Tras la visita del papa León XIV, La Libertad Avanza convocará la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Agustín Coto. El objetivo del oficialismo es dictaminar la reforma electoral para debatirlo en el recinto siete días después.

Desde el entorno de la jefa de bloque, Patricia Bullrich, advirtieron sobre la necesidad de asegurar respaldos previos al señalar: “Queremos ver los votos”.

Por su parte, las bancadas aliadas del PRO y la UCR negaron acuerdos cerrados al afirmar: “No nos dijeron nada”.

Para aprobar la norma en la Cámara alta se requieren 37 voluntades, tarea delegada en el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El funcionario mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el armador Eduardo “Lule” Menem para repasar el estado de las negociaciones provinciales.

La iniciativa central contempla suspender las elecciones primarias para generar un ahorro fiscal estimado en USD 250 millones. Además, el expediente incorpora el proyecto de Ficha Limpia, modifica el financiamiento partidario privado y elimina los fondos destinados al Parlasur.

El Poder Ejecutivo proyecta sancionar el paquete normativo durante un período de sesiones extraordinarias en diciembre. En esa misma etapa legislativa, la administración nacional buscará avanzar también con el Presupuesto 2027, el régimen súper-RIGI y la desregulación del cabotaje.

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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para leer su orden sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las islas Malvinas. El anuncio lo realizó el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania.

La confirmación de la fecha despeja la incertidumbre sobre los plazos, aunque las autoridades argentinas esperaban una resolución en un plazo más corto, incluso esta misma semana. El plazo fijado por el Tribunal, de esta forma, da al cuerpo de jueces 17 días para deliberar desde el cierre de los alegatos orales.

La segunda ronda de la jornada del miércoles concentró los argumentos más técnicos del debate y puso en evidencia que la disputa no se libra solo sobre el proyecto Sea Lion, sino sobre tres preguntas de fondo que el Tribunal deberá resolver antes de pronunciarse: si tiene competencia para intervenir, si el daño que alega Argentina es real e inminente, y si el tiempo alcanza para que el Tribunal Arbitral del Anexo VII actúe antes de que comiencen las perforaciones.

En sus conclusiones finales, Mario Oyarzábal, agente de la Argentina ante el organismo internacional, sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

“El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”, planteó el delegado.

“El elefante en la sala”

A su vez, a través del profesor Marcelo Kohen, la Argentina insistió en que el Tribunal no necesita expedirse sobre soberanía en las Malvinas para dictar medidas provisionales: basta con que los derechos que Buenos Aires invoca sean plausibles bajo la CONVEMAR. Enumeró siete hechos que el Reino Unido no refutó en ninguna de las dos jornadas -entre ellos, que las Islas siguen en la lista de territorios no autónomos de la ONU y que la Asamblea General instó a no adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización- y los presentó como el contexto ineludible para interpretar la Convención.

La abogada británica Amy Sander abrió la réplica del Reino Unido con la tesis contraria: sostuvo que el reclamo argentino sobre la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero de las islas solo tiene sentido si Argentina acepta que es soberana sobre ellas, lo que convertiría esa alegación en una nueva variante del mismo reclamo de soberanía territorial.

Sander también objetó que la tercera medida provisional solicitada por Argentina -que el Reino Unido cese de impedirle cumplir sus obligaciones medioambientales- carece de correlato procesal. “Si Argentina alega que el Reino Unido incumple sus propias obligaciones de la Parte XII, debe decirlo con claridad”, sostuvo.

El punto de tensión central: Argentina afirma que invocar la soberanía explica el contexto del litigio, no su objeto. El Reino Unido sostiene que esa distinción es artificiosa porque todos los argumentos de Buenos Aires colapsan si no se acepta que Argentina es el Estado ribereño, es decir, si no se acepta que las islas son argentinas.

El riesgo ambiental

El asesor Nico Schrijver, de la defensa argentina, presentó cuatro fuentes de riesgo acumulativo que diferencian la explotación de la exploración ya realizada: la duración del proyecto (hasta 30 años y 11.000 días de operación), las nuevas fuentes de contaminación (26 pozos, 60 kilómetros de líneas de flujo submarinas, un buque de producción anclado), la dificultad de respuesta ante derrames en condiciones meteorológicas extremas, y la falta de experiencia del operador Navitas Petroleum en campos en producción. Citó datos del propio operador: probabilidad superior al 90% de que un derrame mayor alcance aguas internacionales, con residuos a hasta 220 kilómetros al norte del campo.

El abogado británico Guglielmo Verdirame KC opuso la declaración de impacto ambiental del proyecto: el riesgo de pérdida catastrófica del buque de producción fue calificado de “muy improbable”, sin precedentes en más de 20 años de operaciones globales de ese tipo, y el riesgo de reventón durante la perforación de desarrollo se estimó en uno cada 20.834 pozos.

El Tribunal deberá decidir cuál de los dos enfoques responde a lo que exige el artículo 290 de la CONVEMAR: si el daño sería grave en caso de ocurrir, o si es probable que ocurra. Verdirame defendió además las cifras de pérdidas económicas presentadas en la primera jornada: USD 1.000 millones de pérdida estimada para Rockhopper Exploration, respaldada en USD 865 millones de capital ya recaudado según la declaración del director ejecutivo Samuel Moody.

Advirtió también que la propia Argentina había desplazado el umbral de su reclamo entre el lunes y el miércoles: la solicitud original pedía suspender la “explotación de recursos”, que no comenzaría antes de 2028; la nueva versión pedía detener también las perforaciones preparatorias previstas para marzo de 2027. “Una parte que invoca el procedimiento excepcional del artículo 290 no debería presentarse sin tener una idea clara del riesgo real e inminente de perjuicio irreparable que dice enfrentar”, dijo.

Urgencia y plazos

El eje más disputado fue si el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR estaría en condiciones de intervenir antes del 21 de marzo de 2027, fecha de inicio de las perforaciones. Argentina, con Schrijver, presentó una cronología de seis casos históricos que muestra que ese proceso tarda entre 3,8 y nueve meses: en cinco de los seis precedentes, el tribunal arbitral no habría estado listo a tiempo.

Michael Wood, que tomó el podio en el tramo final de los alegatos británicos, objetó que esa comparación es inválida porque en ninguno de esos seis casos existía una solicitud urgente de medidas provisionales pendiente desde el primer día de constitución del tribunal. Citó el caso Arctic Sunrise: el 11 de diciembre de 2015, Italia presentó una solicitud de ese tipo ante un tribunal del Anexo VII que aún no había celebrado su primera reunión procesal, y ese cuerpo actuó con celeridad pese al período de feriados de por medio.

Argentina respondió que incluso en el caso más rápido de los seis precedentes, el tribunal arbitral estaría operativo el 6 de marzo, apenas quince días antes del inicio de las perforaciones, con una solicitud todavía pendiente de audiencia y de decisión. “En cuestión de días es una afirmación, no un cronograma”, sostuvo Schrijver, quien cerró su exposición con una advertencia directa a los jueces: “Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”.

La agente del Reino Unido ante el TIDM, Sally Langridge, leyó las conclusiones finales de Londres: invitó al Tribunal a “rechazar la totalidad de las solicitudes de la República Argentina para que se dicten medidas provisionales”. Resumió la posición británica en cuatro puntos: que el reclamo argentino presupone en todos sus aspectos ser el Estado ribereño y, por lo tanto, equivale a una demanda de soberanía fuera de la competencia del TIDM; que Argentina no demostró ningún derecho plausible que emane de la propia CONVEMAR; que no acreditó urgencia dado que el Tribunal del Anexo VII podrá constituirse antes de la fecha de perforación; y que el perjuicio real lo sufrirían los isleños y las empresas inversoras, no Argentina.

La orden del Tribunal del Mar, prevista para el 28 de noviembre, determinará si el proyecto Sea Lion puede avanzar según su cronograma o si debe paralizarse mientras se constituye el Tribunal Arbitral del Anexo VII que deberá resolver el fondo del caso.

Marcelo Cohen,Tribunal Internacional del Derecho del Mar,audiencia judicial

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