Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, presentaron en la Cámara baja pedidos de informes sobre la contratación de dos empresas vinculadas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para prestar los servicios de seguridad y limpieza en la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo.

Se trata de Tech Security SRL y Purgato S.A. La primera es una firma de seguridad fundada en 2005 por Martín, Adrián y Fernando Menem (ambos hermanos del presidente de la Cámara baja) junto a Pablo Vázquez, amigo íntimo de los riojanos.

Cuando Menem asumió su cargo en Diputados, se desvinculó de la empresa en 2023 y cedió su paquete accionario a los suyos, más precisamente a Adrián.

La segunda fue creada en 2015 solo por Fernando Menem y otros tres socios, entre quienes vuelve a aparecer Vázquez. Junto con Ignacio Calo y Evaristo Sanguinetti, se repartieron las acciones en cuatro partes iguales.

Ambas compañías ya habían sido cuestionadas el año pasado por sus millonarios contratos con el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En el caso de Juliano, el diputado solicita información sobre “la totalidad de los procedimientos de contratación realizados para la organización y desarrollo de la celebración”, en referencia a la misa ante el Monumento de los Españoles que encabezó el Papa y la posterior vigilia de oración que compartió con miles de jóvenes.

El legislador exige que se expliquen los motivos por los cuales se recurrió a una contratación directa por razones de urgencia, en lugar de una licitación o concurso público, cuando la visita del pontífice se conocía con meses de antelación.

Pero más allá de eso, pone especial enfásis en la presencia de Purgato y Tech Security en la jornada. En concreto, reclama explicaciones sobre si las empresas de la familia Menem fueron contratadas por el Estado o si se trató de una subcontratación.

Lo propio hizo la diputada Marcela Pagano, quien llevó el asunto a la Justicia y presentó una denuncia en la que también reclama detalles sobre la participación de Tech Security y exige que se aclare si Purgato también formó parte del esquema.

Cerca del despacho de Martín Menem confirmaron a que las dos empresas, de las que el presidente de la Cámara ya no forma parte, fueron subcontratadas por la empresa encargada de organizar el evento, DF Entertainment, con la que mantienen una relación comercial de larga data.

En esa línea, se pronunciaron fuentes muy cercanas a las dos compañías. Como antecedentes, mencionaron su participación en eventos como el Lollapalooza y distintos espectáculos en el Estadio Único de La Plata.

A su vez, indicaron que desde hace 16 años prestan servicios de seguridad para River, como así también supieron hacer pie en la Conmebol y algunos bancos privados.

Las mismas fuentes hacen referencia al “sabor ingrato” de lidiar con el apellido Menem. Insisten en que las dos firmas desempeñaron funciones durante al menos tres gobiernos -el de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei- y descartan cualquier favoritismo por parte de la administración libertaria en la adjudicación de contratos públicos.

La aclaración no es casual. De hecho, el propio Juliano incluyó esta cuestión en su pedido de informes, en el que busca esclarecer los posibles vínculos societarios y conflictos de intereses entre integrantes de la familia Menem y funcionarios públicos, así como determinar si se cumplió con la ley de ética pública durante los actos papales previamente mencionados.

Los interrogantes resurgen a raíz de la controversia desatada en julio del año pasado, cuando trascendió que Tech Security había firmado un contrato por $4000 millones con el Banco Nación, con posibilidad de prórroga, para brindar servicios de vigilancia y custodia.

Según explicaron allegados a uno de los Menem, el vínculo habría finalizado en marzo de 2026, tras perder la última licitación. El monto efectivamente cobrado habría sido de $2000 millones.

No fue el único paso de la compañía por un organismo público. En 2019 comenzó a prestar servicios en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Sin embargo, su continuidad bajo la actual administración alimentó los cuestionamientos por sus vínculos con la familia del presidente de la Cámara de Diputados.

De todas formas, muy cerca de Tech Security aseguran que ni esta firma ni Purgato mantienen hoy contratos con el Estado. En cuanto a su participación en la jornada papal, organizada en gran medida por el Ejecutivo nacional y, en parte, por la Ciudad, se amparan en que ambas empresas fueron subcontratadas por DF Entertainment y no directamente por el Gobierno.

Por último, el descargo de Juliano pretende que emisarios del Ejecutivo informen si se cumplió la exigencia contenida en el pliego de contratación relativa a la provisión de cuatrocientos (400) agentes de seguridad por turno, “precisando la cantidad efectivamente desplegada, la distribución por sectores, los turnos realizados, las horas de servicio certificadas y el costo total y unitario de dichas prestaciones”.

Sobre este punto, la firma de seguridad aclaró a que, si bien en el evento participaron al menos otras cuatro empresas dedicadas a la custodia y vigilancia, entre ellas MCM, contratada por la Ciudad, Tech Security tuvo a su cargo el control de distintos sectores de Plaza Seeber, la avenida Sarmiento, la carpa VIP y el acceso por Cerviño. Para cumplir con estas tareas, desplegó 199 empleados y estimó una facturación total de $83 millones por los tres días de actividad. Según indicaron, la otra proveedora habría percibido una suma similar.

“No hay nada que ocultar”, se jactan los mismos que deberán aportar esta información y otros datos ante la Justicia y en Diputados, de prosperar en el terruño de Menem el pedido de informes.

EL CALAFATE.- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 resolvió hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A. para saldar las sanciones pecuniarias firmes recaídas sobre sus titulares. Se trata de una de las empresas que Lázaro Báez continuaba administrando desde la cárcel, por fuera del circuito judicial.

Conforme surge del Libro Registro de Acciones n° 1 de la empresa, la propiedad de la firma se compone por un 70% a nombre de Lázaro Antonio Báez y el 30% restante a nombre de su hijo, Martín Antonio Báez. Ambos registran abultadas deudas con el Estado en concepto de multas no canceladas: el empresario patagónico debe afrontar la suma de US$ 329.237.200,14, en tanto Martín Báez adeuda US$ 274.364.333,45.

Frente a este escenario, la magistrada de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez dispusieron la liquidación del paquete accionario con fundamento en el artículo 21 del Código Penal y en sintonía con las medidas de subasta dispuestas en los legajos de ejecución de la causa. A los fines de efectivizar la medida, se ordenó la inscripción de las acciones a nombre del Estado Nacional, fijando una asignación específica en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF) en los términos del artículo 27 de la Ley 25.246.

En la misma resolución, el juzgado convocó con carácter de urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que tome el control operativo de la firma y administre sus bienes y frutos con miras a cancelar los montos exigidos, debiendo presentar un informe de avance en un lapso de diez días hábiles.

Asimismo, se encomendó a las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizar una valuación patrimonial completa de Austral Agro S.A. y sus activos en un plazo idéntico de diez días hábiles antes de proceder a la realización final de la firma.

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