POLITICA
Caso LIBRA: una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente ayer en la causa $LIBRA: asumió el ejercicio de la acción que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados, dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.
La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, contradijo así la posición del fiscal Taiano y planteó que el expediente debe continuar abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda.
La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.
La presentación tiene un antecedente relevante: en los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA ya había abierto una investigación propia, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo a su cargo la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.
La Procuraduría tiene antecedentes de haber impulsado investigaciones que otros fiscales habían dejado de lado. Uno de los más relevantes es el caso Skanska, donde insistió durante años para que se incorporara una grabación interna de la empresa sobre el presunto pago de sobornos. La Corte Suprema terminó validando su planteo y la incorporación de ese material permitió reabrir el expediente, que derivó en condenas de exfuncionarios kirchneristas. Más recientemente, y también con Taiano como fiscal, la PIA reclamó la reapertura de la causa por el Vacunatorio VIP. La Cámara Federal hizo lugar a ese planteo y ordenó continuar la investigación.
La intervención en $LIBRA, sin embargo, no estaba exenta de obstáculos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de aquellos antecedentes, Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y que la Procuraduría no había sido notificada de esa decisión. Pese a ese escenario, Rodríguez comunicó ayer al juzgado que asumía el ejercicio de la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.
Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas tras un pedido de licencia del juez Martínez de Giorgi, que está de viaje, deberá resolver el pedido de reapertura. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que la cuestión sea examinada por la Cámara Federal. El planteo abre así una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.
Inecip y Cipce, cabe remarcar, habían formulado duros cuestionamientos a la actuación de Taiano. Señalaron los reiterados pedidos de recusación contra el fiscal, las filtraciones de información sensible a la prensa y lo que consideraron un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas clave. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios fueron incorporados al sistema de gestión judicial recién después de que trascendieran a través de investigaciones periodísticas.
También cuestionaron la negativa reiterada del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias ONG para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria, y advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos ni siquiera estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer y analizar sus fundamentos.
En su presentación, la Procuraduría que lidera el fiscal Rodríguez recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron sin agotar. Entre ellas, mencionó la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero relacionados con los hechos.
En su presentación, la PIA también objetó que se hayan valorado indicios de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los requerimientos de información no deberían funcionar como motivos para clausurar el expediente, sino como razones para profundizar las medidas necesarias.
Cipce e Inecip habían señalado, además, que la investigación debía avanzar para determinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El objetivo, sostuvieron, debía ser producir la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa que pudiera debatirse en un juicio oral y público.
Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la situación de las víctimas. Cipce e Inecip denunciaron que los sobreseimientos fueron solicitados y dictados sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal. Para las organizaciones, ese procedimiento desconoce las garantías previstas en el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y en la Ley de Víctimas.
La presentación de la PIA representa, por lo tanto, un nuevo intento de impedir que los sobreseimientos se conviertan en el punto final del expediente. El organismo especializado asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y reclamó que la Justicia habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada.
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Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
El Gobierno le contestó a Mauricio Macri y aseguró que la interna del PRO traba las negociaciones por el acuerdo electoral

El Gobierno le respondió a Mauricio Macri luego de que dijera que “no se avanzó nada” en las negociaciones electorales entre el PRO y La Libertad Avanza. Desde Balcarce 50 atribuyeron el estancamiento a las diferencias internas del PRO y sostienen que no avanzarán hasta que los dirigentes macristas ordenen una estrategia común.
“No se va a hacer nada si no tenés con quién negociar”, expresan en Nación. En el Ejecutivo aseguran que las diferencias entre Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dificultan las conversaciones y rechazan que la falta de resultados sea responsabilidad exclusiva de La Libertad Avanza. La evaluación oficial es que el PRO debe resolver primero sus disputas internas para avanzar hacia una alianza.
La reacción se produjo después de que el expresidente afirmara ayer por la noche que “no se avanzó nada” en las conversaciones con el oficialismo. Macri hizo esa declaración durante una actividad de la Fundación Hacemos, organizada por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo. Su evaluación fue respaldada por Fernando de Andreis, uno de los representantes del PRO en la mesa de negociación nacional.
En la conducción libertaria consideran que el macrismo intenta trasladar al Gobierno la responsabilidad por la demora. La Casa Rosada sostiene que no existen condiciones para cerrar un entendimiento mientras persistan las diferencias entre los principales referentes del partido. También compara esa situación con la de la UCR, donde advierte que la falta de una posición partidaria uniforme dificulta la negociación nacional.
El Ejecutivo mantiene, sin embargo, su disposición a respetar las intendencias que actualmente gobierna el PRO en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las condiciones que la Casa Rosada está dispuesta a contemplar dentro de un eventual acuerdo electoral. El objetivo es evitar una fragmentación de las fuerzas que respaldan la reelección de Javier Milei y fortalecer una candidatura para disputar la gobernación bonaerense.
La Ciudad de Buenos Aires concentra otra parte de la negociación. En sectores del Gobierno consideran que el entendimiento con Jorge Macri sigue siendo posible, pero advierten que debe quedar articulado con una definición nacional de Mauricio Macri. El oficialismo pretende evitar acuerdos separados que después entren en conflicto con las decisiones de la conducción del PRO y con el armado presidencial de 2027.
En el entorno de Karina Milei sostienen que la estrategia apunta a alcanzar un acuerdo nacional con Mauricio Macri para garantizar su respaldo a la reelección del Presidente. La negociación contempla, además, una distribución de espacios de poder y candidaturas en los principales distritos. Aunque no existe una definición sobre los plazos, dentro del Ejecutivo consideran probable que las conversaciones se aceleren durante los próximos meses.
POLITICA
Subsidios al transporte. Los intendentes de ciudades del interior vuelven a la carga por la “discriminación”

CÓRDOBA.- Después de que el Gobierno nacional confirmara que aumentará los subsidios a las empresas de colectivo que cubren el recorrido entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires para evitar una nueva suba del boleto, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, cuestionó la medida y afirmó que la administración libertaria “hace populismo selectivo”.
Passerini ya inició los contactos con sus colegas de otras ciudades para insistir ante el Congreso en la necesidad de que no haya “discriminación” en la forma en que Nación reparte la asistencia al transporte urbano de pasajeros.
El Gobierno nacional acordó incrementar las compensaciones económicas exclusivamente para las 104 líneas de jurisdicción nacional en el AMBA. En esos colectivos el boleto cuesta unos $742,81 frente a los $2150 de Córdoba o Rosario.
“Una vez más, el Gobierno Nacional hace populismo selectivo y destina mayores subsidios al transporte del AMBA para evitar que aumente el boleto; nos siguen discriminando a las ciudades del interior, que afrontamos prácticamente en soledad el costo del transporte público”, posteó Passerini en sus redes sociales.
Insistió en que “no hay razones para que reciban un tratamiento diferente” y aclaró: “No estamos cuestionando que se cuide el bolsillo de los usuarios del AMBA. Lo que reclamamos es que ese mismo criterio se aplique en todo el país”.
La situación replica una que se vivió en mayo de 2024 cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, también incrementó los subsidios del transporte para el AMBA para frenar un nuevo paro.
En ese momento con Passerini y su par de Rosario, Pablo Javkin, a la cabeza se movilizaron intendentes de unas 20 ciudades al Congreso para reclamar un “aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias”.
En general, son las provincias y los municipios los que cubren los fondos que dejó de poner la Nación, con lo que el impacto es directo sobre sus cajas.
“La Argentina no termina en los bordes de la Casa Rosada” y pidió un “país verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades y reglas justas para todos”, afirmó Passerini.
Los intendentes plantearon entonces lo que ahora repiten: el Gobierno central recauda el impuesto a los combustibles, lo que impacta en el precio del gasoil. Si lo eliminara, sería una carga menos para el boleto del transporte urbano.
Precisamente, el Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles y trasladó al 1° de diciembre la aplicación de los incrementos que estaban previstos para noviembre. La medida busca quitarle presión a la inflación, luego de que a finales de septiembre las petroleras privadas aplicaran aumentos de hasta 5% en los surtidores.
se vivió en mayo de 2024,volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles,aplicaran aumentos de hasta 5% en los surtidores.,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Presentaron en el Congreso un proyecto de ley de etiquetado de huevos

La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de Ley de Etiquetado de Huevos en el Congreso de la Nación. La iniciativa, elaborada por la organización internacional Sinergia Animal apunta a que en Argentina, el país con mayor consumo de este alimento por habitante del mundo y que según proyecciones del sector avícola en 2026 alcanzará un nuevo récord de 430 unidades per cápita, los compradores no tienen forma de saber, mirando el envase, en qué condiciones fue producido el producto.
La iniciativa propone incorporar al etiquetado obligatorio ya existente una categoría que identifique el sistema de producción: jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, u orgánico. Esa información debería constar en la cara principal del envase de manera visible, legible e indeleble.
Además, el texto legislativo extiende la obligación a la publicidad: toda comunicación comercial de huevos deberá consignar el sistema de producción correspondiente y quedará prohibido el uso de imágenes o recursos gráficos que induzcan a error. Así, la presencia de gallinas al aire libre en un packaging no podría sugerir ese tipo de cría si los huevos provinieran de un sistema de jaulas.
El proyecto se sustenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. “Lo sustentamos en la Constitución Nacional, lo sustentamos en los derechos del consumidor, en las leyes que nos respaldan”, afirmó Estévez al presentar la iniciativa. La legisladora también señaló que el proyecto ya cuenta con acompañamiento de distintos espacios políticos y que se continúa trabajando para ampliar ese respaldo, al considerar que el enfoque centrado en el consumidor permite abordar la discusión desde perspectivas diversas.
Una encuesta realizada por Sinergia Animal Argentina reveló que más del 78% de los argentinos desconoce que aproximadamente el 90% de la producción nacional de huevos se realiza en sistemas de jaulas. El dato ilustra la distancia entre lo que ocurre en los establecimientos avícolas y lo que llega al conocimiento de quienes compran el producto en góndola.

“Impulsamos este proyecto porque creemos que el acceso a la información no debería depender de la voluntad de cada empresa. Es importante que existan reglas claras y comunes para que todas las personas puedan conocer cómo se producen los alimentos que compran y tomar sus propias decisiones. No se trata de decirle a nadie qué comprar, sino de garantizar que pueda decidir con conocimiento”, señaló Romina Viscarret, directora de la organización protectora de animales.
Estévez, legisladora cordobesa de Unión por la Patria, amplió ese argumento en declaraciones a Infobae: “Hay un principio muy sencillo detrás de esta iniciativa: cada persona que compra un alimento tiene derecho a saber cómo fue producido. La defensa del consumidor también implica que la información del envase sea clara, verificable y que la publicidad no muestre una realidad distinta de la que existe”.
La diputada también destacó el trabajo articulado con la organización: “Desde el Congreso queremos sumar a ese esfuerzo y generar una herramienta concreta que amplíe derechos y genere estándares más transparentes para toda la cadena”.

No es la primera vez que una propuesta de este tipo llega al Congreso. En 2021, un proyecto similar —también elaborado por Sinergia Animal y presentado en esa oportunidad por el diputado José Luis Ramón, de Unidad Federal— no prosperó. La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) expresó un fuerte rechazo. Javier Prida, titular de la entidad, cuestionó entonces tanto la forma como el fondo de la iniciativa. “El proyecto dispara mucha preocupación en el sector productivo. Estamos de acuerdo en que tenemos que ver de qué manera le indicamos al consumidor qué tipo de huevo consume. Pero el método y camino que se eligió para hacerlo no es el más saludable”, afirmó en aquel momento.
Prida también argumentó que la industria avícola argentina cumple con la normativa de la Organización Mundial de Sanidad Animal y que está fiscalizada por el Senasa. Sobre las condiciones de alojamiento, sostuvo que las afirmaciones sobre hacinamiento o maltrato “son mentira”. “Vienen las modas de Europa o Estados Unidos, de países ricos que instalan modas para sus habitantes con un poder adquisitivo más alto que en la Argentina”, señaló.
El texto del nuevo proyecto contempla un plazo de adecuación de doce meses desde su reglamentación, con la posibilidad de cronogramas progresivos según la escala productiva. No propone prohibir la comercialización de huevos de ningún sistema ni imponer un modelo de cría determinado: su alcance se limita a que las diferencias entre las alternativas disponibles sean identificables para el consumidor. Las sanciones por incumplimiento quedarían encuadradas en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, entre otras normas vigentes.
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