El camarista cordobés Abel Sánchez Torres, investigado por amañar causas y abuso de autoridad, no logró que el Consejo de la Magistratura cerrara las denuncias disciplinarias en su contra. El senador nacional Luis Juez, miembro del organismo, pidió que las acusaciones pasen a la Comisión de Acusación, donde los asuntos terminan en la promoción de un eventual juicio político.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura postergó el tratamiento de uno de los expedientes contra Sánchez Torres y Graciela Montesi, su pareja y camarista. Las actuaciones seguirán abiertas y en etapa de investigación, pero podría abrirse el camino para avanzar hacia un jury.

El camarista está procesado, acusado de manipular la integración de su sala con su pareja para favorecer a dos empresas sobre las que debía fallar. Además, está acusado de recibir dádivas por un vuelo a Punta del Este en avión privado, pagado por una de las firmas a las que tenía que investigar.

El dictamen sostiene que las conductas atribuidas al camarista “podrían comprometer gravemente los deberes inherentes a la función judicial”, si se corroboran.

El consejero Luis Juez tuvo en cuenta el procesamiento que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes le dictó el 25 de septiembre pasado. Aclaró, sin embargo, que no le asignaba “efectos determinantes”.

El expediente principal lo inició una secretaria de la cámara y tiene otros seis acumulados. Según los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, a mediados de 2023, Sánchez Torres y la camarista Montesi habrían acordado manipular la integración de las salas.

Su objetivo habría sido intervenir juntos en dos expedientes por evasión tributaria contra directivos de la cerealera, Padilla y Humanes, y así desplazar a la camarista Liliana Navarro, a quien le correspondía subrogar.

En Padilla, el expediente habría sido retenido hasta que llegó el turno de Sánchez Torres. Según la fiscalía, el camarista recibió la causa a las 11:48 del 7 de diciembre de 2023 y la devolvió cerrada a las 11:49. En ese voto realizado en un minuto confirmó la falta de mérito del imputado.

En Humanes, Sánchez Torres le habría ordenado a la secretaria de la Cámara certificar una integración del tribunal con Montesi, que sería irregular. Cuando ella se negó, la habría dispuesto él mismo por decreto. La tercera camarista, Liliana Navarro, objetó esa integración meses después.

Con la sala ya corregida, el directivo de Bunge que estaba investigado terminó procesado, con la disidencia de Sánchez Torres.

Los fiscales sostienen que la negativa de la secretaria de cámara a certificar la integración de la sala, irregular, le valió casi dos años de hostigamiento.

Describieron gritos, descalificaciones frente a empleados, quita de funciones y su traslado a una oficina sin ventanas. También presionó para que aceptara cambiar su cargo por uno de menor jerarquía. Según la fiscalía, eso le provocó un deterioro de salud que la obligó a tomar sucesivas licencias.

El dictamen suma la denuncia del secretario Francisco Juárez Rouviere. Según su declaración, Sánchez Torres lo presionó para que declarara contra la secretaria de Cámara denunciante e intentó manipular el sorteo de los jueces que debían revisar su propia causa.

El juez Sánchez Freytes consideró que esa conducta habría justificado detener a cualquier otro imputado, algo que los fueros impiden. Por eso le prohibió acercarse al testigo.

Se acumularon además otros tres expedientes. En uno de ellos, los fiscales imputaron a Sánchez Torres y su pareja jueza por un viaje en avión privado a Punta del Este en 2024, valuado en unos 34.000 dólares.

La aeronave en la que hicieron el viaje estaba vinculada a directivos de Porta Hnos. y del Grupo Astori, empresas con causas ante la Cámara. Una de esas decisiones fue el fallo que en 2025 dejó sin efecto una multa a Porta.

Hay además otra denuncia de Elisa Carrió, que reclama investigar el patrimonio de Sánchez Torres, incluida una casa en el barrio El Terrón.

También pide indagar un vuelco con su camioneta en la Circunvalación de Córdoba en junio pasado, del que se habría retirado antes de la llegada de la policía.

Y finalmente, en una tercera denuncia, vecinos del barrio San Antonio piden investigar los vínculos de los jueces con Porta Hnos., en un caso de amparo ambiental contra la empresa.

Juez sostuvo en la reunión que la situación procesal de Sánchez Torres “debe ser rápidamente esclarecida”. Anticipó que el caso “más tarde que temprano terminará en Acusación”.

El consejero Hugo Galderisi presentó una alternativa: desestimar también lo de Montesi, desestimar en parte las denuncias contra Sánchez Torres y seguir investigando el resto en Disciplina.

Ante la falta de acuerdo, el presidente de la comisión de Disciplina, César Grau, propuso postergar todos los expedientes por tratarse de “temas complejos y en constante desarrollo”.

El consejero Eduardo Vischi argumentó que, si el caso seguía en Disciplina, se podrían reunir más pruebas para un eventual pase a Acusación.

Alberto Lugones coincidió y dijo que el caso merecía un estudio en profundidad. La consejera instructora Agustina Díaz Cordero apoyó, junto con Alejandra Provítola, el pase a Acusación que impulsaba Juez, aunque reconoció que estaban en minoría.

Diego Barroetaveña describió a la jurisdicción de Córdoba como compleja y en proceso de ordenamiento, y dijo que lo resuelto “no define nada”. Aun así, votó en contra de postergar.

Finalmente, votaron por postergar los consejeros César Grau, Eduardo Vischi, Mariano Recalde, Hugo Galderisi y Alberto Lugones. Y se pronunciaron en contra de postergar Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Luis Juez y Alejandra Provítola.