La regla de oro del proceso penal: sin acusación no hay causa. Y ese es uno de los mecanismos de los que se valió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para solucionar los principales problemas judiciales que aquejaban al Gobierno. El otro atajo fue promover jueces allegados, que fallaron en sintonía con los deseos de la Casa Rosada.

Con este trabajo sobre Comodoro Py, Mahiques busca que Javier Milei lo postule como Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales.

En apenas ocho meses desde que asumió el cargo el 5 de marzo pasado, Mahiques logró, merced a gestiones informales y contactos reservados, que Javier y Karina Milei sean sobreseídos en el caso $LIBRA, que el expediente de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni se encamine hacia el sobreseimiento, que la causa Andis por el pago de sobreprecios en la compra de medicamentos y prótesis para discapacitados quede neutralizada y el archivo del caso de las valijas que ingresaron sin revisar en el avión de Leonardo Scatturice, un empresario vinculado al oficialismo.

Todo esto sin contar el archivo de la causa por el préstamo tomado al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el macrismo, que afectaba a los ministros de Mieli, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el camino al archivo de la causa por el supuesto desvío de un fideicomiso destinado a mantener las rutas nacionales.

Este poder se proyecta hacia el futuro, pues Mahiques va a coronar su primer año de gestión con la designación de 231 jueces y fiscales federales y nacionales en todo el país, con lo que tejió una red que promete repetir la fórmula ante cada problema judicial del Gobierno.

Juan Bautista Mahiques fue fiscal general porteño durante seis años, presidió la Asociación Internacional de Fiscales y llegó al Ministerio de Justicia en marzo con el aval de Karina Milei para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona. Karina Milei era una de las investigadas en la causa $LIBRA, por ahora archivada.

Mahiques se valió de dos mecanismos: logró diluir la acusación de los fiscales y logró nombrar en cargos clave a jueces y camaristas que fallaron en sintonía con los deseos del Gobierno o sus aliados.

Cuando en una causa desaparece el impulso fiscal, es decir, la acusación, el juez no tiene más remedio que sobreseer, archivar o hacer desaparecer la acusación, pues el fiscal es el dueño de la acción penal en representación de la sociedad. Con acusadores que no acusan, no hay caso.

El fiscal Eduardo Taiano firmó a las 11:32 del jueves 22 de octubre un dictamen de 58 páginas que nadie le había pedido. Concluyó que no había “sustento fáctico alguno” para seguir investigando el lanzamiento de $LIBRA.

Al día siguiente, a las 14:29, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Pasaron 26 horas. En el juzgado explicaron que el fiscal había anticipado su presentación y que el juez tenía un viaje programado.

Esa misma noche del 22, Milei celebró en la cena de gala de la Fundación Faro y entre los comensales estaban Mahiques y su viceministro, Santiago Viola.

La causa se quedó sin acusadores, porque el 3 de julio, el juez Martínez de Giorgi había apartado a los inversores que actuaban como querellantes, patrocinados por Juan Grabois. Quedaron fuera los acusadores particulares.

Desde entonces, Taiano quedó como único acusador. Doce días después, el 15 de julio, el Boletín Oficial publicó el decreto 589/2026, firmado por Milei y Mahiques, que designó a Ana María Juan, esposa de Martínez de Giorgi, al frente del Juzgado Federal de Hurlingham.

El 3 de septiembre asumieron en la Sala I de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, cuyos pliegos había impulsado Mahiques.

Al día siguiente, Mariano Llorens y Bertuzzi confirmaron el apartamiento de los querellantes. Sin víctimas en el expediente y con un fiscal que no acusa, el juez archivó.

Ahora los querellantes llegaron a la Cámara de Casación, que admitió analizar si corresponde reponerlos en el caso, lo que permitiría recurrir el archivo y buscar reabrir el caso. Un camino difícil.

Pero el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, asumió la acción penal que Taiano había abandonado y apeló los sobreseimientos. Dijo que quedan muchas medidas de prueba pendientes que el propio Taiano había ordenado.

En la causa Adorni, el 24 de abril, el juez Daniel Rafecas archivó, a pedido del fiscal, la causa por el viaje de Manuel Adorni a Nueva York con su esposa, en la que se investigaba una posible malversación.

El fiscal Gerardo Pollicita concluyó que no hay elementos para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete y pidió que el expediente pase al fuero penal económico para investigar una posible evasión tributaria. Pollicita conoce bien a Mahiques y trabajó codo a codo con su hermano Ignacio cuando redactaron la elevación a juicio del caso Vialidad.

No es un sobreseimiento, pero saca el caso de Comodoro Py y de la figura del delito de funcionario. Ahora decide el juez Ariel Lijo, que sin acusación no tiene más remedio que sobreseer. En el fuero penal económico, un caso de evasión se cierra pagando la deuda. Fin del problema.

Otra causa que inquietó al Gobierno es la investigación sobre la llegada del avión privado de Leonardo Scatturice, el entonces amigo del Gobierno, del que desembarcó la señorita Laura Belén Arrieta con diez valijas que no se revisaron en la Aduana. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola archivó el 2 de septiembre, en su último día como juez en ese fuero, la causa.

Al día siguiente juró como camarista federal, en el cargo en que lo impulsó su amigo, el ministro Juan Bautista Mahiques.

En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, el expediente está bajo observación. El fiscal Franco Picardi sostuvo la investigación por el supuesto sobreprecio. Hay 19 procesados, entre ellos el extitular Diego Spagnuolo, y Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Pero el tramo que apuntaba a la Casa Rosada por el supuesto pago del 3% en sobornos para Karina Milei y el rol de Eduardo Menem se basaba en los audios de Spagnuolo que dieron origen al caso, pero que no son tomados como prueba. Esos audios están siendo cuestionados por las defensas. Según el Gobierno, un peritaje determinó que no es posible seguir su trazabilidad y detectó supuestas maniobras de edición.

El Juzgado Federal 11, donde nació el caso, no tiene juez titular. Esa vacante la subroga Ariel Lijo como suplente, pero Mahiques propondrá al candidato que quede como juez titular.

La eficacia de Mahiques con las causas contra el Gobierno es similar a su capacidad para designar jueces en las vacantes disponibles. Ya impulsó 231 nuevos magistrados, y el Consejo de la Magistratura aprobó otras 71 ternas antes del recambio de consejeros que operará el 18 de noviembre, lo que pondría la cifra de jueces puestos por el ministro por encima de los 300. Además, durante ese mismo período, se le extendió el acuerdo como camarista de su padre, Carlos Mahiques, que cumplió 75 años. El Gobierno no tuvo el mismo criterio con otroas jueces.

Según el Ministerio, a fines de octubre ya había enviado 232 pliegos al Senado y se concretaron 169 designaciones. Germán Garavano, ministro en el macrismo, nombró 190 jueces en toda la gestión de Juntos por el Cambio.

El ministro negoció los pliegos con gobernadores, legisladores, aliados y opositores. El peronismo acompañó en el Senado buena parte de los pliegos, incluido el de Yadarola, un juez que integró la comitiva que viajó a Lago Escondido, en octubre de 2022, episodio que había sido duramente cuestionado por el kirchnerismo y que incluso había impulsado una denuncia.

El escenario que viene, con la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py 2002 en febrero próximo, agiganta el poder de Mahiques.

En un sistema donde el fiscal decide si una causa avanza, controlar a los fiscales es controlar las causas. Hoy, cuatro de las doce fiscalías federales de Comodoro Py vacantes. Mahiques se lo reprochó en público al procurador interino, Eduardo Casal, el 21 de octubre: “Espero que se avance rápido”.

Su deseo es ser propuesto por el Gobierno como Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales. Mahiques cumple con los Milei para llegar a su meta.

CÓRDOBA.- El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, acordaron compensar deudas por casi $143.000 millones. El saldo que le queda por pagar a la Provincia lo hará con un cronograma de pagos que se extenderá hasta diciembre de 2027.

La administración provincial, en tanto, mantiene sus reclamos por las diferencias del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2025 y 2026 y preserva dos causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia.

El acuerdo prevé el reconocimiento de deudas nacionales a favor de Córdoba por $142.959 millones que se descontarán de obligaciones provinciales por $438.705 millones (Córdoba recibió un anticipo financiero por $400.000 millones hace unos meses). Los $295.746 millones a favor de Nación se pagarán mensualmente a y a tasa de interés del 15% nominal anual.

El acuerdo que firmarán los próximos días Caputo y Llaryora se encuadra en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El principal componente de la deuda nacional reconocida a favor de Córdoba son $110.000 millones de Anses, correspondientes al anticipo para el actual ejercicio. El resto son por ajustes de la compensación del Consenso Fiscal.

Por su parte, Córdoba reconoce obligaciones con Nación por el anticipo financiero, sus intereses y un pago a cuenta de la deuda con el Club de París por $23.747 millones (que deben pagar todas las provincias). Los primeros $60.000 millones del plan de pagos vencerán el último día hábil de este mes.

Uno de los puntos centrales del convenio es a qué renuncia la Provincia: desistirá de los derechos y acciones vinculados exclusivamente con los conceptos y montos de las deudas nacionales incluidos en la compensación, incluidas las pretensiones impugnatorias y resarcitorias.

Sin embargo, el texto excluye expresamente de esa renuncia las diferencias a favor de Córdoba que surjan de la determinación definitiva de los déficits del sistema previsional provincial de 2025 y 2026, cuya cobertura corresponde al Estado nacional a través de Anses.

El convenio no agota las obligaciones entre ambas jurisdicciones, ya que Nación y Córdoba podrán incorporar otras deudas y créditos en futuros acuerdos, dentro de los plazos y condiciones del régimen.

A partir del acuerdo, la Provincia deberá suministrar información fehaciente sobre la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda. Anualmente, presentará el presupuesto aprobado o prorrogado del sector público no financiero, con su esquema de ahorro, inversión y financiamiento; un resumen de la normativa de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos; e información sobre nuevas inversiones.