POLITICA
La Casación confirmó el cierre de la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito de US$57.100 millones del FMI

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa contra el expresidente Mauricio Macri y los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito de 57.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que acordaron en 2018.
Con la firma de los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, el tribunal también rechazó las recusaciones formuladas contra sus integrantes y los fiscales intervinientes, y dio intervención al Colegio Público de Abogados por el contenido de los escritos.
La decisión se tomó luego de que la semana pasada el fiscal ante la Casación Raúl Pleé desistió de la apelación que habían planteado sus colegas de las instancias inferiores contra el cierre del caso.
La investigación, iniciada a partir de distintas denuncias, tuvo entre sus principales involucrados al expresidente Macri; los extitulares del Banco Central Sturzenegger, Caputo y Guido Sandleris; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; y otros funcionarios.
Se buscaba determinar si el endeudamiento contraído con el FMI y el posterior destino de los fondos habían permitido financiar un proceso de fuga de capitales en perjuicio del Estado nacional, mediante conductas que podían configurar los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.
En febrero de 2026, el Juzgado Federal N° 5 dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, decisión que fue confirmada en septiembre por la Sala I de la Cámara Federal porteña. Frente a ello, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe interpuso un recurso de casación que fue declarado inadmisible, por lo que acudió en queja ante la Cámara de Casación.
Sin embargo, al intervenir en esta última instancia, el fiscal general Pleé desistió del recurso. En su dictamen señaló que, después de más de cinco años de investigación, los representantes del Ministerio Público Fiscal no habían identificado medidas de prueba concretas que permitieran modificar las conclusiones de las instancias anteriores. También consideró que no se había logrado sostener una hipótesis delictiva suficientemente fundada y afirmó que “lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”. En consecuencia, la Sala IV tuvo por desistida la queja fiscal, sin ingresar al examen del fondo de la cuestión.
El tribunal también debió resolver la presentación de Antonio Conrado De Martino, un particular que había intentado incorporarse al proceso como querellante invocando su condición de ciudadano y contribuyente, y que había adherido al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal ya había rechazado su intervención por considerar que no había demostrado un perjuicio directo y personal derivado de los hechos investigados. Posteriormente, De Martino acudió en queja ante Casación para cuestionar esa decisión y procurar que continuara la revisión del archivo.
La Sala IV no hizo lugar a su recurso. Los jueces explicaron que la adhesión a un recurso es una vía accesoria que presupone la existencia de una impugnación principal concedida. En este caso, el recurso fiscal nunca había sido admitido y la queja posterior fue desistida por su titular. Por lo tanto, De Martino no contaba con un recurso autónomo que permitiera sostener su intervención ante Casación.
Además de cuestionar el archivo de la investigación, De Martino, con el patrocinio del abogado Nicolás Roberto Corbetto Norese, promovió la recusación de los tres integrantes de la Sala IV. También solicitó el apartamiento del fiscal Pleé y la nulidad de su dictamen, y recusó al fiscal Agüero Iturbe, pese a que anteriormente había adherido al recurso presentado por este último.
El tribunal rechazó in limine todos esos planteos. Consideró que las acusaciones se sustentaban en apreciaciones subjetivas, referencias a otras investigaciones y publicaciones periodísticas, sin elementos objetivos que permitieran poner en duda la imparcialidad de los magistrados ni justificar el apartamiento de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Los jueces destacaron, además, la contradicción en la que incurrió De Martino al recusar al mismo fiscal cuyo recurso pretendía que Casación mantuviera vigente.
La resolución también dedicó especial atención al contenido de las presentaciones de De Martino, en las que se formularon graves acusaciones personales contra magistrados y funcionarios judiciales, junto con manifestaciones de carácter antisemita. En particular, el presentante sostuvo que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA habrían sido organizados por los propios judíos con el propósito de presentarse como víctimas y favorecer intereses territoriales en Medio Oriente.
La Sala IV advirtió que las presentaciones contenían expresiones discriminatorias, incompatibles con los principios de la ley 23.592 y con el respeto a la dignidad de las personas. Los jueces señalaron, además, que el ejercicio del derecho de defensa y la facultad de cuestionar las decisiones judiciales, aun con firmeza, no autorizan a formular imputaciones personales de naturaleza delictiva ni a atribuir propósitos espurios a los magistrados sin el debido sustento.
En consecuencia, el tribunal formuló una observación a De Martino y a su abogado Corbetto Norese, para que en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial. Asimismo, dispuso dar intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que examine la conducta profesional del letrado, las normas que regulan el ejercicio de la abogacía.
Más allá de estas consideraciones, el eje de la causa apuntaba al acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de 50.000 millones de dólares, luego ampliado a 57.100 millones de dólares.
La investigación procuró determinar si el crédito era innecesario y en verdad se tomó para fugar los dólares con acuerdo de empresarios y financistas allegados al poder.
También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones.
En primera instancia, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó el caso, fallo que fue confirmado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La decisión fue recurrida primero por el fiscal Franco Picardi. Luego, el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue desestimado, y finalmente un recurso de queja, que la semana pasada fue fue desistido por el fiscal Raúl Pleé.
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Jorge Macri fue recibido por el rey Felipe VI en Madrid y firmó la Declaración Iberoamericana de alcaldes

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue recibido este lunes por el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde junto al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, le presentó la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento que reúne las prioridades de las capitales de la región y que será elevado a la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en España.
La audiencia con el monarca español fue uno de los momentos centrales del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el organismo internacional que promueve la cooperación entre los 22 países iberoamericanos y acompaña la organización de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Tanto Macri como Martínez-Almeida encabezaron la presentación en calidad de copresidentes de la UCCI, rol que ejercen durante este año.
La Declaración, firmada por ambos mandatarios durante el cierre de la jornada, establece una agenda compartida sobre desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad, con el propósito de fortalecer la participación de las ciudades en los principales ámbitos de decisión internacional.
“Las ciudades, lejos de ser observadoras pasivas, somos el primer escenario de impacto de las dinámicas globales. Y allí, nuestra capacidad de dar respuestas efectivas se vuelve imprescindible”, sostuvo Jorge Macri durante su intervención de apertura en el encuentro.

El jefe de Gobierno porteño también señaló que “Iberoamérica es un puente para el entendimiento y la colaboración. Una región que conecta América Latina con Europa y que, desde su posición en el Atlántico, tiene voz propia en las discusiones que están definiendo el futuro”. Y agregó: “Llevamos en nuestro ADN una conexión única con España, especialmente con Madrid”.
En esa línea, Macri destacó que los lazos históricos, culturales y humanos que unen a Iberoamérica hacen de la región un puente estratégico entre América Latina y Europa, con identidad propia y un papel cada vez más relevante en el escenario internacional.
También remarcó la importancia de construir una agenda común que permita transformar la cooperación entre ciudades en respuestas concretas para los vecinos.
La UCCI reúne a mandatarios de capitales y grandes ciudades de la región para impulsar iniciativas conjuntas, fortalecer la cooperación y promover la participación de los gobiernos locales en las decisiones internacionales. Buenos Aires es una de sus ciudades fundadoras y ejerce durante este año la copresidencia junto a Madrid. Desde esa posición, el jefe de Gobierno porteño busca consolidar el liderazgo de la Ciudad en la región e impulsar una mayor influencia en la agenda iberoamericana.

Durante el encuentro se abordaron desafíos vinculados con el desarrollo económico, la planificación urbana, la seguridad, el cambio climático y la transformación digital. Macri participó del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, donde compartió la experiencia de Buenos Aires en el uso de nuevas tecnologías para modernizar el Estado, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos.
Otro de los resultados que dejó la jornada fue la adhesión de Buenos Aires a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la SEGIB. La propuesta busca reunir a ciudades con un legado histórico compartido para impulsar la preservación del patrimonio, la regeneración de los centros urbanos y el desarrollo de proyectos sostenibles con una visión de largo plazo.
Acompañaron al jefe de Gobierno el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti. “Fue un valioso encuentro entre Su Majestad, el Rey Felipe VI, con el Jefe de Gobierno y los alcaldes de la región”, afirmó Pompeo, quien además señaló que “Buenos Aires y Madrid son dos grandes referentes de ese vínculo” y que los países de la región “deben seguir siendo un puente entre Europa y América para impulsar la cooperación política y las inversiones como herramientas para generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.
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Rectifican un fallo y condenan a un exintendente salteño por robar rieles y contrabandearlos a Bolivia

El exintendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá, Atta Gerala, sufrió un revés judicial y fue condenado por robo y contrabando de rieles a Bolivia. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución que el exjefe comunal había recibido el 23 de abril de parte del Tribunal Oral Federal Nº2 de Salta y definió que Atta Gerala participó de la sustracción de rieles del ramal C25 del Ferrocarril Belgrano y su envío por pasos fronterizos clandestinos a Bolivia.
Los camaristas Javier Carbajo y Daniel Petrone votaron por revocar la absolución de Gerala, mientras que Javier Slokar se pronunció a favor de mantenerla.
Carbajo y Petrone votaron por considerar al exintendente “partícipe necesario, por el delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por la intervención de un funcionario público y por el valor de la mercadería involucrada”. Ambos camaristas establecieron que el tribunal salteño había interpretado de manera arbitraria y atomizada las pruebas aportadas y concluyeron que el análisis conjunto permitió afirmar la participación necesaria del exjefe comunal.
Slokar, en cambio, planteó que eran insuficientes las pruebas aportadas por los acusadores.
En la maniobra investigada, además del exintendente, participó su hijo, José Miguel Gerala, que fue condenado a seis años de prisión. Se utilizó una camioneta Toyota Hilux propiedad del exjefe comunal para trasladar a integrantes de una comunidad originaria que extrajeron los rieles durante varios meses. Los rieles se vendían a David Medina, también condenado a seis años de prisión. Jorge Fernando Cabrera (cabo de Gendarmería acusado de habilitar el paso de los camiones con rieles a cambio de dinero) recibió dos años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de cohecho pasivo. Dos camioneros involucrados accedieron a una pena económica y de tareas comunitarias.
Según el fallo, la condición de “máxima autoridad del Poder Ejecutivo del municipio donde se robaban los rieles de la única traza de tren que por allí pasaba” hizo que los jueces lleguen a “la certeza sobre su conocimiento y vínculo directo con el suceso”. El exintendente (que milita en el peronismo salteño) deberá concurrir a una audiencia para que se le establezca el monto de la pena.
Además, la Cámara Federal confirmó por unanimidad la condena a tres años en suspenso para el policía Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, a quien se acusó de cohecho pasivo porque “en su condición de funcionario policial en el puesto de Pluma de Pato había aceptado la promesa de pago para facilitar y omitir los controles vinculados con la maniobra”.
En su acusación, el fiscal Eduardo Villalba había afirmado que los robos de los rieles se producían “a cara descubierta” y con la connivencia de la policía y Gendarmería. En la causa constaban testimonios de miembros de las comunidades originarias que identificaron a Atta Gerala como organizador de las cuadrillas de extracción.
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La ladera de Karina Milei salpicada por el escándalo de Olivos fue nombrada en el Correo Argentino

María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y persona del núcleo cercano de Karina Milei, desplazada hace un mes de sus funciones junto al personal civil de la quinta presidencial de Olivos, ahora fue designada en el Correo Argentino, según confirmaron a fuentes de Casa Rosada.
Las fuentes explicaron que la exfuncionaria que supo tener despacho en el primer piso de Balcarce 50, cerca de la secretaria general de la Presidencia, “ocupa un puesto administrativo” dentro de la gerencia de Comunicación del organismo, aunque al cierre de esta nota no había precisiones sobre el mismo.
Agudiez es cuñada de Osvaldo Javier Sosa, el desplazado exintendente de la residencia de Olivos, que el 17 de septiembre último dejó de administrar y manejar el lugar, que pasó a manos de la Casa Militar. Sosa había llegado al puesto en diciembre de 2023, precisamente por su vínculo familiar con Agudiez.
Desde que estalló el caso hubo versiones de que, más allá de la decisión de reforzar la seguridad de la residencia, pasándola a manos de Casa Militar, diferentes comportamientos de Sosa dentro del predio habían generado malestares que se acumularon cerca del presidente, Javier Milei. En el Gobierno señalaron también “filtraciones” e irregularidades en las compras de la quinta que nunca se denunciaron oficialmente.
La salida de Agudiez, por su parte, se produjo apenas 72 horas después de la salida de la de su cuñado, aludiendo, según dijeron entonces en la Casa Rosada, “motivos personales”.
Desde la Subsecretaría de Planificación que manejaba hasta septiembre pasado, Agudiez tenía entre sus funciones la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de Olivos. Y dependía directamente de Karina Milei, con quien trabajaba palmo a palmo e integraba su círculo chico desde antes de que los libertarios recalaran en el gobierno nacional.
En las últimas horas, las fuentes oficiales consultadas por este diario aseguraron a que Agudiez “es una persona que Karina valora” y que “en ningún momento cometió un error”.
Buscaban así despegarla de la denuncia de la de la diputada nacional Marcela Pagano, ex La Libertad Avanza, que se refirió a la salida de Agudiez por presuntas compras y contrataciones que no tendrían como destino final la residencia oficial de Olivos y luego formalizó sus dichos con una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py.
“El objeto de la Subsecretaría de Belén quedó sin efecto cuando se pasó todo el control de Olivos a Casa Militar, por lo que dejó el cargo, pero nunca dejó de ser una persona importante y valiosa para Karina”, completó una fuente muy cercana a hermana presidencial.
Las fuentes consultadas insistieron en que Agudiez fue designada en un puesto administrativo y “no como gerenta” en el Correo Argentino, aunque explicaron que el cargo está vacante y a la espera de una designación, que podría conocerse el corto plazo.
En Casa Rosada descartaban de plano que Agudiez haya estado detrás de posibles filtraciones, uno de los motivos aludidos a la hora de los cambios en Olivos. “No hay nada de todo eso”, juraban.
El Correo Argentino fue noticia semanas atrás cuando se supo que tres personas de confianza del exjefe de Gabinete Manuel Adorni también recalaron en el lugar.
En ese caso fue en el directorio, que dispone de sueldos millonarios pero no de oficinas para sus integrantes. Las personas designadas fueron Aimé “Meme” Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia. De ellos, solo Vignale siguió siendo funcionario en la jefatura de ministros tras la salida de Adorni. Vázquez y Sicilia, por su parte, renunciaron a sus puestos en Balcarce 50 poco después de que Adorni saliera de su cargo en medio de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas.
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