Yo soy Rocky, el relato cómico y diseñado para complacer al público de Peter Farrelly sobre la realización de “Rocky”, podría parecer un doble golpe de nostalgia pura. Se cumplen casi exactamente 50 años desde que el clásico de boxeo que lanzó a Sylvester Stallone llegó por primera vez a los cines. Bastan unos escalones de Filadelfia o un grito de “¡Adrian!” para evocar una presencia cultural que sigue siendo omnipresente.

Sin embargo, aunque Yo soy Rocky no escatima sentimentalismo, apunta más al presente de lo que aparenta. La industria cinematográfica actual es tan corporativa y reacia al riesgo que la recuperación de “Rocky” a cargo de Farrelly resulta más disfrutable como recordatorio de que el cine es una empresa quijotesca, incluso disparatada. Algunas de sus mejores películas parten de ideas inherentemente malas.

El milagro de “Rocky” reside, en realidad, en que alguien aceptó hacerla. Stallone, con poco más de 20 años, apenas tenía en su haber algunas películas pornográficas de bajo presupuesto. Había pocos indicios de que el público reclamara un drama de boxeo. Y, sin embargo, Stallone, pese a su modesta posición en Hollywood y a su particular forma de hablar, no quería limitarse a vender el guion: insistía en protagonizarlo.

Por eso, aunque la convincente interpretación de Anthony Ippolito como Stallone está en el centro de Yo soy Rocky, la película pertenece a sus escépticos productores y a sus ejecutivos indignados. Tracy Letts interpreta a Sandy Maddox, el jefe de United Artists, un personaje compuesto. Los productores de “Rocky”, Irwin Winkler y Robert Chartoff, son encarnados por P. J. Byrne y Toby Kebbell, respectivamente. Todos quedan atónitos cuando Stallone, que había estado recientemente sin hogar, rechaza una suma que hoy equivaldría a millones, firme en su exigencia: “Yo interpreto a Rocky”.

Esta es la propia historia de superación de Stallone, una que refleja con precisión el improbable ascenso de Rocky Balboa. Pero la convicción de la película de que el cine desafía los algoritmos es lo que convierte a Yo soy Rocky en un entretenimiento divertido, aunque ligero.

Farrelly, que pasó su carrera haciendo comedias como “Dumb and Dumber” y “There’s Something About Mary” antes de pasar a filmes más dramáticos como la ganadora del Óscar a mejor película “Green Book”, realiza Yo soy Rocky con parte de ese mismo espíritu. Encadena escenas ágiles, casi improvisadas, y renuncia al preciosismo en favor de un ritmo de comedia disparatada. Según sugiere Yo soy Rocky, el cine debería ser una aventura.

El obstinado ascenso de Stallone, convertido ya en un mito, se condensa con ligereza en el guion de Peter Gamble. La historia comienza en Nueva York, donde Sylvester aún es Mike Stallone y avanza poco en las escasas audiciones que consigue. Pero sus sueños de triunfar en el espectáculo son sinceros. Esa sinceridad probablemente explica que Sasha, una empleada de taquilla interpretada por AnnaSophia Robb, acepte salir con él. Ella se convierte en la primera esposa de Stallone y, cuando ambos se mudan a Los Ángeles, en la mecanógrafa de sus guiones.

Y hay muchos guiones. Stallone escribió más de una docena antes de “Rocky”. El éxito no llegó de la noche a la mañana, y esa perseverancia vuelve entrañable su historia. ¿Cuántos aspirantes a protagonista musculoso en Hollywood, entonces o ahora, han trabajado tanto?

La base real de los hechos beneficia a “I Play Rocky”, que a veces se inclina hacia el cuento de hadas. Ippolito, conocido antes sobre todo por interpretar a Al Pacino en “The Offer”, reproduce los gestos y la voz de Stallone sin caer en la caricatura, una proeza si se considera la cantidad de imitaciones de Stallone que han surgido y desaparecido durante 50 años. Pero la interpretación resulta demasiado dulce y angelical. Stallone debió de ser algo más que un ingenuo dotado para lograr lo que consiguió. Ippolito interpreta a Rocky, no a Stallone.

Después de ver en un bar la pelea a 15 asaltos entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, Stallone vuelve tambaleándose a casa y, en solo tres días y medio, “Rocky” brota de él. “Ese soy yo en la página”, dice agotado.

“I Play Rocky” finalmente llega al rodaje de la película, pero para entonces empieza a perder impulso. El eje del filme es la negociación por el guion, con Winkler y Chartoff como intermediarios que trasladan ofertas de un lado a otro. Stallone trabaja estacionando autos cuando rechaza USD 360.000, una cifra cuatro veces mayor que la oferta inicial, para ceder una opción sobre el guion sin que él fuera elegido para el papel.

Byrne y Kebbell son notables como dos productores veteranos y astutos que apenas pueden creer en el proyecto al que han apostado, aunque mantienen la fe. El jefe del estudio interpretado por Letts, todavía resentido por haber dejado pasar “The Godfather”, otro éxito de los años 70 que al principio parecía un fracaso anunciado, atraviesa sus escenas con una furia memorable.

Finalmente acuerdan una cifra mucho menor y un presupuesto muy reducido, de USD 1 millón, para “Rocky”. Eso implica una producción austera que se traslada a Filadelfia para evitar a los sindicatos de Nueva York. El célebremente eficiente John G. Avildsen, interpretado por Jay Duplass, es convocado para dirigir.

Una vez que las cámaras empiezan a rodar, incluido, como reconoce la película, uno de los primeros usos de la Steadicam, “I Play Rocky” se orienta más hacia la recreación nostálgica. Pero aún se percibe el afecto de Farrelly por un cine guiado por el instinto. En ese sentido, “I Play Rocky” no es tan distinta de otro drama sobre la realización de una película: Nouvelle Vague, de Richard Linklater, sobre el iconoclasta francés Jean-Luc Godard y Breathless, de 1960.

Un chiste recurrente consiste en que los actores exageran sus capacidades para conseguir un papel. Cuando Carl Weathers, interpretado por Stephan James, llega para hacer de Apollo Creed, termina por admitir que no sabe boxear, una confesión que también debe hacer Stallone. Que aquello se convierta en la película más taquillera del año hace de “I Play Rocky” una afectuosa referencia a la frase, citada con frecuencia y olvidada a menudo, de William Goldman: “En el cine, nadie sabe nada”.

Fuente: AP

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FIRST ON FOX: A new analysis from a conservative AI safety group found that deep-red counties with large data centers or proposed projects shifted further toward Democrats in last week’s midterm elections than comparable counties without such projects.

Humans First’s analysis, obtained by Digital, examined public election returns and data-center project records in 1,540 counties across 16 states. The memo used several comparisons to measure what the group describes as a «data center penalty.» Across all counties examined, those hosting large data centers shifted an additional 2.2 percentage points toward Democrats compared with non-host counties in the same states. The pattern appeared in 14 of the 16 states and 25 of the 27 governor and Senate races examined.

Restricting the analysis to deep-red counties — those President Donald Trump won by at least 20 points in 2024 — produced a 2.1-point raw gap between counties hosting large data centers and comparable counties without projects.

Among deep-red counties with projects still in the proposal stage, the gap was 1.1 percentage points after accounting for past voting patterns, rural or urban status, population size, racial and ethnic makeup and recent voting trends.

TEA PARTY FOUNDER LAUNCHES NATIONWIDE ‘DATA CENTER REVOLT’ AGAINST AI DATA CENTER EXPANSION

The group identified 114 proposed large data center projects across 92 deep-red counties, potentially setting up more local fights.

The memo found that Republican vote totals fell an additional 1.1% in deep-red host counties compared with comparable counties without large data centers, while Democratic vote totals showed no significant change.

The memo cautioned that its findings show an association rather than proof that data centers caused voters to change their behavior. County-level results also cannot determine whether Republicans switched their votes or simply stayed home.

«Our analysis looked at how counties with data centers voted and how those counties moved to the left,» Humans First Chairwoman Amy Kremer told Digital.

«I think this happened for the reason I’ve been warning conservatives and Republicans about for some time: People engage politically when issues affect them personally. There’s nothing more personal than your pocketbook, your health care, your kids and family, your home and your community. A data center involves all of those things, which is why I believe these counties moved away from Republicans,» she continued.

Humans First’s September «Data Center Revolt» bus tour made 35 stops in 27 states, including 14 stops in the states covered by the analysis. Nine of those stops were in deep-red counties, all of which hosted a large data center project. Those nine counties shifted 2.2 points further toward Democrats after the analysis accounted for its controls, compared with a 0.75-point shift among deep-red host counties overall. The group said those same nine counties showed no comparable gap from 2020 to 2024.

The findings do not establish whether the group’s visits influenced voting behavior or whether those counties already had stronger opposition to data center development.

Separately, voters favored restrictions on data center development or rejected measures supporting such projects in 46 of 47 local data center ballot measures in 2026, according to Ballotpedia. The measures included different types of proposals, including restrictions on development and advisory questions.

Kremer said this is a local control issue, stressing that Republicans should focus on protecting property rights and ensuring people have control over how things affect their lives.

«Whether you’re talking about AI technology or the infrastructure needed to build AI data centers, the American people have not had a seat at the table,» Kremer said. «They haven’t had a say in how the technology affects them or how the data center buildout affects their communities. In many places across the country, developers and companies have gone in and cut deals behind closed doors, under a cloak of darkness, using nondisclosure agreements and shell companies. By the time people in the community find out about the project, it’s too late to stop it.»

«These projects affect the quality of life and how much money people have. They can increase the cost of electricity and water, while tax abatements are given to trillion-dollar companies — some of the wealthiest companies in the world. That is money coming out of the pockets of the American people,» she continued.

Kremer added, «When you talk about Iran and gas prices, tariffs and now the AI data center buildout, all of these costs are coming out of people’s pockets. That’s when people engage politically, and I think that’s what we saw last Tuesday.»

The concerns come amid a broader debate over how data centers should pay for the electricity and grid infrastructure they require. The Energy Department estimates data centers used 4.7% of U.S. electricity in 2024 and, in its reference case, could account for 11.8% by 2030. The Federal Energy Regulatory Commission has directed regional grid operators to address safeguards against shifting the costs of serving large electricity users onto other customers. Those developments do not establish that data centers caused higher household rates in the counties examined by Humans First.

Tax incentives also vary by state. The National Conference of State Legislatures reported that at least 38 states offer incentives specifically for data centers, including equipment-tax exemptions and, in some states, exemptions involving electricity or property taxes. The Data Center Coalition, an industry trade group, says such incentives are similar to those offered to other capital-intensive industries and argues that data centers generate jobs, investment and tax revenue.

Humans First does not support a nationwide or statewide moratorium on data centers, but Kremer said individual communities should be free to approve or reject projects.

DATA CENTERS FORGOT THE CONSUMER — AND THAT COULD COST AMERICA THE AI RACE

«If a community comes together and votes for a moratorium, that is its prerogative. If a community wants a data center, that is its prerogative as well. It is all about local control,» she said.

Kremer said she learned that people engage more when it comes to issues that affect them personally, noting that data centers «encompass all of those issues.»

«Whether you’re talking about pocketbook issues, health care, kids and family, or your home and community, the data center battle is a physical manifestation of all those concerns,» she said. «When it comes to the economic impact on their communities, I think data centers absolutely played a role in the election.»

«I hope we can get on the right page and give local control back to communities. People should have a say in how they live and what goes into their communities. That is very personal, and I hope we can move in that direction,» Kremer added.

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Desmontar la dictadura cubana no será un camino fácil, pero la oposición en el exilio ha puesto sobre la mesa un mapa con algunas vías que lleven a ese destino.

La activista Rosa María Payá presentó recientemente en Madrid un plan que plantea una transición democrática en Cuba dividida en tres fases, con el desmantelamiento de los organismos represivos, ayuda humanitaria inmediata, un gobierno provisional limitado en el tiempo y la convocatoria a elecciones plurales.

La iniciativa, expuesta durante el encuentro Cuba en el Umbral, reunió a activistas, juristas, economistas y representantes de organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla. Sus planteamientos parten de una advertencia: el cambio político no podría sostenerse si las estructuras de vigilancia, control económico y poder partidista conservaran capacidad para condicionar el proceso.

El plan busca sustituir el actual sistema político cubano, prevé un período transitorio de entre 18 y 36 meses, sin prórrogas, y concluye con un plebiscito constitucional vinculante y comicios libres.

Payá, fundadora de Cuba Decide y coordinadora de la plataforma Pasos de Cambio, sostuvo que el objetivo no es administrar una transición indefinida, sino devolver a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre el futuro político de la isla. “Ya no estamos exclusivamente denunciando la dictadura, estamos preparando la República”, afirmó durante la presentación, según informó 14ymedio.

El fin de la represión, condición para iniciar el proceso

La primera etapa del programa se denomina liberación y fija como requisito el cese de la represión estatal y la restitución de derechos fundamentales. Para los promotores del plan, no puede haber apertura política mientras se mantengan los mecanismos de persecución contra opositores, activistas, periodistas independientes y ciudadanos críticos del régimen.

La propuesta incluye la disolución de la Seguridad del Estado, de las brigadas de respuesta rápida y de los sistemas de vigilancia vinculados a los Comités de Defensa de la Revolución. También plantea que las Fuerzas Armadas queden subordinadas a autoridades civiles, con el argumento de que el control de las armas debe responder a la ley y no al Partido Comunista.

Armando Ibarra, responsable del área de seguridad de la iniciativa, propuso retirar de Cuba los servicios de inteligencia de Rusia y China. El documento también contempla el traspaso del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas, a una administración civil. La reorganización del poder militar y económico figura como una de las condiciones centrales del programa opositor.

El planteamiento busca incorporar incluso a quienes hoy integran las instituciones oficiales. Payá señaló que la propuesta está dirigida a todos los cubanos, incluidos aquellos que permanecen dentro de estructuras estatales y partidarias. Esa definición apunta a evitar que el cambio político se limite a los sectores opositores y alcance a funcionarios, trabajadores públicos y miembros de organismos de seguridad.

Ayuda humanitaria gratuita en las primeras 72 horas

La segunda fase, definida como estabilización y reconstrucción, parte de un diagnóstico sobre el deterioro de las condiciones de vida en Cuba. El plan prevé la distribución de alimentos, agua y medicamentos durante los primeros 180 días de la transición, con un operativo inicial en un plazo de 72 horas.

Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, explicó que la asistencia sería gratuita y no tendría condicionamientos políticos. La propuesta incluye una autoridad nacional para coordinar la ayuda y centros logísticos destinados a asegurar su llegada a distintas zonas del país.

El abastecimiento de productos básicos en las primeras 72 horas busca responder a uno de los principales riesgos de una transición: que la escasez y la precariedad social generen inestabilidad durante el cambio institucional. Los opositores plantean que la emergencia humanitaria debe recibir atención antes de avanzar en reformas más amplias de la economía y el sistema político.

En el plano económico, el economista Elías Amor Bravo propuso reducir el peso del Estado en la actividad productiva, ampliar las garantías para la propiedad privada, contener la inflación y captar inversiones. La propuesta parte de la premisa de que existen recursos nacionales que requieren una administración distinta y mayor transparencia.

Justicia para las víctimas y revisión de las propiedades confiscadas

El documento también dedica un apartado a la justicia transicional. El politólogo y escritor Julio M. Shiling, asesor del área, propuso investigar los delitos atribuidos al régimen cubano, depurar las instituciones estatales y preservar los archivos de los organismos de seguridad.

El programa contempla mecanismos para restituir o indemnizar propiedades confiscadas tras la revolución, aunque establece el derecho de permanencia de quienes ocupan actualmente esos inmuebles. La devolución o compensación por los bienes confiscados aparece vinculada a una política de reparación sin desalojos automáticos.

La revisión del funcionamiento de Gaesa forma parte de ese proceso. Los impulsores de la iniciativa consideran que debe esclarecerse el manejo de los recursos controlados por el conglomerado militar y establecerse responsabilidades en caso de que las investigaciones detecten irregularidades.

Shiling propuso tomar como referencia la Constitución cubana de 1940, con adaptaciones a la realidad actual. El planteamiento busca ofrecer una base legal anterior al sistema instaurado después de 1959 y abrir un debate sobre el marco institucional de una futura República.

Organismos electorales autónomos en los primeros 90 días

La tercera y última fase se centra en la democratización. El abogado Mijail Bonito Lovio explicó que durante los primeros 90 días se deberían crear instituciones autónomas, entre ellas un servicio nacional electoral y una contraloría.

La denominada ley de transición democrática tendría carácter provisional y establecería los pasos jurídicos para el período de cambio. El límite máximo de 36 meses apunta a impedir que el gobierno transitorio se prolongue sin una consulta popular y sin elecciones competitivas.

El itinerario concluiría con un plebiscito constitucional vinculante y comicios plurales. La propuesta insiste en que el proceso debe devolver la soberanía a los ciudadanos dentro de la isla y a los cubanos residentes en el exterior.

Durante el encuentro en Madrid, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, reclamó la liberación de los presos políticos, la exclusión del Partido Comunista de la etapa transitoria y la creación de tribunales que garanticen justicia para las víctimas. Iván Hernández Carrillo, representante de sindicatos independientes, pidió protección social y garantías laborales, con libertad sindical como condición para una democracia en el ámbito del trabajo.

La presentación del plan contó con la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, eurodiputados y representantes diplomáticos de Estados Unidos, Chile y países europeos. El proyecto amplía el Acuerdo de Liberación presentado en Miami en marzo y reúne propuestas de organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba.

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