Por primera vez, La Libertad Avanza (LLA) competirá en una elección del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. El partido impulsa la lista Abogados por la Libertad para los comicios del 17 de noviembre, en los que se definirán los representantes de los abogados ante el organismo.

Los candidatos respaldados por los libertarios son el penalista Diego Carbone; Roxana Kahale, titular de la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf); y Juan Curutchet, director del Banco Central y ladero de la senadora oficialista Patricia Bullrich. La nómina también incluye suplentes y aspirantes al jurado de enjuiciamiento.

“Así como vienen imponiéndose en el juego político, este es un puntapié para mostrar que también quieren tener peso en lo que tiene que ver con la Justicia”, plantearon a en el campamento libertario.

Esta ambición cobra especial relevancia en un momento en que Nación avanza en el traspaso del fuero laboral, penal y de menores a la Ciudad, un proceso que se traducirá en nuevas designaciones de jueces y fiscales –especialmente en materia laboral–.

La intención de LLA de extender sus terminales en el distrito ya se manifestó en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, donde el espacio consiguió ubicar a dos defensores adjuntos. También se refleja en la negociación actual por las autoridades del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, donde busca colocar al menos a un representante.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la Capital forma parte del Poder Judicial porteño y es el órgano encargado de seleccionar magistrados. Está compuesto por nueve miembros: tres representantes elegidos por la Legislatura, tres jueces de la Ciudad elegidos por sus pares y tres abogados, también elegidos por sus pares.

Propuestas

En línea con la agenda del presidente Javier Milei, la lista Abogados por la Libertad propone “modernizar la Justicia porteña”, reducir la burocracia, simplificar trámites, digitalizar procesos y “promover una mayor eficiencia, transparencia e independencia judicial”.

“Queremos una Justicia independiente, eficiente y transparente. Una Justicia libre de privilegios, de corporaciones y de lógicas endogámicas”, sostuvo Carbone durante el lanzamiento de Abogados por la Libertad, al que asistieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y Santiago Viola, secretario de Justicia, tres referentes alineados con Karina Milei.

“El sistema necesita escuchar mucho más a quienes lo usamos todos los días”, afirmó el candidato, y planteó que las decisiones sobre el funcionamiento de la Justicia deben contemplar la experiencia de los profesionales que litigan, conocen las dificultades del sistema y mantienen un contacto cotidiano con juzgados y fiscalías, según difundió LLA en un comunicado.

Dificultades

El espacio buscará hacerse un lugar en un esquema en el que, según grafican los propios libertarios, el empresario radical Daniel Angelici y el peronista Juan Manuel Olmos “tienen mucho peso”. Por eso reconocen que colocar a un representante podría ser “difícil”, aunque lo consideran un primer intento.

Los libertarios llegan a los comicios con un antecedente desalentador. En las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura nacional –donde también orbitan Angelici y Olmos– realizadas el 20 de octubre, la lista libertaria quedó cuarta y última, con el 7,6% de los votos, y no accedió a ninguno de los cuatro lugares en juego.

En el estamento de abogados porteño se renovarán tres lugares. Competirán cuatro listas: Unidad en Defensa de la Abogacía, vinculada a Angelici, con Ricardo Gil Lavedra como candidato al jurado de enjuiciamiento; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, vinculada a Olmos y a Jorge Rizzo, actual consejero; y Los que vemos el Colegio, liderada por Eduardo Awad, extitular del Cpacf; además de Abogados por la Libertad.

La votación se realizará el 17 de noviembre en la sede del Cpacf, en Avenida Corrientes 1441. Los nuevos representantes asumirán el 23 de diciembre por un período de cuatro años. Dejan sus lugares Karina Leguizamón, presidenta del Consejo, Marcelo Meis y Rizzo.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso formalmente la designación del juez federal Daniel Rafecas en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, según indicaron fuentes al tanto de la iniciativa. De concretarse, el movimiento dejaría una nueva vacante en Comodoro Py y le abriría al Gobierno la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en esos tribunales, donde se investigan las principales causas de corrupción.

La iniciativa constituye un primer paso hacia el nombramiento, pero todavía resta que el presidente Javier Milei la apruebe y envíe el pliego al Senado para su tratamiento.

La propuesta se produce en medio de un nuevo envío de pliegos judiciales al Senado −el Gobierno remitió más 17 postulaciones el jueves− y mientras Rafecas se encuentra transitoriamente al frente de uno de los juzgados más sensibles de Comodoro Py: aquel donde tramita la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente.

Con la eventual salida de Rafecas de Comodoro Py, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco sobre un total de doce, lo que forzaría el esquema de subrogancias que rige actualmente y permite que un mismo magistrado esté al frente de varios juzgados.

Rafecas es titular del Juzgado Federal 3, pero también subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, en 2020. Por estas horas, el juez está al frente incluso de un tercer juzgado, el 8, donde tramita la causa por la criptomoneda, y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está momentáneamente de licencia.

Su partida obligaría a reorganizar esas suplencias y redistribuir así todas las causas bajo su órbita. Entre ellas, figura la investigación por la voladura de la AMIA (recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar); la causa por enriquecimiento ilícito del diputado provincial Francisco Adorni y el caso de presunta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, que continúa en etapa de instrucción.

Al Juzgado Federal 3, además, podría regresar uno de los expedientes más delicados para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la investigación sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero que pertenecería al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Rafecas fue quien le dio al caso su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre.

Por pedido de los investigados, el caso luego recaló en la Justicia federal de Campana, pero en el recorrido, el fiscal la Casación Mario Villar pidió a la Corte Suprema para que se revise esa decisión y la causa regrese al juzgado que podría dejar Rafecas.

Para el juez, el movimiento sería un ascenso. Concursó para el cargo en 2018, cuando ya llevaba 14 años como juez de Comodoro Py. Terminó en el primer lugar del concurso, pero su pliego fue y vino durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca llegó a la Cámara alta.

Rafecas, además, fue la opción de Fernández para la Procuración, pero tampoco consiguió el cargo, porque su nombre era fuertemente resistido en el sector más cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Hoy, tras más de dos décadas en Comodoro Py, el juez considera que es momento de dejar el juzgado, aseguran quienes lo tratan.

Reforma

Su eventual ascenso se produciría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y de reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.

Si ese proyecto llegara a concretarse −debería pasar por el Congreso− las decisiones judiciales se concentrarían en los jueces titulares de Comodoro Py, pero aún así, sin Rafecas, haría falta nombrar a un nuevo juez.

Con la llegada Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno impuso su propia impronta a los tribunales de Retiro.

Por ahora, el movimiento más importante en ese sentido fue la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de todos los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

Allí, el oficialismo consiguió el nombramiento de dos camaristas, Pablo Yadarola, que era juez del fuero Penal Económico, y el de Pablo Bertuzzi, que formaba parte de la Cámara, pero había llegado mediante un traslado y no estaba firme en el cargo.