POLITICA
El Gobierno busca un control externo sobre las obras de las represas en Santa Cruz y licita la inspección por $39.624 millones
EL CALAFATE.- El Gobierno nacional contratará a una empresa para una supervisión externa de las obras en las represas en Santa Cruz a través de una licitación de $39.624 millones.
Lo hizo mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por el secretario de Obras Públicas, Bernardo Bartolomé Heredia.
El objetivo central de la supervisión es realizar una inspección técnica, ambiental y contractual de las obras en el río Santa Cruz.
El gobierno de Javier Milei explicó que se trata de un requerimiento de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, que remarcó la necesidad de contar con un esquema de control externo sobre el avance del proyecto.
La Casa Rosada había devuelto a las obras sus nombres originales: Cóndor Cliff, que el gobierno kirchnerista había denominado Néstor Kirchner, y La Barrancosa, que había sido denominada Jorge Cepernic.
El complejo hidroeléctrico se ubica sobre el río Santa Cruz e integra las dos centrales, diseñadas para aprovechar el caudal del río sin regular los niveles del Lago Argentino.
El pliego establece que la firma seleccionada para la supervisión “no recibirá anticipo financiero”. La resolución también creó una Comisión Evaluadora.
Las obras para las represas fueron adjudicadas en agosto de 2013 al consorcio integrado por Eling Energía (ex Electroingeniería) en un 36%, China Gezhouba Group Company Limited con un 54% accionario e Hidrocuyo S.A. con un 10%.
Los trabajos quedaron paralizados en diciembre del 2023.
Tras negociaciones entre los dos países en agosto pasado, se destrabaron $45.000 millones -equivalente a US$ 30 millones- a favor de la unión de empresas que construye las represas en Santa Cruz, lo cual corresponde al primer pago previsto para retomar las tareas.
Eso llegó después de intensas gestiones sostenidas por la provincia para lograr que los recursos finalmente fueran liberados.
En enero pasado ingresaron US$150 millones del consorcio de bancos chinos que financia la obra, después de varios pedidos de waivers (perdones) por parte del Gobierno.
Con ese pago, el monto total transferido asciende a unos 2000 millones de dólares, sobre un financiamiento comprometido inicialmente de 4714 millones de dólares.
El ingreso de los fondos marcó un avance significativo para un proyecto que estaba bajo la órbita de Enarsa y que la gestión del actual gobierno nacional transfirió a la Secretaría de Obras Públicas como organismo a cargo, lo cual generó un proceso de revisión integral del proyecto ejecutivo completo.
Las últimas declaraciones oficiales del gobierno santacruceño sobre el tema señalan que ya hay 216 trabajadores entre jerárquicos y personal de base que cobran sueldo a través de las represas, en tanto que desde el gobierno se promueve que se aplique el esquema de 90/10 en la contratación de mano de obra santacruceña.
La central hidroeléctrica La Barrancosa debía estar generando electricidad desde 2020, pero las demoras por cuestiones ambientales, financieras y la pandemia postergaron la fecha estimada de finalización hasta 2027. Actualmente, el avance de obra es del 42%. En tanto, la represa Cóndor Cliff presenta un progreso del 20%.
El plan de Enarsa era comenzar con la reactivación de La Barrancosa y, en el camino, resolver lo que pase con el futuro de Cóndor Cliff, frenada desde el 2018 por deslizamiento de terrenos que paralizó la obra, hasta que la obra pasó a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía.
Cuando las obras quedaron paralizadas, en marzo del 2024 fueron desafectados cerca de 2000 operarios y en ambas represas quedó una guardia mínima. Se espera ahora la reincorporación de 1800 operarios y la generación indirecta de mano de obra de 2200 personas.
Mariela Arias,Conforme a
Uno de los imputados del juicio de los Cuadernos de las Coimas, el exministro de Planificación Federal de los gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, cambió a su defensa.
El abogado Maximiliano Rusconi, tradicional defensor de los acusados por la corrupción durante el kirchnerismo, abandonó la función.
En consecuencia, un defensor oficial patrocinará al exfuncionario.
Rusconi explicó que todavía no se retiró de todas las causas en las que defiende a De Vido porque se trata de un proceso.
“Ante la magnitud desmedida de denuncias y la enorme persecución penal, decidimos que ahora se ocupe el sistema de defensa oficial”, argumentó.
En línea con el kirchnerismo, Rusconi fue un crítico del sistema judicial.
El abogado agregó que tiene “afecto personal” a De Vido y argumentó que su decisión se debió a que “no hay estudio privado que pueda ejercer esa cantidad de defensas durante una eternidad de tiempo”.
El exministro de Planificación Federal es uno de los exfuncionarios kirchneristas con más causas penales en su contra.
De Vido acumula cinco condenas, de las cuales solo está firme la correspondiente a la tragedia de Once.
Por ese caso cumple prisión domiciliaria en Zárate. Las otras cuatro condenas corresponden a las causas de los trenes chatarra, la importación de gas natural licuado, Odebrecht y Skanska, esta última dictada en julio.
Además, sólo este año, la Casación dejó firme un procesamiento en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, llegó a la Corte la causa por la valija de Antonini Wilson en la que fue absuelto y el máximo tribunal deberá decidir si deja firme esa decisión y fue condenado en el caso Skanska en primera instancia.
De esta manera, las próximas audiencias del juicio de Cuadernos, que se llevan a cabo martes y jueves, mostrarán esta novedad: quién ejercerá, en calidad de defensor oficial, el patrocinio de De Vido.
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POLITICA
Kicillof pidió ir a una PASO en el peronismo para definir candidaturas: “Que lo decida la gente”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver las candidaturas del peronismo y planteó que las diferencias internas deben dirimirse en las urnas. “Lo mejor es que lo decida la gente”, sostuvo durante su visita a Jujuy, donde compartió una agenda institucional con el gobernador radical Carlos Sadir.
Kicillof afirmó que dentro del peronismo existe una coincidencia general sobre la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, aunque admitió desacuerdos sobre el camino para llegar a ese objetivo. “Pensamos, en lo general, que tenemos que ir para un lugar. Cómo hacerlo, hay diferencias”, expresó en una entrevista con El Tribuno.
El mandatario bonaerense sostuvo que las diferencias entre las distintas vertientes del justicialismo no deben impedir la competencia. “En el peronismo hay diferentes líneas, lo cual es lógico”, dijo, y agregó que el espacio debe sumar representación social y política para conformar una propuesta con alcance nacional.
“En la situación en la que estamos, tenemos que dejar que la gente elija”, dijo al cuestionar el proyecto del Gobierno nacional para eliminar las primarias. Según su interpretación, la iniciativa busca condicionar la organización de la oposición y evitar disputas internas en el oficialismo.
El mandatario planteó que la discusión no debe limitarse a las alianzas partidarias ni a la definición de una candidatura presidencial. En esa línea, habló de la necesidad de formar un frente político que reúna a organizaciones sindicales, sectores empresariales, estudiantes, trabajadores, productores rurales y representantes de las economías regionales.
“Un frente político tiene que ver con sectores, con laburantes, con estudiantes, con productores y con empresarios”, señaló. Para Kicillof, esa construcción podría derivar después en un frente electoral, una primaria amplia o una candidatura de consenso.
También abrió la puerta a coincidencias con sectores ajenos al peronismo. Mencionó al radicalismo como una fuerza con la que podrían existir puntos de acuerdo en torno a la democracia, el desarrollo y la soberanía, en contraste con las políticas del Gobierno nacional.
La visita a Jujuy ofreció una señal en esa dirección. Kicillof y Sadir, dirigentes de fuerzas diferentes, firmaron convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Jujuy en seguridad, minería, empleo, desarrollo agrario, deportes y gobierno digital.
“Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar”, afirmó Kicillof.
La posición del mandatario bonaerense sobre las PASO coincide con lo expuesto por los principales sectores de Fuerza Patria en la reunión que mantuvieron el 22 de octubre en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires.
De ese encuentro participaron Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, los jefes de los bloques legislativos Germán Martínez y José Mayans, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Los dirigentes coincidieron en sostener las PASO ante la posibilidad de que el Gobierno impulse su suspensión o eliminación. La herramienta es vista por buena parte del peronismo como un mecanismo para ordenar una competencia que, sin elecciones primarias organizadas por el Estado, podría derivar en una interna partidaria de difícil instrumentación.
En la cumbre hubo además acuerdo para coordinar una postura parlamentaria frente al Presupuesto 2027, con reclamos vinculados con la obra pública, el financiamiento universitario, las prestaciones para personas con discapacidad y los recursos para las provincias afectadas por el fenómeno climático de El Niño.
La discusión sobre las PASO expone una de las principales tensiones del peronismo. La dirigencia coincide en la conveniencia de sostener la unidad, aunque las diferencias entre el sector de Kicillof y el kirchnerismo persisten, en especial en la provincia de Buenos Aires.
En el sector de Cristina Kirchner promueven un acuerdo amplio, con la ex presidenta como figura de referencia en la etapa de reorganización. Esa posición quedó expuesta durante el acto que Máximo Kirchner encabezó en Lanús, en homenaje a Néstor Kirchner.
Allí, el diputado nacional recordó la fragmentación electoral del peronismo en 2003 y llamó a evitar una repetición de ese escenario. El mensaje fue leído dentro del espacio como un pedido para que la fuerza llegue a 2027 con una estrategia común y bajo una conducción política definida.
El kirchnerismo, además, consolidó en las últimas semanas un acercamiento con el Frente Renovador. Massa participó de actividades de La Cámpora y mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, entre ellas una en San José 1111, donde analizaron el escenario legislativo y las posibilidades del oficialismo de avanzar con cambios sobre las PASO.
La estrategia de ese sector busca que la discusión sobre las candidaturas quede subordinada a la construcción de una unidad más amplia. En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo también pretende que cualquier negociación legislativa incluya otros asuntos, como la cobertura de las vacantes de la Suprema Corte provincial, el cronograma electoral de 2027 y proyectos propios sobre apuestas online.
En tanto, Massa dejó atrás el bajo perfil que sostuvo al comienzo de la administración de Milei y volvió a participar con mayor frecuencia de reuniones políticas, encuentros legislativos y actividades públicas. Su planteo apunta a construir una coalición opositora más amplia que el peronismo.
El ex ministro de Economía considera que la continuidad de las PASO permitiría contener las diferencias internas y legitimar una candidatura competitiva. Su mirada parte de una premisa: que la unidad requiere reglas de competencia aceptadas por todos los sectores.
El líder del Frente Renovador también busca incorporar a gobernadores y dirigentes que no integran Fuerza Patria. Entre los interlocutores mencionados en el peronismo aparecen el senador radical Martín Lousteau, el diputado Emiliano Yacobitti, Emilio Monzó, Miguel Pichetto y gobernadores como Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.
En paralelo con la estrategia de diálogo nacional, Kicillof refuerza el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que reúne a intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y dirigentes sociales que responden a su conducción.
El jueves, antes de viajar a Jujuy, reunió en La Plata a más de 40 intendentes del MDF. Allí se discutieron las reelecciones de los jefes comunales, la defensa de las PASO nacionales y bonaerenses, la posibilidad de elecciones concurrentes en la provincia y el fortalecimiento de la estructura territorial del espacio.
La discusión por las reelecciones involucra a 81 intendentes que no podrían presentarse para un nuevo mandato en 2027 si no se modifica la Ley 14.836. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el MDF.
Kicillof necesita acuerdos con el kirchnerismo, el Frente Renovador y sectores de la oposición para avanzar con una reforma en la Legislatura bonaerense. La negociación incluye intereses electorales, institucionales y territoriales que atraviesan a todos los sectores de Fuerza Patria.
La visita a Jujuy se integró a ese proceso. Kicillof mantuvo una reunión con Sadir y lleva adelante actividades con dirigentes locales. Sus armadores avanzaron con la organización de un viaje a Santa Fe, donde buscan tomar contacto con distintos sectores del peronismo provincial sin intervenir en sus disputas internas.
POLITICA
Un dueño de la droguería Suizo Argentina profundiza la embestida contra la investigación por corrupción en el área de Discapacidad
Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, solicitó anular el allanamiento realizado en agosto de 2025 en su casa, en el barrio privado Nordelta, donde la Justicia secuestró dinero en efectivo, documentación y otros elementos de interés para la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Lo hizo luego de que el juez Ariel Lijo aceptara postergar su indagatoria y la de su hermano, Emmanuel Kovalivker con un planteo que profundiza la ofensiva judicial contra los audios atribuidos al exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se habla de corrupción dentro del organismo.
La defensa asegura que el procedimiento policial estuvo plagado de “irregularidades” y pide que se excluya del expediente toda la prueba obtenida del operativo.
“Lo que se verificó aquella noche no fue un registro domiciliario ajustado a la ley, sino una sucesión de improvisaciones”, sostuvo Magram en el escrito, en el que cuestiona que la Policía llegara a Nordelta sin una orden de allanamiento para la vivienda y que el procedimiento se realizara de madrugada sin que estuviera “justificada” su urgencia.
El allanamiento se ejecutó durante la madrugada del 22 de agosto de 2025, en el lote 6 del barrio La Isla, en Nordelta, donde vive Jonathan. Allí se incautaron US$68.759 y casi siete millones de pesos, además de un dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad.
La defensa reclama a la Justicia que le devuelva el dinero secuestrado y el dispositivo de almacenamiento.
Jonathan Kovalivker abandonó el country antes de que la Policía llegara a su domicilio, mientras que su hermano Emmanuel fue sorprendido en una calle interna del country, a bordo de un automóvil en el que había US$266.000 y $7 millones en efectivo.
En una causa paralela que nació tras el operativo, fue procesado el jefe de seguridad del complejo, Ariel De Vicentis, acusado de haber alertado a los Kovalivker sobre el procedimiento.
En el escrito presentado ayer, el abogado de ambos, Martín Magram, rechazó que Jonathan se haya dado a la fuga. Sostuvo que salió de Nordelta a las 00:45, a la vista de los policías, pero que estos no lo interceptaron.
El pedido de nulidad, que alcanza solo al allanamiento realizado en la casa de Jonathan, se inscribe en una estrategia más amplia de las defensas para cuestionar toda la investigación.
Uno de los ejes centrales en esa estrategia es cuestionar la validez de los audios atribuidos a Spagnuolo, que dieron origen a la investigación.
La acusación del fiscal se apoya también en los resultados de los allanamientos realizados en la sede de la droguería Suizo Argentina, en el barrio de Núñez.
Allí, la Policía secuestró distintos elementos que reforzaron la sospecha de los investigadores de que la empresa tenía injerencia en el organismo de discapacidad a través de intermediarios.
En una de las computadoras se encontraron más de 30 pasajes aéreos pagados por la Suizo Argentina emitidos a nombre del médico Pablo Atchabahian, quien no era empleado de la droguería y es investigado por su presunto papel como intermediario entre la Suizo y la Andis.
Para el fiscal Franco Picardi, la empresa, a través de intermediarios como Atchabahian, lideró un esquema de cartelización y “cooptó” el organismo de discapacidad.
La defensa de los empresarios solicitó el allanamiento en el country como parte del pedido de nulidad general que presentaron antes del llamado a indagatoria.
Magram sostuvo que el allanamiento tuvo como “fundamento” grabaciones de origen desconocido y cuya autenticidad y legalidad cuestiona.
“Toda la actuación de aquella noche se construyó sobre la premisa de una urgencia que no existía. La única base de la investigación eran unos audios atribuidos a Diego Spagnuolo”, dice la presentación.
Mientras los audios son peritados por la Gendarmería, la causa que lleva el fiscal Picardi –que cuenta ya con una treintena de procesamientos– avanza con una tercera tanda de indagatorias, prevista para la próxima semana.
aceptara postergar su indagatoria,Federico González del Solar,Conforme a
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