INTERNACIONAL
Federal prosecutor warns Sen Warren of ‘legal consequences’ if records aren’t preserved in Trump-linked probes

A federal prosecutor on Sunday warned Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., of «significant legal consequences» if she failed to preserve records tied to potential congressional investigations involving allies of President Donald Trump.
In a letter to Warren, who is poised to become Senate Banking Committee chair in January, U.S. Attorney for the Southern District of Texas Aaron Reitz accused the senator of planning «to target private individuals close to President Trump» with investigations.
«You appear eager to wield your future gavel like a tomahawk, hunting for the scalps of President Trump’s private associates,» he wrote to Warren, currently the top Democrat on the Senate Banking Committee.
Reitz’s letter and accompanying social media post include various puns and references to Native Americans that appear to mock Warren over previous claims about her Native American heritage. Trump and his allies have mocked Warren for years, including by calling her «Pocahontas.»
‘LAWYER UP’: DEMS IMMEDIATELY PUT TRUMP ON NOTICE AMID REPUBLICANS’ MIDTERM BLOODBATH
The letter demands that Warren preserve documents and communications Reitz considers relevant to his allegations that she intends to misuse congressional investigations against people associated with Trump.
«I am writing to give you formal notice of your obligation to preserve all documents, communications, and other electronically stored information relevant to your intent to weaponize congressional investigations and deprive citizens of their core constitutional rights in violation of 18 U.S.C. §§ 241 and 242. You are obligated to preserve all potentially relevant evidence related to your efforts to suppress associational activities related to President Trump and the Trump Administration,» his letter reads.
«Failure to do so may result in sanctions, adverse-inference instructions, or other penalties, and may carry significant legal consequences,» Reitz added.
The letter gives Warren until 6 p.m. ET on Nov. 23 to confirm in writing that she received the notice and took steps to preserve the requested records.
WHITE HOUSE LAWYER’S HARDBALL WARNING TO DEMS HAS LEGAL EXPERTS ON BOTH SIDES QUESTIONING ONE KEY THREAT
The letter does not establish that Warren violated federal law. Congressional investigations conducted for legitimate legislative purposes generally receive constitutional protection under the Speech or Debate Clause, although the scope of that protection depends on the circumstances.
The letter cited Warren’s Nov. 8 appearance on CBS News’ «Face the Nation,» during which she discussed investigating corporate leaders, including Big Tech CEOs and Wall Street executives, who may have broken the law. Reitz wrote that the context «sends a strong smoke signal» that she intends to target people close to the president.
Warren is a staunch critic of Wall Street and corporate executives, including tech executive Elon Musk, Amazon founder Jeff Bezos and Meta CEO Mark Zuckerberg.
Other Democratic lawmakers have received similar warnings, including Sens. Richard Blumenthal, D-Conn., and Elissa Slotkin, D-Mich., who received letters from Reitz, and Rep. Robert Garcia, D-Calif., who received a separate letter from White House Counsel Will Scharf.
«With Senators Blumenthal and Slotkin, each already recipients of preservation demands from my office, you accused several technology companies of having ‘spent lavishly to stay on the good side of President Trump,’ and thereby benefiting personally and financially. You then threatened to spear them with future investigative action,» Reitz told Warren.
Digital reached out to Warren’s office for comment.
Last week, Trump directed the Justice Department to look into what he described as Democrats’ «threatening» conduct. Attorney General Todd Blanche later refused to rule out criminal charges against lawmakers for their investigations, as Democrats prepare to take control of both chambers of Congress in January.
Blanche later clarified his earlier remarks, saying there were «no ongoing investigations, criminal investigations, into words that incoming senators or congressmen have said.»
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INTERNACIONAL
Estado de sitio en Zacapa e Izabal: Tribunal Electoral en Guatemala pide reconsiderar el proselitismo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala mantendrá la designación de observadores para las asambleas de proclamación de candidaturas en Zacapa e Izabal, pese al estado de sitio vigente en ambos departamentos.
Los partidos políticos, sin embargo, deberán coordinar cada actividad con el Ministerio de Gobernación y las gobernaciones departamentales para obtener las autorizaciones correspondientes.
La decisión fue anunciada durante la reunión mensual que el organismo sostiene con los representantes de las organizaciones políticas.
El magistrado Mario Alexander Velásquez explicó que las asambleas forman parte del proceso electoral y que, por ese motivo, el estado de sitio no debe impedir su realización. Aun así, recordó que el acuerdo gubernativo que regula la medida permite disolver reuniones que no cuenten con autorización previa.
La disposición también alcanza a las jornadas de empadronamiento. Las autoridades electorales informaron que estos servicios continuarán, aunque se desarrollarán únicamente durante el día y en lugares que ofrezcan condiciones de seguridad para funcionarios y ciudadanos.

Los partidos deberán solicitar autorización para sus asambleas
Velásquez indicó que el Tribunal conservará vigentes los nombramientos de observadores encargados de verificar la legalidad de las asambleas de proclamación. El papel de esos delegados consiste en acompañar las actividades partidarias y constatar que se cumplan las normas electorales.
Cada organización deberá tramitar la autorización ante las autoridades locales antes de reunir a sus afiliados. El magistrado pidió que los partidos coordinen con el Ministerio de Gobernación para evitar interrupciones durante los eventos previstos en los departamentos bajo la medida.
“Lo correcto es que debe haber una coordinación”, afirmó Velásquez al referirse a las gestiones necesarias para realizar actividades electorales en las zonas alcanzadas por el estado de sitio.

El funcionario basó esa postura en el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece que un estado de excepción no suspende el proceso electoral ni los derechos constitucionales indispensables para su desarrollo.
El TSE pidió reconsiderar las actividades proselitistas
El magistrado diferenció las asambleas de proclamación de las actividades de proselitismo político. Según explicó, las primeras están directamente vinculadas con el proceso electoral, mientras que la promoción partidaria integra las labores ordinarias y permanentes de las agrupaciones.
Por esa razón, el TSE solicitó a los partidos que reconsideren temporalmente los actos proselitistas en Zacapa e Izabal. La recomendación no implica la suspensión formal de esas actividades, pero apunta a reducir riesgos y evitar conflictos con las restricciones establecidas durante la vigencia de la medida.
El Tribunal mantendrá los servicios de empadronamiento en horarios diurnos. La institución escogerá los puntos de atención según las condiciones de seguridad de cada lugar, con el objetivo de proteger al personal electoral y a las personas que requieran actualizar o tramitar su inscripción.

Además, el 2 de diciembre está previsto un taller dirigido a las organizaciones políticas sobre la inscripción de candidaturas y el uso del módulo ICO. La actividad incluirá una fase teórica y otra práctica.
El estado de sitio regirá durante 30 días
El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio en Zacapa e Izabal el sábado 14 de noviembre, mediante un acuerdo gubernativo aprobado en Consejo de Ministros. La medida entró en vigor el domingo 15 de noviembre y tendrá una vigencia de 30 días.

El Gobierno fundamentó la decisión en informes de seguridad sobre presuntas operaciones vinculadas con el narcotráfico y grupos criminales transnacionales. La medida fue anunciada después de varios hechos violentos en la zona.
Entre ellos figuraron una incursión armada en Huité, donde murieron ocho personas; el ataque donde fallecieron el diputado Julio Portillo en Río Hondo, y tres agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos; y otro ataque en el caserío El Tocino, con cinco muertos y tres mujeres heridas.
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INTERNACIONAL
Casi 1,000 violaciones de derechos humanos en Cuba en un mes, según un informe que revela a quiénes apunta la represión

928 violaciones de derechos humanos afectaron a 391 personas en Cuba durante octubre, según un informe de Defensa CD, organización que documenta violaciones de derechos humanos en la isla, divulgado por Martí Noticias.
La organización registró además 266 casos de amenazas y acoso contra activistas, opositores, periodistas y artistas, y advirtió que la represión busca sembrar temor más allá de los círculos opositores.
“La represión en Cuba se está convirtiendo en una realidad cotidiana para muchas personas, incluso para aquellas que no tienen una participación política activa”, afirmó a Martí Noticias el director ejecutivo de Defensa CD, Juan Carlos Vargas.
Vargas explicó que las autoridades no solo buscan castigar a quienes se manifiestan en contra del Gobierno, sino también amedrentar al entorno familiar de las víctimas.
“El régimen no busca solamente castigar a quienes expresan su desacuerdo, sino también enviar un mensaje de miedo a sus familias y a quienes podrían seguir su ejemplo”, señaló ante el medio.

La Habana concentra la mayor cantidad de denuncias
La capital cubana encabezó el registro con 393 violaciones documentadas en octubre. Le siguieron Camagüey, con 112, y Santiago de Cuba, con 59.
Entre las 391 víctimas identificadas, 284 fueron hombres y 107 mujeres. Detrás de esas cifras, según Vargas, hay historias de incertidumbre sostenida.
“Detrás de cada denuncia hay familias que viven con incertidumbre, personas que temen perder su libertad y ciudadanos que no encuentran instituciones independientes a las cuales acudir”, expresó ante Martí Noticias.
La fe bajo vigilancia estatal
El Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD contabilizó 149 incidentes vinculados al ejercicio de la fe durante el mes. Las restricciones alcanzaron a comunidades de distinto signo religioso en todo el territorio nacional.
“Estas violaciones ocurrieron a lo largo y ancho del archipiélago cubano y no respetaron credo ni denominación religiosa”, denunció ante el medio el pastor Mario Félix Lleonart, director del observatorio.

Lleonart amplió que los incidentes afectaron tanto a congregaciones con registro legal como a comunidades sin reconocimiento oficial. El pastor incluyó en el conteo a organizaciones fraternales y logias, en particular a los masones, que según su denuncia reciben un trato similar al de las agrupaciones religiosas por parte de las autoridades.
El director del observatorio también denunció la injerencia de estructuras del Partido Comunista y del Gobierno en el control de la actividad de fe. Defensa CD sostuvo que documentar estos hechos permite acompañar a los afectados y trasladar información a organismos internacionales.
El caso de un activista con medidas cautelares de la CIDH
Defensa CD señaló como urgente la situación de Julián Mazola Beltrán, promotor de Cuba Decide. El activista permanece detenido desde el 9 de octubre pese a contar con una medida cautelar de protección otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la organización, Mazola está recluido en el centro de Cuatro Caminos, en La Habana, sin que las autoridades le hayan notificado los cargos ni presentado pruebas que justifiquen el encierro.
El activista ya había cumplido una condena de cinco años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

La nueva detención se produjo luego de que Mazola acudiera a una citación de la Seguridad del Estado en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa.
Los agentes lo trasladaron después a su vivienda para un registro domiciliario, durante el cual le confiscaron el teléfono móvil, y lo llevaron luego al centro de instrucción penal de Guanajay.
La investigación en su contra está relacionada con la colocación de carteles contra el régimen en esa localidad, bajo un señalamiento preliminar de propaganda contra el orden constitucional. Defensa CD denunció que, quince días después del arresto, su abogado aún no había logrado reunirse con él y que agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con una pena de entre cuatro y 12 años de prisión.
“El caso de Julián Mazola es especialmente preocupante, porque estamos hablando de una persona que ya cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, aun así, vuelve a enfrentar la persecución del régimen”, afirmó Vargas al medio.
La organización alertó sobre un deterioro de la salud mental del activista, que atribuyó al encierro prolongado y a la incertidumbre legal, y exigió su liberación inmediata e incondicional, atención médica especializada y garantías de comunicación con su defensa y su familia.
“Buscamos que estas denuncias tengan consecuencias, que las víctimas no queden en el olvido y que la comunidad internacional continúe exigiendo responsabilidades a quienes ejercen la represión en Cuba”, concluyó Vargas ante Martí Noticias.
Otros registros confirman el aumento de la represión
El informe de Defensa CD se suma a otros relevamientos recientes que documentan una escalada represiva en la isla. Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid, contabilizó 1.353 presos políticos al cierre de octubre, con 39 nuevas incorporaciones en ese mes, entre ellas menores de edad procesados por sedición y una familia completa sometida a proceso penal, según consignó swissinfo.ch, el portal internacional de la radiotelevisión pública suiza.
Esa misma ONG documentó 464 presos políticos con enfermedades graves sin tratamiento adecuado, de los cuales 236 sufren desnutrición forzosa. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, Cuba acumula 2.256 presos políticos en sus cárceles.

En paralelo, la organización Cubalex registró que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida dos veces en apenas tres días durante noviembre, con un episodio de 46 horas en situación de desaparición forzada. Según ese monitoreo, Soler acumula 275 eventos represivos documentados entre 2022 y 2026, la cifra más alta entre los casos relevados por esa organización.
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INTERNACIONAL
Mineras de oro logran ingresos récord en Nicaragua

Las compañías Equinox Gold, Mineros y Mako Mining informaron que aumentaron la producción de oro en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026, con ingresos récord y avances en planes para ampliar sus operaciones. Las tres empresas también anunciaron inversiones, permisos y trabajos de perforación destinados a extender la vida útil de sus yacimientos o abrir nuevas minas.
El desempeño ocurre en un contexto de precios internacionales del oro superiores a los USD 4,000 por onza. En 2025, las exportaciones mineras nicaragüenses superaron los USD 2,000 millones y se convirtieron en el principal rubro de ventas externas del país.
Las empresas canadienses concentran buena parte de la actividad aurífera. Equinox Gold es la mayor operadora del sector por volumen y capacidad de procesamiento, con las minas La Libertad, en Chontales, y El Limón, en León. La colombiana Mineros opera a través de Hemco-Nicaragua, mientras que Mako Mining explota la mina San Albino, en Nueva Segovia.

Equinox Gold obtuvo una cuarta parte de su producción trimestral en Nicaragua
La producción de las minas La Libertad y El Limón alcanzó 58,489 onzas de oro entre julio y septiembre. Esa cifra representó el 25% del volumen total de Equinox Gold durante el período, según el informe entregado por la compañía a sus accionistas.
El grupo produjo 237.019 onzas y vendió 248.484 onzas en el tercer trimestre, a un precio promedio de USD 4,157 por onza. Las ventas le permitieron alcanzar ingresos récord de USD 1,000 millones.
Las operaciones nicaragüenses tienen una capacidad de procesamiento de unas 7,500 toneladas de material por día. Entre enero y septiembre, ambas minas acumularon una producción de 199,246 onzas, cerca del objetivo anual de entre 225,000 y 250,000 onzas previsto para este año.
La empresa indicó que sus actividades de corto plazo en Nicaragua se concentran en identificar nuevas fuentes de mineral y retirar materiales estériles para permitir la continuidad de la explotación.
Hemco-Nicaragua explicó el crecimiento por la minería artesanal
La Hemco-Nicaragua, filial local de Mineros produjo 37,698 onzas de oro en el tercer trimestre, un incremento del 18% frente al mismo período de 2025. La compañía atribuyó el avance a un mayor volumen de material procesado, mejores recuperaciones metalúrgicas y al aporte del mineral adquirido a productores artesanales.
“La producción de Hemco en el tercer trimestre de 2026 se debió principalmente a leyes de alimentación más altas y a la contribución del mineral adquirido de Bonanza Mining Partners”, señaló la empresa en su informe trimestral. Ese esquema, conocido como Modelo Bonanza, regula la relación comercial con los mineros artesanales que venden material a la compañía.
Hemco-Nicaragua aportó el 60% de la producción total de Mineros en el trimestre. El grupo obtuvo 62,253 onzas de oro, del 13% más que en los mismos meses del año anterior, mientras que la mina Nechí, en Colombia, explicó el 40% restante.
Entre enero y septiembre, Mineros acumuló una producción de 180,356 onzas, un 11% por encima de la cifra registrada en igual período de 2025. La empresa vendió 187,133 onzas a un precio promedio de USD 4,451 por onza, con ingresos récord de USD 838 millones y una utilidad neta de USD 222 millones.
Hemco-Nicaragua prevé terminar el año con una producción de entre 148,000 y 152,000 onzas. También invierte USD 23 millones para elevar de 1,750 a 2,000 toneladas diarias su capacidad de procesamiento.

El Proyecto Porvenir prevé extraer oro, plata, zinc y cobre
Mineros avanza además en el Proyecto Porvenir, previsto como una operación independiente de Hemco-Nicaragua. La compañía estima una inversión inicial de USD 206.8 millones para poner en marcha la mina, que estará ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
El proyecto contará con una planta capaz de procesar 2,000 toneladas de material por día y apunta a extraer oro, plata, zinc y cobre. En abril de 2026, la compañía recibió la certificación ambiental de la Fiscalía General de la República para la planta de procesamiento y sus depósitos de relaves, un paso necesario para completar los permisos exigidos por el régimen nicaragüense.
Mineros también estudia instalar otra planta de procesamiento con capacidad para 1,000 toneladas diarias. La firma sostiene que esa infraestructura permitiría aliviar restricciones operativas y acompañar el crecimiento proyectado de sus operaciones en el país.

Mako Mining obtuvo permisos para perforar una nueva concesión
La canadiense Mako Mining informó una producción de 12,743 onzas de oro y ventas de 11,902 onzas durante el tercer trimestre. La compañía recibió un precio promedio de USD 4,285 por onza, con ingresos aproximados de USD 50.7 millones y una utilidad neta de USD 16.4 millones.
De ese volumen, 9,145 onzas procedieron de la mina San Albino, situada en Nueva Segovia. La operación tiene capacidad para procesar 1,000 toneladas diarias de material. Entre enero y septiembre, la mina acumuló 30,177 onzas de oro, frente a una meta anual de entre 35,000 y 37,000 onzas.
Mako Mining comunicó que mantendrá estable la producción de su planta y que continuará sus planes de expansión en Nicaragua. La empresa obtuvo permisos de perforación para comenzar la exploración de la concesión Eureka, donde ya se realizan tareas preparatorias. La perforación comenzará antes de que finalice el trimestre.
A la producción de estas tres compañías se sumará en los próximos meses la británica Condor Gold, que opera la mina La India y prevé iniciar actividades antes de que termine 2026.

Mineras chinas concentran el 12.5% del territorio nicaragüense
El 27 de octubre de 2026, la Fundación del Río afirmó que 23 empresas vinculadas con China controlan 93 concesiones mineras que abarcan 1.554.332,02 hectáreas en Nicaragua, una superficie equivalente al 12.5% del territorio nacional. La cifra contradice la posición de las embajadas chinas en Nicaragua y Costa Rica, que sostuvieron que la participación de ese capital es limitada y que no existen operaciones próximas a la frontera costarricense. La organización ambientalista elaboró el registro con publicaciones de La Gaceta difundidas entre 2021 y 2026.
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