POLITICA
Senado: a pesar de las críticas al texto y al Gobierno, oficialismo y oposición apoyaron el dictamen al proyecto de discapacidad
A pesar de los cuestionamientos a la redacción de la iniciativa de algunos bloques de la oposición y en medio de duras críticas a la política del gobierno de Javier Milei por su manejo del área, el proyecto de ley de fortalecimiento de la atención a la discapacidad obtuvo esta tarde dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado.
La iniciativa fue despachada por una inédita mayoría que reunió a un mosaico integrado por senadores libertarios, radicales, de Pro, peronistas disidentes, fuerzas provinciales y hasta kirchneristas. El dictamen avala el texto aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto quedó habilitada para convertirse en cuando vuelva a sesionar la Cámara alta, lo que podría ocurrir dentro de dos semanas.
Aunque se especulaba con que en el debate podían salir a la superficie las resistencias al interior del oficialismo que genera el proyecto, impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que se opone la iniciativa; la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), estableció desde el inicio el apoyo de su bloque al texto tal cual lo aprobó la Cámara baja.
“Esto no es asistencia social, esto es una prestación y una regulación permanente ya que refuerza las prestaciones y los controles. Este proyecto busca dar una respuesta permanente, ya no una emergencia, a las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó Bullrich.
Aunque con críticas al proyecto, al Gobierno y a su política en materia de discapacidad, el kirchnerismo sumó su apoyo para evitar más demoras y, sobre todo, para no dejar al sector, tanto pacientes como prestadores, sin una ley que reemplace la emergencia votada por el Congreso el año pasado y cuyo vencimiento operará el 31 de diciembre próximo.
“Vamos a acompañar el dictamen para que haya certeza de que el 31 de diciembre la emergencia no se cae”, aseguró Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires), quien coincidió con las críticas y propuestas de modificación que, momentos antes, había formulado al proyecto la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
El texto aprobado por la Cámara baja, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente y de orden público. Su objetivo es dar continuidad a los beneficios y las prestaciones destinados a las personas con discapacidad.
En materia de pensiones, mantiene las prestaciones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. También conserva su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Respecto de la cobertura sanitaria, garantiza a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad el acceso a un programa médico que asegure las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. De esta manera, contempla la continuidad de la atención brindada a través de Incluir Salud.
Otro de los ejes es el mantenimiento del nomenclador único de prestaciones y de la homogeneidad de los aranceles. La iniciativa ratifica su actualización automática y periódica mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El tema del nomenclador y de la actualización de las prestaciones fue uno de los cuestionamientos de la cordobesa Vigo, quien pidió introducir cuatro cambios en el proyecto, a pesar de que hacerlo implicaría que el texto volviera en segunda revisión a la Cámara de Diputados casi sobre el cierre del período ordinario de sesiones del próximo 30 de noviembre.
Al respecto, Vigo aseguró que el texto aprobado por Diputados deja a la actualización de los valores de las prestaciones un 30% por debajo de la inflación registrada. Lo mismo dijo sobre el nomenclador, del cual sostuvo que se encuentra en un 43% retrasado en relación a los valores que tenía en 2017. Los pedidos de cambios de la senadora no fueron tenidos en cuenta.
Para sostener el sistema, el proyecto prevé partidas específicas del Ministerio de Salud y compensaciones con recursos del Tesoro cuando resulten insuficientes. Además, establece que la asignación presupuestaria no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.
La propuesta también incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como la Anses, ARCA y el Registro Nacional de la Personas (Renaper). Los controles deberán respetar un debido proceso inclusivo: ante eventuales suspensiones, se prevé una notificación fehaciente y un plazo de 60 días para que las personas afectadas presenten su descargo y soliciten la revisión de su caso,
Por último, el texto fija plazos para regularizar las compensaciones pendientes a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
La UBA realizó una marcha de velas para reclamar por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento – Nexofin
Las federaciones estudiantiles y sindicatos de la Universidad de Buenos Aires encabezaron una marcha de velas hacia Tribunales. La movilización iniciada en Plaza Houssay demandó la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento de la educación superior.
La convocatoria reunió a los referentes de la FUBA, la FUA, el gremio docente ADUBA y los trabajadores nodocentes de APUBA. Bajo la consigna “No permitamos que se apague la Universidad”, la comunidad educativa reclamó por los fondos institucionales y salarios.
El diferendo judicial involucra la aplicación de la ley universitaria sancionada durante la gestión de Javier Milei. Aunque el mandatario vetó la iniciativa, el Congreso nacional insistió con la votación de dos tercios para su aprobación definitiva.
En octubre, el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto que suspendió las ejecuciones presupuestarias y ordenó cumplir la ley. Sin embargo, el Poder Ejecutivo interpuso un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.
Paralelamente, las autoridades universitarias exigieron partidas por 11 billones de pesos en la discusión parlamentaria del Presupuesto. Desde el sector advirtieron a la prensa: “La universidad es una olla a presión”.
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Ley de Financiamiento Universitario,MARCHA DE LAS VELAS,UBA,Universidades públicas
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Llaryora llevó a Diputados los reclamos del interior por los subsidios y profundiza su disputa con Milei
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, abrió un nuevo frente de disputa con el gobierno de Javier Milei. Intendentes de su provincia encabezaron este miércoles una protesta en la Cámara de Diputados contra el aumento de los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del que quedó excluido el interior.
También hubo reclamos de otros jefes comunales por el recorte del programa de medicamentos Remediar y las deudas del PAMI con los centros de salud municipales.
La convocatoria se realizó en la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, presidida por la cordobesa Carolina Basualdo, del bloque Provincias Unidas (PU). Participaron 79 intendentes de distintos partidos políticos, más de la mitad de ellos cordobeses.
Entre los principales expositores estuvieron Daniel Passerini, de la ciudad de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario, y Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán.
El reclamo también tiene un trasfondo electoral. Llaryora se prepara para disputar su reelección en Córdoba, donde La Libertad Avanza (LLA) busca disputarle el poder provincial con Gabriel Bornoroni.
La confrontación con la Casa Rosada se intensifica, además, mientras el oficialismo necesita los votos de los legisladores que responden al gobernador para aprobar el presupuesto 2027, entre otros proyectos de la agenda oficial.
El propio Llaryora cuestionó el reparto de subsidios. “Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior”, publicó en sus redes sociales. Calificó la medida de “discriminatoria y populista, igual que el kirchnerismo”.
Durante la reunión, Passerini denunció que la Nación destina US$460 millones al transporte del AMBA y nada al interior, pese a que los recursos provienen de un impuesto a los combustibles que se paga en todo el país. “Si eliminan el impuesto al combustible, al día siguiente bajo 35% el valor del boleto”, desafió.
Passerini es el presidente del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), un espacio multipartidario que nuclea a jefes comunales de distintas provincias de la Argentina.
Javkin coincidió con el reclamo y cuestionó que el Gobierno haya reforzado los subsidios metropolitanos mientras limita la cobertura de los beneficios sociales de la tarjeta SUBE en las provincias. “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”, sostuvo.
Los cuestionamientos también alcanzaron a la política sanitaria. Chahla advirtió que el programa Remediar pasó de distribuir 129 medicamentos esenciales a apenas seis, una reducción cercana al 95%. Entre los excluidos mencionó tratamientos para la diabetes, el hipotiroidismo y distintas infecciones. Cuestionó que el recorte se hubiera dispuesto sin evaluar sus consecuencias sanitarias.
La intendenta de San Marcos Sud (Córdoba), Claudia Godoy, denunció una presunta represalia del PAMI después de reclamar el pago de prestaciones médicas. Según relató, el organismo envió nueve auditores desde Buenos Aires, con un costo superior a los $9 millones, equivalente a la deuda que mantenía entonces con su municipio. “No tengo ningún problema con que me auditen, quiero que me paguen”, reclamó. Y apuntó contra los diputados libertarios cordobeses Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni.
Otro frente de conflicto
La protesta coincidió con otro motivo de malestar de Córdoba y Santa Fe con la Casa Rosada: la postergación de la nueva ley de biocombustibles, impulsada por ambas provincias para favorecer a sus productores.
Los legisladores que responden a Llaryora y al gobernador santafecino Maximiliano Pullaro esperaban dictaminar la semana pasada el proyecto aprobado por el Senado, que establece un régimen por 15 años y aumenta progresivamente los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. Sin embargo, la resistencia de Pro y otros diputados bonaerenses, que buscan proteger a las pequeñas productoras de biodiésel frente a las grandes aceiteras, frenó su avance.
A diferencia de Llaryora, que mantiene una confrontación más abierta con el Gobierno, Pullaro ha sostenido una relación oscilante con la Casa Rosada. Esa diferencia política no impidió que los representantes de ambas provincias coincidieran en el reclamo por los biocombustibles.
En las provincias productoras sospechan que Pro actuó en coordinación con el Gobierno para bloquear la iniciativa. “Entre los movimientos del Pro y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca beneficiar a productores de bioetanol y biodiésel del interior”, cuestionó el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, aliado a Llaryora.
El malestar suma presión sobre el oficialismo en plena negociación del presupuesto, para cuya aprobación necesita los votos de los legisladores que responden a los gobernadores.
November 2, 2026,postergación de la nueva ley de biocombustibles,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
Una encuesta realizada por Opina Argentina reveló cómo ven los argentinos la llegada del Papa León XIV al país. El viaje del sumo pontífice marcará un hito histórico, ya que será el primer líder de la Iglesia católica que visita este territorio desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.
La comitiva papal estará en el país del 8 al 11 de noviembre, donde llevará a cabo una cargada agenda que tendrá encuentros con dirigentes políticos, sociales y de los diferentes cleros. Visitará la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
En esa línea, el estudio, realizado entre el 23 y el 25 de octubre sobre una muestra de 2.205 personas en todo el territorio nacional, indica que dos tercios de los argentinos tienen una imagen positiva del Papa. El 46% lo califica de manera muy positiva y el 18% algo positiva, mientras que solo el 14% lo ve con ojos negativos y el 22% restante no tiene una opinión formada al respecto.
La aprobación del pontífice no es uniforme entre los distintos espacios políticos del país. Entre quienes se identifican con el peronismo, el 71% tiene una imagen favorable de León XIV. En cambio, entre los votantes de La Libertad Avanza, esa cifra cae al 55%, aunque sigue siendo mayoritaria. La imagen negativa dentro del espacio gobernante alcanza el 22%, más del doble que la registrada entre los peronistas (9%). Un 20% de los libertarios y un 23% tampoco tienen una opinión definida sobre el pontífice.
El conocimiento de la visita entre los encuestados es casi total: el 97% declaró estar al tanto del viaje papal. La relevancia que le asignan, en cambio, genera más división. El 60% considera que la gira es importante, mientras que el 33% opina lo contrario y un 7% no se expide al respecto.
A la hora de definir el carácter del viaje, el 57% de los encuestados considera que la visita tiene un carácter religioso, frente al 31% que la percibe como un acto político. El 12% restante no tiene una postura definida. Sin embargo, la lectura varía según el género: entre las mujeres, el 64% ve la visita como religiosa y solo el 24% como política. Entre los hombres, la brecha se achica: el 49% la considera religiosa y el 37% política, una diferencia de apenas doce puntos porcentuales.
Uno de los interrogantes que plantea el sondeo de Opina Argentina es el impacto político de la visita sobre la gestión de Javier Milei. La respuesta mayoritaria es neutra: el 60% estima que la llegada del líder católico no beneficiará ni perjudicará al Ejecutivo nacional. El 16% cree que lo perjudicará, el 10% que lo favorecerá y el 14% no tiene una opinión formada.
La percepción sobre el carácter de la visita incide de manera directa en esta evaluación. Entre quienes ven el viaje como un acontecimiento religioso, el 68% sostiene que no tendrá consecuencias políticas para el gobierno y solo el 11% cree que lo perjudicará. En cambio, entre los que lo consideran un evento de naturaleza política, el impacto negativo percibido sube al 30%, y la neutralidad cae al 48%.
Otra de las dimensiones que aborda el estudio es la identificación política que los argentinos le atribuyen al pontífice. El 50% sostiene que León XIV no se identifica con ningún espacio político del país, y un 24% adicional no tiene una opinión formada al respecto. Combinados, el 75% de los encuestados no vincula al Papa con ningún sector de la política argentina. El 15% lo asocia al peronismo, el 5% al Frente de Izquierda, el 4% a La Libertad Avanza, y solo el 1% lo relaciona con el PRO o con el radicalismo.
Así será la agenda papal en el país
La visita de León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Esa misma tarde, el Papa rendirá homenaje al General José de San Martín en la plaza de Retiro, participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro privado con el presidente Milei a las 17:50. La jornada cerrará en el Palacio Libertad con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
El lunes 9, la agenda comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad que lleva décadas funcionando en el sur del conurbano bonaerense. Horas después, a las 11:30, León XIV presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, visitará la Universidad Católica Argentina (UCA) para un encuentro con representantes del mundo del trabajo y luego mantendrá reuniones con líderes de comunidades religiosas en el Palacio San Martín. Al caer la noche, celebrará vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado argentino.
El martes 10, el pontífice viajará a Córdoba para la jornada más masiva de su estadía. A las 10, encabezará la misa por la santificación del pueblo argentino en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), precedida por una vigilia juvenil. Luego recorrerá la ciudad en papamóvil hasta llegar al Arzobispado local y, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche regresará a Buenos Aires para un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
El miércoles 11, último día de la visita, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de libertad. A las 10, celebrará una misa en la explanada de la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación de América Latina. Tras esa celebración, el Papa se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 y la partida rumbo a Lima, Perú, a las 14.
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