Julián Curi, el funcionario que tenía bajo su responsabilidad la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF), presentó su renuncia indeclinable al Ministerio de Seguridad Nacional por diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva sobre la estrategia para administrar la crisis de sobrepoblación carcelaria y el alojamiento de detenidos en establecimientos federales.

La renuncia quedó formalizada mediante una nota dirigida a Monteoliva, a la que accedió Infobae. En el documento, Curi reivindicó su gestión, agradeció el respaldo político recibido y solicitó que su dimisión fuera aceptada de inmediato. El pedido estuvo acompañado por una advertencia sobre las consecuencias judiciales que enfrentaba personalmente por las disputas entre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y distintos tribunales federales.

Al menos tres fuentes consultadas por Infobae, interiorizadas sobre las circunstancias que rodearon la salida del funcionario, desligaron la decisión de dar un paso al costado de las tensiones que Patricia Bullrich mantiene con distintos sectores del Gobierno y de las últimas diferencias públicas que la senadora expresó con el presidente Javier Milei. Los testimonios coincidieron en que la renuncia respondió a desacuerdos sobre la gestión penitenciaria y no a un movimiento político vinculado con la presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza.

La distinción resulta relevante porque Curi es uno de los funcionarios que llegaron al Ministerio de Seguridad de la mano de Bullrich y mantuvieron su vínculo político con la actual senadora. Sin embargo, las diferencias que precipitaron su alejamiento estuvieron concentradas en la estrategia para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, el traslado de detenidos desde dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires y las obligaciones que recaen sobre el Servicio Penitenciario Federal.

El desacuerdo con Monteoliva se profundizó cuando desde la conducción del Ministerio se plantearon cambios en la estrategia que venía desarrollando la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Ante la falta de consenso sobre cómo continuar, Curi optó por presentar su renuncia indeclinable. Según pudo saber Infobae, las diferencias fueron de carácter profesional y estuvieron vinculadas con la definición de prioridades para administrar un sistema penitenciario con limitaciones de infraestructura, recursos y capacidad de alojamiento.

Curi había sido designado el 2 de enero de 2024, durante la gestión de Bullrich, y permaneció en el cargo cuando Monteoliva asumió la conducción del Ministerio. La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios depende directamente de la ministra, sin una secretaría intermedia, y ejerce la conducción política del SPF. Bajo esa estructura funcionan 34 unidades y establecimientos penitenciarios federales. La conducción operativa del organismo está a cargo de Fernando Martínez, quien continúa al frente de la institución.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Nacional no definió quién reemplazará a Curi al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, un área estratégica para la administración de las cárceles federales, la coordinación con las autoridades judiciales y la definición de las políticas de alojamiento y tratamiento de las personas privadas de libertad.

En su carta, el funcionario sostuvo que dejaba el puesto “con la tranquilidad de haber dedicado mi esfuerzo y compromiso al servicio y a la defensa de los intereses del Estado Federal y del Servicio Penitenciario Federal”.

También dedicó un párrafo a sus principales respaldos políticos. Expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y, en especial, a Patricia Bullrich, por “la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”.

La mención a las máximas autoridades del Gobierno y a la exministra de Seguridad también buscó dejar constancia del reconocimiento político al concluir su paso por la función pública. El alejamiento quedó planteado como una consecuencia de diferencias sobre la administración de un área específica, en la que las decisiones involucran recursos presupuestarios, capacidad operativa y obligaciones judiciales que pueden resultar contradictorias.

Las diferencias por la sobrepoblación y el traslado de detenidos

Uno de los principales problemas que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal es la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de plazas disponibles en las cárceles federales provocó que comisarías y alcaidías porteñas funcionaran durante períodos prolongados como espacios de detención, una situación que generó sucesivas controversias judiciales.

El conflicto adquirió una dimensión particularmente compleja por las órdenes de distintos tribunales. Mientras la Justicia porteña exigía avanzar con el traslado de detenidos hacia establecimientos penitenciarios, diversas resoluciones de jueces federales establecieron restricciones a la cantidad de internos que podían alojarse en determinadas unidades.

Ese escenario colocó a los responsables del SPF ante obligaciones difíciles de compatibilizar: recibir personas provenientes de comisarías y alcaidías y, al mismo tiempo, respetar los límites de alojamiento establecidos por otros magistrados. La controversia sobre cómo cumplir esas decisiones judiciales se convirtió en uno de los elementos centrales de las diferencias sobre la estrategia penitenciaria.

La discusión no se limitaba a determinar cuántos detenidos podían incorporarse al sistema. También involucraba la distribución de los recursos disponibles, las prioridades de alojamiento, las responsabilidades de cada jurisdicción y las condiciones en las que debía garantizarse el cumplimiento de las decisiones judiciales.

En ese contexto, el cambio de estrategia impulsado desde la conducción del Ministerio encontró diferencias con los criterios que venía aplicando la Subsecretaría. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre cómo administrar esa situación terminó por precipitar la renuncia.

Curi advirtió sobre multas que podían afectar su patrimonio personal

Uno de los pasajes más significativos de la carta aparece en el último párrafo, donde Curi explicó las razones por las que solicitó la aceptación inmediata de su dimisión. Allí describió el conflicto entre las decisiones de la Justicia federal y las órdenes impartidas desde la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario argumentó que, por su tarea en defensa del “status federal del Servicio Penitenciario Federal” y ante “la progresiva intromisión e interferencia de un tribunal jurisdiccional local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo concordantemente decidido por diversos jueces federales”, había quedado expuesto a posibles sanciones judiciales.

La advertencia fue aún más precisa. Curi señaló que había sido apercibido por la posible comisión de los delitos de “desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” y por la eventual aplicación de “astreintes diarios sobre mi patrimonio personal”.

Las astreintes son multas coercitivas que pueden imponerse para forzar el cumplimiento de una decisión judicial. En este caso, la sanción prevista era de $ 200.000 diarios y recaía sobre el patrimonio personal del funcionario, aunque no había llegado a ejecutarse.

El conflicto tenía antecedentes en las decisiones judiciales que ordenaban trasladar detenidos alojados en dependencias policiales porteñas hacia establecimientos del sistema penitenciario. Las autoridades federales enfrentaban, a su vez, restricciones impuestas por otros magistrados que impedían superar determinados cupos de alojamiento.

La situación involucraba el traslado de alrededor de 2.000 detenidos, en un escenario en el que las plazas disponibles resultaban insuficientes para absorber esa cantidad de personas sin afectar los límites establecidos judicialmente.

El pedido de aceptación inmediata de la renuncia estuvo relacionado con esa responsabilidad personal. Mientras continuara formalmente en el cargo, Curi permanecía alcanzado por los apercibimientos judiciales vinculados con el cumplimiento de las medidas.

La salida de Curi se suma a la renuncia de Federico Angelini

La salida de Curi se sumó a la renuncia de Federico Angelini, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich, que dejó el Ministerio de Seguridad el 21 de mayo. Angelini se desempeñaba como subsecretario de Intervención Federal y había tenido un papel central en la implementación del Plan Bandera en Rosario y en la política de seguridad fronteriza.

Su alejamiento ocurrió en medio de tensiones políticas dentro del oficialismo, aunque el funcionario sostuvo que su decisión respondía a su intención de regresar a la actividad política en Santa Fe, donde posteriormente se incorporó a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Son dos salidas de funcionarios que llegaron al Gobierno de la mano de Bullrich, pero en circunstancias diferentes.

La renuncia de Curi abre ahora una nueva etapa para la conducción política del Servicio Penitenciario Federal, con una agenda condicionada por la sobrepoblación, las exigencias judiciales y la necesidad de resolver el alojamiento de detenidos que permanecen en dependencias policiales.

Sin un reemplazante definido, la ministra Monteoliva deberá resolver quién asumirá la responsabilidad política de un sistema cuya administración quedó en el centro de las diferencias que provocaron la salida del subsecretario. El problema de fondo seguirá siendo el mismo: cómo cumplir las órdenes judiciales y las obligaciones del Estado sin profundizar una crisis de alojamiento que excede la capacidad disponible en las cárceles federales.