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El vocero presidencial explicó cuál fue la estrategia del Gobierno con el oro y cuestionó la “politización” de la AGN

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este martes en conferencia de prensa al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central (BCRA), que señaló que las operaciones de cobertura vinculadas al oro generaron una pérdida de US$1023 millones, pagada con divisas. El funcionario habló de una “politización” del organismo y explicó la estrategia del Gobierno con el oro.

“El BCRA es autónomo y debería dar sus respuestas, pero dado la repercusión, decimos algunas cosas”, detalló. Ravier sostuvo que las posiciones de oro del Banco Central son de US$2500 millones positivo. “Ha habido ganancias por US$2500 millones, es para destacar”, aseguró ante una pregunta de .

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Luego, hizo referencia a la gestión anterior y aseguró que la hoja de balance del BCRA apareció “con un desequilibrio enorme a diciembre 2023” y que actualmente “está saneado”.

Banco Central de la República ArgentinaNatacha Pisarenko – AP

Tras el informe de la AGN, el BCRA respondió públicamente que su posición en oro, incluidas las coberturas, arrojó una ganancia neta de US$2505 millones y acusó a la conducción del organismo de actuar “con fines puramente políticos”.

En paralelo, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la entidad había especulado y erró el cálculo.

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El BCRA explicó que aplica una política de cobertura sobre el 100% de su posición en oro para proteger las reservas frente a una caída significativa del precio. Lo mismo argumentó Ravier: “Se podrá decir que en otro tiempo el oro era muy estable. Hoy observamos mucha volatilidad, entonces no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica que puede mostrar”.

El presidente de la AGN, Juan Manuel OlmosSoledad Aznarez

Afirmó que el Gobierno tomó una medida que se asemeja al caso del seguro de un auto. “Si yo compro una cobertura para mi auto y, a lo largo de un año, tengo suerte de no tener ningún tipo de accidente, lo que puedo decir al finalizar el año es que perdí dinero por haber comprado la cobertura. Aquí es lo mismo. Con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero por la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, más del 60%”, expresó.

Resaltó, además, que producto del aumento del precio del oro, el activo del BCRA tuvo “una ganancia de US$3500 millones”.

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Cuando fue consultado sobre el nombre de la aseguradora que tomó la cobertura, dijo no recordarla. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, respondió.

La “politización” de la AGN

A través de las redes sociales, Olmos había afirmado que el BCRA había realizado operaciones “especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro” y que “erró el cálculo y perdió US$1023 millones”, conclusiones que no figuran en el informe técnico. Ante ello, el BCRA criticó que la comunicación reconociera primero el fin de cobertura y luego calificara las operaciones como especulativas.

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Santiago Bausili presidente del Banco Central junto a Benegas Lynch, en Comisión por reforma de la carta del BCRA. Diputados, Congreso.Soledad Aznarez

Ravier, en tanto, también apuntó contra el accionar del organismo. “Es para señalar el tema de la auditoría de la AGN y su politización, porque en el informe habla de una acción especulativa de parte del BCRA y luego habla también de la cobertura. O es una o es la otra”, arremetió.

Y defendió la cobertura: “Especulativo sería pensar ‘no tomo la cobertura porque especulo que el precio del oro va a subir y no voy a necesitarla’. La realidad es que, como el Gobierno no quiere especular, se cubre con un seguro tratando de dar estabilidad”.

El mensaje a León XIV

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Luego de que el Vaticano comunicara que al Papa se le extirpó un tumor maligno, Ravier envió un mensaje donde pidió su pronta recuperación. “Queremos enviar nuestros mejores deseos al Papa León XIV, que fue sometido a una intervención quirúrgica”, expresó.

Y concluyó: “Desde el Gobierno recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos una pronta recuperación. Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento con el deseo de que pronto pueda recuperar sus actividades”.

Explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas

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El vocero presidencial se refirió al reclamo presentado por el Gobierno para frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas ante el Tribunal del Mar y el posterior anuncio del gobierno británico de que “protegerá” a las empresas involucradas.

Explicó que la Argentina solicitó al Tribunal cuatro medidas. Primero, que Reino Unido impida el inicio o continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental en la cuenca norte de Malvinas por el proyecto Sea Lion; segundo, que el Reino Unido se abstenga de usar la información obtenida durante la explotación de recursos naturales en las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina; tercero, que Reino Unido cese de impedir que la Argentina cumpla su obligación en virtud de art 192 y 194 de Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; que Reino Unido se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos.

“El Gobierno Nacional reitera su compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional y el principio de resolución pacífica de controversias. Nuestro país continuará recurriendo a todas las herramientas e instancias del derecho nacional para defender su soberanía y los recursos naturales de los argentinos. La Argentina reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho las Malvinas son argentinas”, sostuvo.

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Un intendente de La Cámpora tendrá policía municipal y crece el pedido para que Kicillof gire el proyecto que las regula

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El intendente de Lanús, Julián Álvarez, avanzó con la creación de una Policía de Prevención Municipal que tendrá hasta 100 agentes para tareas de patrullaje barrial, prevención de proximidad y primera respuesta. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante de su distrito y pone la lupa sobre el pedido para que el gobernador Axel Kicillof envíe a la Legislatura el proyecto anunciado para regular las fuerzas locales de seguridad.

La ordenanza aprobada en el distrito gobernado por el dirigente de La Cámpora establece que el nuevo cuerpo dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano. Sus integrantes no reemplazarán a la Policía de la Provincia de Buenos Aires ni tendrán atribuciones para investigar delitos: deberán concentrarse en la presencia territorial, las recorridas preventivas y la asistencia inicial frente a situaciones de riesgo.

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El paso de Lanús se inscribe en un proceso que atraviesa a municipios de distintos signos políticos. Escobar, donde gobierna el intendente kicillofista, Ariel Sujarchuk; Avellaneda, bajo el control político de Jorge Ferraresi; y San Isidro, con Ramón Lanús —cercano a Patricia Bullrich—, entre otros, ya pusieron en marcha patrullas, cuerpos preventivos o estructuras locales que buscan cumplir funciones de seguridad ciudadana. Lo mismo hizo el distrito de Quilmes bajo el gobierno de la cristinista Mayra Mendoza o el axelista Lucas Ghi de Morón La diferencia es que, hasta ahora, no existe una ley provincial que determine sus facultades, el financiamiento, la formación de sus integrantes ni la relación con la Policía Bonaerense. Todo está a resolución de los intendentes.

En el último caso, el de Lanús, la votación del Concejo Deliberante fue precedida por la apertura de la Escuela de Policía Municipal de Lanús. En agosto, Álvarez presentó la primera cohorte, integrada por 120 cadetes, para una capacitación de 600 horas.

El proyecto fue aprobado por mayoría, aunque recibió el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO y el bloque Vamos. Los cuestionamientos se centraron en las facultades del municipio para utilizar la denominación Policía Municipal y en la posibilidad de que las nuevas funciones se superpongan a las de los agentes de seguridad ciudadana. Por ello, explican los intendentes, es necesario que la Provincia intervenga con un marco normativo que englobe las facultades de las fuerzas locales.

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Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

La estructura que Lanús aprobó no equivale a la creación de una fuerza policial autónoma. De hecho, ninguna de las fuerzas que ya funcionan en el ámbito local tiene autonomía. La Ley 12.154 de Seguridad Pública establece la seguridad como una responsabilidad provincial y no reconoce específicamente a los intendentes de los municipios grandes como autoridades con competencia policial propia. Eso es lo que está en debate y lo que los intendentes quieren definir. Kicillof lo había anunciado en su apertura de sesiones.

En los hechos, los municipios ampliaron su participación en la prevención del delito. Sostienen centros de monitoreo, cámaras, anillos digitales, botones de alerta, corredores seguros, móviles de patrullaje y asistencia a víctimas. También destinan fondos al mantenimiento de patrulleros bonaerenses, combustible y reparaciones de dependencias policiales.

Sin embargo, ese despliegue se desarrolló sin una regulación integral. La legislación provincial contempla un régimen de Policías de Seguridad Comunal para localidades del interior con hasta 70 mil habitantes que adhieran mediante convenios. Esas fuerzas, de todos modos, integran las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

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Por su población y su pertenencia al conurbano, los grands municipios no están incluidos en ese régimen. La flamante fuerza de seguridad votada en Lanús no tiene potestad para realizar investigaciones penales y tiene la obligación de articular con la Bonaerense.

La discusión excede el nombre de las fuerzas. Define, entre otros puntos, quién podrá designar autoridades, aplicar sanciones, financiar los recursos, portar armas, realizar aprehensiones y establecer los protocolos de intervención en la vía pública.

Kicillof anunció en marzo una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde 1998. El gobernador incluyó en ese anuncio una nueva norma para el personal policial y una reforma que incorpore las herramientas que los municipios ya utilizan en materia de prevención.

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Intendentes a la espera

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, abrió luego una ronda de reuniones con intendentes de distintos sectores políticos y seccionales electorales. Uno de los encuentros centrales se realizó en Escobar, donde se reconoció que el Ejecutivo preparaba una iniciativa para actualizar el marco normativo de la seguridad provincial.

En ese momento, la reunión convocó a intendentes peronistas y opositores. Estuvieron Ariel Sujarchuk, de Escobar; Jorge Ferraresi, entonces jefe comunal Avellaneda; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Leonardo Boto, de Luján; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Susbielles, de Bahía Blanca, y Ramón Lanús, de San Isidro, entre otros.

Un grupo de intendentes se había reunido en Escobar y avanzado con la ley de reforma de seguridad pública

Los reclamos no son idénticos. Algunos municipios buscan que la ley valide y ordene sus actuales cuerpos de prevención. Otros pretenden avanzar hacia policías municipales con mayor autonomía, mando local y recursos garantizados.

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En Escobar funciona desde marzo de 2025 una Policía Municipal creada por ordenanza, con agentes capacitados, equipamiento específico y armas no letales.

San Isidro plantea una postura más amplia. Su intendente, Ramón Lanús, reclama una policía municipal bajo mando directo del jefe comunal, con autonomía funcional, potestades disciplinarias y estado policial para sus agentes. La demanda atraviesa a dirigentes de fuerzas enfrentadas en el plano provincial y nacional.

Aunque la Provincia completó durante julio la ronda de consultas con los municipios, el proyecto oficial aún no fue remitido a la Legislatura. Esa demora comenzó a generar cuestionamientos de intendentes que consideran insuficiente el actual esquema de coordinación con la Policía Bonaerense e inquietud en la Legislatura.

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La Cámara de Diputados bonaerense ya tiene tres iniciativas de autonomía que deberían tener las futuras policías municipales. Las mismas están en la comisión de Seguridad con estado parlamentario y, según supo Infobae, fueron remitidas al Poder Ejecutivo. “No nos contestaron nada”, contó un legislador que de cerca el tema.

Los tres proyectos

El diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli presentó un proyecto para crear policías Comunales. La propuesta prevé modificaciones a las leyes 12.068, 12.154 y 13.482, y contempla un Fondo para el Fortalecimiento de esas estructuras. Su modelo se orienta principalmente a municipios de menor escala poblacional y propone integrar las fuerzas locales al sistema de seguridad bonaerense.

Otro texto fue presentado por el diputado Leonardo Moreno, alineado con Sujarchuk. Su iniciativa propone la creación de una Policía Municipal de Proximidad para distritos de más de 70 mil habitantes. El modelo preserva una relación estrecha con la Provincia en materia de financiamiento, formación, coordinación y control, aunque habilita a los intendentes a intervenir en la planificación territorial y la conducción local.

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El tercer proyecto corresponde al diputado provincial Juan José Esper, titular del monobloque Derecha Popular. Esper responde al exintendente de San Miguel, Joaquín de La Torre. Es la propuesta que concede el mayor margen de descentralización: establece que las futuras policías municipales dependan de los intendentes en los planos funcional, administrativo, financiero y operativo.

En la Cámara de Diputados bonaerenses hay tres proyectos referidos a la creación de fuerzas de seguridad local

Según la iniciativa de Esper, cada municipio podría adherir al régimen por medio de un convenio suscrito por el jefe comunal y ratificado luego por el Concejo Deliberante. A partir de ese paso, la Policía Municipal quedaría bajo la órbita directa del Ejecutivo local.

El intendente tendría la facultad de designar a la máxima autoridad de la fuerza, con acuerdo del Concejo Deliberante. El proyecto prevé patrullaje preventivo, vigilancia urbana, confección de mapas del delito, intervención ante conflictos vecinales y colaboración en tránsito y seguridad vial.

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Esper defiende un esquema con dependencia plena del intendente, estado policial para los integrantes de las fuerzas locales, financiamiento establecido por ley y facultades expresas. Esa posición difiere de los proyectos que proponen un modelo de coordinación con mayor presencia de la Provincia.

“El gobernador quiere ganar tiempo y que el tema lo aborde el próximo gobernador. ¿Qué sentido tiene que lo haga ahora?“, consideró un diputado de la oposición a este medio.

La complejidad del Senado

En el Senado bonaerense, el presidente del bloque oficialista, Sergio Berni, adelantó su discrepancia con la iniciativa del Ejecutivo y había adelantado que iría con un proyecto de su autoría. En la Cámara alta, Berni responde al esquema cristinista y mantiene un frente abierto con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Verónica Magario. Además, preside la comisión de Seguridad.

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Sobre la creación de fuerzas locales, el exministro de Seguridad del primer período de gobierno de Kicillof planteó sus disidencias. El senador vincula el impulso de una nueva fuerza con el calendario electoral y lo compara con la decisión de Daniel Scioli de crear por decreto la Policía Local en 2014, cuando se encaminaba a la campaña para los comicios de 2015. Esa estructura terminó incorporada a la Policía Bonaerense.

“Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, planteó Berni cuándo a mitad de año se lo consultó por el tema. Otro frente de la interna.

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El Gobierno aseguró que “la inflación dejó de ser el problema prioritario” para los argentinos

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes que “la inflación dejó de ser el problema prioritario” de los argentinos y, aunque reconoció que el problema todavía no está resuelto, destacó el proceso de desaceleración desde el inicio de la gestión de Javier Milei. “Es muy importante lo que se ha logrado en estos casi tres años. Y seguiremos esperando nuevos indicadores con optimismo para adelante”, afirmó.

Poco antes de su conferencia de prensa de los martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) fue del 1,9% en septiembre, por encima del registro de agosto.

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Frente a ese resultado, el funcionario relativizó las variaciones mensuales y planteó que el desempeño de la inflación debe evaluarse en relación con los niveles registrados al comienzo de la gestión libertaria. “Recordemos que a diciembre de 2023 el IPC arrojó un número de 25% mensual; el dato de hoy es de 1,9%”, señaló.

También remarcó que pueden registrarse aumentos transitorios sin que eso implique necesariamente una modificación de la tendencia general. “La experiencia internacional muestra que cuando hay programas de estabilización exitosos, la baja no es una línea continua hacia abajo, sino que puede ser sinuoso este camino; puede haber alguna suba transitoria en algún mes particular por cuestiones de estacionalidad, por shocks internos o externos, por distintos motivos”, explicó Ravier. En ese sentido, destacó que la inflación se mantuvo por debajo del 2% mensual, pese a la aceleración registrada en septiembre.

Las proyecciones del Gobierno para la inflación

Ravier ratificó que el Ejecutivo mantiene su objetivo de continuar reduciendo la inflación y vinculó esa expectativa con la política monetaria. En esa línea, aseguró que la evolución de los precios depende del control de los agregados monetarios y que el programa de estabilización permitirá sostener la desaceleración.

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Inflación de septiembre, por rubros (Gráfico: Indec).

“Esperamos a mediano plazo un indicador de un dígito anual, como tienen tantas economías del mundo. Vamos camino a resolverlo”, afirmó, aunque no estableció una fecha concreta para alcanzar ese objetivo.

El vocero presidencial también reconoció las dificultades que atraviesan los ingresos y su impacto en las expectativas económicas. “En esta coyuntura global la gente puede sentir que su ingreso no sigue mejorando como sí mejoró en el segundo semestre de 2024 y en gran parte de 2025”, admitió Ravier, aunque atribuyó esa situación a factores externos.

Ravier insistió en que la desaceleración de la inflación y los aumentos salariales permitirían recuperar el poder adquisitivo y proyectó que la desaceleración del IPC podría reflejarse en una nueva baja de los indicadores de pobreza e indigencia cuando se conozcan las próximas mediciones.

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Adrián Ravier, Inflación, IPC

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Chiqui Tapia se reconcilió hace poco con el clan Moyano con una inédita foto de unidad

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Ni siquiera en su cumpleaños Hugo Moyano logra reunir a la familia completa. El 28 de agosto último, con la excusa de celebrar el 17° aniversario del Club Deportivo Camioneros, el jefe sindical reunió a cinco de sus seis hijos y a buena parte de sus nietos. No fue un encuentro más: simbolizó la reconciliación del clan camionero con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exyerno del histórico líder, quien había tomado distancia de la familia tras su separación de Paola y por algunos entredichos con Pablo, el número dos del gremio y el gestor deportivo del club.

La foto de unidad, sin embargo, no fue completa. No estuvieron Facundo Moyano, que en ese momento estaba de viaje en Mar del Plata mientras avanza la causa judicial por presunta violencia de género contra su novia, ni Liliana Zulet, la esposa de Moyano que no se habla con Pablo, su principal detractor en lo relativo al manejo de los negocios del sindicato a través de un holding de empresas propias.

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La foto del clan unido no pasa inadvertida cuando la Justicia intenta reconstruir el patrimonio de Tapia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hubo 37 transferencias por 1.494.678 pesos desde el Sindicato de Camioneros a la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia, según los detalles que presentó el fiscal Gerardo Pollicita.

Un hombre determinante en la vida de Tapia es Hugo Moyano. Era delegado gremial de la rama de recolección de basura del Sindicato de Camioneros cuando conoció a Paola Moyano, una de las hijas del jefe sindical, con la que tuvo dos hijos y recorrió el mundo. Una vez que forjó su pareja, se incorporó al clan y escaló hasta secretario de Organización del gremio.

Fue así como recaló de la mano de Moyano y Diego Santilli, actual jefe de Gabinete de Javier Milei, en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana del Estado (Ceamse), el basural controlado más grande de Buenos Aires.

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Inicialmente, Tapia ocupó la vicepresidencia de esa entidad, designado por la gestión macrista de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es presidente, impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, su actual sostén político. Por su rol en la Ceamse, tiene vínculo de manera directa con 45 intendentes, en su mayoría peronistas.

Los sindicalistas Juan Pablo Brey, Cristian Jerónimo, Pablo Moyano y Chiqui Tapia, en la cena aniversario por los 17 años del Club Camionerosgentileza

Mucho tiene que ver el fútbol en la reconciliación de Tapia con los Moyano. El presidente de la AFA ya había participado de un acto por la inauguración del estadio Hugo Moyano, en Esteban Echeverría. Pero también ayudó la amistad que une a los hijos de Chiqui con los de Pablo, los nietos de Hugo. De hecho, los hijos y nietos del jefe camionero fueron habitués de los últimos mundiales de fútbol, con ubicaciones preferenciales.

Paola Moyano, la exesposa de Chiqui Tapia, está al margen de los manejos del gremio. A diferencia de sus hermanos, no ocupa ningún cargo, como tampoco estaría designada a sueldo en ninguna de las empresas que orbitan alrededor de Camioneros.

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