El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.

La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no incluye a organismos y excluye, además, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.

ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.

Qué requisitos deben cumplir los empleados

Los principales requisitos y condiciones son los siguientes:

• Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado: el régimen está dirigido a empleados alcanzados por la Ley 25.164 y a quienes mantengan un vínculo por tiempo indeterminado en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a contratados transitorios ni a personal vinculado bajo contratos del artículo 9 de la Ley Marco.
• Trabajar en la administración pública nacional centralizada: la medida se aplica a las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Esto deja fuera a organismos descentralizados, entre ellos ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
• • Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación única o el cobro del 60 % del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
  • Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con los topes del decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
  • Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según acumulen menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
• No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes: no podrán ingresar quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La prohibición también alcanza a agentes sometidos a sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o un perjuicio fiscal.
• Desistir de reclamos laborales contra el Estado, si los hubiera: los empleados con demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados con su relación laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse.
• No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación: tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.

La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.

Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; sin aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.

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South America / Central America,Government / Politics

Continúa la novela en la estratégica comisión de Acuerdos del Senado, tras el deceso de su ex presidente y ex legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y los posteriores e insistentes llamados que generaron un fuerte desagrado en bloques dialoguistas. Los aliados, aún molestos con la agilidad con la que la Casa Rosada quiso ocupar dicho sitial, busca posponer la definición del manejo y dejar comienzos de 2027 al vice de la misma, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

“Puede funcionar perfectamente y Abad siempre fue serio. Además, tiene buena relación con la mayoría de acá y, también, hacia afuera. Si me preguntaras a mí, lo dejaría hasta el año próximo. Después, vemos. Fue un papelón lo que hicieron algunos oficialistas cuando murió Pagotto. Una falta de respeto total”, sentenció un senador de peso a Infobae. Coincidieron desde la jefatura de una bancada provincial ante la consulta de este medio.

Tras la partida de Pagotto varios legisladores reconocieron, con profundo malestar, los mensajes que llegaron desde un sector del mileísmo para anunciar muy rápido que la conducción de la comisión, por donde pasan todos pliegos judiciales, más ascensos diplomáticos y militares, iría para la karinista -y leal a los Menem- Nadia Márquez, quien ya integra Acuerdos y que, en paralelo, encabeza Legislación General.

Si bien es cierto que La Libertad Avanza es uno de los espacios más numerosos en la Cámara alta -junto al kirchnerismo- y la lógica política marca que le correspondería mantener el liderazgo, el vacío de dialoguistas en la última audiencia pública no sólo llamó la atención, sino que expuso un inconveniente para el oficialismo por querer ocupar un cargo a horas de una tragedia. Por el momento, no hay convocatoria a un nuevo convite.

Los faltazos más notorios de ese día fueron los de las tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, pese a formar parte de distintos bloques que responden al gobernador, Osvaldo Jaldo, por momentos cercano al Ejecutivo. Ambas legisladoras estaban presentes en la “Casa” -como corroboró ese día Infobae– y decidieron no asistir.

Mismo caso el de la radical bullrrichista Carolina Losada (Santa Fe), a quien vinculan -al menos, de manera indirecta- desde un par de despachos libertarios con semi escraches -de baja estofa- por la oposición al proyecto que eleva penas ante falsas denuncias, su verdadera obsesión. El material se encuentra en redes sociales.

Previo a los telefonazos de la discordia, los movimientos a seguir eran los siguientes, según confió el propio oficialismo: que el rionegrino Enzo Fullone reemplazara a Pagotto como integrante; que Márquez, ya en la comisión, fuera votada titular; y que la neuquina cediera el comando de Legislación General a su colega Juan Cruz Godoy (Chaco).

Atado al pésimo clima que generaron los incómodos requerimientos, otros dialoguistas aprovecharon para recordar la probation aceptada por Márquez años atrás. Como la provincia tiene una estricta ley de Ficha Limpia, no puede ser allí candidata, aunque sí a nivel nacional. Atar eso a un futuro manejo de la comisión donde se debaten -incluso- los pliegos de la Corte Suprema no colabora. Desde Balcarce 50 y Diputados es defendida por responder, a rajatabla, las órdenes emitidas.

Mientras se aguarda una definición del asunto, el Senado encarará una semana en la que se analizará si se sesiona el jueves o si se demora, una vez más, el aterrizaje de legisladores en el recinto. Hay dos temas que pican en punta: la iniciativa sobre huella de carbono -los serpenteantes misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut lograron congeniar con la salteña Flavia Royón– y el tratado de patentes firmado el siglo pasado, que incluye el -generoso- guiño a laboratorios locales aprobado por Diputados semanas atrás.

Las ganas de sesionar podrían concretarse debido a que ya hay varios anotados para ir a las elecciones de medio término en los Estados Unidos -inicios de noviembre-, una invitación que nadie quiere perderse para sumar millas y “analizar”, in situ, los comicios norteamericanos. Allá se vota en día laboral -martes- y con un sistema distinto al argentino.

Senado de la Nación Argentina,Nadia Márquez,Comisión de Legislación General,política argentina

(Desde Washington, Estados Unidos) El reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas está causando la primera diferencia geopolítica entre Javier Milei y Donald Trump, que han forjado una profunda alianza personal e ideológica que impactó como modelo en América Latina.

Estados Unidos pretende disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que todos los años trata la Causa Malvinas, mientras que Argentina rechaza esa posición de la administración republicana.

“Esta Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización) aprobó hoy más de 20 proyectos de resolución y 1 decisión, muchos de los cuales responden a recomendaciones del Comité Especial de Descolonización, aun cuando el representante de los Estados Unidos pidió poner fin al mandato de dicho órgano y describió algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos”, sostiene la resolución GA/SPD/841, que comunicó la ONU el 15 de octubre de 2026.

La posición de Estados Unidos colocó en una encrucijada al Presidente, ya que coincide con la perspectiva global de Trump sobre la efectividad diplomática de la ONU, pero hace una diferencia específica por su política de Estado vinculada a la soberanía en Malvinas.

En la Asamblea General de a ONU, Milei sostuvo lo siguiente:

• “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.
• “Hace 50 años esta misma Asamblea aprobó la resolución 3149 que insta a las partes a obtenerse e introducir modificaciones unilaterales, mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”.
• “Por eso quiero plantear una pregunta ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, pierde su autoridad”.
• “Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones. La Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación autorizada de nuestros recursos en el área en disputa actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

Milei se alineó con Estados Unidos frente a las dictaduras en América Latina, la ofensiva de Irán contra Israel, el cuestionamiento a ciertos organismos que integran Naciones Unidas y la ofensiva regional de China.

La administración libertaria además firmó acuerdos con la Casa Blanca sobre minerales críticos, cadenas de suministros, comercio bilateral y seguridad a través del Escudo de las Américas.

Trump, a su turno, facilitó la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aportó un swap de 20.000 millones de dólares y habilitó financiamiento blando para facilitar el desarrollo de Vaca Muerta, entre otros proyectos estructurales que necesita la Argentina.

En este contexto, la propuesta de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización provoca la primera desavenencia geopolítica con Argentina.

La Casa Blanca conoce que el Comité de Descolonización es un escenario multilateral que utiliza Balcarce 50 para reclamar la soberanía en las Islas Malvinas.

Sin embargo, la administración republicana soslayó este hecho político, y avanzó con una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos.

El Comité trata 17 casos en su agenda anual, y 10 de esos reclamos históricos tienen como protagonista al Reino Unido. Entre ellas la soberanía de las Islas Malvinas, que Londres no reconoce pese a todos los antecedentes históricos y de derecho internacional.

El 22 de septiembre, cuando se iniciaba la Asamblea General de la ONU, Trump se reunió con el premier británico Andy Burnham. Ambos aplacaron sus diferencias políticas y avanzaron en una agenda común.

A partir de ese día, Trump descartó su intención de mediar entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas.

El 15 de octubre, Estados Unidos propuso disolver el Comité de Descolonización porque “algunas de sus actividades son un despilfarro de recursos”.

En simultáneo, Chris Landau -vicesecretario de Estado- y Juan Pablo Segura -subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental- llegan en visita oficial a Buenos Aires para encontrarse con Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

Las reuniones serán a agenda abierta, y es probable que Quirno anuncie el rechazo de la Argentina a la propuesta de Estados Unidos.

Será la primera vez que las decisiones políticas de Milei no coincidan con los intereses permanentes de la Casa Blanca.

El Comité de Descolonización de la ONU (C24, en la jerga diplomática) fue creado en 1961 y actualmente tiene 28 miembros que se caracterizan por su asimetría: conviven China, India y Rusia con Chile, Sierra Leona y Tanzania, por citar casos paradigmáticos.

El rechazo de la Argentina a la decisión de Trump tendrá a favor la arquitectura institucional de la ONU.

El organismo sólo puede ser disuelto por la Asamblea General, donde Estados Unidos no tiene poder de veto. Y menos aún los votos necesarios de la Asamblea para terminar con un organismo multilateral que es avalado por una amplia mayoría de estados-miembros.

Milei tuvo tres cancilleres desde su llegada a Balcarce 50: Diana Mondino, Gerardo Whertein y Pablo Quirno. Todos ellos se presentaron en el Comité para enfrentar la posición del Reino Unido y ratificar los derechos históricos de la Argentina.

“Han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido, y casi 59 desde la resolución 2065. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido”, sostuvo Mondino, el 18 de junio de 2024.

“(La ocupación británica de las islas) fue, sin ambigüedad, un acto colonial, contrario al derecho internacional y violatorio de la soberanía territorial argentina. El Reino Unido ha invocado reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo. No existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante”, afirmó Werthein, el 19 de junio de 2025.

“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”, precisó Quirno, el 25 de junio de 2026.

Entonces, la posición de Milei frente al planteo de Estados Unidos será preservar la existe del Comité de Descolonización, ya que es uno de los pocos escenarios multilaterales que tiene la Argentina para reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas.

North America