El juez de Villa La Angostura dispuso retomar el procedimiento de desalojo que quedó inconcluso en agosto, cuando la Policía desalojó una parte del predio en disputa. El 9 de septiembre libró un nuevo mandamiento para ejecutar la medida sobre el sector que permanece ocupado por la lof Kinxikew. Sin embargo, a casi dos meses de esa resolución, todavía no se estableció cuándo se concretará el operativo.

La ejecución de una orden judicial de desalojo en el paraje El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura, continúa pendiente pese a que el magistrado que interviene en el expediente dispuso expresamente retomar el procedimiento. El juez civil Francisco Astoul Bonorino libró el 9 de septiembre un nuevo mandamiento de desahucio para completar la restitución de un inmueble cuya ocupación es objeto de un litigio que se remonta a 2011.

La demora en la instrumentación de la medida vuelve a poner bajo cuestionamiento la actuación de los organismos encargados de materializar las decisiones judiciales. Hasta el momento, la Oficina Judicial no comunicó una fecha para el procedimiento, que requiere la intervención de oficiales de Justicia y efectivos de la Policía de Neuquén.

El caso involucra al lote pastoril 42, un inmueble de aproximadamente 625 hectáreas ubicado en el paraje El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. La propiedad pertenece a María Cristina Broers, quien reclama judicialmente la restitución del predio ocupado por integrantes de las comunidades mapuches lof Melo y lof Kinxikew, también identificada como lof Quintriqueo.

El 19 de agosto pasado se concretó una primera etapa del desalojo. Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía neuquina, con la intervención de personal de la fuerza especial GEOP, restituyeron a la propietaria la fracción que ocupaba la comunidad Melo, ubicada en el sector costero del lago Nahuel Huapi.

Sin embargo, la diligencia no pudo completarse en los sectores correspondientes a la segunda y tercera tranquera, donde permanecían integrantes de la lof Kinxikew. La presencia de menores de edad y la ausencia de funcionarios de los organismos de protección de la niñez impidieron continuar con el procedimiento.

Ante esa situación, el magistrado dispuso retirar a los intervinientes y solicitar un nuevo mandamiento para avanzar sobre las fracciones pendientes. La decisión generó interpretaciones contrapuestas: mientras la defensa de las comunidades sostuvo que el desalojo había quedado suspendido, desde la parte demandante interpretaron que se trataba de una interrupción operativa que no dejaba sin efecto la sentencia que ordenaba la restitución del inmueble.

La controversia tuvo un nuevo capítulo el 28 de agosto, cuando Astoul Bonorino rechazó un planteo de nulidad presentado por las comunidades contra el procedimiento. El magistrado también desestimó el pedido de restitución de los bienes que habían sido retirados durante el operativo y les impuso las costas del incidente.

En esa resolución, el juez sostuvo que el expediente se encontraba en una instancia de ejecución de una sentencia firme y que los planteos formulados no tenían entidad suficiente para invalidar las actuaciones. También consideró extemporáneos algunos cuestionamientos vinculados con la reserva del expediente, al señalar que esa cuestión ya había sido tratada y resuelta en abril de 2026.

Otro de los argumentos de la defensa apuntaba a un supuesto cambio de titularidad del inmueble, que habría sido vendido a terceros. El magistrado rechazó ese planteo por falta de respaldo documental y señaló que no se había acompañado un informe de dominio que acreditara la operación. Además, remarcó que el proceso en trámite era un incidente de ejecución de una sentencia firme dictada en un juicio interdictal, en el que no correspondía volver a debatir la titularidad del inmueble.

El 9 de septiembre, el juez volvió a intervenir y libró un nuevo mandamiento para concretar la medida en los sectores que habían quedado fuera del operativo de agosto. La orden está dirigida a los oficiales de Justicia para que se constituyan en el inmueble y procedan al desalojo de Pascual Felidoro Quintriqueo y de los demás integrantes de la lof Kinxikew que permanecen en el lugar.

Un conflicto judicial que lleva 15 años

La disputa por el lote pastoril 42 se inició en diciembre de 2011, cuando integrantes de la comunidad Melo ingresaron al inmueble. Broers denunció la ocupación a comienzos de 2012 y desde entonces impulsó distintas acciones judiciales para recuperar la posesión de las tierras.

A lo largo del proceso se dictaron resoluciones en distintas instancias que respaldaron el reclamo de restitución promovido por la propietaria. La ejecución de esas decisiones, sin embargo, atravesó reiteradas dificultades y demoras, con varios intentos de desalojo que no lograron concretarse de manera integral.

Con posterioridad, integrantes de la lof Kinxikew se asentaron en otra fracción del inmueble. Ambas comunidades sostienen que tienen derechos ancestrales sobre el territorio y cuestionan las actuaciones judiciales que derivaron en las órdenes de desalojo.

La controversia también incluyó acciones judiciales impulsadas por las comunidades, entre ellas reclamos vinculados con la posesión y la presunta preexistencia ancestral en el lugar. Esos planteos no lograron, hasta ahora, impedir la ejecución de la sentencia que ordena restituir el inmueble.

Broers, por su parte, presentó documentación registral para acreditar sus derechos sobre las tierras y comprobantes de pago de las obligaciones tributarias correspondientes al inmueble.

En paralelo, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció un «violento despojo» y cuestionó la actuación del gobierno provincial de Rolando Figueroa. Desde la parte querellante y los sectores vinculados con la ejecución judicial, en cambio, sostienen que los procedimientos responden al cumplimiento de resoluciones judiciales vigentes.

La última disposición de Astoul Bonorino volvió a poner en marcha el mecanismo para completar la restitución del inmueble. Sin embargo, mientras no se determine la fecha de intervención de los oficiales de Justicia y de las fuerzas de seguridad, la orden judicial continuará sin materializarse en el sector que permanece ocupado.