POLITICA
El Senado aprobó la amortización anticipada en Ganancias para inversiones desde los USD 12 millones

El Senado aprobó esta tarde la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que activa beneficios fiscales -amortización en Ganancias, por caso- para planes desde los USD 12 millones y será girado en las próximas horas a Diputados, que definirá una eventual sanción. El proyecto, empujado desde el inicio de su trámite por el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), recibió 60 adhesiones en la votación en general y sólo dos rechazos -que impidieron la unanimidad-, que fueron los santacruceños Elena Gadano y José María Carambia.
Las áreas que alcanzaría el texto en cuestión apuntan a “la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras” en “actividades industriales”, o las “relacionadas con sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario”.
También se incorporan los “bienes semovientes incluyendo a las terneras retenidas para reposición y las vinculadas con buques, embarcaciones pesqueras nuevas y/o en equipos nuevos destinados directamente a la captura, conservación, procesamiento y almacenamiento de productos pesqueros y en bienes, maquinarias y equipos nuevos destinados directamente a la transformación e industrialización de la madera y al aprovechamiento productivo de residuos y subproductos forestales”. Quedan “expresamente excluidos del presente régimen” lo relacionado con “activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”.
Para que avance el articulado fue necesaria la incorporación sugerida por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires); el líder del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones); y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), en referencia a un plan de desarrollo que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes transables” equivalente, “como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes transables”, siempre “y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

“Cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá darle intervención a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) a fin de que se expida acerca de si el precio de los bienes importados, excluidos del cómputo del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales bajo el argumento de que la oferta local de los mismos no era competitiva, refleja condiciones de mercado”, se enfatiza en el proyecto.
Vischi fue el miembro informante y direccionó la lupa hacia la “estabilidad fiscal y legal”, junto a la propuesta de “adhesión de las jurisdicciones locales” para que no tengan “la posibilidad de crear nuevos impuestos, como Sellos o regalías”. Y agregó. “Esto no es un privilegio tributario, sino una herramienta para movilizar el capital productivo a través de proveedores”. En la misma línea fue la mendocina Mariana Juri (Mendoza), otra de las que se colgó la ley al hombro.
“El gran debate que tenemos hoy en el país es cuál es la dimensión del Estado, para qué cumple funciones y qué financiamiento debe tener”, manifestó Vischi, y advirtió sobre épocas con “impuestos mayores” para fondear administraciones públicas que se convierten en “préstamos al fisco para sostener un Estado que, a veces, ha demostrado ser insuficiente”.
Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) adelantó al apoyo en general, aunque realizó varias observaciones en lo particular. Habló de otros sistemas y una realidad “inconexa”, más “regímenes con asimetrías con impacto sin contemplar el cupo fiscal dentro de los presupuestos”. Criticó los saldos técnicos que empresas no cobran y ejecuciones tributarias en simultáneo.

El cierre quedó en manos de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Capital Federal). Primero, resaltó que “ordenar economía y generar estabilidad fue fundamental” y que, ahora, “tenemos que dar un paso: convertir ese orden en inversión, producción y salarios”.
Bullrich luego dijo que “el que arriesga su capital tiene que encontrar quién lo acompañe”, y que “cada nueva máquina o planta que se amplía abre oportunidades al trabajo argentino”. La porteña no olvidó mencionar la importancia de la competitividad en relación con los países vecinos y observó impuestos en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Tras la definición en general, el kirchnerismo se opuso -sin éxito- a varios artículos durante la votación en particular.
Invitación al Papa
El pleno votó un proyecto de resolución para encomendar “a la Presidencia de este Honorable Senado que, en caso de ser aceptada la invitación” al Papa León XIV, se “acuerde con la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y con el Poder Ejecutivo nacional la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda”. Difícil por la voluminosa agenda ya fijada para el máximo responsable de la iglesia católica.
Por ese motivo, el texto también impone la solicitud hacia “el Poder Ejecutivo nacional” para “que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre los medios necesarios para asegurar la participación institucional de este Honorable Senado, encabezado por su Presidente, en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático previsto en el Palacio Libertad”. Es decir, con Victoria Villarruel, quien lideró la sesión de hoy, en dicho evento.

Informe
El pleno también confirmó que para la última semana de noviembre -al filo de la finalización del período ordinario de sesiones- asistirá a dar cuenta del estado de la gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien era reclamado por la oposición. Se estima que lo haría el miércoles 25, para dejar el jueves 26 ante una potencial reunión para tratar proyectos de ley.
Jura y homenajes
Al comienzo de la sesión asumió Claudia López en reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), quien murió hace un mes y sobre el cual se realizó un homenaje desde varias bancadas. En tanto, el kirchnerismo hizo algo similar con el ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, cuyo deceso ocurrió días atrás. En tanto, el cristinismo sumó un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner.
mario mosca / comunicación institucional senado.-
POLITICA
Pese a que la ONU descartó una resolución inmediata, en el PJ esperan que trate las cautelares sobre la candidatura de Cristina y sus condiciones de detención

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta, Cristina Kirchner, y sostuvo que la decisión sobre el caso “no es inminente”.
“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.
La declaración de la ONU no amilanó al entorno de la expresidenta. “No comunicó nada formalmente. Respondió a una requisitoria periodística de la agencia EFE. Lo que dice la ONU en esa respuesta periodística es que la cuestión de fondo va a llevar muchos años. Sabemos que la cuestión de fondo, que [Cristina] está mal juzgada, va a durar mucho tiempo”, indicaron cerca de la expresidenta.
De todos modos, sumaron: “Ahora bien, las cautelares, sobre todo la vinculada a la recuperación de sus derechos políticos y a morigerar sus condiciones de detención, pueden salir en cualquier momento”, afirmó una fuente de trato cercano con la expresidenta y su equipo de abogados.
Dentro del Movimiento Derecho al Futuro, espacio interno del gobernador Axel Kicillof, enfrentado con el cristinismo en del PJ, remarcaron que desean una rápida resolución de la ONU contra la condena de la exmandataria.
“Nosotros queremos que el dictamen, informe o fallo salga cuanto antes, porque Cristina está injustamente presa”, dijo a una fuente del campamento del gobernador bonaerense.
En otros sectores del peronismo, en tanto, advirtieron que la expresidenta quedó “entrampada” por su propia decisión de acudir a la ONU, luego de que el comité de Derechos Humanos anticipara que la resolución de fondo -sobre si está bien o mal condenada- tardará “años” en ser adoptada.
Antecedentes
En julio, Cristina Kirchner llevó su caso ante la ONU, para intentar que se revise su condena por el caso Vialidad (cumple en prisión domiciliaria una pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos). Sus abogados solicitaron una revisión total del fallo confirmado en la Argentina por la Corte Suprema de Justicia, basados en lo que consideraron un alto nivel de “arbitrariedades”.
Los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego argumentaron que en la condena contra la exvicepresidenta de Alberto Fernández existió manipulación en la asignación de la causa y lazos entre jueces, fiscales y dirigentes opositores, además de una violación de la garantía contra el doble juzgamiento por un mismo hecho y vulneración de la presunción de inocencia.
Los abogados presentaron tres cautelares; una, destinada a que se suspenda la inhabilitación perpetua que pesa contra Cristina; otra, con el pedido de que se modifique su régimen de prisión domiciliaria (entre otras medidas, que se le quite la tobillera electrónica y se eliminen las restricciones para las visitas); la tercera, con el objetivo de que se disponga un restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema.
El 29 de septiembre, los abogados de la exmandataria introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejercer cargos. Denunciaron actos de “intimidación”, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Cristina Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron.
En el agregado a la presentación original, los abogados de Cristina añadieron un nuevo elemento probatorio que consideraron “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial Sisvial (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales”, indicaron los letrados.
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POLITICA
Un fiscal de Misiones pidió desestimar la denuncia contra el Gobierno por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

El fiscal federal de Puerto Iguazú, Aníbal Fabián Martínez, pidió este jueves desestimar la denuncia radicada en Misiones por el presunto ingreso irregular de Flávio Bolsonaro a la Argentina por considerar que no hubo ningún delito.
Según el dictamen al que pudo acceder TN, Martínez consideró que “no existe ingreso ilegal alguno ni ilícito penal imputable, puesto que el causante contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino”.
La determinación del fiscal responde a dos denuncias presentadas este miércoles, una de ellas impulsadas por la diputada nacional Marcela Pagano, que pidieron investigar si existió un ingreso irregular de Bolsonaro “o su entorno”, la evasión de controles y la posible complicidad de una empresa de transporte terrestre y de Baires Fly S.A.
“Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”, remarcó Pagano esta tarde en X.
Entre sus argumentos, la fiscalía se apoyó en dos informes. El primero, de INTERPOL, que indicó que en sus bases “no se registran restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes” contra Bolsonaro, ni constan antecedentes de restricciones previas a nivel internacional.
El segundo, de la Dirección Nacional de Migraciones, indica que Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre a las 22.37 por el Puente Internacional Tancredo Neves y salió ese mismo día a las 23.52 desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular hacia Ecuador.
Con esos datos, Martínez señaló que “ha quedado fehacientemente acreditado que el ciudadano Flávio Nantes Bolsonaro ingresó y egresó del territorio nacional en forma plenamente regular”. También dijo que se comprobó “la inexistencia de vicios o irregularidades en el procedimiento migratorio”, así como en la tarea del personal de los organismos de control.
Con esos argumentos, Martínez rechazó una serie de medidas solicitadas por una de las denuncias, que incluían pedidos de registros peatonales, vehiculares y cámaras del Centro de Frontera; bitácoras, manifiestos de pasajeros y comunicaciones de la PSA y la ANAC sobre la aeronave matrícula LV-JQW y Baires Fly; un oficio a la señal de noticias TN (Artear S.A.) para obtener material audiovisual y coberturas; y registros de la empresa de turismo Dallas Travel.
POLITICA
A días de la visita del Papa y tras un embargo judicial, el Gobierno dice haber regularizado una deuda con el Cottolengo Don Orione

Luego de que la justicia federal trabara un embargo de $828 millones sobre las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por una deuda con el Cottolengo Don Orione, desde el Gobierno afirman haber regularizado hoy los pagos a la institución que será visitada por el papa León XIV el próximo 9 de noviembre.
La medida judicial fue dictada por Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge. Y buscó subsanar la deuda que la cartera que comanda el ministro Mario Lugones mantiene con el Cottolengo en el período marzo-junio de este año.
dio cuenta de que, pese a la aprobación el año pasado de la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno mantenía deudas de más de un año con el Cottolengo para la provisión de medicamentos, alimentos y pañales, entre otros elementos.
Fuentes del oficialismo indicaron que este jueves, a las 15, se aprobó el pago por parte del Ministerio de Salud por los $828 millones que motivaron el embargo judicial.
Según dio cuenta la Agencia DIB tras entrevistar al abogado Pablo Días, el Gobierno en un principio negó la deuda. Aún pese a la inminencia de la visita del Papa. Luego, canceló compromisos por $750 millones, pero el Cottolengo reclamó un nuevo retraso en los pagos en la justicia y logró que el juez Auge le diera la razón.
Salud comunicó que el 5 de octubre pasado se abrió una mesa de diálogo, junto con la Sedronar y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, la Pastoral Social y la Obra Don Orione. “En ese encuentro se estableció un canal de diálogo continuo para abordar las demandas de los centros de atención”, indicaron.
“Frente al reclamo presentado en diciembre de 2025, el Ministerio abonó $723.239.483″, agregaron, para señalar que en ese encuentro del 5 de octubre se asumió el compromiso de pagar los $828.708.195 correspondientes a prestaciones, medicamentos e insumos del primer semestre de 2026.
La dilación de ese pago motivó la presentación judicial que derivó esta semana en el embargo del juez Auge y, dos días después, el pago que el Gobierno afirma haber realizado hoy, a las 15, en medio de la cuenta regresiva para la visita de León XIV.
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