La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Argentina por la violación de la independencia judicial en el marco de un juicio político que derivó en la destitución de Eduardo Moliné O’Connor como juez de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003, bajo la justificación de “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones. El proceso se dio luego de que, al asumir ese año, el entonces presidente Néstor Kirchner impulsara la renovación del máximo tribunal y pidiera al Congreso iniciar juicio político contra varios de sus integrantes.

Según el fallo del tribunal, la formulación de la acusación contra Moliné O’Connor por parte del Congreso de la Nación para apartarlo del cargo configuró “en su conjunto un serio menoscabo a la independencia judicial”. Además, determinó que las autoridades argentinas “negaron la autonomía que es imprescindible reconocer a las autoridades jurisdiccionales para el adecuado ejercicio de las funciones que les son propias”.

El fallo fue suscripto por Rodrigo Mudrovitsch (Brasil); Patricia Pérez Goldberg, vicepresidenta (Chile); Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay); Nancy Hernández López (Costa Rica); Alberto Borea Odría (Perú), y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). La jueza Verónica Gómez no participó de la decisión por su nacionalidad argentina.

El pronunciamiento tiene su origen en el juicio político desarrollado durante 2003 por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, que culminó con la remoción del entonces integrante del máximo tribunal. La Corte IDH consideró que la utilización de las resoluciones jurisdiccionales como sustento de la destitución comprometió la independencia judicial, protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La Corte reitera que la garantía de la independencia judicial conlleva la prohibición de que un juicio político y la eventual destitución de un juez o una jueza se fundamente en el contenido de las decisiones que ha dictado”, señala el texto de la sentencia.

El tribunal cuestionó asimismo la suspensión preventiva dispuesta contra el magistrado, al entender que el Senado no explicó por qué esa medida resultaba necesaria, y observó que Moliné O’Connor no habría dispuesto de tiempo suficiente para preparar su defensa ni para ofrecer pruebas.

En tanto, también advirtió deficiencias en la fundamentación de distintas resoluciones adoptadas durante el trámite del juicio político. Varias de ellas, según la sentencia, “carecieron de la motivación necesaria”. A ello se sumó la ausencia de una respuesta judicial adecuada frente a los recursos que Moliné O’Connor promovió para cuestionar su destitución: las instancias judiciales no abordaron debidamente los agravios planteados.

La Corte IDH también examinó las consecuencias patrimoniales y previsionales de la remoción. En particular, determinó que la revocación de la pensión vitalicia del exmagistrado, derivada de su apartamiento del cargo, vulneró sus derechos. El fallo precisó que “la revocación de la pensión vitalicia dispuesta en razón de la destitución arbitraria de la que fue objeto el señor Moliné O’Connor conculcó sus derechos”. Además, constató que el proceso judicial iniciado para impugnar aquella decisión se extendió de forma injustificada durante más de diez años.

En consecuencia, el tribunal declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. También consideró vulnerados los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, previstos en los artículos 23.1.c), 21 y 26 del mismo instrumento, todos en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en su artículo 1.1. El tribunal concluyó, además, que las violaciones constatadas ocasionaron una afectación al proyecto de vida de Moliné O’Connor.

En materia de reparaciones, la Corte IDH estableció que la sentencia constituye por sí misma una forma de satisfacción y ordenó al Estado argentino regularizar el régimen de la pensión que correspondía al exmagistrado, publicar y difundir el pronunciamiento, y abonar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como las costas y gastos determinados en la decisión. Dado que Moliné O’Connor falleció en 2014, el pago recaerá sobre su familia.

Por último, el tribunal señaló que corresponde a las autoridades internas interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional, que regula las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares desarrollados en su jurisprudencia. Ese artículo dispone que los integrantes de la Corte Suprema pueden ser responsabilizados “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”; sin embargo, la Corte IDH precisó que el ordenamiento jurídico interno debe detallar con claridad las causas que autorizan la destitución.

Quién era Eduardo Moliné O’Connor

Eduardo José Antonio Moliné O’Connor nació en Buenos Aires en 1938. Ingresó a la administración de justicia en 1956 en el fuero Civil y Comercial y se recibió de abogado en 1963 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente ocupó cargos públicos en Obras Sanitarias de la Nación y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de ejercer en su propio estudio comercial.

En 1990, un decreto del entonces presidente Carlos Saúl Menem lo designó juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante su paso por el máximo tribunal, integró junto a Guillermo López, Adolfo Vázquez, Julio Nazareno y Antonio Boggiano la denominada “mayoría automática”, caracterizada por pronunciamientos que convalidaban la política del gobierno menemista.

Permaneció en el cargo hasta el 4 de diciembre de 2003, cuando el Senado lo destituyó por 45 votos a favor y 19 en contra, en el marco del juicio político por mal desempeño. La principal acusación había estado vinculada al caso Meller, una empresa que reclamaba al Estado un pago millonario: el Senado entendió que, con su intervención, el magistrado había avalado un procedimiento administrativo presuntamente fraudulento y no había ejercido el control de constitucionalidad que le correspondía. También se habían formulado cargos por su actuación en el caso Magariños, ligado a una sanción disciplinaria contra un juez, aunque los votos decisivos para su remoción se sustentaron en los cargos del caso Meller.

En julio de 2024, veintiún años después de aquella decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había fallado contra el Estado argentino por considerar que se violaron, entre otros, el principio de independencia judicial y el derecho a la protección judicial. La sentencia de la Corte IDH notificada este jueves profundizó y formalizó esa condena en el ámbito interamericano.

Moliné O’Connor falleció en Buenos Aires el 20 de agosto de 2014, a los 76 años.