POLITICA
La Legislatura porteña aprobó la "Ley Turco García", que establece el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad, con 53 votos afirmativos y ninguno en contra, el proyecto de ley que instituye el 26 de junio de cada año como el “Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias” en el territorio porteño. La iniciativa, conocida como la “Ley Turco García”, fue impulsada por el exfutbolista Claudio “Turco” García a partir de su experiencia personal con las adicciones y su trabajo territorial en distintos barrios de la Ciudad, y tomada para su tratamiento legislativo por la diputada Claudia Negri.
El recorrido que culminó con la aprobación de la norma comenzó mucho antes del recinto. García venía desarrollando charlas de prevención en clubes de barrio, escuelas y centros de tratamiento de adicciones, con la convicción de que su historia podía ser una herramienta de prevención concreta. El proyecto fue elaborado junto al Partido Integrar, espacio presidido por Daniel Amoroso, y tiene como antecedente directo la exposición del ex jugador ante la Comisión de Salud de la Legislatura en septiembre de 2026, donde relató su vínculo con las adicciones y reclamó políticas públicas de prevención con mayor alcance y continuidad. Tras aquella presentación, la comisión emitió dictamen favorable y el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto.
“Para mí, esto es mucho más que una ley. Es demostrar que la política puede servir para mejorarle la vida a la gente. Yo sufrí mucho por las adicciones, mi familia también, y hace años decidí contar mi historia para tratar de que otros no pasen por lo mismo. Hoy siento que mi historia y todo ese esfuerzo valieron la pena”, expresó García tras la votación.
La nueva normativa, sancionada mediante el Expediente N° 2015-P-2026, consta de tres artículos. El primero instituye el 26 de junio como fecha conmemorativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El segundo habilita al Poder Ejecutivo porteño a desarrollar campañas públicas de concientización y prevención basadas en evidencia científica, orientadas a la reducción de riesgos y daños, que incluyan tanto acciones de comunicación masiva como actividades presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y espacios comunitarios del territorio. La fecha elegida no es arbitraria: el 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, al que el Congreso de la Nación Argentina adhirió mediante la Ley N° 23.945 en 1991.
El proyecto de García fue presentado legislativamente por la diputada Negri, quien lo tomó como propio para impulsar su tratamiento en el cuerpo. El despacho de la Comisión de Salud lleva, además, las firmas de los legisladores Facundo Del Gaiso, Edgardo Alifraco, Pablo Donati, Andrea González, Berenice Iáñez, Silvia Lospennato, Francisco Loupias y Guillermo Suárez, lo que refleja el respaldo transversal que reunió la iniciativa.
Durante su exposición ante la comisión, el ex futbolista había descripto con crudeza las consecuencias del consumo problemático: “Quiero ayudar porque mi familia y mis amigos sufrieron mucho. Cuando uno es adicto parece que está todo bien, pero no es así: la droga te hace perder la dignidad y hacés sufrir a los que te quieren”, señaló García en aquella oportunidad.
La magnitud del problema que la ley busca atender queda reflejada en los datos disponibles a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, elaborada conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), el alcohol es la sustancia de mayor consumo: el 66,2% de la población declaró haberlo consumido en el último año y el 51,2% en el último mes. El tabaco alcanza al 25,6% de los encuestados en consumo anual, mientras que la marihuana llega al 13,8%. El consumo de cocaína, por su parte, mostró un crecimiento significativo en la última década. El despacho de la comisión advierte que el fenómeno afecta de modo desproporcionado a poblaciones jóvenes, con edades de inicio cada vez más tempranas, y que uno de los factores que impulsan esa expansión es la baja percepción del riesgo, en especial respecto del alcohol y el uso indebido de psicofármacos.
La CABA ya contaba con legislación vinculada a la temática —la Ley N° 2318, que establece una política integral para el abordaje de los consumos problemáticos; la Ley N° 5650, que incorpora la prevención en el sistema educativo; y la Ley N° 153, que consagra la promoción de la salud como principio rector del sistema sanitario local—, pero el propio despacho de la comisión reconoce que ese marco normativo no había garantizado acciones de prevención con la periodicidad y el alcance necesarios para producir un impacto sostenido.
Las experiencias en otras provincias respaldan la apuesta por la institucionalización. La Provincia de Misiones fue una de las primeras del país en establecer la Semana Provincial de la Prevención de las Adicciones mediante la Ley XVII N° 26, también anclada en el 26 de junio. Córdoba siguió ese camino en 2019 con la Ley N° 10.610, y los resultados documentados son concretos: cada edición generó un aumento de entre el 35% y el 37,5% en los primeros contactos para solicitar tratamiento, y un incremento del 345% en las visitas a los recursos digitales de prevención durante esa semana, en comparación con la anterior del mismo mes.
“Esta ley también es de las familias que tienen un hijo con problemas de consumo, de los padres que no saben cómo ayudarlo y de los clubes de barrio que todos los días hacen un esfuerzo enorme para sacar a los chicos de la calle. Yo siempre digo que un pibe que está en un club es un pibe que está más lejos de la droga. Ojalá esta ley sirva para que se hable mucho más del tema, porque la prevención salva vidas”, afirmó García. El ex jugador de Huracán, Racing Club y la Selección Argentina fue candidato a diputado nacional por el Partido Integrar en las elecciones legislativas de 2025.
Amoroso, por su parte, destacó el alcance político de la aprobación: “El Turco se involucró porque conoce el problema en primera persona, recorrió los barrios, escuchó a las familias y logró que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en un tema fundamental. Cuando la política deja de lado las diferencias y se concentra en resolver los problemas de la gente, demuestra para qué sirve”, sostuvo el dirigente.
POLITICA
El Gobierno difunde supuestos resultados de un peritaje no presentado para sostener que los audios de Spagnuolo son falsos
La Casa Rosada difundió esta mañana los supuestos resultados de un peritaje de la Gendarmería que, según dijo, concluyó que los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo afirma que en su área se montó un esquema de sobreprecios que involucra a Karina Milei “no son auténticos” y que “fueron alterados”. Sin embargo, en los tribunales negaron esta información.
Fuentes relacionadas con la causa dijeron a que la “Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) afirmó que esas conclusiones son falsas” y que no hay conclusiones firmadas. El peritaje todavía está en marcha, advirtieron.
La causa en la que está procesado Diego Spaganuolo la llevan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, que avanzó sobre el exfuncionario, empleados de la Andis y ahora sigue con los dueños de las droguerías que vendían esos medicamentos.
Ricardo Pristupluk
El informe difundido por el Gobierno sostiene que “el peritaje técnico determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos” y que concluyó que “no es posible determinar la autenticidad ni atribuir las voces a las personas imputadas”.
Sin embargo, en los tribunales insistieron en que “no hay un documento final todavía”.
La información que difundió la Casa Rosada menciona que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional -fuerza de seguridad que depende del Gobierno– señaló “limitaciones metodológicas, la rotura de la cadena de custodia previa, presencia de discontinuidades en el material y la imposibilidad de descartar manipulación o clonación mediante inteligencia artificial”.
Además, sostiene que “en los archivos considerados preliminarmente aptos, se detectaron características acústicas de regrabación (transferencia acústica) y se evidenciaron discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas que resultan incompatibles con un registro sonoro continuo, sugiriendo posibles intervenciones, cortes o procesos de edición posterior”.
El caso de los sobreprecios en la Andis comenzó por la difusión de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las cuales se describe un presunto esquema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías en la compra de medicamentos. Allí, la voz adjudicada al entonces jefe de la Andis menciona que Karina Milei cobraría un 3% de las compras.
La defensa de Spagnuolo había argumentado que los audios, originalmente difundidos por el streaming Carnaval, fueron manipulados o generados mediante inteligencia artificial y, por lo tanto, la Justicia ordenó los peritajes técnicos para determinar la autenticidad de las grabaciones y profundizar las líneas de investigación.
La defensa confía en que el peritaje la ayude a pedir la nulidad de toda la causa, donde el procesamiento de Spagnuolo por estas maniobras está firme.
El avance de la investigación permitió acceder a los chats de los teléfonos celulares de los imputados, donde quedaron en evidencia las maniobras de sobreprecios y cartelización que determinaron los procesamientos. Ahora, la defensa pretende anularlo todo, pues argumenta que se llegó a ella sobre la base de unos audios que estaban manipulados.
El fiscal Picardi, para neutralizar esa estrategia, omitió usar los audios como prueba en su causa.
Agencia Nacional de Discapacidad (Andis),Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Robos y pedradas: presentaron un proyecto para reforzar la seguridad en rutas y autopistas bonaerenses
Pedradas contra vehículos en movimiento, robos en zonas de obra con vallas removidas, ataques desde puentes: las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires acumulan antecedentes de hechos que pusieron en riesgo la vida de conductores y pasajeros. Frente a esa situación, un proyecto legislativo presentado por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara baja bonaerense propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad para incorporar obligaciones concretas de seguridad en los tramos más comprometidos de la red vial provincial.
La iniciativa, impulsada por los diputados Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, parte de un diagnóstico que los propios legisladores identificaron en su fundamentación: la legislación vigente carece de mecanismos que obliguen al Estado y a las empresas concesionarias a prevenir delitos y proteger a los usuarios en tramos con historial de incidentes. El proyecto apunta a cubrir ese vacío con herramientas de planificación, infraestructura y control.
El eje central de la propuesta es la creación de un “Mapa de Tramos Críticos”, elaborado en forma conjunta entre la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las concesionarias que operen en la red provincial. Este instrumento identificaría los sectores con antecedentes comprobados de robos, agresiones o accesos irregulares, y debería actualizarse con periodicidad. Sus datos, además, tendrían carácter público.
La determinación de un tramo como crítico traería consecuencias directas en términos de obra y equipamiento. El proyecto establece que esas zonas deberán contar con infraestructura de protección obligatoria: mallas anti-arrojo en puentes y pasarelas, cercos perimetrales, iluminación adecuada y cámaras de monitoreo conectadas a los centros de control y a las fuerzas de seguridad. Ninguna de esas instalaciones podría omitirse bajo el argumento de que hay trabajos en curso: la iniciativa prohíbe expresamente dejar sectores desprotegidos durante la ejecución de obras.
Esa última disposición responde a una situación documentada. El proyecto toma como antecedente lo ocurrido en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde la construcción del cuarto carril a la altura del barrio El Monte, en Quilmes, implicó la remoción de vallas perimetrales que dejaron expuestos tramos de la vía a accesos no autorizados. En ese contexto, también se registraron ataques con proyectiles desde puentes, con consecuencias para quienes circulaban por la autopista.
Para que las obligaciones establecidas tengan efecto real, la iniciativa contempla sanciones económicas a las empresas o ejecutores de obras que incumplan las disposiciones de seguridad. El financiamiento de los nuevos elementos en tramos críticos quedaría a cargo del Estado provincial, con recursos provenientes de Rentas Generales. El proyecto es explícito en un punto: ninguno de esos costos podrá trasladarse a las tarifas de peaje ni recaer sobre los usuarios de la red.
Otro componente del texto legislativo aborda una inconsistencia que arrastra la normativa desde hace casi cinco décadas. La multa fijada por el artículo 29° de la Ley Orgánica de Vialidad fue establecida en 1977 en quinientos mil pesos. Tras tres cambios de moneda en el país, ese monto equivale hoy a menos de un centavo, lo que la convierte en una sanción sin efecto práctico. Para corregir esa distorsión, el proyecto propone expresar el valor de la multa en unidades fijas, con el mismo parámetro que la Provincia utiliza para las infracciones de tránsito, de modo que su actualización sea automática y no quede sujeta a sucesivas modificaciones legislativas.
“Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables”, sostuvieron Miranda, Minnaard y Lorden en la fundamentación del proyecto. La iniciativa aguarda su tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados bonaerense.
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POLITICA
Senado: comenzó la sesión en la que se tratarán cambios a la ley de salud mental y un nuevo régimen de inversiones
Con la apertura del recinto tras cinco semanas de inactividad y con el apoyo de los bloques aliados, el oficialismo logró alcanzar el quórum y arrancó la sesión en el Senado, cuyo temario contempla el tratamiento de un nuevo régimen de fomento a las inversiones (RIIR), la creación de un mercado de bonos por emisión de carbono y, lo que podría ser el plato fuerte de la jornada, la modificación de la ley de salud mental.
La reunión comenzará con la jura de la libertaria Claudia Cecilia López como reemplazante del fallecido senador oficialista Juan Carlos Pagotto en la banca por la minoría de la provincia de La Rioja.
Precisamente, la figura de Pagotto será una de las protagonistas del tramo de la sesión dedicada a los homenajes. La lista contempla, además, tributos a la memoria de Norberto Di Próspero, exsecretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que falleció hace dos semanas, y al expresidente Néstor Kirchner, en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.
El orden de la sesión contempla la discusión del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), iniciativa enfocada en fomentar proyectos que oscilen entre los 200 y 1000 millones de dólares.
El segundo tema será la reglamentación del mercado de carbono, iniciativa con dictamen desde hace tres semanas que instaura un sistema para comerciar, canjear o vender permisos de emisión de gases de efecto invernadero.
Recién en tercer término aparece la modificación de la Ley de Salud Mental, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que atravesó profundos cambios en comisiones tras las intensas críticas vertidas hacia la postura del Gobierno.
La propuesta suscita una marcada controversia en el recinto: mientras el kirchnerismo la rechaza categóricamente, un sector del peronismo disidente promueve un dictamen de minoría con cambios puntuales, pero también manifestando su oposición de fondo a la iniciativa.
Ante este complejo escenario, el oficialismo debió ceder varias modificaciones sobre el dictamen para poder conseguir los votos que le permitan aprobar el texto y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados.
Esas modificaciones deberán realizarse en el recinto, lo que anticipa un debate en particular desordenado y lento, que se sumará a una discusión en general que se anticipa extensa por las diferentes visiones que genera el tema.
El dictamen de salud mental modifica el planteo original del Ejecutivo al retroceder en su intención reformista y restituir diversas garantías contempladas en la Ley 26.657, sancionada durante el kirchnerismo.
A diferencia del texto inicial -que exigía la obligatoriedad estricta de una firma psiquiátrica para disponer una internación-, la nueva redacción permite que la evaluación sea efectuada por un médico (preferentemente psiquiatra o formado en salud mental) junto a un segundo firmante que deberá ser psicólogo. Esta última cuestión será incorporada en el recinto y responde a la presión de las facultades de psicología.
Asimismo, la norma avala la teleconsulta sincrónica para intervenciones psiquiátricas, reconoce la firma del psicólogo para evaluar y otorgar el alta, y ratifica la prohibición de crear manicomios o ejecutar prácticas de esa índole.
Respecto a los aspectos económicos, el proyecto restablece los fondos nacionales destinados a las provincias.
Frente a las dudas planteadas por senadores del interior sobre el cumplimiento de estos desembolsos por parte del Ejecutivo, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, confirmó que se utilizará una redacción que hará de carácter taxativa la obligación de financiamiento nacional. En esa misma línea, se habilitará a las provincias a suscribir convenios con la Nación para fijar los aportes del Tesoro por uno o más períodos fiscales.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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