El peritaje de Gendarmería de los audios del caso que investiga un supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) concluyó que no pudo establecer si “las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”. Casi dos semanas antes de que el informe fuera firmado, el Gobierno había anticipado que los archivos no eran “auténticos”. Por su parte, los peritos de la fiscalía criticaron la falta de obtención de una muestra de voz del extitular de Andis para cotejarla con los sonidos analizados, especialmente con el archivo aludido como “que tiene lule menem con Karina.mp4″, según documentos judiciales a los que tuvo acceso .

La firma de las conclusiones del peritaje dejó expuesta las diferencias entre quienes participaron del análisis de los audios del caso Andis. La pericia lleva la firma de tres funcionarios de la División Acústica Forense de la Gendarmería y de otros nueve peritos de parte. Cinco de ellos, representes de la fiscalía y miembros de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), se expresaron en disidencia “en virtud de la negativa a incorporar” sus manifestaciones en las conclusiones del informe. Esto último no había sido mencionado por las fuentes gubernamentales que se anticiparon a la confección final del estudio acústico.

Se trata de uno de los expedientes más sensibles para la administración presidida por Javier Milei. Antes de la firma de la pericia, fuentes del Gobierno ya habían comenzado a difundir supuestos resultados del estudio. “El peritaje técnico determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos”, sostuvieron hace casi dos semanas.

¿Qué dice el punto 6B de las conclusiones del peritaje? “No fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”. La pericia recibió 58 archivos de sonido, de los cuales 14 se consideraron “aptos” porque, entre otras cuestiones técnicas, superaban los ocho segundos de duración.

Sobre los audios, el informe mencionó que poseen “características acústicas compatibles con un proceso de regrabación” e incluyó expresiones como “posibles operaciones de edición” y “se identifican discontinuidades abruptas en la forma de onda, compatibles con posibles puntos de corte”, en alusión a una supuesta manipulación de las grabaciones.

Esos conceptos también son acompañados por la falta de determinación de cómo se pudieron haber editado. “No es posible determinar el tipo ni metodología técnica de edición eventualmente empleada”, señala el informe en el punto 4E de las conclusiones.

Su último punto se refirió a ellas en potencial, al hacer uso de las palabras “indicios técnicos” y “posible”. Argumentó que el análisis tuvo limitaciones tecnológicas y contextuales.

“La ausencia de información contextual independiente sobre el origen de las grabaciones, los dispositivos y condiciones de captación, los procesos de tratamiento posterior y la disponibilidad de los archivos fuente originales, sumada a las limitaciones de las herramientas informáticas forenses disponibles en esta división, restringe la posibilidad de establecer las causas de las características acústicas detectadas y reconstruir los eventuales procesos a los que pudieron haber sido sometidos los archivos examinados”, sostuvo en el punto 11G.

Esto guarda relación con lo que habían adelantado fuentes del Gobierno, quienes indicaron que el informe señalaba “limitaciones metodológicas”, además de adelantar la detección de “discontinuidades en el material”.

Las limitaciones también se vieron reflejadas en la falta de determinación sobre una posible utilización de inteligencia artificial para crear voces sintéticas. “No se dispone en esta división de herramientas forense ni de una metodología técnico-científica validada para su aplicación”. Por esta razón, expresó que “no fue posible emitir una conclusión técnica” al respecto.

Sobre posibles rasgos de voz o sonidos emitidos por humanos, la pericia firmada por funcionarios de Gendarmería habló de “eventos compatibles con respiraciones del interlocutor” del hablante, sin embargo, otra vez evitó una definición. Argumentó que la División Acústica Forense “no posee herramienta con estándar forense para la detección deepfake”.

Estas limitaciones fueron remarcadas por los peritos de la Datip, que firmaron en disidencia. Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a la falta de una muestra de voz aportada por Spagnuolo para que sea comparada con los audios de la pericia.

Uno de los peritos de la fiscalía, Roberto Leonardo, sostuvo: “Al finalizar la reunión del 2 de septiembre de 2026 se determinó que el archivo identificado como ‘que tiene lule menem con Karina.mp4′ ‘reunía las condiciones previstas en el Protocolo para ser considerado APTO’, y se gestionó en consecuencia ‘la convocatoria de la persona de referencia para la obtención de muestras indubitadas de su voz’. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2026, sobre el mismo archivo, los peritos oficiales concluyeron que el cotejo no resultaba técnicamente procedente a pesar de mantener la condición de aptitud.»

La pericia no incluyó una transcripción sobre lo que se escucha en el audio aludido como “que tiene lule menem con Karina.mp4″. ¿Qué dice el informe sobre ese archivo? Indicó que tiene una duración de tres minutos y once segundos, aunque de “audio limpio” posee dos minutos y un segundo.

Los peritos de la Datip también cuestionaron la realización de sólo un tipo de análisis. El anexo que firmaron en disidencia enumeró tres posibles análisis: el automático, el semiautomático y el perceptual. Recriminaron la falta de realización de cualquiera de estos dos últimos.

“En ese marco, si el software Forensia v2.0 no resulta apto para efectuar el análisis automático debido a las limitaciones explicitadas durante el desarrollo, entendemos que este hecho no justifica, por sí mismo, la cancelación de la comparación, ya que sería posible realizar los otros dos tipos de análisis previstos: el perceptual v el semiautomático”, escribieron.

Los ingenieros José Pollola Barón y Nicolás Sanguineti, peritos de parte de la fiscalía, consideraron que en los audios hay “características compatibles con el habla humana espontánea, como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos”. Esto último intenta refutar la posible utilización de voces sintéticas o inteligencia artificial para crear sonidos.

Por su parte, un integrante del Laboratorio de Multimedia Forense de la Datip, Bruno Moglia, manifestó que la pericia identificó “características compatibles con posibles operaciones de edición, pero no expone una evaluación del contenido de los fragmentos continuos (aquellos que no muestran en su interior indicios observables de edición)”.

El efecto en la causa de este peritaje también presenta diferencias entre las partes. Para las defensas, acreditar que son “audios truchos” forma parte de una estrategia para hacer caer la investigación o parte de ella.

Ejemplo de eso fue lo manifestado por fuentes de la droguería Suizo Argentina. Cuando uno de sus dueños, Jonathan Kovalivker, se presentó en Comodoro Py por su indagatoria, indicaron que solicitó la nulidad de allanamientos y requisa de celulares “por haberse originado a partir de audios de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”.

En contrapartida, para la fiscalía a cargo de Franco Picardi los audios no son importantes dado que la causa tiene incorporados informes elaborados por el Gobierno que dan cuenta de presuntos sobreprecios en las licitaciones de Andis.

Los informes del Gobierno

El 15 de octubre de 2025, Esteban Rafael Giler, por entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, le remitió al interventor del área, Alejandro Vilches, un informe en el que resaltó “diferencias notorias entre los valores de referencia y los precios efectivamente pagados” al analizar las contrataciones del organismo. Al compararlas con las compras de PAMI, empleó la expresión “desvíos notables”.

Comenzó con el pago correspondiente a Farma Salud del 8 de julio de 2025. Fueron $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe.

El propio Vilches firmó un documento fechado 30 de diciembre de 2025. “Se emprendió un proceso de revisión integral de expedientes de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS) que permitió identificar irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad”, se lee en el archivo remitido a la Justicia.

Meses más tarde, en abril de 2026, una asesora médica del Ministerio de Salud firmó otro informe sobre compras de la Andis. Utilizó la frase “técnicamente indefendibles” al contrastar precios pagados con otros valores de mercado.

La causa se encuentra en etapa de declaraciones indagatorias contempladas durante todo noviembre. Luego de eso, el juez Ariel Lijo tendrá que definir la situación procesal de los indagados.

El Gobierno busca reactivar su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, pero todavía no consigue cerrar los acuerdos necesarios. Este jueves reunió a los jefes de bloque aliados para definir una hoja de ruta que permita avanzar la próxima semana con la denominada ley Malvinas, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La negociación se desarrolló en ausencia del titular de la Cámara, Martín Menem, y terminó sin definiciones sobre los cambios que reclama la oposición.

El encuentro también sirvió para acordar un cronograma para el presupuesto 2027: la intención es emitir dictamen el próximo martes y llevarlo al recinto el miércoles 25 de noviembre, aunque su aprobación sigue condicionada a las conversaciones del ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores.

La discusión más inmediata gira en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece sanciones económicas y penales contra las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas y la plataforma continental. Aunque ya cuenta con dictamen de comisión, la iniciativa sigue sin reunir los consensos necesarios para su aprobación.

El principal obstáculo es el Título VII, que modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar la injerencia extranjera en las campañas electorales. Provincias Unidas y Argentina Federal pretenden directamente eliminar ese apartado, mientras que Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) propone suprimir las modificaciones penales, entre ellas el agravamiento de las penas por traición a la patria cuando estén involucrados funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia.

La resistencia de los aliados pone en riesgo ese capítulo: por introducir modificaciones en materia electoral, requiere 129 votos afirmativos, la mayoría absoluta de la Cámara. Es una cifra difícil de alcanzar para el oficialismo si parte de sus socios parlamentarios decide rechazarlo.

En reserva, algunos legisladores libertarios también expresan reparos sobre este apartado del proyecto.

En representación del Gobierno participó Paula Taddei, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzábal. La secretaria no asistió porque se encontraba en Hamburgo, donde defendía la posición argentina sobre Malvinas ante el Tribunal del Mar.

Según pudo saber , Taddei se comprometió a trasladar las objeciones y elaborar una contrapropuesta. La respuesta no conformó a los aliados. “Hace semanas que venimos con lo mismo. Necesitamos que nos digan si lo van a cambiar o no”, protestó un referente opositor, fastidiado por la sucesión de reuniones sin resultados concretos.

Menem, en tanto, se mantuvo al margen de las conversaciones sobre una iniciativa promovida por Caputo. En representación de La Libertad Avanza (LLA) participaron el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, y los diputados Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo. También asistieron Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba (Pro), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal).

El oficialismo pretende llevar la ley Malvinas al recinto el próximo miércoles, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una serie de tratados internacionales y el convenio para transferir a la Ciudad de Buenos Aires la Justicia de Menores y determinadas competencias penales de la Nación.

El papel de los gobernadores

La negociación del presupuesto 2027 tampoco está cerrada. Aunque el oficialismo apunta a darle media sanción el 25 de noviembre, ese mismo día Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Por eso, en el Gobierno evalúan trasladar la sesión de Diputados al jueves 26, para que el ministro pueda participar de las últimas negociaciones y asegurar los votos.

Los reclamos atraviesan a casi todos los bloques aliados. Pro exige que la Nación salde la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, una reducción de impuestos -entre ellos, el IVA a los huevos y sus derivados y el impuesto a los combustibles líquidos-, la continuidad del régimen de promoción automotriz y mayores controles sobre las concesiones viales.

Durante el encuentro, el partido que conduce Mauricio Macri celebró en las redes sociales la incorporación al presupuesto de su reclamo vinculado con el sector autopartista. La modificación había sido impulsada por el expresidente, que negoció directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La UCR, por su parte, reclama preservar la actualización por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y garantizar los fondos destinados a discapacidad y universidades.

Los bloques provinciales también condicionan su acompañamiento. Los diputados misioneros alineados con el gobernador Hugo Passalacqua reclaman una deuda previsional, además de recursos para el sector tabacalero, obras viales y protección de bosques nativos. Córdoba exige fondos adeudados a su caja jubilatoria y obras en rutas nacionales, mientras que los legisladores que responden al salteño Gustavo Sáenz piden mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

A estos planteos se suma otro reclamo compartido por Córdoba y Santa Fe: que el oficialismo retome el debate sobre un nuevo régimen de biocombustibles, que contempla modificaciones en los porcentajes de corte obligatorio en las naftas.

Así, mientras el Gobierno intenta acelerar el calendario parlamentario, la aprobación de sus principales proyectos sigue dependiendo de acuerdos que todavía no consiguió cerrar.