POLITICA
La Justicia ordenó al Gobierno mantener las prestaciones de un centro que atiende a personas con discapacidad
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional mantener la categorización de un centro terapéutico que atiende a 61 personas con discapacidad, entre ellas niños, adolescentes y adultos con autismo, psicosis y discapacidad intelectual. La decisión frenó la exclusión de la institución del Registro Nacional de Prestadores, una medida que podía comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones de alojamiento.
El fallo fue dictado por Walter Lara Correa, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Rehabilitación y Educación Psicomotriz (CEREP), ubicado en el barrio porteño de Flores. La resolución, firmada el jueves 5 de noviembre, ordenó una nueva inspección y citó las denominadas “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas”.
La cautelar no anuló el procedimiento administrativo iniciado por el Gobierno ni cuestionó sus facultades de fiscalización. Dispuso que el establecimiento conserve su inscripción hasta que las autoridades nacionales realicen una nueva inspección y comuniquen sus resultados al tribunal en el plazo de diez días.
“Corresponde hacer lugar a la medida cautelar de no innovar respecto a la categorización de la amparista hasta tanto la accionada realice la nueva inspección en la sede de CEREP S.R.L.”, estableció el juez en la parte resolutiva.
El conflicto se originó tras una auditoría realizada el 12 de junio de 2026 por organismos nacionales encargados de controlar las prestaciones para personas con discapacidad. Los inspectores detectaron irregularidades edilicias y de funcionamiento, problemas de accesibilidad, deficiencias en materia de seguridad y observaciones sobre la documentación y la organización de los tratamientos.
A partir de esas conclusiones, la Secretaría Nacional de Discapacidad impulsó la baja de CEREP del Registro Nacional de Prestadores, tanto en la modalidad de Centro Educativo Terapéutico como en la de Hogar con Centro Educativo Terapéutico.
La institución, fundada el 23 de agosto de 1990, sostuvo que había corregido gran parte de las deficiencias y que las autoridades administrativas no valoraron de manera adecuada la documentación presentada para acreditar las mejoras. En agosto entregó un descargo con 21 anexos, entre fotografías, facturas de materiales y constancias de reparaciones.
El establecimiento cuenta con 36 concurrentes ambulatorios y 25 personas alojadas de forma permanente. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, tiene una planta funcional de 40 profesionales de la salud. La eventual pérdida de la categorización nacional podía afectar especialmente a quienes reciben cobertura de obras sociales.
En ese punto, la sentencia introdujo una distinción: el procedimiento administrativo no disponía la clausura del centro. El magistrado explicó que una eventual exclusión del registro no impediría que CEREP siguiera funcionando con su habilitación local, aunque modificaría de manera sustancial sus posibilidades de prestar servicios dentro del sistema nacional.
Según el fallo, el establecimiento sería excluido del registro, pero “conservaría la habilitación para seguir trabajando”. Sin embargo, esa decisión podía perjudicar de manera indirecta a los pacientes, porque la institución dejaría de brindar determinadas prestaciones a través de las obras sociales.
La inspección judicial y las mejoras realizadas
Antes de resolver, Lara Correa convocó a las partes a una audiencia el 14 de octubre y ordenó una inspección ocular en las instalaciones. El recorrido se realizó el 20 de octubre, con la participación de funcionarias judiciales, representantes del Ministerio de Salud, profesionales que intervinieron en la auditoría original y autoridades de CEREP.
Durante la diligencia, fueron examinados dormitorios, baños, aulas, espacios comunes, instalaciones de seguridad y sectores destinados a actividades educativas y terapéuticas.
Los funcionarios constataron reparaciones en ventanas, la incorporación de elementos de seguridad, mejoras en el mobiliario y trabajos en las instalaciones sanitarias. También revisaron las condiciones de los colchones, los espacios de alojamiento y los elementos de higiene personal.
Uno de los datos centrales surgió de la evaluación de la arquitecta Alejandra Álvarez, quien había participado de la auditoría original en representación del organismo nacional.
Según el acta judicial, la profesional manifestó que “en líneas generales las observaciones efectuadas en el acta de la auditoría de fecha 12/06/26 fueron subsanadas”.
La comprobación no implicó que hubieran desaparecido todas las deficiencias. Seguían pendientes mejoras en la accesibilidad de sectores con desniveles, la señalización de salidas de emergencia, ciertas condiciones de seguridad vinculadas con la calefacción y la adaptación de un baño para personas con discapacidad.
No obstante, las modificaciones verificadas durante el recorrido fueron un elemento relevante para evaluar la necesidad de mantener la categorización mientras continúa el procedimiento administrativo.
Los argumentos del Gobierno y la decisión judicial
Durante el trámite, la Secretaría Nacional de Discapacidad defendió la actuación de sus equipos técnicos y sostuvo que la exclusión del registro respondía a incumplimientos de los requisitos fijados para garantizar la calidad y la seguridad de las prestaciones.
El organismo afirmó que las instituciones categorizadas deben cumplir estándares específicos y que su fiscalización es una responsabilidad estatal destinada a proteger los derechos de los pacientes. También planteó que la intervención judicial no debía reemplazar las facultades técnicas y administrativas del Poder Ejecutivo.
El juez examinó esos argumentos, pero entendió que correspondía preservar de manera provisoria la situación existente. Consideró que el perjuicio derivado de la baja de la categorización podía ser mayor que el de mantenerla hasta una nueva evaluación.
En particular, destacó los derechos a la salud, la educación, el cuidado, la vida digna y la habilitación y rehabilitación de las 61 personas que asisten al establecimiento.
La sentencia señaló que la pérdida de la categorización podía afectar la continuidad asistencial de los pacientes y generar consecuencias que excedían el conflicto entre el Estado y una empresa prestadora.
El magistrado sostuvo que la naturaleza de los derechos involucrados exigía una “debida diligencia reforzada respecto de los grupos vulnerables”, lo que justificaba las audiencias, la participación de las partes y las inspecciones en el establecimiento.
En ese contexto, recurrió a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a principios constitucionales de protección de las personas con discapacidad.
Las Reglas Papa Francisco y el derecho a la dignidad
Uno de los aspectos de la sentencia fue la referencia expresa a las Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas, una iniciativa de la Pastoral Judicial que propone incorporar una perspectiva humanitaria al funcionamiento de los tribunales.
“A ello cuadra añadir, las reglas del Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas, reglas que reconocen que normativa, procesos o sentencias judiciales en clave de vencedores y vencidos, no dan respuesta adecuada al derecho a la dignidad de cada persona”, escribió Lara Correa.
La mención aparece en el tramo en el que el juez analiza cómo una controversia administrativa puede repercutir sobre personas que no son parte formal del proceso, pero cuyos derechos se encuentran directamente comprometidos.
El magistrado explicó que la resolución debía considerar una concepción de justicia distributiva, orientada al bien común y a las consecuencias sociales de las decisiones, sin limitarse a definir cuál de las partes tenía razón en la disputa.
Las Reglas Papa Francisco fueron elaboradas a partir de los encuentros de “Diálogos por una justicia más humana”, que la Pastoral Judicial desarrolla desde 2024. La iniciativa reúne experiencias de personas en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, con el objetivo de trasladar esos planteos a la administración de justicia.
Uno de esos encuentros se realizó en mayo de 2026 en el Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que alberga a cerca de 500 personas con discapacidad.
El sacerdote Aníbal Quevedo, una de las autoridades de la Obra Don Orione en la Argentina, Uruguay y Paraguay, fue anfitrión de aquella reunión. Después recibió una edición especial de las reglas, que también fue enviada al papa León XIV.
La referencia judicial adquiere otra particularidad por el momento en que se produjo: la sentencia fue firmada tres días antes del inicio de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre.
Qué establece la medida cautelar
La decisión de Lara Correa mantiene de manera provisoria la categorización nacional de CEREP, pero no exime al establecimiento del cumplimiento de las normas vigentes ni impide futuras medidas administrativas basadas en nuevas verificaciones.
El Ministerio de Salud deberá realizar otra inspección y comunicar su resultado al juzgado en diez días. Además, tendrá que presentar el informe correspondiente a la acción de amparo dentro de los cinco días fijados en la resolución, con los argumentos y las pruebas para defender su posición.
El magistrado aclaró que la medida cautelar no adelanta una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto y puede ser revisada ante la aparición de nuevos elementos.
En el apartado dedicado al interés público, consideró que mantener la categorización favorecía la protección de los derechos de los concurrentes, mientras que rechazar la cautelar podía ocasionar consecuencias más gravosas para ellos.
La resolución dejó planteado el criterio que guio la intervención judicial: el Estado conserva sus facultades de control y la obligación de exigir condiciones adecuadas a los prestadores, pero el ejercicio de esas atribuciones debe contemplar los efectos concretos sobre quienes reciben atención.
Por ahora, las 61 personas que asisten a CEREP podrán continuar recibiendo las prestaciones bajo la categorización que la Justicia ordenó preservar. La continuidad de esa situación dependerá de la nueva evaluación administrativa y de las decisiones que se adopten durante el trámite del amparo.
POLITICA
León XIV habló en el avión camino a Latinoamérica: “Visitar Argentina es un homenaje a Francisco”
(Desde el vuelo papal) – El papa León XIV aterrizó en Uruguay, su primera parada antes de llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para una visita de cuatro días que combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.
Durante el vuelo, cuando terminó el frugal desayuno servido a los 84 periodistas que ocupaban la parte trasera del avión fletado por el Vaticano, León XIV se presentó con su sonrisa cotidiana, vestido con sotana blanca y protegido por seis guardaespaldas que parecían diplomáticos de carrera. El Papa hizo un discurso formal y a continuación saludó -uno por uno- a todos los corresponsales que cubrirán la gira por Uruguay, Argentina y Perú.
León XIV protagonizó un milagro: los cronistas se mantuvieron en sus asientos, apenas hubo algún codazo aislado y cada uno tuvo su minuto para “comentar algo personal” a Su Santidad, como exigió el férreo protocolo a los enviados especiales.
León XIV se acercaba al periodista, le tendía la mano y recibía su regalo. Un paquete de galletitas, un libro, un crucifijo, una tapa de un diario, una foto familiar. Y en algunas ocasiones se invertían los roles: el cronista pedía una bendición, un consejo, o simplemente cumplía con una promesa familiar. Un colega de Estados Unidos le pidió que le firmara una pelota de béisbol para su hijo mayor. El Papa sonrió condescendiente y firmó con un marcador negro.
“¿Es un homenaje a Francisco que viaje a la Argentina?“, le preguntaron al comienzo de su peregrinación por la sala de periodistas montada a 10.000 pies de altura.
“Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”, reconoció el Papa.
“¿Cómo debería entenderse el significado de su voto?“, se sumó otro enviado recordando que León XIV participó en las elecciones de medio término, donde Donald Trump recibió una derrota histórica.
“Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, respondió.
El régimen venezolano aún tiene detenido-desaparecido al argentino Germán Giuliani, que está acusado de narcotraficante. La administración de Javier Milei negocia con Delcy Rodríguez -sucesora de Nicolás Maduro-, pero no prospera el acuerdo para lograr la libertad de Giuliani, que tiene paradero incierto.
Cuando promediaba el recorrido del Papa, un periodista le comentó esta situación ilegítima en Venezuela y entregó una carta redactada por la familia de Giuliani. León XIV miró al cronista y su sonrisa se borró al instante. “Tremendo”, dijo en perfecto español.
La primera encíclica del Papa se llama Magnífica Humanitas y se refiere al impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad global del siglo XXI. León XIV plantea que no se puede dejar la Inteligencia Artificial bajo el control de las empresas tecnológicas y que los estados deben regular sus límites.
En ese contexto, el Papa se apoya en líderes políticos, escritores, cineastas e intelectuales para fijar una posición diferente a la propuesta de Donald Trump, Xi Jinping y la Unión Europea. Por supuesto que León XIV refiere a Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II y León XIII, pero también apela a la mirada de Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Pablo Picasso, Hannah Arendt, Platón y J.R.R. Tolkien.
Cuando tuvo oportunidad de acceder a Su Santidad, el enviado especial de Infobae preguntó por qué había elegido a esos intelectuales, políticos y escritores. Textual, León XIV contestó:
“Es que el trabajo total fue, digamos, durante muchos meses de reflexión, de ver una cosa, otra cosa, ir tejiendo, por decir de alguna manera”, respondió a este medio.
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POLITICA
Mahiques despeja los problemas judiciales del Gobierno y presiona para ser el jefe de los fiscales
La regla de oro del proceso penal: sin acusación no hay causa. Y ese es uno de los mecanismos de los que se valió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para solucionar los principales problemas judiciales que aquejaban al Gobierno. El otro atajo fue promover jueces allegados, que fallaron en sintonía con los deseos de la Casa Rosada.
Con este trabajo sobre Comodoro Py, Mahiques busca que Javier Milei lo postule como Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales.
En apenas ocho meses desde que asumió el cargo el 5 de marzo pasado, Mahiques logró, merced a gestiones informales y contactos reservados, que Javier y Karina Milei sean sobreseídos en el caso $LIBRA, que el expediente de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni se encamine hacia el sobreseimiento, que la causa Andis por el pago de sobreprecios en la compra de medicamentos y prótesis para discapacitados quede neutralizada y el archivo del caso de las valijas que ingresaron sin revisar en el avión de Leonardo Scatturice, un empresario vinculado al oficialismo.
Todo esto sin contar el archivo de la causa por el préstamo tomado al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el macrismo, que afectaba a los ministros de Mieli, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el camino al archivo de la causa por el supuesto desvío de un fideicomiso destinado a mantener las rutas nacionales.
Este poder se proyecta hacia el futuro, pues Mahiques va a coronar su primer año de gestión con la designación de 231 jueces y fiscales federales y nacionales en todo el país, con lo que tejió una red que promete repetir la fórmula ante cada problema judicial del Gobierno.
Juan Bautista Mahiques fue fiscal general porteño durante seis años, presidió la Asociación Internacional de Fiscales y llegó al Ministerio de Justicia en marzo con el aval de Karina Milei para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona. Karina Milei era una de las investigadas en la causa $LIBRA, por ahora archivada.
Mahiques se valió de dos mecanismos: logró diluir la acusación de los fiscales y logró nombrar en cargos clave a jueces y camaristas que fallaron en sintonía con los deseos del Gobierno o sus aliados.
Cuando en una causa desaparece el impulso fiscal, es decir, la acusación, el juez no tiene más remedio que sobreseer, archivar o hacer desaparecer la acusación, pues el fiscal es el dueño de la acción penal en representación de la sociedad. Con acusadores que no acusan, no hay caso.
El fiscal Eduardo Taiano firmó a las 11:32 del jueves 22 de octubre un dictamen de 58 páginas que nadie le había pedido. Concluyó que no había “sustento fáctico alguno” para seguir investigando el lanzamiento de $LIBRA.
Al día siguiente, a las 14:29, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Pasaron 26 horas. En el juzgado explicaron que el fiscal había anticipado su presentación y que el juez tenía un viaje programado.
Esa misma noche del 22, Milei celebró en la cena de gala de la Fundación Faro y entre los comensales estaban Mahiques y su viceministro, Santiago Viola.
La causa se quedó sin acusadores, porque el 3 de julio, el juez Martínez de Giorgi había apartado a los inversores que actuaban como querellantes, patrocinados por Juan Grabois. Quedaron fuera los acusadores particulares.
Desde entonces, Taiano quedó como único acusador. Doce días después, el 15 de julio, el Boletín Oficial publicó el decreto 589/2026, firmado por Milei y Mahiques, que designó a Ana María Juan, esposa de Martínez de Giorgi, al frente del Juzgado Federal de Hurlingham.
El 3 de septiembre asumieron en la Sala I de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, cuyos pliegos había impulsado Mahiques.
Al día siguiente, Mariano Llorens y Bertuzzi confirmaron el apartamiento de los querellantes. Sin víctimas en el expediente y con un fiscal que no acusa, el juez archivó.
Ahora los querellantes llegaron a la Cámara de Casación, que admitió analizar si corresponde reponerlos en el caso, lo que permitiría recurrir el archivo y buscar reabrir el caso. Un camino difícil.
Pero el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, asumió la acción penal que Taiano había abandonado y apeló los sobreseimientos. Dijo que quedan muchas medidas de prueba pendientes que el propio Taiano había ordenado.
En la causa Adorni, el 24 de abril, el juez Daniel Rafecas archivó, a pedido del fiscal, la causa por el viaje de Manuel Adorni a Nueva York con su esposa, en la que se investigaba una posible malversación.
El fiscal Gerardo Pollicita concluyó que no hay elementos para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete y pidió que el expediente pase al fuero penal económico para investigar una posible evasión tributaria. Pollicita conoce bien a Mahiques y trabajó codo a codo con su hermano Ignacio cuando redactaron la elevación a juicio del caso Vialidad.
No es un sobreseimiento, pero saca el caso de Comodoro Py y de la figura del delito de funcionario. Ahora decide el juez Ariel Lijo, que sin acusación no tiene más remedio que sobreseer. En el fuero penal económico, un caso de evasión se cierra pagando la deuda. Fin del problema.
Otra causa que inquietó al Gobierno es la investigación sobre la llegada del avión privado de Leonardo Scatturice, el entonces amigo del Gobierno, del que desembarcó la señorita Laura Belén Arrieta con diez valijas que no se revisaron en la Aduana. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola archivó el 2 de septiembre, en su último día como juez en ese fuero, la causa.
Al día siguiente juró como camarista federal, en el cargo en que lo impulsó su amigo, el ministro Juan Bautista Mahiques.
En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, el expediente está bajo observación. El fiscal Franco Picardi sostuvo la investigación por el supuesto sobreprecio. Hay 19 procesados, entre ellos el extitular Diego Spagnuolo, y Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina.
Pero el tramo que apuntaba a la Casa Rosada por el supuesto pago del 3% en sobornos para Karina Milei y el rol de Eduardo Menem se basaba en los audios de Spagnuolo que dieron origen al caso, pero que no son tomados como prueba. Esos audios están siendo cuestionados por las defensas. Según el Gobierno, un peritaje determinó que no es posible seguir su trazabilidad y detectó supuestas maniobras de edición.
El Juzgado Federal 11, donde nació el caso, no tiene juez titular. Esa vacante la subroga Ariel Lijo como suplente, pero Mahiques propondrá al candidato que quede como juez titular.
La eficacia de Mahiques con las causas contra el Gobierno es similar a su capacidad para designar jueces en las vacantes disponibles. Ya impulsó 231 nuevos magistrados, y el Consejo de la Magistratura aprobó otras 71 ternas antes del recambio de consejeros que operará el 18 de noviembre, lo que pondría la cifra de jueces puestos por el ministro por encima de los 300. Además, durante ese mismo período, se le extendió el acuerdo como camarista de su padre, Carlos Mahiques, que cumplió 75 años. El Gobierno no tuvo el mismo criterio con otroas jueces.
Según el Ministerio, a fines de octubre ya había enviado 232 pliegos al Senado y se concretaron 169 designaciones. Germán Garavano, ministro en el macrismo, nombró 190 jueces en toda la gestión de Juntos por el Cambio.
El ministro negoció los pliegos con gobernadores, legisladores, aliados y opositores. El peronismo acompañó en el Senado buena parte de los pliegos, incluido el de Yadarola, un juez que integró la comitiva que viajó a Lago Escondido, en octubre de 2022, episodio que había sido duramente cuestionado por el kirchnerismo y que incluso había impulsado una denuncia.
El escenario que viene, con la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py 2002 en febrero próximo, agiganta el poder de Mahiques.
En un sistema donde el fiscal decide si una causa avanza, controlar a los fiscales es controlar las causas. Hoy, cuatro de las doce fiscalías federales de Comodoro Py vacantes. Mahiques se lo reprochó en público al procurador interino, Eduardo Casal, el 21 de octubre: “Espero que se avance rápido”.
Su deseo es ser propuesto por el Gobierno como Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales. Mahiques cumple con los Milei para llegar a su meta.
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CÓRDOBA.- El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, acordaron compensar deudas por casi $143.000 millones. El saldo que le queda por pagar a la Provincia lo hará con un cronograma de pagos que se extenderá hasta diciembre de 2027.
La administración provincial, en tanto, mantiene sus reclamos por las diferencias del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2025 y 2026 y preserva dos causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo prevé el reconocimiento de deudas nacionales a favor de Córdoba por $142.959 millones que se descontarán de obligaciones provinciales por $438.705 millones (Córdoba recibió un anticipo financiero por $400.000 millones hace unos meses). Los $295.746 millones a favor de Nación se pagarán mensualmente a y a tasa de interés del 15% nominal anual.
El acuerdo que firmarán los próximos días Caputo y Llaryora se encuadra en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El principal componente de la deuda nacional reconocida a favor de Córdoba son $110.000 millones de Anses, correspondientes al anticipo para el actual ejercicio. El resto son por ajustes de la compensación del Consenso Fiscal.
Por su parte, Córdoba reconoce obligaciones con Nación por el anticipo financiero, sus intereses y un pago a cuenta de la deuda con el Club de París por $23.747 millones (que deben pagar todas las provincias). Los primeros $60.000 millones del plan de pagos vencerán el último día hábil de este mes.
Uno de los puntos centrales del convenio es a qué renuncia la Provincia: desistirá de los derechos y acciones vinculados exclusivamente con los conceptos y montos de las deudas nacionales incluidos en la compensación, incluidas las pretensiones impugnatorias y resarcitorias.
Sin embargo, el texto excluye expresamente de esa renuncia las diferencias a favor de Córdoba que surjan de la determinación definitiva de los déficits del sistema previsional provincial de 2025 y 2026, cuya cobertura corresponde al Estado nacional a través de Anses.
El convenio no agota las obligaciones entre ambas jurisdicciones, ya que Nación y Córdoba podrán incorporar otras deudas y créditos en futuros acuerdos, dentro de los plazos y condiciones del régimen.
A partir del acuerdo, la Provincia deberá suministrar información fehaciente sobre la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda. Anualmente, presentará el presupuesto aprobado o prorrogado del sector público no financiero, con su esquema de ahorro, inversión y financiamiento; un resumen de la normativa de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos; e información sobre nuevas inversiones.
Gabriela Origlia,Conforme a
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