuste, pero sigue todo normal”, le bajaron importancia en uno de los ministerios.
Por lo bajo era otro cantar. “Nadie va a decirlo, pero es un alivio”, admitieron en el Gobierno, después de semanas de ruidos con la Iglesia y de un dato de pobreza que debilitó el argumento oficial en vísperas de una visita que estaría atravesada por una lectura social del país.
Sea cual sea la decisión, con la enfermedad del Papa otra vez el Gobierno queda a merced de Roma. Durante todo el año esperaron que el Vaticano confirmara el viaje, designara al nuncio y fijara la fecha. Ahora harán lo mismo: la orden es no adelantar nada. “Todas las comunicaciones las hicieron ellos. Por ahora lo único que tenemos es esto”, dijo un funcionario.
La incógnita es si el Vaticano ratifica, ajusta o posterga el viaje, y cuándo lo informa. Hasta entonces, en la Casa Rosada piensan seguir como hasta ahora: esperar, no anunciar y mantener la agenda. Mientras, las especulaciones políticas están en marcha.
Europe,Religion / Belief,VATICAN
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