Referentes de la política repudiaron este martes el ataque que sufrió un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo y lo atribuyeron a los “discursos de odio” de la época que vincularon con el discurso del presidente Javier Milei y la militancia libertaria.

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta apuntó de forma directa contra Milei por los ataques. A través de la red social X, compartió un fragmento del discurso de Milei en Davos donde apuntó contra la comunidad LGBTIQ+.

Larreta acompañó el video con la frase “Los discursos de odio solo generan más odio”.

En aquel discurso en Davos en enero de 2025, Milei había expresado: “Queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres, solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo. Ni cuando un preso alega ser mujer y viola a cualquier mujer que se le cruza en la prisión. La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, dijo Milei en ese entonces.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que “el ataque a personas travestis y trans en los Bosques de Palermo por parte de un grupo violento, a pocos días de la Marcha del Orgullo merece todo el repudio”.

“Los discursos de odio de Milei, Jorge Macri y [la vicejefa de Gobierno, Clara] Muzzio tienen consecuencias: alientan esa violencia. Por eso, el sábado marchamos. ¡Basta de ataques de odio!“, expresó.

En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón habló sobre la agresión en la Comisión de las Mujeres de la Cámara de Diputados.

“Un grupo de jóvenes que hace algunas semanas venían hostigando por redes y armaron un ‘bingo trans’, donde marcaban qué iban a hacer en la bicicleteada. No podemos naturalizar el odio, la violencia, que los discursos de odio que permanentemente emanan desde lo más alto del poder se transformen en una habilitación de la violencia. Estos pibes de entre 16 y 20 años sintieron que podían agredir en redes y en la vida real”, reclamó.

Y sumó: “Más allá de expresar la solidaridad y acompañamiento y con todas las mujeres trabajadoras sexuales que padecieron cuatro femicidios en el último mes, hay que expresar nuevamente que tenemos que condenar sin fisuras los discursos de odio, que luego se transforman en actos odiantes que nos siguen costando vidas”.

Desde Unión por la Patria (UxP), la diputada Gabriela Estévez afirmó que “los discursos de odio no son inocuos, cuando se naturalizan desde lugares de poder, crecen la estigmatización, la discriminación y las violencias contra las disidencias y las minorías”.

“A las compañeras atacadas, nuestro abrazo y toda nuestra solidaridad. Exigimos que se identifique a los responsables y que haya justicia por este hecho aberrante”, demandó.

Desde el sindicalismo, la secretaria general de Ademys y legisladora porteña del FIT, Amanda Martin, señaló que el ataque fue “organizado, grabado y empujado por la violencia y el odio que este gobierno promueve hacia las diversidades sexuales y de género”.

“En CABA, Macri mete policías en las villas y operativos racistas y deja correr estos ataques de odio”, repudió.

Además de la política, cantantes reconocidas como Lali Espósito, Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel repudiaron el ataque en sus redes sociales.

El ataque coordinado

Los jóvenes se reunieron en los Bosques de Palermo para hacer una bicicleteada por Halloween. Las víctimas y referentes de la comunidad LGBT denunciaron que se trató de un ataque coordinado previamente a través de plataformas de mensajería como Whatsapp.

La agresión llegó durante la noche, cuando el grupo de agresores aparecieron en sus bicicletas con palos en sus manos. Los atacantes grabaron la secuencia y la compartieron en redes sociales para “presumir”. Luego, las golpearon con otros elementos contundentes como conos de tránsito, ramas y piedras.

Como consecuencia, las víctimas fueron golpeadas con diversos elementos contundentes y seis de ellas resultaron lesionadas.

Desde la Defensoría LGBT de la ciudad de Buenos Aires confirmaron a que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados. Hay por lo menos seis víctimas que presentaron lesiones y una de ellas perdió una de sus orejas.

El ataque ocurrió a pocos días de la marcha del Día del Orgullo y a unos meses del homicidio de dos mujeres trans el pasado 13 de agosto en Santa Fe y Córdoba.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló por segunda vez el procesamiento del exsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman en la causa por la contratación irregular de trabajadores de la construcción como personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich.

La decisión es de los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, con la disidencia del camarista Gustavo Hornos. El fallo alcanza también a Gerardo Gómez Coronado, que era jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DNIC.

El tribunal hizo lugar al recurso de la defensa, a cargo del abogado Manuel Barros, anuló la resolución dictada el 3 de noviembre de 2025 por la Sala II de la Cámara Federal porteña y devolvió el expediente para que, “por quien corresponda”, se dicte un nuevo pronunciamiento.

No es un sobreseimiento. Los jueces aclararon que resolvieron “sin emitir opinión sobre el fondo del asunto”. Pero es la segunda vez que la Casación le devuelve el caso a la Cámara por la misma supuesta deficiencia.

En su intervención anterior, la Cámara de Casación (con otra integración) ya había anulado el fallo por falta de fundamentación. Lo que se discute es si hubo dolo, intención o si se trató solo de una irregularidad administrativa.

Pero la Cámara Federal volvió a confirmar los procesamientos sin prisión preventiva, aunque cambió la calificación a abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y ordenó revisar el monto de los embargos.

Según el fallo, la Cámara Federal tuvo por acreditado que, a través de esas contrataciones, el Estado sufrió un perjuicio de $1.787.260, pagados entre noviembre de 2017 y enero de 2018.

Algunos de los trabajadores que figuraban en los contratos declararon que nunca fueron a hacer tareas a la Dirección, y un peritaje determinó que las firmas de sus recibos de sueldo no se correspondían con las suyas. Se trataba, según la reconstrucción judicial, de personal del rubro de la construcción que iba a construir una oficina.

A Milman, que además de secretario de Seguridad Interior fue secretario de Gestión Federal de la Seguridad y tenía funciones directivas en la DNIC, se le atribuye haber firmado las propuestas que dieron inicio a los expedientes administrativos.

Además de haber enviado a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del ministerio los proyectos de resolución para aprobar la contratación de las 18 personas.

Para la Cámara, frente a irregularidades “flagrantes”, el curso favorable que ambos dieron a los trámites “sólo puede entenderse doloso”, porque eran funcionarios que conocían la regulación y la dinámica del organismo.

Pero la mayoría de la Casación rechazó su argumento. Barroetaveña escribió que los camaristas “insisten en el mismo esquema argumental previamente descalificado”: a partir de la supuesta notoriedad de las irregularidades y del lugar que ocupaban los imputados, concluyen que debieron conocer la ilegalidad.

Ese razonamiento, dijo, desplaza el análisis hacia “una especie de responsabilidad por el cargo”, incompatible con el artículo 248, que exige dolo directo. “De la existencia de irregularidades se pasa, sin elementos probatorios suficientes, a la afirmación del dolo directo”, señaló.

Carbajo, que intervino por primera vez en el caso, coincidió. Sostuvo que, para afirmar que Milman y Gómez Coronado sabían que incumplían el régimen de contrataciones de la administración pública, “era necesario invocar algo más que el rol que detentaban”, como prueba de indicios o datos concretos de su comportamiento.

Recordó que el abuso de autoridad se distingue de la “simple irregularidad funcional” justamente por el conocimiento y la voluntad del funcionario, y que las decisiones adoptadas por negligencia o error pueden dar lugar a sanciones disciplinarias o responsabilidad civil, pero no a este delito.

Hornos, que votó primero, propuso declarar inadmisible el recurso. Argumentó que un procesamiento no es una sentencia definitiva y que ya había sido revisado y confirmado por la Cámara Federal, con lo que estaba garantizado el doble conforme.

En la Casación actuó como fiscal Raúl Pleé. Ahora la causa vuelve a la Cámara Federal, que deberá dictar una nueva resolución sobre la situación procesal de los dos exfuncionarios.