POLITICA
El Presupuesto y Biocombustibles se demoran en Diputados: los reclamos de aliados que podrían destrabar la negociación
El oficialismo se vio obligado a suspender la reunión prevista para esta tarde de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce “Bertie” Benegas Lynch, donde tenía planeado avanzar con el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027. El PRO, la UCR y los aliados provinciales se resistieron a aportar sus firmas porque aseguran que la Casa Rosada no respondió a la mayoría de sus reclamos. La falta de acuerdo también hizo naufragar la reunión de comisión en la que se discutió la nueva ley de Biocombustibles, que ya tiene media sanción del Senado.
“No vamos a firmar nada porque no nos dieron ninguna respuesta sobre varios temas”, manifestó un diputado del PRO durante la tarde del martes. Sin embargo, los bloques aliados reconocieron que en principio se mantiene la sesión prevista para el miércoles 18 de noviembre y buscaron desdramatizar la situación. “Estamos negociando, también dejamos disponible el miércoles 25 de noviembre”, explicaron, dando a entender que la sanción de la “ley de leyes” no corre riesgo real de quedar frenada en Diputados.
La lista de reclamos del PRO está encabezada por la regularización de las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. “Nos dicen que se puede arreglar por fuera del Presupuesto. Pero si es verdad que está la plata para arreglar todo, queremos que la incluyan en el Presupuesto”, señalaron a Infobae. El reclamo por la coparticipación no es nuevo y también se mezcla en las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri.
Por otro lado, los amarillos impulsan una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados. “Es la única proteína que todavía paga el 21%”, argumentaron. Este beneficio para la producción avícola tendría un fuerte impacto en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, del PRO.
Las obras viales son un capítulo aparte y allí se acumulan reclamos de distintas fuerzas y provincias. En principio, tanto el PRO como la UCR y los bloques que responden directamente a gobernadores reclaman una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. “Nos cobran el impuesto, no hacen las obras y usan la plata para mostrar superávit fiscal, qué vivos”, ironizó un diputado del norte del país.
En la misma línea, las provincias reclaman mayor información y procesos más “transparentes” para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.
Las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también exigen precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Por otro lado, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.
En tanto, la UCR insistió en mejorar las partidas previstas para financiar las universidades nacionales: a pesar de que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones, el presupuesto para el año que viene les asigna un poco más de $7 billones.
Los bloques aliados tampoco ven con buenos ojos la derogación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante el cual se pagan las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales.
Por último, la diputada de Adelante Buenos Aires, Karina Banfi, y otros diputados patagónicos pidieron una reducción de impuestos para el sector pesquero.
La discusión en torno a la ley de biocombustibles
La ley de biocombustibles comenzó a tratarse en Diputados la semana pasada tras haber obtenido media sanción en el Senado. El rápido tratamiento del proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil fue un guiño del oficialismo a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que jugaron a favor del oficialismo en temas importantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.
Si bien no hay discrepancias respecto a los cambios para el bioetanol, la propuesta quedó trabada por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
El corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% y se prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima). Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrán inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.
Desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- proponen mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.
Cámara de Diputados de la Nación Argentina,Carlos Torrendell,Bertie Benegas Lynch,Alejandro Álvarez,Peter Drucker
POLITICA
Un fiscal federal de Misiones pidió informes al Gobierno sobre el vuelo que transportó a Bolsonaro a EE.UU.
La Justicia federal ya investiga en la Argentina si hubo delitos detrás del avión que tomó el candidato presidencial Flavio Bolsonaro y su familia para salir del país y dirigirse a los Estados Unidos.
El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes a distintos organismos oficiales para determinar cómo Bolsonaro ingresó al país y si existía algún impedimento legal que le prohibiera hacerlo.
El fiscal quiere saber si había alguna restricción respecto del dirigente del Partido Liberal para ingresar al territorio nacional. “Si no es así, el problema es de Brasil y no nuestro”, dijo a LA NACION una fuente judicial.
Al parecer, no hay ninguna circular roja de Interpol que impida la circulación de Bolsonaro; solo una medida judicial interna en Brasil de prohibirle la salida del país.
“Si es así, no habría delito, en todo caso una responsabilidad política en colaborar para que saliera a Estados Unidos, que no corresponde a la Justicia, pues no sería un delito penal”, dijo una fuente del caso. Los investigadores, de todos modos, esperan los informes para tomar una decisión final.
La causa se inició luego de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú.
La diputada cuestionó los controles y pidió esclarecer si hubo irregularidades en el procedimiento que permitió el traslado de Bolsonaro y su familia.
“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, sostuvo Pagano en una publicación en X, en la que anunció la presentación judicial.
En su denuncia, la diputada advirtió que el senador brasileño tendría restricciones judiciales para salir de Brasil y reclamó que se determine en qué condiciones se produjo su desplazamiento.
Entre las medidas solicitadas, Pagano pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
También reclamó el acceso a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado utilizado por el dirigente brasileño.
Además, solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En Misiones rige el sistema acusatorio, por lo que el fiscal maneja la investigación y espera los resultados de los pedidos de informes.
En tanto, en los Tribunales de Comodoro Py 2002, se presentaron dos denuncias en las que se pide investigar a Milei y a funcionarios de su gobierno por el vuelo de Bolsonaro desde Misiones rumbo a Estados Unidos.
Los denunciantes son el diputado socialista Esteban Paulón y el dirigente de izquierda Gabriel Solano. Ambos escritos ingresaron al juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien espera una determinación de la fiscal Paloma Ochoa.
Es la fiscal la que debe dictaminar ahora si impulsa la acción penal y si interpreta que hay un delito a investigar. Por ahora está esperando los resultados del pedido de informes solicitado por su colega de Puerto Iguazú.
Las denuncias señalan que supuestamente el Gobierno facilitó el ingreso y salida del país a una persona que tenía prohibido egresar de Brasil. La fiscal Ochoa deberá dictaminar si dichas presentaciones ameritan comenzar una nueva investigación.
La denuncia de Paulón, de tres páginas y a la que accedió , apunta contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo por presunto encubrimiento agravado.
Según el escrito, el 27 de octubre Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron por el puente Tancredo Neves y abordaron un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly S.A.
El diputado refiere que el Gobierno primero negó el ingreso y que, horas después, Migraciones publicó a las 2:01 de la madrugada de este miércoles que la familia había entrado a las 22:05 del día anterior “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.
El escrito incorpora además los dichos del abogado mexicano Simón Levy, presidente del American Council, quien sostuvo en una entrevista que “el punto medular y central es la intervención directa de Javier Milei para que Bolsonaro pudiera salir de Brasil ileso y sano”.
La segunda denuncia, presentada por Solano, posee nueve páginas. Acusa a Milei de presuntos abuso de autoridad, encubrimiento agravado y malversación de caudales públicos, y extiende la acusación a los funcionarios de inteligencia, seguridad y diplomacia que hayan participado.
Sostiene que existió “un plan orquestado para incumplir con una manda judicial” dictada por el juez brasileño Alexandre de Moraes, y que en las imágenes del ingreso se observa “una numerosa escolta de fuerzas de seguridad federales, comenzando por la PSA”.
Ese escrito pide informes a Migraciones, a las fuerzas de frontera, a la PSA y a la Cancillería, la preservación de los registros de inteligencia y el secuestro del teléfono personal del presidente Milei.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Luego del acto de Máximo Kirchner, Kicillof se reunirá con sus intendentes y bajará lineamientos políticos
Antes de su gira por Jujuy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunirá a los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Será este jueves por la tarde con un encuentro cerrado en la ciudad de La Plata. Los cerca de 40 dirigentes que reportan en el sector del gobernador llegarán a la capital bonaerense con la expectativa de que el mandatario baje lineamientos sobre ciertos aspectos de carácter político, más allá de los temas de gestión como el presupuesto provincial 2027 que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo girará a la Legislatura provincial.
Los jefes comunales, o al menos un grupo, buscan tener certezas sobre el proyecto de reelecciones indefinidas. El gobernador ya manifestó públicamente su respaldo a la restitución de las mismas. Esta semana quien lo ratificó fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Nosotros estamos abiertamente a favor de las reelecciones de los intendentes. No solo eso, en primer lugar, a diferencia de lo que ocurre con las categorías de gobernador y vicegobernador, no está determinada en la Constitución Provincial la imposibilidad de reelegir por más de un mandato. Por lo tanto, no está en contra de lo que establece la Constitución Provincial. Pero además, nosotros consideramos abiertamente proscriptivas las limitaciones a la reelección de intendentes. Es una ley proscriptiva porque impide a los vecinos y las vecinas de los distintos municipios, de los ciento treinta y cinco municipios de la provincia de Buenos Aires, que puedan elegir directamente a sus candidatos en una categoría en donde la cercanía, el conocimiento, el conocimiento de las funciones que lleva adelante un intendente, es mucho más cercana a categorías superiores, digamos, como son las de gobernador o pueden ser las de presidente”, dijo esta semana.
No fue la primera vez que lo hizo, pero lo más significativo fue el ámbito en el que lo pronunció ya que fue compartiendo un panel con una de las integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense: la ministra de la Corte, Hilda Kogan. Fue en el marco de la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, que organizó el Centro de Estudios de Derecho Electoral (CEDE), coordinado por el juez federal con competencia electoral en PBA, Alejo Ramos Padilla.
Hay una hipótesis sobre la mesa de que sea el máximo tribunal de Justicia bonaerense quien resuelva y declare inconstitucional la ley vigente que solo les permite a los intendentes ir por una sola reelección y dejar su cargo luego de dos períodos consecutivos. En la Corte dicen que es un problema de la política y que, de momento, no intervendrán. Que lo debe solucionar la política.
Entonces las miradas se posan en la Legislatura bonaerense. Antes de esa instancia, el gobernador deberá acordar con el resto de los sectores del oficialismo un mecanismo tal que permita llevar el texto de la senadora axelista Ayelén Durán al recinto. En el cortísimo plazo, eso no sucederá.
Los intendentes, la mayoría del MDF, quieren las reelecciones y son acaso quienes más se manifiestan públicamente al respecto. En tanto que los jefes comunales de la UCR esperan que la situación se resuelva y en el kirchnerismo, la indicación que Máximo Kirchner transmitió a los negociadores propios en la Legislatura —puntualmente el jefe de bloque en Diputados, Facundo Tignanelli— fue que la discusión sea estructural. Que en la negociación con el Ejecutivo también se incluya la designación de las cuatro vacantes para la Corte, la definición de un procedimiento y calendario electoral claro y definido; además del impulso en la Legislatura de algunas iniciativas propias como la intervención y regulación plena sobre las apuestas online en territorio bonaerense, un proyecto que lleva la firma de Tignanelli y de la diputada por la Cuarta sección electoral, Micaela Olivetto.
Algunos de los intendentes que se trasladarán hasta La Plata pedirán profundizar la estrategia propia del MDF en el marco de la discusión interna del peronismo. Meses atrás, el espacio de Kicillof fue realizando distintos plenarios seccionales que concluyeron en el Plenario Federal del espacio, donde el mandatario lanzó aquella frase de “cuenten conmigo”. Un acto que se asemejó bastante a un lanzamiento presidencial.
Las actividades que Kicillof mantendrá en Jujuy el viernes van de la mano con la “construcción de una alternativa”, como suele repetir en cada acto, al modelo político y económico que impera en Argentina a través de la figura del presidente Javier Milei.
Los movimientos del sector de Kicillof se dan en paralelo con lo que el kirchnerismo también viene tejiendo. Hoy, el acercamiento entre el sector de Cristina Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa es notorio. Durante el acto que encabezó Máximo Kirchner en el microestadio de Lanús, el diputado nacional agradeció la presencia de los dirigentes del Frente Renovador y también de los intendentes del peronismo. En rigor, se refería a los jefes comunales que forman parte de la Liga de Intendentes del peronismo. En Lanús hubo varios. Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente) fueron algunos de los que que se sumaron a la tribuna de dirigentes. Mientras que por el massismo se los vio a la diputada nacional Cecilia Moreau, el diputado nacional, Sebastián Galmarini; el legislador bonaerense, Rubén Eslaiman o el propio presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, entre otros.
En su discurso, Máximo, dio algunas señales sobre qué pretende el espacio de Cristina Kirchner: un esquema de unidad con la exmandataria liderando el proceso. Más allá de que al cierre de su discurso el líder de La Cámpora preguntó a la militancia si querían “a Cristina Libre” y si la iban a hacer presidenta, antes de eso fue más analítico. “Les quiero recordar hoy que estamos acá en el microestadio de Lanús que hace 24 años, un congreso del peronismo no lograba ponerse de acuerdo y el peronismo marchaba una elección con tres listas. Lo recuerdo, para que tengamos la inteligencia en el presente, teniendo a Cristina, que no nos vuelva a pasar lo mismo”.
El único acuerdo que rige entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof es sostener el esquema de las PASO. De eso se volvió a hablar la semana pasada cuando los principales referentes del peronismo se juntaron en la Casa de la Pampa. Además de hacer un repaso sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre las provincias, en el plano político volvieron a enfatizar en la necesidad de defender y continuar el régimen de Primarias, que hoy parecieran ser el único camino de ordenamiento interno, en el principal espacio opositor a Javier Milei.
POLITICA
Banco Central: el oficialismo ratificó el proyecto del Senado y planea una sesión para después de la visita del Papa
El oficialismo avanzó este miércoles en la Cámara de Diputados con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, al conseguir un dictamen de mayoría que ratifica los cambios introducidos en el Senado, donde Patricia Bullrich contempló el reclamo del peronismo de modificar el mecanismo de remoción de los integrantes del directorio de la entidad. Esto, pese a que Martín Menem había dejado trascender su intención de revisar lo acordado para darle también participación a Diputados en esa instancia, una posibilidad que finalmente no prosperó.
En un plenario exprés de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, que se extendió por menos de media hora, el oficialismo consiguió emitir un dictamen de mayoría con 44 firmas de los 69 legisladores presentes.
Así, Diputados convalidó los cambios introducidos en el Senado y dejó el proyecto en condiciones de llegar al recinto para su sanción definitiva el próximo 18 de noviembre. Para esa fecha, una después de la visita del Papa León XIV, también se prevé incluir en el temario la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocida como “Ley Malvinas”. El tratamiento del Presupuesto 2027, en tanto, quedaría para el último tramo de sesiones ordinarias, el 25 de noviembre.
La iniciativa, que busca concentrar las funciones del Banco Central en preservar el valor de la moneda, prohibir la emisión sin respaldo y el financiamiento al Tesoro, obtuvo su primera aprobación en Diputados a fines de agosto, con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.
Sin embargo, su paso por el Senado obligó al oficialismo a introducir una serie de modificaciones para conseguir el respaldo de la oposición y algunos bloques aliados. El principal foco de discusión fue el mecanismo previsto para remover al presidente y a los integrantes del directorio de la entidad, que el Gobierno pretendía supeditar al aval de una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
La exigencia despertó cuestionamientos incluso dentro del universo oficialista, donde algunos la consideraron desmedida por su similitud con las mayorías requeridas para impulsar por ejemplo una reforma constitucional o destituir, mediante juicio político, al presidente de la Nación o a los jueces de la Corte Suprema.
Fue así que, tras una negociación encabezada por Bullrich, se acordó excluir a Diputados de ese procedimiento y establecer como único requisito el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, equivalente a 37 votos afirmativos, para desplazar a las autoridades del Banco Central.
Como contrapartida, también se elevaron las exigencias para designar a los miembros del directorio, cuyos nombramientos deberán contar con respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara alta, en lugar de la mayoría simple prevista hasta ahora.
Aun así, en los días posteriores al tratamiento del proyecto en comisiones, Menem dejó entrever su intención de negociar con la bancada que conduce Germán Martínez la posibilidad de darle también intervención a la Cámara baja en la remoción de las autoridades del BCRA.
La alternativa suponía introducir una nueva modificación al texto, una posibilidad que suscita todo tipo de reparos por cuestiones de técnica parlamentaria. Sin embargo, el riojano no habría conseguido el respaldo del peronismo para avanzar en esa dirección.
Tras ello, fue la diputada Silvana Giudici quien explicitó durante el plenario el objetivo del bloque libertario de llevar al recinto la corrección que viene de la Cámara revisora, a fines de “darle sanción definitiva a la reforma del Banco Central, que plantea como objetivo primario preservar el valor de la moneda”.
La reforma también apunta a restringir las posibilidades de financiamiento del sector público a través del Banco Central. Para ello, elimina los denominados “adelantos transitorios”, que habilitaban a la entidad a transferir recursos al Tesoro, y prohíbe la concesión de préstamos tanto al Estado nacional como a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
A estas restricciones se suma la prohibición de adquirir títulos de deuda pública en el mercado primario, con lo que se busca impedir que el déficit fiscal sea financiado mediante emisión monetaria.
A partir de estos cambios, el proyecto consiguió a fin de septiembre la aprobación del Senado por 46 votos a favor y 22 en contra, y regresó a Diputados para su segunda revisión y espera ahora ser tratado en el recinto para su sanción definitiva.
los cambios introducidos en el Senado,,“Ley Malvinas”.,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
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