INTERNACIONAL
Ecuador: detuvieron a Luisa González, la excandidata presidencial del partido “correísta” Revolución Ciudadana
La policía de Ecuador detuvo este jueves a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González en una causa que investiga un presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2023, en la que fue electo el mandatario Daniel Noboa.
“Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente”, denunció González, integrante de la Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2002-2017).
La excandidata presidencial fue detenida en Canuto, la localidad rural de la provincia costera de Manabí, en el oeste del país, donde se crió y creció,
El partido, que denuncia una persecución política, fue inhabilitado este año para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos que se celebrarán en noviembre.
González, de 48 años, es el más reciente rostro de la Revolución Ciudadana que enfrenta procesos judiciales.
En una cárcel de máxima seguridad construida por Noboa están el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, condenado por la comercialización ilegal de combustible subsidiado, y el exvicepresidente Jorge Glas, quien paga una condena por corrupción.
Qué dijo la Fiscalía
La Fiscalía señaló que formulará cargos contra tres personas “investigadas por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos”, y escribió en X las iniciales de los detenidos, entre ellos L.M.G.A. que coincide con los nombres y los apellidos de González.
La entidad “investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”, agregó.
Ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa. Ambos volvieron a enfrentarse en los comicios de 2025, en medio de una ola de violencia sin precedentes ligada al narcotráfico que golpea al país.
De acuerdo con fuentes de Revolución Ciudadana, la actual detención tiene su origen en “un proceso ya juzgado” en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se solucionó con el pago de una multa superior a los 6000 dólares.
La policía se limitó a reportar en su canal de Whatsapp que la excandidata “fue aprehendida”, sin precisar las razones.
“Estamos denunciando una arbitrariedad, un secuestro de una dirigenta política de este país, por lo tanto frente a eso nos vamos a movilizar hoy y las veces que sean necesarias”, señaló Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana.
Noboa
La práctica de ejercicio o de algún deporte alcanza al 69% de la población costarricense, según la encuesta Nacional de Deportes, Recreación y Actividad Física, 2026. Aunque el resultado representa a casi siete de cada 10 personas, muestra una reducción frente al 73.5% registrado cuatro años antes.
La encuesta fue elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), en coordinación con el Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder). La investigación se aplicó del 6 al 24 de abril de 2026.
La muestra incluyó a 1,220 personas y contó con un nivel de confianza del 95%. El margen de error fue de 2.8%.
De acuerdo al estudio, las actividades aeróbicas concentran la mayor parte de las preferencias. Caminar, trotar, correr o practicar senderismo reúne el 37.3% de las respuestas, seguido por el entrenamiento en gimnasios o centros deportivos, con el 18.7%, los deportes colectivos, con el 14.8%, y las disciplinas individuales, con el 10.8%.
Entre quienes hacen ejercicio, el 73% indicó que lo practica tres o más veces por semana. Otro 21.3% señaló que realiza actividad física entre una y dos veces semanales.
La salud es la principal razón para mantenerse activo, según el 64.9% de las personas consultadas. El gusto personal obtuvo el 9.8% de las respuestas, la recreación o el pasatiempo alcanzó el 8.6%, mientras que el trabajo representó el 4.9% y el control del estrés, el 3.7%.
La falta de tiempo fue la barrera más mencionada para no hacer ejercicio
El 31% de la población no practica deportes ni realiza actividad física. Entre ese grupo, el 48.2% identificó la falta de tiempo como el principal impedimento, seguido por los problemas de salud, mencionados por el 16.5%, y las limitaciones de movilidad o condiciones de discapacidad, con el 11.6%.
El informe plantea que la falta de tiempo podría estar vinculada con las jornadas laborales, las responsabilidades familiares y de cuido, los desplazamientos y otros factores que limitan la disponibilidad para participar en actividades recreativas o deportivas.
Los espacios gratuitos son los lugares más utilizados para hacer ejercicio. El 41.5% de la población mencionó plazas, canchas, polideportivos, pistas de atletismo o parques próximos a su comunidad, mientras que el 33.1% indicó que asiste a un gimnasio o centro deportivo.
Las vías públicas fueron escogidas por el 24.2% de las personas consultadas. A su vez, el 18.2% afirmó que hace ejercicio en su vivienda y por cuenta propia.
La organización de los entrenamientos también presenta distintas modalidades. Cuatro de cada 10 personas no siguen una rutina establecida, el 27.2% realiza los ejercicios de manera independiente, el 24.6% cuenta con un entrenador y el 7.4% utiliza rutinas encontradas en internet.
Aunque el 81.7% señaló que existen lugares abiertos al público para practicar deporte, el 36.7% reportó limitaciones económicas para participar en algo o mucho. El estudio sugirió fortalecer los espacios, programas y actividades de bajo costo o gratuitas, además de medidas que reduzcan las desigualdades de acceso.
Casi la mitad de la población no destinó dinero a la actividad física
El uso de parques, canchas y otros sitios de acceso libre se refleja en el presupuesto de los hogares. El 45% de los consultados aseguró que no realizó ningún gasto relacionado con la práctica deportiva o recreativa.
Entre quienes sí destinaron recursos, el 16.2% indicó desembolsos de entre 25 mil colones (USD 55) y menos de 50 mil colones (USD 110). Otro 15.3% reportó gastos de entre 10 mil colones (USD 22) y menos de 25 mil colones (USD 55).
La compra de implementos o equipo fue el gasto más mencionado entre quienes incorporan el deporte dentro de su presupuesto, con el 21%. El pago de membresías a gimnasios o centros privados reunió el 15.2%, mientras que el 8.2% señaló desembolsos por atención física, sesiones de recuperación o servicios de salud.
Las redes sociales son el principal medio para enterarse de actividades recreativas y deportivas en cada cantón. El 73.2% de las personas dijo que obtiene esa información por esas plataformas, el 35.3% la recibe por WhatsApp y el 20.8% se informa por televisión, periódicos o radio.
El estudio comparó estos resultados con los de 2022, cuando el 59.2% de la población mencionó las redes sociales y el 28.4%, WhatsApp. A partir de esos datos, el informe señaló la importancia de fortalecer la divulgación mediante redes y servicios de mensajería.
Las preferencias deportivas varían por edad, género y escolaridad
La encuesta identificó diferencias en los hábitos según las características de la población. Los hombres mostraron una preferencia por disciplinas competitivas, de contacto y al aire libre, con los deportes colectivos destacados en el 89% de ese grupo.
Las mujeres priorizaron actividades vinculadas con el ritmo y el bienestar. El baile y la zumba registraron una presencia del 93% entre sus preferencias.
En San José predominan las actividades de ritmo y socialización. En Heredia, los gimnasios y otros centros deportivos encabezan las opciones, mientras que en Alajuela, Cartago y las zonas periféricas se observó una mayor inclinación por actividades realizadas desde el hogar y en entornos privados.
El segmento de entre 18 y 34 años se inclinó por los deportes colectivos, con el 55%, y asiste con mayor frecuencia al gimnasio. La población de 60 años o más mostró una preferencia por propuestas recreativas y vinculadas con la salud corporal.
Las personas con formación universitaria o de posgrado presentan una mayor propensión a asistir a lugares privados que requieren inversión económica, como gimnasios o rutinas de yoga y pilates. Los perfiles de menor escolaridad optan más por espacios comunitarios: los deportes de contacto alcanzaron el 48% entre quienes tienen secundaria completa y el baile y la zumba reunieron el 43% entre la población con primaria y secundaria.
El uso de pantallas aparece entre los obstáculos para niños y adolescentes
El 75.1% de los hogares con niños y adolescentes indicó que esa población realiza actividad física. El 52.2% respondió que los menores hacen ejercicio varias veces por semana, el 29.2% señaló una práctica semanal y el 13.4% afirmó que la realizan todos los días.
La escuela o el colegio fue el principal lugar para hacer actividad física, de acuerdo con el 42.1% de la muestra. Los parques, las plazas y las canchas públicas fueron mencionados por el 26%.
A diferencia de lo observado en la población general, el uso excesivo de pantallas fue señalado por el 21.5% como la principal razón que limita el ejercicio entre niños y adolescentes. La falta de tiempo de padres, madres o cuidadores recibió el 21.4% de las respuestas.
La encuesta fue elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), en coordinación con el Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder). La investigación se aplicó del 6 al 24 de abril de 2026.
La muestra incluyó a 1,220 personas y contó con un nivel de confianza del 95%. El margen de error fue de 2.8%.
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A top federal prosecutor in California said federal investigators have determined that all 20,000 people they flagged on the state’s voter rolls as «likely noncitizens» are not U.S. citizens.
Bill Essayli, the first assistant U.S. attorney for California’s Central District, told Digital that federal investigators have evidence that these 20,000 individuals received mail ballots this month. His office sued California last week seeking a court order to prevent any ballots they return from being counted.
«We’re not asking California to take any drastic steps other than to sequester the ballots from the suspected noncitizens,» Essayli said in an interview on Wednesday. «We believe it’s at a minimum of 20,000. That’s the floor.»
The potential ceiling, he said, is much larger. Essayli referenced a letter Homeland Security Secretary Markwayne Mullin sent to California in July that flagged nearly 200,000 voters as possible noncitizens.
DOJ OFFICIAL DEFENDS TRUMP’S NONCITIZEN VOTER PROBE ON ’60 MINUTES,’ ACCUSES SHOW OF EDITING OUT HER ANSWERS
Since then, federal investigators have been sifting through those records to identify people they believe they can verify as noncitizens.
He said 20,000 is only the current tally and expects thousands more names to be added in the coming days.
Earlier this week, Essayli got into a social media spat with Gov. Gavin Newsom over the state’s safeguards against noncitizen voting.
Essayli argued that California is allowing people without citizenship onto the voter rolls through its supposedly lax verification processes, while Newsom said the state follows all relevant federal law governing the integrity of elections.
In court filings, California election officials have pushed back against the Justice Department’s demands, arguing that county election offices lack both the authority and access to federal records needed to verify voters’ citizenship status.
They have also said that sequestering ballots from people on the DOJ list is impossible in cases where the ballots have already been processed. Once a ballot’s signature is verified, it is removed from its identifying envelope and processed alongside other ballots, meaning it can no longer be traced back to an individual voter.
STATE DEPARTMENT CONSIDERS SHARING PASSPORT RECORDS FOR VOTER CITIZENSHIP CHECKS
«That is true. That’s why we’re getting an emergency court order requiring them to put those ballots aside,» Essayli said. «Ballots have already gone out, people are filling them out and they’re being returned in process as we speak. So, the crime is occurring in real time.»
The DOJ escalated its push for immediate court intervention Wednesday, asking the judge to rule on its emergency request by noon Thursday. In Los Angeles County alone, officials have already processed 331,000 ballots, according to court records.
Essayli’s office filed suit on Oct. 15, roughly two weeks after California sent out mail ballots, including to the possible noncitizens on the DOJ list, according to the federal government.
When asked why the Justice Department didn’t act sooner, Essayli explained that investigators did not know exactly which voters would receive ballots until they were sent.
ELECTION CRIME ARRESTS KEEP PILING UP AS DEMS INSIST IT ‘JUST DOESN’T HAPPEN’
He said California should cooperate with the federal government to expedite the process of verifying voters’ citizenship.
That would involve providing additional identifying information, including driver’s license numbers and Social Security numbers when available, that federal investigators could cross-check against government databases.
California and dozens of other states treat this information as confidential and have refused to turn it over to the federal government, prompting the DOJ to take several of them to court.
In a separate lawsuit from Sept. 2025, the DOJ tried to compel California to provide its complete, unredacted voter-registration database, including names, Social Security numbers, home addresses and voting histories.
In January, a district court sided with California and dismissed the case, calling the government’s request «unprecedented and illegal.» The DOJ appealed the ruling and litigation is ongoing.
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«If California will make available or submit its records, we can quickly put them through our established systems to determine who’s a citizen and who’s not,» Essayli told Digital. «They’re forcing us to do it the hard way, which we’re willing to do because this is very important.»
He said every person on the current 20,000-name list was individually reviewed by a federal employee at U.S. Citizenship and Immigration Services and Homeland Security Investigations.
California officials, however, have questioned the reliability of the DOJ list.
Monica Flores, an assistant registrar-recorder in Los Angeles County, said in a court declaration that her office conducted a preliminary review of a sample of 200 records from the list that were associated with LA County addresses.
Of those, 112 corresponded to canceled or inactive voter registrations, meaning no ballot was mailed to those individuals for the November election, Flores said.
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«I don’t believe that, actually,» Essayli said. «The information we have is that they likely received ballots. So we are asking for the names of people they claim whose registration has been canceled.»
Essayli added LA County did not say when these registrations were canceled. He raised the possibility at least some were canceled after federal officials provided the state with their list.
«If they’re canceling now based on the records we provided, that’s great news,» Essayli said. «But that’s all to be determined.»
In the 200-person sample reviewed by LA County, Flores said that among records where birthplace was «meaningfully reported,» 38.9% indicated the person was born in the United States, which she called «strong evidence of citizenship.»
Essayli similarly disputed this conclusion, arguing that the birthplace information — much like the citizenship information itself — was provided by the registered voters themselves.
«They’re not independently checking any of this information,» Essayli said. «They’re going off the information that was provided to them by the person who registered to vote.»
The California Secretary of State’s office and the LA County Registrar-Recorder’s office did not immediately respond to Digital’s requests for comment.
Essayli said that his office is determined to follow through with its investigation because «one noncitizen voting is too many.»
«One illegal vote cancels out the vote of an American citizen. There are a lot of local elections that are decided on very few votes,» he said. «Noncitizens cannot vote in federal elections, and we intend to enforce that law.»
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INTERNACIONAL
France’s Macron blames protests on ‘ultra-left groups whose aim is to bring down the Republic’
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French President Emmanuel Macron vowed Thursday to ban protests by «individuals or groups with no legitimate authority» as he blamed «ultra-left groups» for riots and looting that spread across his country.
Macron made the remarks as thousands of protesters took to the streets of Paris on Thursday, according to The Associated Press, ahead of larger demonstrations set for this weekend.
«Last Saturday we had political and seditious acts by ultra-left groups whose aim is to bring down the Republic,» Macron was quoted by Reuters as saying following a meeting with intelligence officials.
The news agency reported that businesses in central Paris have started boarding up their windows over concerns of violence on Saturday. Local authorities also told Reuters that protests planned for Saturday in Lyon have been banned.
FRANCE COULD FACE EVEN WORSE DESTRUCTION WITH SECOND WEEKEND OF PLANNED RIOTS, STATE DEPT WARNS
Police officers block the street during a protest organized by student collectives and trade unions in Paris, France, on Oct. 22, 2026. (Reuters)
Macron said the strategy adopted for the coming days is to ban protests requested by «individuals or groups with no legitimate authority.»
«Where trade unions submit requests to hold demonstrations, prefects will examine them in accordance with the law, but alternative routes will be proposed» to protect city centers, businesses and public buildings, Macron said.
«The rules are simple, and I think they’re just common sense. The general recommendation is that there should be no demonstrations in the coming days,» he said. «For those who still want to protest, if they are trade unions, prefects will propose alternative routes.»
Organizers of the Paris protest on Thursday said an administrative court in the city overturned a ban issued by police after they challenged it. The Paris police prefecture previously said the ban was necessary, given the risk of street violence after groups of masked youth clashed with police forces, looted shops and torched cars over the weekend.
AMERICANS WARNED ABOUT PARIS TRAVEL AFTER VIOLENCE, LOOTING AND TEAR GAS-FILLED STREETS
A fire burns as police officers in riot gear stand guard during civil unrest in Paris, France, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices on Oct. 18, 2026. (Reuters)
The protests began in France in September with calls for education reform, before expanding into larger anti-government demonstrations that French officials say are being fueled by far-left groups.
Protesters gathered peacefully and chanted in the southeastern part of Paris on Thursday while they were watched by a heavy police presence, the AP reported.
Riot police officers run across a street during protests in Paris, France, on Oct. 17, 2026. (Bruno Camillo/Reuters)
Thursday’s planned protests were seen as a prelude to Saturday’s big demonstration, when activists from the «yellow vest» movement, whose demonstrations over fuel prices shook France in 2018 and 2019, and the CGT labor union, are expected to join.
The Associated Press contributed to this report.
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