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Una por una, las acusaciones contra Cristina Kirchner en el juicio por lavado – Nexofin

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Artículo publicado originalmente en Clarín

Cristina Kirchner se sentará, por tercera vez, en el banquillo de los acusados. Esta vez lo hará junto a su hijo Maximo, que también va a juicio por lavado de dinero en las causas de Hotesur y Los Sauces. El juicio arrancará este viernes de manera unificada luego de la decisión que tomó la Cámara de Casación. A la ex presidenta la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a lavar dinero a través de su hoteles y compañías y también de haber recibido dádivas. Entre las pruebas figuran los contratos con Lázaro Báez, la creación de empresas para lavar el dinero, movimientos de fondos y todo tipo de maniobras irregulares, según determinó la Justicia.

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En la trama de la investigación aparecen dos empresas, un socio estratégico, una misma maniobra. Son los puntos neurálgicos que se instituyen como vasos comunicantes entre Hotesur y Los Sauces. Las dos causas investigaron los mismos delitos. Hay doce imputados que se repiten en ambos expedientes. La conclusión de la justicia a lo largo de la instrucción y de las instancias siguientes que confirmaron lo corroborado, fue que la firma hotelera (Hotesur) y la inmobiliaria (Los Sauces) no tenían un fin comercial real, sino que sólo se utilizaron como “pantallas para lavar dinero”.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces, que firmaron en 2018 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la imputación penal y las maniobras atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner tienen como principal delito la asociación ilícita, agravada por su calidad de jefa.

Se le imputa haber “liderado una organización criminal orientada a sustraer fondos públicos y luego apoderarse de ellos a través de maniobras de lavado de dinero, con un marco temporal ampliado que abarcó desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2016”.

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Además de ese delito, se le atribuye el lavado de activos, por la “dirección, ejecución y sostenimiento del esquema de reciclaje inmobiliario y hotelero a través de Los Sauces S.A. entre enero de 2009 y marzo de 2016”.

En este expediente hay un delito más imputado a la ex presidenta: la admisión de dádivas, por la “percepción disimulada de beneficios económicos indebidos provenientes de los empresarios Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa en retribución por concesiones, contratos y beneficios impositivos otorgados durante su mandato”.

Las maniobras que le reprochan a Cristina Kirchner

Respecto a la inmobiliaria Los Sauces, en primer lugar la constitución y control societario de Los Sauces S.A. El 7 de noviembre de 2006 consta en el requerimiento, constituyó la sociedad comercial junto con Néstor Kirchner (45% cada uno) y Máximo Kirchner (10%), “desempeñándose formalmente como directora suplente y manteniendo el control de las decisiones sociales y asamblearias”.

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En ese rol, “aprobó actos de gobierno”, en su carácter de accionista mayoritaria, aprobó cada uno de los ejercicios económicos de la sociedad (2006 a 2016), avaló las adquisiciones patrimoniales y convalidó las contrataciones con las firmas de los grupos Báez e Indalo”.

Un dato central: Lázaro Báez y Cristóbal López representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria.

Posteriormente, se detalla la incorporación de inmuebles y aportes irrevocables al patrimonio societario de Los Sauces SA. El 25 de noviembre de 2008 Cristina Kirchner, transfirió en concepto de aporte irrevocable a favor de Los Sauces S.A. el terreno de la calle Alvear 391 (a título personal) y prestó el asentimiento conyugal para la cesión del lote de calle Mariano Moreno 882. Mientras realizaba estas cesiones, las constructoras de Lázaro Báez construían en ambos sitios sendos complejos habitacionales que luego fueron alquilados a las mismas firmas viales.

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Pero además, realizó un aporte dinerario para el departamento de Madero Center. El 20 de noviembre de 2008 aportó a la firma $317.000 (monto obtenido cinco meses antes tras venderle un terreno a Austral Construcciones), completando junto con Néstor Kirchner el pago para adquirir la unidad funcional 126 (piso 4° «L») y cocheras en el complejo Madero Center, dadas luego en locación al Grupo Indalo.

El Edificio Madero Center donde tenía varias propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner fueron allanadas por orden del juez Bonadio. Foto: Andrés D’Elia

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En esa misma zona, Cristina Kirchner adquirió a través de Los Sauces S.A. un dúplex de más de 600 m² (pisos 8° y 9°) y cinco cocheras, entregado en alquiler a la firma Inversora M&S, de Cristobal López.

Hubo más operaciones de las que participó: la compra a precio vil en El Calafate de un terreno de 18.153 m² por 136.149(7,50 el metro cuadrado), tasado luego en valores considerablemente superiores. También, el terreno lindero al hotel Los Sauces Casa Patagónica en la misma localidad, fue ella quien “participó en la compra en junio de 2010 de una parcela de 1.250 m² en El Calafate por $100.000”.

La “simulación”con Lázaro Báez

Entre las operaciones atribuidas y por las que deberá responder en el juicio, la ex Presidenta -versa la acusación-, se encuentra la “simulación de compraventa de lote con Austral Construcciones”. Incorporó a la sociedad un terreno de 1.250 m² en Río Gallegos perteneciente a la empresa de Báez, bajo una venta que tras ser revocada en los papeles nunca fue restituida ni pagada, considerándose judicialmente una donación encubierta del dueño del Grupo Austral.

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Las maniobras incluyeron la compra del Hotel La Aldea del Chaltén. La acusación detalla que la ex Presidenta adquirió a través de la sociedad, el hotel por la suma escriturada de $200.000 (tasado en $2.890.000 al momento de la operación), entregando su explotación comercial sucesivamente a Valle Mitre (Lázaro Báez) y a Idea S.A. (Osvaldo Sanfelice).

Todos los inmuebles adquiridos y de los que participó Cristina Kirchner, permitieron concretar el circuito de “alquileres simulados y percepción de fondos ilícitos”. En este ítem se incluyen los “contratos de locación ficticios o inflados”. Se la acusa de disponer el alquiler sistemático de los inmuebles de la sociedad a las empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre) y de Cristóbal López y Carlos De Sousa (Inversora M&S, Álcalis de la Patagonia).

Canalización del dinero

Así, se posibilitó la canalización monetaria. El requerimiento de elevación a juicio, expresa que “entre 2009 y 2016, la firma facturó $25.968.042,30, de los cuales el 88% correspondió exclusivamente a firmas de Báez (6.851.650,97)y del Grupo Indalo (18.554.725,76 directos y $561.665,57 a través de Idea S.A.). Esto produjo un incremento del patrimonio neto de la firma superior al 12.000%”.

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Como otra etapa del circuito de los fondos, fue indispensable la participación de la ex mandataria para la “incorporación del dinero a su patrimonio personal y beneficio indebido”. En primer lugar se detalló que hubo extracción de fondos bajo “devolución de préstamos”, es decir, retiró de “manera particular y justificada bajo el concepto de pagos y devoluciones de la cuenta de accionista la suma de $2.095.426,67, además de disponer de los fondos retirados por la sucesión de Néstor Kirchner ($4.625.260,52)”.

Finalmente, se señaló que Cristina Kirchner realizó un uso gratuito de bienes societarios. “Ocupó y fijó como vivienda particular la residencia ubicada en la calle Mascarello 441 de Río Gallegos, inmueble de propiedad de Los Sauces S.A., sin pagar ningún canon locativo ni contraprestación a la empresa, evidenciando la confusión patrimonial entre la firma comercial y los miembros de la familia”.

Lo mismo ocurre en la actualidad con San José 1111 donde cumple el arresto domiciliario en cumplimiento de la condena del caso Vialidad.

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Las maniobras en Hotesur

Como sostuvo el fiscal general, Diego Velasco, Los Sauces y Hotesur responden a una única maniobra de lavado de activos: mismos protagonistas, misma familia beneficiada (Kirchner), empresarios con vínculos comerciales con los ex Presidentes, entre otros aspectos.

En lo que respecta a la causa que se concentró en la firma hotelera, cuyo único inmueble es el Alto Calafate, los delitos imputados exclusivamente a Cristina Fernández de Kirchner es el lavado de activos en carácter de coautora.

A la hora de detallar el marco temporal de la acusación, la fiscalía delimitó que la ex Presidenta “diseñó, ejecutó y dirigió el esquema de reciclaje de fondos ilícitos entre el 10 de junio de 2005 y el 12 de noviembre de 2015, formulándose el reproche formal a partir de la entrada en vigencia de la Ley 26.683 debido a la tipificación legal del «auto-lavado» de activos”.

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El Hotel Alto Calafate e los Kirchner es investigado por lavado. Foto Opi Santa Cruz / Francisco Muñoz.

El Hotel Alto Calafate e los Kirchner es investigado por lavado. Foto Opi Santa Cruz / Francisco Muñoz.

Las maniobras concretas atribuidas en este expediente, son: la provisión de fondos líquidos para la compra de la cadena hotelera (2007-2008). Para poder adquirir los hoteles que “luego serían integrados al circuito de reciclaje, Cristina Fernández de Kirchner participó (en forma directa, prestando asentimiento conyugal o mediante el poder general otorgado a su hijo Máximo) en operaciones destinadas a obtener liquidez”.

Entre ellas se encuentra la venta masiva de inmuebles al Grupo Báez, ya que intervino y avaló la venta de al menos diez propiedades en Santa Cruz a las firmas Austral Construcciones S.A. y Epelco S.A. por un total de $15.103.096,50.

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El vínculo con Lázaro Báez también se vio forzado a través de un préstamo directo de Austral Construcciones a Cristina y Néstor Kirchner para la compra del hotel Alto Calafate. “Recepcionó en diciembre de 2007 de un mutuo dinerario de Austral Construcciones por $8.329.596,50”, señala la acusación.

También se detallaron los créditos del Banco de Santa Cruz, es decir, la obtención entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 de cuatro créditos bancarios por un total de $10.277.933,82. Posteriormente, se la acusó por haber brindado el consentimiento para la venta de terrenos que habían adquirido al municipio por $135.002,80 y que dos meses después (el 12 de enero de 2008) fueron vendidos en USD 2.000.000.

Todo permitió la capitalización de la compañía que después su inmueble, Alto Calafate, sería explotado por Lázaro Báez.

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Se analizó la adquisición y donación de acciones de la sociedad Hotesur S.A. Cristina Kirchner fue clave en la compra del paquete accionario. “Participó en la compra realizada el 7 de noviembre de 2008 de la totalidad del paquete accionario de la firma Hotesur S.A. (propietaria del Hotel Alto Calafate) por USD 4.900.000, estructurada formalmente a través de personas de confianza que actuaron «en comisión» (Osvaldo Sanfelice, Patricio Pereyra Arandia y Víctor Manzanares) para ocultar a los verdaderos adquirentes”.

También realizó una donación formal de acciones a Máximo Kirchner. Esto se concretó el 1º de diciembre de 2008, junto con Néstor Kirchner y ante el notario Ricardo Albornoz, “formalizó la donación de 10.000 de las 510.800 acciones de Hotesur S.A. a favor de su hijo Máximo para satisfacer la exigencia legal de pluralidad de socios en la sociedad anónima”.

El circuito de lavado

Sin la decisión de Cristina Kirchner, dice el Ministerio Público Fiscal, de poner a disposición los hoteles y los contratos con Valle Mitre (propiedad de Báez), la maniobra de lavado de activos no se habría concretado.

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Se concretó con su intervención, la entrega de la explotación a la gerenciadora de Báez. Fue Cristina Kirchner quien entregó, junto a su familia, la administración y gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas a la empresa pantalla Valle Mitre S.A. En ese contexto, en su calidad de accionista de Hotesur SA, “aprobó la gestión societaria, aprobó cada uno de los ejercicios económicos de la compañía entre 2010 y 2013, ratificó sucesivamente la contratación de Valle Mitre y designó a las autoridades del directorio que respondían a su círculo íntimo”, dice el requerimiento de elevación a juicio.

Esto fue indispensable para poner en marcha lo que la fiscalía denominó como el “circuito de facturación hotelera con sobreprecios”. Se trata de la canalización de fondos viales, a través de la estructura montada. Las empresas constructoras del Grupo Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Alucom, Don Francisco, etc.) transfirieron más de $86 millones a Valle Mitre mediante alquileres ficticios de habitaciones y salones.

Después, fue parte del ingreso de cánones locativos a favor de la familia Kirchner. Se detalla el Hotel Alto Calafate. A través de Hotesur S.A., la ex Presidenta percibió cánones locativos desproporcionados pagados por Valle Mitre por un total de $28.597.624. En lo que concierne a la Hostería Las Dunas, “cobró de forma directa cánones de alquiler garantizados por Báez por un monto acumulado de $6.909.708”.

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Finalmente, entre las acciones reprochadas, hubo una “incorporación del dinero a su patrimonio personal”. Sin realizar asambleas de distribución de dividendos conforme a ganancias líquidas y realizadas, “Cristina Fernández de Kirchner retiró personalmente de la cuenta de Hotesur S.A. la suma de $4.874.848,68 en concepto de «créditos» a favor de los accionistas, disponiendo de dicho dinero como fondos de apariencia lícita incorporados a su economía personal”.

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Ofensiva de palabra, retrocesos de hecho

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En su versión política, el rocker Javier Milei reversiona un clásico de los Beatles. En vez de entonar Twist and shout, el Presidente desafina por estos días “shout and twist” (grita y gira).

Enojos, insultos y bravatas en el país y en el mundo para sostener una posición dominante, mantener la centralidad y sobreactuar poder, por un lado. Concesiones y fuertes retrocesos, por el otro, como táctica defensiva para no perder por demasiado en algunas pujas relevantes, mientras la economía le sigue dando números rojos. Ofensiva de palabra y retrocesos de hecho.

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La semana internacional y parlamentaria, junto con los indicadores del Indec y el recrudecimiento de disputas y diferencias internas en el oficialismo, mostraron la verdad descarnada de la actualidad de la gestión mileísta.

Las imágenes que llegaron anteayer de España de un presidente desafiante, agresivo e intolerante con los periodistas e irritado (en su ánimo y en su epidermis) contrastaron con lo ocurrido en el Congreso. Cara y seca.

En la Cámara de Diputados se destacaron las contorsiones y renuncias que debió hacer el vicario parlamentario de la hermana Karina, Martín Menem, para evitar costosas derrotas legislativas. A cambio, obtuvo triunfos muy relativos, luego de sensibles concesiones, en los proyectos de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y de discapacidad.

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La reposición de las restricciones para la compra de tierras por parte de los extranjeros no residentes en el país, instauradas por la ley cristinista de 2011, así como la eliminación de la limitaciones extremas a la actualización de los aportes a las personas con discapacidad y el envío a comisión del muy cuestionado y de nula eficacia práctica proyecto oficialista sobre la situación de las personas endeudadas y en mora, muestran tanto las dificultades como las fronteras que cada vez le cuestan más trasponer al oficialismo en el Parlamento.

Esos resultados son hechos incontrastables que el marketing oficialista intentó maquillar. El objetivo era instalar la versión (poco sostenible) de haber obtenido triunfos legislativos con la aprobación de esos proyectos, cuyas versiones finales quedaron muy lejos de la desreguladora ley de tierras original y de la extremadamente austera iniciativa oficial sobre discapacidad, para encuadrarse en los límites que le fijaba el presupuesto 2027, en vías de tratarse.

La mejor demostración de la claudicación, calificada de pragmatismo por los voceros oficialistas, está contenida en un aviso de endurecimiento para próximos debates parlamentarios, que salió ayer de las usinas del karimenemismo.

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“Después de haber mostrado mucho pragmatismo en discapacidad, que es un tema muy sensible, ahora en universidades, presupuesto y reforma política el Gobierno va a fondo, sin negociar nada. Salvo algunos fondos para los gobernadores, pero nada para los del medio. O sea, sale el presupuesto como mandó Toto (Caputo) y la reforma política que mandó el Ejecutivo o nada”, dijeron colaboradores del presidente de la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué dicen los números de legisladores no mileístas necesarios para lograr la sanción de cada uno.

En el caso del cálculo de gastos e ingresos fiscales la gran duda que asoma es si ese anuncio de intransigencia no busca encontrar una excusa para repetir lo sucedido en 2024, que dejó sin presupuesto al ejercicio 2025 y prorrogó el entonces vigente. Eso le permitió a Milei gozar de enorme discrecionalidad en el uso de los recursos disponibles durante el año electoral.

El riesgo es que de repetirse ahora eso aumente la desconfianza de los mercados, a los que la incertidumbre política y la insatisfacción social han puesto en una actitud reticente y a la espera de que se aclare el panorama.

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Bullrich en la mira de Karina

Por todo eso, la advertencia karimenemista incluyó, además, un mensaje para la díscola jefa de la bancada libertaria de senadores, Patricia Billrich, que ha retomado la saga de la diferenciación con el mileísmo más rancio, lo que está claro que es otro motivo de irritación de la epidermis presidencial y de la de su hermana Karina. Aunque también eso trate de minimizarse. La interna eterna.

“La que tiene que decidir si están los votos en el Senado, ahora es ella, de ella depende. Tiene que ponerse de acuerdo con el Colo [Santilli], al que no le confirma si el número de senadores está. Por eso cuando plantea la necesidad de acuerdo con los gobernadores, en realidad parece estar hablando de ella y de la falta de acuerdo que tiene en el Senado”, dicen quienes hablan por el karimenemismo.

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Las reales o presuntas reticencias de los gobernadores y legisladores aliados o amigables son el emergente de una disputa interna en el oficialismo, que tiene raíces más profundas y que remiten a la estrategia electoral, para lo cual no parecen encontrar soluciones y acuerdos tácticos.

Bullrich y el jefe de Gabinete están en eso al frente de las diferencias, aunque Santilli opera con las férreas restricciones de un soldado de línea del karimenemismo mientras que la jefa de la bancada libertaria se mueve con la soltura de un francotirador. Además, no confrontan porque para pelearse se necesitan dos y el jefe de Gabinete es un experto en rehuir combates evitables.

Desde el lado del bullrichismo responden a los cuestionamientos del ala karinista con munición gruesa. “Lo de la reforma electoral es una discusión que no termina nunca. Cuando Diego [Santilli] cierra uno, se le cae otro. El problema es que no logran arreglar con los gobernadores a los que responden los senadores que faltan porque no terminan de ponerse de acuerdo. Toto [Caputo) y el Colo andan clamando por un acuerdo urgente, pero los Menem dicen que no hay que apurarse, para ceder lo menos posible a las provincias, no tanto en cuanto a fondos, sino en cuanto a candidaturas nacionales y provinciales. Quieren todo”, afirma una fuente de estrecha relación con la excandidata amarilla a Presidenta.

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“Sobre la reforma política ya le dije al Colo ‘esta es toda tuya, así que de vos depende, pónganse de acuerdo entre ustedes así avanzamos’”, dicen que se le escuchó advertir a Bullrich. Está claro que eso no es lo que piensa y espera de ella el karinismo. El orden interno sigue sin estar entre los logros de la gestión Milei.

La reaparición pública de Bullrich y su posteo con el mensaje típico de publicidad incógnita o campaña de intriga “Se vienen cositas” no hizo más que subrayar el estado de incertidumbre en términos económicos y electorales que impera ya no solo puertas afuera del oficialismo, sino que también contagió a algunos de los propios.

“La economía no está bien y no va a estar mejor. Por eso, lo mejor es cerrar con la mayor amplitud, porque con qué argumento van a volver a sostener la bandera del purismo. El relato de la anticasta ya quedó superado. No hay más impolutos”, ha dicho Bullrich a algunos de sus interlocutores. También ella sigue al pie de la letra la consigna de esperar y ver, convencida de que el escenario electoral está abierto. No es la única. También empresarios e inversores piensan y actúan igual.

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Las referencias a la situación de la economía golpean fuerte adentro del Gobierno. El sostenido y abrupto aumento del riesgo país, la nueva evidencia de la caída del consumo masivo y la retracción de la actividad económica, que pone al país a las puertas de la recesión técnica, fisuran el relato optimista.

La furia española

Esos datos duros parecen explicar, además, la ofensiva discursiva, que Milei encabeza exaltado, como quedó expuesto en su visita a Madrid, de la que se volvió con más cuestionamientos que logros y sin poder demostrar qué beneficio le reportó al país un viaje costeado por el erario público.

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Los renovados insultos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, incomodaron hasta a algunos de sus aliados, pero sorprendieron y escandalizaron menos que las descalificaciones a los cronistas españoles que le hicieron preguntas incómodas, lo que le valió amplias críticas y el rechazo formal de la asociación que representa a los periodistas de ese país.

“Milei no vino tanto a hacer campaña electoral por sus amigos y aliados españoles, sino más bien vino a hacer precampaña electoral para su reelección. Los destinatarios de lo que hizo estaban del otro lado del océano”, coincidieron analistas españoles. Mientras tanto, en estas orillas la ofensiva verbal tenía como contrapartida las concesiones concretas, que hicieron que hasta el kirchnerismo votara el remendado proyecto sobre discapacidad que terminó presentando el mileísmo.

Malvinas puede esperar

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En el plano legislativo, también resaltó el freno que debió imprimirle a la denominada “ley Malvinas” a instancias del gobierno amigo de Donald Trump, preocupado por los efectos que podría tener esa norma sobre empresas estadounidenses que podrían tener algún tipo de vínculo con la explotación petrolera que habilitó el Reino Unido en la zona del archipiélago usurpado y serían susceptibles de ser sancionadas.

A pesar de los intentos oficiales por desmentir o relativizar ese motivo, los enviados trumpistas, que llegaron ayer al país, confirmaron que el repentino stand-by del proyecto tenía como fuente las preocupaciones externas. El novedoso relato nacionalista, cuyo correlato concreto es el proyecto de ley ahora demorado, volvió a sufrir una fisura indisimulable.

El sueño de un Estados Unidos aliado de la Argentina para enfrentar a Inglaterra tiene demasiados bemoles, que el trazo grueso del oportunismo político y la diplomacia no profesional suelen descubrir cuando es tarde. No es la primera vez que sucede en la historia argentina y los antecedentes han sido funestos.

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El repentino congelamiento tiene otra derivación que impacta en el interior del oficialismo y aviva las disputas intestinas. La “ley Malvinas” contiene polémicos artículos referidos a la seguridad interior y la defensa que han puesto en alerta a opositores y organizaciones de la sociedad civil por los avances que podría tener sobre varios derechos fundamentales, así como por los gastos en defensa que podría conllevar.

El superasesor sin responsabilidad oficial Santiago Caputo, cuya mano y cabeza delinearon ese proyecto hoy en revisión, es el principal afectado por ese tropiezo. También en la administración trumpista hay líneas internas y no todos están en sintonía con el gurú. Los riesgos de jugar a muchas bandas en simultáneo, desde la periferia, con demasiada ambición y sin suficiente expertise, suelen ser elevados.

No puede extrañar, entonces, que sean días de ofensiva de palabra y retrocesos de hecho.

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Nueva cumbre entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner para ajustar la postura por las PASO y el Presupuesto

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Desde hace varias semanas que la cúpula del peronismo nacional intentaba encontrar un día y una hora para reunirse nuevamente. Tal como lo habían hecho en el Hotel Emperador, de la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de agosto pasado, en lo que fue una sorpresiva cumbre de unidad, catalogada así por concretarse en el medio de una interna interminable en el territorio bonaerense.

El día y la hora, finalmente, se encontraron. Tal como adelantó Infobae en el comienzo del jueves, la reunión será esta noche y los dos temas centrales que se hablarán serán: el futuro de las PASO y el Presupuesto 2027. Dos temas que el Gobierno tiene en agenda y busca tratar antes de que culmine el año.

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En el encuentro estarán los mismos participantes del último encuentro. Es decir, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, como representantes de las tres vertientes más voluminosas dentro del peronismo; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora; y los gobernadores de la coalición Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Ricardo Quintela y Máximo Kirchner se han reunido en más de una oportunidad para acercar posturas de cara al 2027

La postura para afrontar la discusión del Presupuesto es central porque el peronismo tiene que hacer converger una mirada uniforme respecto a las proyecciones económicas y los fondos públicos destinados. Cada gobernador tiene sus necesidades, su relación con la Casa Rosada y su influencia directa sobre las dos cámaras del Congreso. La intención es amalgamar esas posturas antes de que llegue el momento de tratar el proyecto en el recinto.

Respecto a las PASO, la gran mayoría de los integrantes del grupo están a favor de conservarlas. Melella es el único que se ha manifestado en contra de sostenerlas. Hay cierto consenso sobre la idea de que el próximo candidato a presidente del peronismo debe tener la legitimidad de los votos. Más allá de las internas y los resquemores, entienden que el espacio político necesita fortalecer a un futuro candidato.

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En las tribus justicialistas hay distintos poroteos respecto al número de senadores que van a acompañar la suspensión de las elecciones primarias. Muchos creen que el Gobierno no tiene los votos, motivo por el cual no puede avanzar en el recinto con la reforma política. Otros advierten que, más temprano que tarde, los libertarios van a conseguir el apoyo necesario y las PASO serán historia. No hay claridad absoluta. Tal vez, lo más preciso de todo, sea que su eliminación implicaría un gran problema para el conjunto del peronismo.

Sergio Massa y Axel Kicillof son dos de los dirigentes que forman parte del grupo reducido que se reunirá para definir una postura conjunta (REUTERS/Francisco Loureiro)

El foco no solo está puesto en el movimiento de los gobernadores, sino también del ex presidente Mauricio Macri, porque el PRO ya ha dado claras señales de que no está dispuesto a acompañar la eliminación o suspensión de las primarias. “Ni Macri ni Patricia Bullrich quieren sacarlas”, indicaron a Infobae cerca de uno de los gobernadores que están dentro de ese grupo chico del peronismo.

Si no hay PASO, la primera opción es tratar de organizar una interna justicialista. Sin embargo, la idea de armar una competencia partidaria o, tal vez, de la coalición, parece ser poco viable. Al menos, así lo creen varios de los dirigentes más importantes del peronismo. “¿Con qué plata? ¿Con qué control? ¿Con qué logística?“, se preguntó un gobernador ante la posibilidad de que el espacio político deba afrontar el desafío de ponerse de acuerdo sin elecciones primarias de por medio.

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La nueva cumbre justicialista no tiene una fecha definida. “Puede ser este jueves, el viernes o la semana que viene. Hay que ver si se pueden coordinar las agendas. Pero la voluntad está”, precisó a este medio otro de los nombres propios que están anotados en la selecta lista de invitados. Hasta ahora, la ausencia de algunos de los convocados fue postergando el encuentro.

Hasta aquí han existido muchas reuniones bilaterales entre actores de diferentes tribus. Todas con el objetivo de buscar acuerdos para encarar la etapa de definiciones. Más allá de las tensiones reinantes, existe la fuerza política la idea de que debe existir un piso de consenso para saber cómo discutir una síntesis cuando llegue el momento de discutir candidaturas.

Domestic,Politics,South America / Central America,Government / Politics

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Excarcelaron a otro sindicalista camionero que fue acusado junto a Cabaleyro por los bloqueos a una empresa de San Pedro

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El sindicalista Fernando Espíndola, acusado por los bloqueos a una empresa de San Pedro junto a Maximiliano Cabaleyro, jefe camionero absuelto hace una semana por un juez de San Nicolás, quedó en libertad condicional este jueves al mediodía. Espíndola se encontraba en prisión domiciliaria y espera la realización de un juicio abreviado en el que acordó, en caso de ser declarado culpable, una pena no mayor a los seis años.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº2 de San Nicolás, concedió la libertad condicional de Espíndola, detenido desde el 8 de abril de 2022. La magistrada será la encargada del juicio abreviado que afrontará el sindicalista por los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, una acusación que incluye los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión, y extorsión en tentativa.

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Al repasar las actuaciones que llevaron a la jueza a la decisión de otorgarle la libertad condicional a Espíndola, en la resolución se indica que un informe de la actuaria estableció que llevaba detenido cuatro años, cinco meses y nueve días, que cumplía con las medidas impuestas para su prisión domiciliaria, con “buena predisposición ante las intervenciones profesionales e institucionales” y que cuenta con “domicilio estable, ingresos familiares, acceso a atención sanitaria y una red afectiva presente”. La fiscal María del Valle Viviani dio su visto bueno a la excarcelación, al ser consultada.

Maximiliano Cabaleyro, el sindicalista de camioneros que fue absuelto tras un juicio por bloqueos a una empresa Iara Cerasi / El Norte

Entre otros puntos, la decisión de la jueza Baquedano se basó en que, al acordar un juicio abreviado con una pena de hasta seis años, ”ha desaparecido el interés de la acusación en mantener la medida de coerción, del modo en que fuera dispuesta oportunamente» y se cumplió el “requisito temporal legalmente requerido”.

La libertad condicional concedida a Espíndola incluye entre sus requisitos el de “no acercarse al domicilio ni a la personas de las victimas −Gustavo y Ariel Rey− ni establecer contacto por ningún medio”.

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El 14 de octubre, Cabaleyro (que era secretario general del sindicato en San Nicolás Ramallo y San Pedro, y concejal peronista en San Nicolás) fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal nicoleño que le jueza Baquedano, en una investigación por delitos en los que Espíndola aparece mencionado como partícipe.

Pero Espíndola optó por no ser juzgado en ese mismo proceso, sino acordar un juicio abreviado que tendría resolución en los próximos días. Su abogado defensor es Mauricio Gugger, el mismo de Cabaleyro.

Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .

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