La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad, con 53 votos afirmativos y ninguno en contra, el proyecto de ley que instituye el 26 de junio de cada año como el “Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias” en el territorio porteño. La iniciativa, conocida como la “Ley Turco García”, fue impulsada por el exfutbolista Claudio “Turco” García a partir de su experiencia personal con las adicciones y su trabajo territorial en distintos barrios de la Ciudad, y tomada para su tratamiento legislativo por la diputada Claudia Negri.

El recorrido que culminó con la aprobación de la norma comenzó mucho antes del recinto. García venía desarrollando charlas de prevención en clubes de barrio, escuelas y centros de tratamiento de adicciones, con la convicción de que su historia podía ser una herramienta de prevención concreta. El proyecto fue elaborado junto al Partido Integrar, espacio presidido por Daniel Amoroso, y tiene como antecedente directo la exposición del ex jugador ante la Comisión de Salud de la Legislatura en septiembre de 2026, donde relató su vínculo con las adicciones y reclamó políticas públicas de prevención con mayor alcance y continuidad. Tras aquella presentación, la comisión emitió dictamen favorable y el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto.

“Para mí, esto es mucho más que una ley. Es demostrar que la política puede servir para mejorarle la vida a la gente. Yo sufrí mucho por las adicciones, mi familia también, y hace años decidí contar mi historia para tratar de que otros no pasen por lo mismo. Hoy siento que mi historia y todo ese esfuerzo valieron la pena”, expresó García tras la votación.

La nueva normativa, sancionada mediante el Expediente N° 2015-P-2026, consta de tres artículos. El primero instituye el 26 de junio como fecha conmemorativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El segundo habilita al Poder Ejecutivo porteño a desarrollar campañas públicas de concientización y prevención basadas en evidencia científica, orientadas a la reducción de riesgos y daños, que incluyan tanto acciones de comunicación masiva como actividades presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y espacios comunitarios del territorio. La fecha elegida no es arbitraria: el 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, al que el Congreso de la Nación Argentina adhirió mediante la Ley N° 23.945 en 1991.

El proyecto de García fue presentado legislativamente por la diputada Negri, quien lo tomó como propio para impulsar su tratamiento en el cuerpo. El despacho de la Comisión de Salud lleva, además, las firmas de los legisladores Facundo Del Gaiso, Edgardo Alifraco, Pablo Donati, Andrea González, Berenice Iáñez, Silvia Lospennato, Francisco Loupias y Guillermo Suárez, lo que refleja el respaldo transversal que reunió la iniciativa.

Durante su exposición ante la comisión, el ex futbolista había descripto con crudeza las consecuencias del consumo problemático: “Quiero ayudar porque mi familia y mis amigos sufrieron mucho. Cuando uno es adicto parece que está todo bien, pero no es así: la droga te hace perder la dignidad y hacés sufrir a los que te quieren”, señaló García en aquella oportunidad.

La magnitud del problema que la ley busca atender queda reflejada en los datos disponibles a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, elaborada conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), el alcohol es la sustancia de mayor consumo: el 66,2% de la población declaró haberlo consumido en el último año y el 51,2% en el último mes. El tabaco alcanza al 25,6% de los encuestados en consumo anual, mientras que la marihuana llega al 13,8%. El consumo de cocaína, por su parte, mostró un crecimiento significativo en la última década. El despacho de la comisión advierte que el fenómeno afecta de modo desproporcionado a poblaciones jóvenes, con edades de inicio cada vez más tempranas, y que uno de los factores que impulsan esa expansión es la baja percepción del riesgo, en especial respecto del alcohol y el uso indebido de psicofármacos.

La CABA ya contaba con legislación vinculada a la temática —la Ley N° 2318, que establece una política integral para el abordaje de los consumos problemáticos; la Ley N° 5650, que incorpora la prevención en el sistema educativo; y la Ley N° 153, que consagra la promoción de la salud como principio rector del sistema sanitario local—, pero el propio despacho de la comisión reconoce que ese marco normativo no había garantizado acciones de prevención con la periodicidad y el alcance necesarios para producir un impacto sostenido.

Las experiencias en otras provincias respaldan la apuesta por la institucionalización. La Provincia de Misiones fue una de las primeras del país en establecer la Semana Provincial de la Prevención de las Adicciones mediante la Ley XVII N° 26, también anclada en el 26 de junio. Córdoba siguió ese camino en 2019 con la Ley N° 10.610, y los resultados documentados son concretos: cada edición generó un aumento de entre el 35% y el 37,5% en los primeros contactos para solicitar tratamiento, y un incremento del 345% en las visitas a los recursos digitales de prevención durante esa semana, en comparación con la anterior del mismo mes.

“Esta ley también es de las familias que tienen un hijo con problemas de consumo, de los padres que no saben cómo ayudarlo y de los clubes de barrio que todos los días hacen un esfuerzo enorme para sacar a los chicos de la calle. Yo siempre digo que un pibe que está en un club es un pibe que está más lejos de la droga. Ojalá esta ley sirva para que se hable mucho más del tema, porque la prevención salva vidas”, afirmó García. El ex jugador de Huracán, Racing Club y la Selección Argentina fue candidato a diputado nacional por el Partido Integrar en las elecciones legislativas de 2025.

Amoroso, por su parte, destacó el alcance político de la aprobación: “El Turco se involucró porque conoce el problema en primera persona, recorrió los barrios, escuchó a las familias y logró que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en un tema fundamental. Cuando la política deja de lado las diferencias y se concentra en resolver los problemas de la gente, demuestra para qué sirve”, sostuvo el dirigente.

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El Gobierno asegura que ya está colaborando con la Justicia en las causas por la fuga de Flávio Bolsonaro y niega haber ayudado de manera irregular en su salida hacia Estados Unidos. El Ejecutivo defiende la legalidad del procedimiento y rechaza que existieran impedimentos registrados para el tránsito del dirigente brasileño por el país.

En Nación aseguran que la Dirección Nacional de Migraciones remitió los registros del ingreso del excandidato presidencial brasileño y las actuaciones vinculadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras los requerimientos de la Fiscalía de Misiones. El material incluye las actuaciones migratorias y los antecedentes administrativos relacionados con el ingreso del senador, su familia y el traslado hacia el aeropuerto. La información oficial no permite establecer todavía si fueron entregadas todas las grabaciones de seguridad, los registros aeroportuarios y los demás elementos solicitados en las investigaciones.

La posición del Ejecutivo es que Bolsonaro ingresó con documentación válida y abandonó la Argentina por sus propios medios, sin restricciones legales. En el Gobierno sostienen que se respetaron los procedimientos correspondientes y que no detectaron actuaciones contrarias a la normativa argentina. También plantean que la prohibición judicial de abandonar Brasil debe ser examinada por las autoridades de ese país y que no implicaba automáticamente un impedimento migratorio en territorio nacional.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente esa interpretación durante una actividad oficial en Rosario. El ministro coordinador sostuvo que el senador brasileño ingresó con la documentación correspondiente y que tampoco existían impedimentos de Interpol para su tránsito. La defensa oficial se concentra en la ausencia de una orden de captura internacional o de una restricción registrada que obligara a las autoridades argentinas a impedir su ingreso.

La remisión de la documentación se produce después de que la Justicia federal iniciara actuaciones para determinar si existieron delitos durante el paso de Bolsonaro por la Argentina. En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una denuncia contra Javier Milei y otros integrantes del Ejecutivo por presunto encubrimiento. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y busca establecer si hubo irregularidades migratorias o incumplimientos de obligaciones legales.

En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, requirió informes a distintos organismos nacionales por una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación apunta a determinar las circunstancias del ingreso del senador y si existían restricciones que afectaran su posibilidad de atravesar territorio argentino. Entre las medidas solicitadas figuran registros migratorios, documentación aeroportuaria y elementos vinculados con la operación del vuelo privado.

Uno de los puntos centrales es reconstruir qué información recibieron Migraciones y las fuerzas de seguridad sobre la situación judicial de Bolsonaro antes de su salida de Brasil. La Fiscalía busca establecer si existían alertas internacionales, notificaciones judiciales o antecedentes que debieran haber sido considerados durante los controles. La prohibición de salida dispuesta por un juez brasileño no constituye por sí sola una orden de detención ejecutable en la Argentina, pero su eventual comunicación formal podría resultar relevante para evaluar el procedimiento.