La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce) y el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) cuestionaron una resolución del gobierno porteño que exige organizar la espera y el retiro de pedidos para evitar la ocupación irregular de las veredas.

Los comerciantes sostienen que la medida les atribuye responsabilidades por repartidores que no contratan ni controlan. El gremio, por su parte, denuncia que la Ciudad traslada a los locales y a los trabajadores problemas que deberían resolver las plataformas.

El reclamo apunta a los Lineamientos para el Ordenamiento Urbano de los Servicios de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio, aprobados por la Secretaría de Ordenamiento Urbano mediante una resolución publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial porteño, que establecen que no se puede utilizar el espacio público para estas tareas.

En lugar de exigirles a las aplicaciones que construyan estaciones en la calle, la Ciudad trasladó la obligación a los comercios: se exige a los locales gastronómicos que adecuen espacios internos o áreas habilitadas para que los repartidores esperen adentro sin obstruir veredas, rampas o bicisendas.

“Ordenar el espacio público es una función propia e indelegable del Estado. Si la Ciudad no logra hacerlo, no puede trasladar esa carga a un particular”, planteó Apyce en un comunicado. Ante la consulta de LA NACION, fuentes del gobierno de la ciudad se limitaron a contestar: “La información oficial es lo que dice la resolución”.

Por su parte, Sitrarepa consideró que la disposición “descarga sobre los trabajadores por aplicación y los comercios” un problema que atribuye a Rappi, Pedidos Ya y Mercado Envíos. Según el sindicato, esas empresas no garantizan la infraestructura ni las condiciones necesarias para desarrollar el trabajo en la vía pública. Al cierre de esta nota, ninguna de las tres empresas respondió a la consulta de sobre la polémica desatada.

La norma porteña

La resolución exige organizar la preparación, espera y entrega de pedidos dentro de los locales o mediante mecanismos que eviten el uso irregular del espacio público y sean resueltas dentro del establecimiento. La falta de lugar en el interior del comercio no será una justificación suficiente para ocuparlo, marca.

“La inexistencia de vínculo laboral, contractual o comercial directo entre el establecimiento y las personas que materialicen la ocupación no excluirá dicha vinculación cuando la ocupación resulte asociada con la actividad desarrollada”, señala.

Para determinar esa conexión, entre otras cosas, los inspectores podrán considerar la presencia de repartidores esperando pedidos, sus ingresos y egresos a los locales, la entrega de mercadería por empleados o instrucciones o señalizaciones que identifiquen un área de despacho. Si detectan posibles infracciones, podrán labrar actas o dar intervención a las autoridades.

Para Apyce, esas exigencias trasladan a los locales una tarea que no tienen facultades para cumplir. “Ningún comercio tiene facultades para disponer de la vereda, despejar una rampa o desplazar un vehículo”, señaló en su comunicado, y marcó además que sus comercios son “los primeros perjudicados por las veredas ocupadas, que alejan al cliente que llega caminando”.

La asociación afirmó que los repartidores a los que se refiere su reclamo no son empleados de los establecimientos. “Quien asigna los pedidos, fija los tiempos, decide cuándo envía al repartidor y dónde lo hace esperar son las plataformas, trasladando de este modo al local obligaciones que deben recaer en ellas, conculcando un nuevo daño a los comercios gravemente perjudicados por estos sistemas sin regulación alguna”, planteó.

“Responsabilidad por hechos ajenos”

Consideró que el esquema impone una responsabilidad por hechos ajenos que no debería surgir de un anexo aprobado por el Ejecutivo local y cuestionó que pueda atribuírseles responsabilidad aun cuando no exista un vínculo directo con quien ocupa la vereda.

“Se le exige un resultado a quien no tiene medio alguno para alcanzarlo”, expresó la entidad y pidió al gobierno porteño que deje sin efecto la atribución de responsabilidad a los establecimientos, ejerza su autoridad sobre las plataformas y los repartidores, y convoque a una mesa de trabajo con las entidades del sector.

Sitrarepa también responsabilizó a las plataformas por las concentraciones de motos, bicicletas y trabajadores en veredas y ciclovías. “No garantizan ni la infraestructura ni las condiciones para que trabajemos en la vía pública”, apuntó en un comunicado la organización, que aún no tiene personería jurídica e informa unos 3000 afiliados en un sector dinámico en crecimiento. Según datos del mercado, solo en PedidosYa, que está en todo el país, son más de 60.000 repartidores activos al mes.

“Las empresas no colocan paradores en los barrios donde podamos esperar los pedidos, y ni siquiera colocan bicicleteros en todos los locales donde operan”, sostuvo Sitrarepa y pidió la instalación de bicicleteros, a cargo de las plataformas, en todos los locales con reparto por aplicación y la apertura de paradores en todos los barrios, comenzando por los de mayor circulación.

A fines de 2025 se inauguró en el conurbano bonaerense la primera estación de descanso y reabastecimiento del país. Fue instalada por la Municipalidad de Morón en articulación con PedidosYa como parte de un programa lanzado en ese distrito para brindarles herramientas, beneficios y capacitaciones a los repartidores. Cuenta con estacionamiento para motos y bicicletas, mesas, cargadores de celular, agua y lockers.

Sitrarepa también reclamó que no se sancione a los repartidores por problemas que atribuye a las empresas y exigió participar en la discusión de cualquier regulación que afecte a la actividad. “La ciudad no está diseñada para las necesidades del reparto”, concluyeron.

Un hombre de 44 años fue detenido en la localidad de Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro, tras ser acusado de asesinar a su hermano durante una pelea familiar. La víctima, identificada como Fabio Cayetano Miranda, tenía 36 años y fue hallada sin vida en una vivienda del barrio NYC.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles, en una casa ubicada en la manzana 11, lote 20. Según consta en el expediente, un tercer hermano se presentó en la Subcomisaría 82 para advertir sobre una pelea.

En ese momento, el denunciante también manifestó que uno de los involucrados podía estar muerto. Tras el aviso, una patrulla se dirigió al domicilio y encontró a Miranda tendido en el suelo. Una ambulancia arribó al lugar y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, el hermano mayor de la víctima fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Inicialmente, la investigación sostiene como hipótesis que el hombre lo habría estrangulado con sus propios brazos.

Según los primeros testimonios reunidos, la víctima habría atravesado un episodio bajo los efectos de estupefacientes antes de que su hermano la redujera. No obstante, los investigadores deberán establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los presentes.

Por este motivo, remarcaron que el resultado de las pericias será clave para determinar la mecánica del hecho. En el domicilio trabajaron el fiscal Martín Pezzetta, el fiscal jefe Gustavo Herrera, los efectivos de la Subcomisaría 82, el personal del Gabinete de Criminalística y un médico policial. Las autoridades preservaron el lugar para avanzar con las tareas periciales y sumar elementos a la causa.

Buscan a un hombre acusado de matar a una mujer de un disparo

Una mujer de 35 años fue asesinada de un disparo en el tórax en Allen, Río Negro, y la Policía busca a un hombre que, según la investigación, descendió de un auto gris, le disparó y huyó. El sospechoso ya fue identificado, pero continúa prófugo.

La víctima fue identificada como Laura Estefany Gutiérrez. El ataque ocurrió durante la tarde del domingo 25 de octubre, cerca de una pasarela del barrio Colonizadora del Sur. Los vecinos alertaron por detonaciones de arma de fuego y, cerca de las 16:30 horas, los agentes de la Comisaría 33 acudieron al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer con una herida grave en el pecho y la trasladaron en un patrullero al hospital local. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. Tras la confirmación, la escena quedó bajo resguardo para las pericias del gabinete criminalístico.

Desde ese momento, los investigadores buscan establecer cuántos disparos se efectuaron, desde qué posición actuó el atacante y cuál fue el recorrido que realizó el vehículo antes y después del crimen.

En medio de la investigación, el comisario inspector Carlos Freydoz, segundo jefe de la Unidad Regional Segunda, informó que el presunto agresor fue individualizado. Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad ni confirmaron si viajaba acompañado.

Actualmente, la causa se investiga con perspectiva de género, aunque aún no se comunicó un posible móvil ni una calificación definitiva. Tampoco se estableció una relación previa entre Gutiérrez y el hombre señalado.

Entre las hipótesis, se analiza una discusión que habría ocurrido días antes en la casa donde la víctima se encontraba de visita, ya que era pareja de uno de sus ocupantes. Según esa línea de investigación, el sospechoso habría pedido comprar bebidas alcohólicas fiadas y, ante una negativa, se habría producido un cruce verbal.

Poco antes del homicidio, la Policía había recibido un aviso por disturbios en el mismo sector. La Fiscalía deberá determinar si esos antecedentes guardan relación con el ataque. Asimismo, el cuerpo de Gutiérrez fue trasladado a la morgue para que le realicen una autopsia.

Policía de Río Negro,Río Negro,subcomisaría

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TNS