A horas de que se defina el futuro político de Brasil, un socio estratégico para la Argentina, en la Casa Rosada se ilusionan con un triunfo de Flávio Bolsonaro en el balotaje y creen que la eventual victoria del dirigente de derecha puede representar un punto de inflexión en la relación bilateral de los países, muy tensa en los últimos años, y, sobre todo, para los planes de Javier Milei de avanzar con una agenda de crecimiento para la Argentina y de apertura comercial en la región.

La apuesta del Gobierno por el opositor de Luiz Inácio Lula da Silva no es nueva. Meses atrás, el líder libertario viajó a San Pablo para respaldarlo en un acto de campaña, un gesto que derivó en un conflicto diplomático luego de algunas declaraciones contra el actual mandatario de la nación vecina y contra uno de los integrantes del tribunal supremo.

Pese a ese nivel de involucramiento por parte del Presidente cuando la reelección del referente del socialismo estaba casi garantizada, según pudo saber Infobae, no habrá una delegación argentina en los comicios de este domingo.

Fuentes del entorno de Milei explicaron a este medio que la decisión responde a cuestiones de seguridad, debido a la presencia de bandas criminales consideradas peligrosas en Brasilia, lo que vuelve complejo cualquier operativo de traslado para una comitiva.

El perfil bajo del oficialismo argentino contrasta con los gestos del kirchnerismo, que tuvo a la diputada Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, fotografiándose con Lula en un gesto de respaldo tras los malos resultados en la primera vuelta, en el que terminó segundo.

En contraste, en el búnker de Bolsonaro no se mostraron representantes de La Libertad Avanza (LLA) y lo mismo ocurrirá en el balotaje: ni Juliana Santillán, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ni su par en el Senado, Bruno Paoltroni, viajaron a Brasil este fin de semana.

Tampoco lo harán funcionarios del Gabinete ni otros posibles delegados nacionales, como Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien consideró que su lugar en la línea de sucesión presidencial no era compatible con una actividad política de esta magnitud, ya que piensa que significaría intervenir en el proceso democrático.

De esta manera, el único libertario que estará en Brasilia será el diputado Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich, en medio de la tensión que la ex ministra de Seguridad mantiene con el resto de la cúpula del Gobierno.

Recientemente, Bolsonaro le pidió a Bullrich que le envíe un video de respaldo dirigido especialmente a las mujeres de Brasil, un segmento decisivo en una elección, que llega según los últimos sondeos con pronósticos ajustados.

Más allá de la decisión sobre la comitiva, lo que domina las conversaciones puertas adentro de la Casa Rosada es la expectativa sobre lo que podría significar para la región un cambio de signo político en el Palacio de Planalto.

En el Gobierno local interpretaron el reciente debate presidencial como una señal favorable para Bolsonaro, a quien calificaron de “muy sólido” frente a un Lula que, según la lectura oficial, “mostró su decrepitud”. De todos modos, son cautos con el pronóstico y calculan que el balotaje “va a seguir siendo muy ajustado”, a pesar de que el enfrentamiento televisivo entre los candidatos “ayudó mucho”.

El motivo de fondo detrás de ese entusiasmo tiene que ver con una lectura geopolítica más amplia. Uno de los funcionarios que sigue de cerca la campaña brasileña y que mantiene informado a Milei sobre su evolución, en paralelo al canciller Pablo Quirno, explicó por qué consideran que lo que suceda del otro lado de la frontera trasciende ampliamente lo bilateral.

“Es mucho más importante de lo que parece. Europa va camino a una guerra mundial sí o sí y Brasil es una potencia económica enorme que tiene buen trato tanto con los países asiáticos como con los americanos, a nivel comercial, olvidándonos de lo político, que va aparte. Si se alinean los intereses económicos y políticos de una nación, suelen crecer muchísimo”, sostuvo.

Para esa fuente, el escenario internacional actual potencia la relevancia de lo que ocurra en la región, ya que, “en un contexto donde se viene una devastación, que a Brasil lo gobierne algo racional va a ser un golazo”.

“Podemos tener alianzas en todos los niveles con un bloque latinoamericano, sacando a México, que es muy importante. Que por lo menos que haya cuatro años de coherencia en Latinoamérica es un golazo, porque de esa manera atraes a todos los capitales que se están yendo de Europa, que se resguardan en otros activos”, planteó.

Esa expectativa se conecta de manera directa con uno de los objetivos que Milei viene sosteniendo desde el inicio de su gestión, que es el de flexibilizar las reglas del Mercosur, un bloque que bajo la conducción de Lula se mostró reacio a introducir cambios estructurales y que el Gobierno argentino considera un freno para sus planes de apertura comercial.

“El Mercosur no sirve más. La ley no es monolítica, todo cambia todo el tiempo. Creer que algo que se hace hoy va a servir para mañana es un acto de soberbia estatal. Hay que darle suficiente flexibilidad a las instituciones para que se adapten permanentemente”, afirmó la misma fuente.

El funcionario reconoció que modificar el esquema actual del bloque “va a ser una tarea titánica”, si es que finalmente se avanza en ese sentido, porque se trata de un organismo “muy complejo”, pero destacó que “ya hay varias ideas sueltas” y “se puede ir diseñando un nuevo esquema”.

Con ese horizonte, en la Casa Rosada esperan el resultado del domingo con la convicción de que un triunfo de Bolsonaro no solo sumaría un nuevo aliado ideológico en la región, sino que también podría destrabar una de las principales complicaciones que el Gobierno identifica para avanzar con su agenda de libre comercio dentro del bloque sudamericano.

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Tras las tensiones por la reforma del sistema de Discapacidad, el Gobierno se enfoca en alcanzar un acuerdo con las universidades para el Presupuesto 2027.

La Casa Rosada busca negociar mayores partidas o beneficios sobre las contribuciones patronales para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y reducir el conflicto judicial. En el Ejecutivo reconocen que el objetivo político es evitar nuevas movilizaciones masivas y llegar al verano sin otro frente de disputa de cara a las elecciones.

“La idea es cerrar el tema Discapacidad y meter las partidas dentro del Presupuesto 2027”, aseguró a TN un funcionario de primera línea del Gobierno. En Balcarce 50 sostienen que el costo fiscal del entendimiento alcanzado en Diputados es manejable y que los principales sectores de la conducción oficialista acordaron avanzar con esa salida durante las reuniones de la mesa política.

El próximo paso será profundizar los contactos con las autoridades universitarias para intentar cerrar el conflicto por el financiamiento. En Nación aseguran que están dispuestos a revisar las partidas incluidas en el proyecto presupuestario y a utilizar herramientas adicionales para acercar posiciones con los rectores. También pretenden que un eventual entendimiento permita reencauzar la disputa judicial por la aplicación de la ley vigente.

“Hay opciones de negociación. Una es subir en un intermedio los fondos, entre lo que damos y lo que piden, y otra es llegar a un acuerdo por las contribuciones patronales de ARCA”, explicó otra fuente oficial. La Casa Rosada todavía no definió cuál de las alternativas priorizará y tampoco descarta combinarlas para construir una propuesta que pueda obtener el respaldo de las universidades y de los bloques aliados.

La discusión parte de una diferencia de aproximadamente $3,3 billones entre las partidas previstas por el Ejecutivo y los recursos reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,7 billones para el sistema universitario, mientras que los rectores calculan necesidades cercanas a los $11 billones. El Gobierno descarta aceptar automáticamente esa última cifra y busca negociar un monto intermedio.

La segunda alternativa consiste en modificar el régimen de contribuciones patronales que pagan determinadas universidades nacionales. El Ejecutivo analiza mantener condiciones reducidas para las instituciones alcanzadas por los planes de regularización de deudas previsionales y evitar aumentos significativos de sus obligaciones. La herramienta permitiría aliviar parte de los costos salariales sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias presupuestarias.

El esquema vigente surge del Decreto 1571/2010 y fue modificado por el Decreto 645/2023, que estableció una escala progresiva de convergencia hacia las alícuotas generales una vez canceladas las deudas. Para las universidades comprendidas en ese régimen, la tasa correspondiente a los subsistemas previsionales alcanzados pasa del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027. El Gobierno evalúa negociar cambios en esa evolución, aunque todavía no definió porcentajes ni el instrumento normativo.

“ley de Malvinas”,,La visita al país del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau,,Delfina Galarza,Cecilia Devanna,Conforme a