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Javier Milei condiciona los pasos de su Gobierno y suma tensión al vínculo con los aliados

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“Por supuesto que resta. No veo lugar donde eso sume”, precisó ante Infobae en estricta reserva una fuente que transita a diario Casa Rosada. La valoración remite a las definiciones del presidente Javier Milei, quien durante su visita a Neuquén a principios de semana volvió a relativizar las dificultades de los sectores de la sociedad que no llegan a fin de mes. La polémica suma un nuevo frente de preocupación para un Gobierno que busca ordenarse rumbo a las elecciones de 2027.

Aferrado a la literalidad de su planteo, el mandatario insistió en preguntarse cómo hace la gente para “comer y beber” los 10 días que restan del mes, mientras el ala política intenta resolver sus diferencias internas para sellar los acuerdos necesarios con los gobernadores aliados. Además de intentar sentar las bases para un nuevo mandato en 2027, objetivo central de los libertarios, el Poder Ejecutivo busca avanzar en la agenda legislativa trazada.

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La decisión de Milei de confrontar con lo que definió como “una pelotudez del tamaño de una casa”, en referencia a los planteos sobre las dificultades de las familias para cubrir sus gastos hasta fin de mes, parece empantanar la labor de los propios funcionarios. A eso se suman sus recientes cruces con periodistas españoles por la situación económica, que también colocan a la administración libertaria en una posición incómoda.

“Sus posiciones muy extremas como la de España nos complican porque nos pone en una situación muy border”, confesó un integrante del Gabinete. “Es una mala idea, pero es un Presidente que nunca recula. Si está pensado comunicacionalmente es extraño y nos puede meter en un quilombo grande porque el bolsillo no deja de ser el órgano más sensible”, coincidió un legislador libertario, que parafraseó a Perón. El dirigente aclaró que detrás de esa confrontación se esconde una ofensiva del Presidente contra los medios de comunicación y la oposición.

Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén

Pese a que hay coincidencia en que la formulación no fue la adecuada, al menos desde lo comunicacional, quienes lo justifican aseguran, irónicamente, que no hay que tomar su expresión de manera literal. “No fue literal, quiso cuestionar el eslogan que quiere instalar la oposición. La forma supone un riesgo, sí, pero es un presidente que estila tomarlos”, intentó explicar un funcionario.

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Fiel a su olfato político, la senadora Patricia Bullrich se anticipó con un planteo que apuntó a correr el foco del periodismo y reubicarlo en las respuestas que el Gobierno debe dar a la sociedad. “Tenemos que definir a quién le hablamos. ¿Comentamos lo que dice el periodismo o salteamos todo y vamos a la gente? Tenemos que dejar eso e ir a la gente donde encotramos los problemas reales. Tenemos que atender al ciudadano y mediar lo menos posible”, expresó Bullrich en una entrevista en Infobae En Vivo.

Desde su entorno aseguran que la legisladora, que volvió a sorprender el pasado viernes con un sugestivo video en clave electoral, intentó abordar el tema desde una perspectiva más cercana a los problemas cotidianos y mostrarse “comprensiva” con la realidad de una parte de la sociedad. Con ese desmarque, Bullrich busca contener dentro del oficialismo a quienes toman distancia de las expresiones del mandatario y evitar que el malestar se traduzca en un alejamiento del espacio.

Tanto la reacción de Milei como el contrapunto de la senadora se producen en un contexto en el que las principales demandas de la sociedad continúan siendo económicas, según distintas mediciones.

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Un informe realizado por la consultora Zentrix indicó que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes y que la proporción asciende al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% en la clase baja. El endeudamiento es otra señal de las dificultades para llegar al final del mes: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses. A la par, el 81,8% de los consultados siente que su salario no le gana a la inflación.

Patricia Bullrich, senadora nacional por LLA, en Infobae en Vivo

En otro indicador del endeudamiento de los hogares, un informe del Banco Central reflejó que la mora de las familias registró una leve baja en agosto y se ubicó en el 12,81%, lo que representó un descenso de 0,13 puntos porcentuales respecto de julio. La evolución fue dispar: cayó la morosidad de las tarjetas de crédito, pero los préstamos personales y, en menor medida, los prendarios mostraron leves subas.

Las expectativas económicas a futuro tampoco muestran señales de mejora. La encuesta mensual que elaboran AtlasIntel y Bloomberg refleja que, en septiembre, el 55% de los encuestados respondió que considera que la situación económica empeorará en los próximos seis meses, el 31% prevé una mejora y el 14% cree que permanecerá igual.

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El contraste entre sus dichos y los datos económicos obligó al presidente libertario a aclarar su postura y a reconocer que los indicadores de pobreza e indigencia arrojan cifras complejas. “No es que no entendemos el problema de que las personas estén teniendo postergaciones, está reflejado en el treinta y dos por ciento de pobreza. La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia a su regreso de España.

La formal incomodidad de los aliados

La preocupación interna es compartida por los aliados, que reconocen malestar ante determinadas expresiones, aunque eso —al menos por ahora— no se traduce en una quita de apoyos al rumbo del Gobierno.

“Los dichos caen muy mal y a nosotros nos deja en una posición incómoda. Nunca nos pudimos separar porque nuestro electorado no lo permitía, pero ahora se retiran por estas cosas y nos dejan pegados”, explicó un legislador de un espacio aliado.

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El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, junto al ministro de Economía, Luis Caputo

El malestar también se hizo oír entre los representantes de las provincias. “Nadie entiende esas declaraciones o por qué dice lo que dice. En las provincias las cosas no andan bien. Pero bueno, hay que concentrarse para que el Congreso funcione sacando las leyes”, plantearon ante este medio desde el entorno de un gobernador del norte.

Tampoco fue casual la advertencia del salteño Gustavo Sáenz, quien esta semana estuvo en Buenos Aires y pidió acelerar la “reactivación del consumo”. “Cuando el Presidente se enoja y toma literalmente lo del día 20, que la gente no llega al día 20, por supuesto se enoja y en su forma lo toma muy literal. Lo que estamos diciendo es que claramente la gente no está bien, que la gente no la está pasando bien”, sentenció el gobernador en una entrevista a TN.

Sin embargo, en Casa Rosada le bajan el precio a la posibilidad de que las diferencias impacten en el vínculo con los aliados y confían en que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, profundizará, en coordinación con Karina Milei, los canales de diálogo con los gobernadores. En paralelo, el Congreso aún debe tratar la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas clave.

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“A los políticos no les importa la gente”, argumentó una fuente con acceso al despacho presidencial. “Los aliados no se tienen que hacer cargo necesariamente de lo que dice el Presidente. Solo defender el modelo y apoyar las reformas”, sumó un funcionario.

Una muestra del estado de las conversaciones quedó plasmada durante la última sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo logró anotarse victorias pírricas luego de verse obligado a modificar algunos proyectos para avanzar en su aprobación. Las gestiones se dieron con el Presidente afuera del país, en Madrid, abocado a apuntalar la campaña electoral de la derecha española. Una escena que se repitió en las últimas semanas desde distintos puntos de mundo.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Tras la media sanción en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reincorporó las restricciones a la compra de tierras impulsadas originalmente por el kirchnerismo, los libertarios avanzaron además con una nueva Ley de Discapacidad, pese a las quejas del Ministerio de Economía, y lograron bloquear las propuestas opositoras en torno al tema de morosidad.

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¿Pragmatismo o entreguismo?

Como todo, el avance en la agenda legislativa da lugar a una serie de lecturas internas respecto a la posición de La Libertad Avanza en el Congreso. Por un lado, están los que destacan el pragmatismo y la muñeca política que se jactan de haber adquirido en el último tiempo como una vía para cumplir con los objetivos.

“Hay momentos en los que sabemos que hace falta negociar. Estamos ante un cambio de estilo. Hay tiempo para todo”, expresó un funcionario que responde a este grupo. Entre quienes se muestran abiertos a consensuar con los aliados están Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

En Balcarce 50 destacan que la experiencia negociadora de Diego Santilli refleja el músculo político que logró construir la administración libertaria. En contraposición, sostienen que, pese a la vocación dialoguista de Guillermo Francos cuando ocupaba la Jefatura de Gabinete, el contexto político no era el mismo.

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No obstante, esta postura encuentra resistencia entre los Caputo, que cuestionan algunas concesiones porque consideran que desvirtúan las iniciativas. Distanciado de las definiciones políticas que estila a delegar en su hermana, Javier Milei evita tomar postura e influir en las decisiones de la mesa política.

La discusión excede la táctica parlamentaria. Mientras algunos defienden la negociación como una herramienta para sostener la agenda legislativa, otros advierten sobre las consecuencias que las concesiones podrían tener para los proyectos. En medio de esas diferencias, el ala política también debe lidiar con un escenario económico complejo, una serie de definiciones pendientes y los traspiés del mandatario, que profundizan las dificultades en la relación con los aliados.

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Caso $LIBRA. Jueces, fiscales y vínculos con el poder: el derrotero de una causa destinada al archivo

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El fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Javier y Karina Milei en el caso $LIBRA sin que quedara en pie un acusador que pudiera apelarlo, es el final de una compleja ingeniería judicial.

El 4 de septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei, confirmó la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que pedían ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron con la compra de la criptomoneda que promocionó el Presidente. Sin querellantes, quedaba como único acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien –se supo el viernes- promovió el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen que se mantuvo en reserva.

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Con el fiscal pidiendo lo que pretendían las defensas y sin posibles víctimas que pudieran ser escuchadas en el expediente, no quedó quien apelara y solicitara la reapertura del caso. Al menos, no en principio. Todavía hay un camino, pero no es nada sencillo. “La causa ya está herida de muerte”, dijo un experimentado funcionario de Comodoro Py.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (mano en alto), en la jura de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como camaristas federalesRicardo Pristupluk

Aquel fallo de la Cámara Federal que validó las exclusiones de los querellantes dispuestas por Martínez de Giorgi fue clave para este desenlace. Lo firmaron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

El concurso del Consejo de la Magistratura que permitió que Bertuzzi entrara en la terna de candidatos de donde lo eligió Milei fue un trámite poco ortodoxo. Tras corregirse los exámenes escritos y analizarse los antecedentes de todos los concursantes, Bertuzzi había quedado en el puesto 21°. Después de la entrevista personal –la parte más discrecional del proceso-, el dictamen de mayoría de comisión lo llevó al lugar 16°, lejos todavía de las ternas (tenía que entrar entre los seis primeros). Pero este año, el consejero juez Diego Barroetaveña volvió a analizar las entrevistas de todos los postulantes (son filmadas y subidas a YouTube) y, tras esa revisión, Bertuzzi pasó al sexto lugar. Justo lo que necesitaba para llegar. El 2 de septiembre Milei lo nombró y dos días después confirmó la exclusión de los querellantes de $LIBRA. Fue una de las decenas de designaciones de jueces de Milei, que incluyeron el nombramiento de la mujer de Martínez de Giorgi, dos meses antes, como magistrada federal de Hurlingham.

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A fines de 2023, Llorens y Bertuzzi (por entonces camarista trasladado, no titular) habían revocado un sobreseimiento de la expresidenta Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K. Aquel fallo solo fue posible porque esa vez ambos camaristas hicieron una interpretación amplia sobre quién puede ser querellante. Cristina Kirchner estaba sobreseída a pedido de la fiscalía y se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro: pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada) y reclamó que el caso se reabriera. Llorens dijo entonces que los argumentos expuestos por Bases Republicanas resultaban “suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.

En el caso $LIBRA, en cambio, Llorens y Bertuzzi fueron estrictos al sostener que los damnificados no habían logrado probar su condición de víctimas del supuesto delito, que no acreditaron la existencia de un engaño que los hubiera hecho invertir en la criptomoneda. Validaron así lo que había sostenido Martínez de Giorgi. Era, en los hechos, prácticamente pedirles a los querellantes que probaran el delito que la propia causa estaba investigando.

El fiscal federal Eduardo Taiano Fiscales.gob.ar

Fue así como el expediente quedó con Taiano como único acusador. Tampoco intervino en esta causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -organismo del Ministerio Público que suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos-. Taiano no le dio intervención, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto un expediente sobre $LIBRA.

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Esta Procuraduría, dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, llevó adelante causas de las que los fiscales se habían bajado. Fue así, por ejemplo, como consiguió la reapertura del caso Skanska. La PIA insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.

Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostienen que el fiscal pidió los sobreseimientos y el juez los dictó, y que la PIA, que no fue siquiera notificada, ya no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal del caso.

La única vía para una eventual reapertura de la causa sería una intervención de la Cámara Federal de Casación, especulan en Comodoro Py. Las presuntas víctimas excluidas de la causa presentaron un recurso de casación contra el fallo de Bertuzzi y Llorens. Estos camaristas no se lo concedieron (es decir, no les habilitaron el camino al tribunal superior), pero quienes buscan ser querellantes fueron directo, “en queja”, a esa cámara. Ahora les espera un proceso que, en el mejor de los casos, es largo. Y que podría ser muy corto si directamente les rechazaran su queja.

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En la Casación coinciden en que no es posible que sean repuestos como querellantes antes del jueves próximo, cuando vencería el plazo para apelar los sobreseimientos. No dan los tiempos. Si Casación abre la queja, los camaristas deberían notificar a las partes, convocar a una audiencia y recién después decidir. La sala que tiene pendiente resolver este tema está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Fuentes judiciales dijeron a que hasta el momento los camaristas no tienen una decisión consensuada.

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano LlorensTélam

Las presuntas víctimas podrían presentar de todos modos, antes del jueves, una apelación a los sobreseimientos de Martínez de Giorgi, confiando en que a futuro la Casación las reponga como parte. Un recurso extremo en una causa en la que hoy no intervienen, contra un fallo que nadie les notificó, y para intentar ser habilitadas a impulsar una causa desde cero, en contra de la fiscalía, con un juez que ya decidió que no había nada que investigar.



sobreseyó,confirmó,Paz Rodríguez Niell,Conforme a

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Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”

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En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.

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“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.

El ministro de Salud, Mario Lugones (Foto: Adrián Escandar)

El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.

Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.

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Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

La CGT organizó tres reuniones con el Gobierno por la crisis de las obras sociales, sin resultado positivo

Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

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Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.

Los fondos para las obras sociales, eje de una fuerte preocupación de los sindicatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.

“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.

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Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

La crisis de las obras sociales sindicales afecta la atención médica de los afiliados

La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.

La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.

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Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.

La CGT advirtió que hay

La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.

Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.

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La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.

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Lorenzetti justificó la inhabilitación a Cristina Kirchner: “No fue el primer caso”

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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que “no hay personas proscriptas” en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.

Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. “Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.

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Cristina Kirchner cumple condena en su domicilio de la calle San JoséHernan Zenteno

Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.

En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación “es una medida que está prevista hace muchos años en el Código”.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte SupremaRodrigo Nespolo

Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.

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Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble ntes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja.

El TOF 2 dictó la condena contra Cristina Kirchner, que luego fue confirmada por Casación y quedó firme tras la intervención de la Corte

“Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.

El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.

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