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La defensa de Adorni que aceptó el fiscal abre interrogantes sobre el futuro del delito de enriquecimiento ilícito

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Si el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, alegara hoy ante la Justicia que su patrimonio es el resultado de una exitosa apuesta por las criptomonedas, la explicación llegaría tarde, sería contradictoria con declaraciones suyas previas y resultaría, sobre todo, poco creíble. Pero quizás su defensa sería tan difícil de refutar como la que ensayó Manuel Adorni y lo dejó con un pie afuera de una causa por corrupción.

Baratta podría replicar la estrategia del exjefe de Gabinete para justificar al menos la parte del crecimiento patrimonial que se le atribuye desde 2013, año en el que el Bitcoin comenzó a despegar.

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Lo mismo podrían hacer los funcionarios que en el futuro sean acusados de enriquecimiento ilícito. Por eso, el caso Adorni dejó flotando una pregunta: ¿su defensa se convirtió en un manual de instrucciones que entreabre una puerta de salida para los acusados de enriquecimiento ilícito?

El fiscal Pollicita corrió su acusación hacia la evasiónENRIQUE GARCIA MEDINA

“En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito”, señala Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional (2017-2023).

“Obviamente -agrega la experta- la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente”, completa.

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Delia Ferreira Rubio considera que el caso Adorni suma una nueva estrategia de defensa contra el delito Rodrigo Nespolo

Con ella coincide Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción. “Es evidente que, así como [Adorni] obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos”, apunta. Pero advierte: “Habrá que ver qué terminan resolviendo los tribunales”. Garrido aclara que “un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia” y que, por el momento, en este caso no hubo “una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria”.

Garrido considera que el caso, incluso, podría motivar una instrucción de la Procuración General de la Nación en cuanto a cómo valorar las pruebas en casos parecidos. “Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración”, señaló.

Según el criterio que aplicó el fiscal Gerardo Pollicita al caso Adorni, para suprimir la acusación por enriquecimiento ilícito podría bastar con acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que las ganancias de esas operaciones explican el crecimiento patrimonial. Adorni no logró demostrar que fuera su titular cuando se realizaron las operaciones, pero la fiscalía dijo que ella tampoco pudo refutar su explicación.

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Pollicita reconoció en su dictamen que la versión de Adorni, a priori, era “poco verosímil”. No obstante, basado en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, sostuvo que no había pruebas para derribarla y consideró que todo el caso debía investigarse como una posible evasión.

Garrido, exfiscal de Investigaciones Administrativas Archivo

Para Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), no está claro qué consecuencias podría tener en el futuro que la Justicia acepte la explicación de Adorni. “No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina”, señala.

En concreto, la defensa de Adorni sostuvo que gran parte de su patrimonio -descubierto en la investigación por las compras de inmuebles, las reformas y los viajes- provenía de ganancias obtenidas de inversiones en Bitcoin, en operaciones realizadas entre 2014 y 2018. Es decir, años antes de su llegada al Gobierno y durante un tiempo en el que los requisitos para abrir cuentas en plataformas digitales eran más laxos, lo que dificulta reconstruir quiénes realizaron aquellas operaciones.

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Es que en 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que establece estándares internacionales para combatir el lavado, aprobó una normativa orientada a tornar más rigurosos los requisitos para abrir cuentas y progresivamente las plataformas comenzaron a exigir a sus clientes validar su identidad con nombre y apellido.

Adorni mostró que tenía el control actual de ocho billeteras virtuales que registraron 24 movimientos vinculados con plataformas de intercambio pero anteriores a aquella reforma. Otros 17 movimientos apuntados por Adorni no pudieron siquiera vincularse con ninguna plataforma centralizada.

Es decir, que alguien podría conseguir o comprar hoy las claves de una billetera con movimientos de aquellos años, acreditar que tiene su control y presentarla ante la Justicia como prueba.

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El abogado Matías Ledesma, denfesor de Manuel AdorniEnrique García Medina

En Comodoro Py son conscientes del problema. “El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto”, reconoció una fuente judicial que siguió el caso Adorni con atención. Admitió que la antigüedad de las operaciones representa una dificultad para la acusación, pero también, que es no fácil conseguir billeteras con operaciones viejas: “Hay que conseguirlas… no hay un mercado abierto”.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), no cree necesariamente que el caso Adorni siente un precedente y al igual que Biscay, considera que el problema estuvo en la investigación.

Ambos afirman que el fiscal no agotó las medidas de prueba. Talerico, además, cuestiona que Pollicita, ante la falta de certezas, haya abandonado la acusación de enriquecimiento ilícito.

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“Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar”, afirma. “Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe”, afirma.

María Eugenia TalericoRodrigo Nespolo

Biscay apunta que el análisis patrimonial de la investigación no sopesó bien los gastos del exfuncionario y critica especialmente que el fiscal aceptara como suficiente que Adorni tuviera solo el acceso a las billeteras.

“Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia”, dice Biscay; una analogía que también utiliza Ferreira Rubio para explicar el problema.

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“En este caso -señala la exdirectora de Transparencia Internacional- la excusa [de las criptmonedas] parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez”, completa, en alusión al juez federal Ariel Lijo, que debe resolver si convalida el criterio del fiscal y envía el caso al fuero penal económico.



la que ensayó,Federico González del Solar,Conforme a

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Presupuesto 2027: con concesiones a sus aliados, el Gobierno obtuvo el aval para debatir el proyecto en Diputados la próxima semana

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Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió este miércoles dictamen para el proyecto de presupuesto 2027.

La Libertad Avanza (LLA) reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

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El acuerdo le permitió al oficialismo avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre, aunque no logró satisfacer todas las demandas de sus socios parlamentarios.

Los libertarios Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni junto a Germán Martínez (UP)BERNABE RIVAROLA

Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, donde influyen los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, presentaron dictámenes de minoría y consideraron insuficientes las modificaciones. Tampoco acompañaron los cordobeses de Martín Llaryora, los santafecinos de Maximiliano Pullaro ni los misioneros de Hugo Passalacqua.

El texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. Uno de los principales cambios fue el retiro del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

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También se eliminaron los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento. A la vez, se incorporó una nueva disposición sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Estos ajustes los leyó la legisladora libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien se puso al frente de esa discusión en Diputados.

El dictamen sumó, además, beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para Mendoza.

Los cambios, en detalle

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Pro consiguió una de las concesiones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista. El partido también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales.

Según se informó, la deuda con la Ciudad se negociará por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Se acordó que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial. Según los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó solo una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.

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La UCR, por su parte, consiguió preservar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. También había exigido garantizar los fondos para discapacidad y universidades.

Si bien el dictamen introdujo modificaciones en materia de discapacidad, no contempló el incremento presupuestario para las universidades que reclamaban los radicales. En el presupuesto 2027 figura una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que para cumplir la ley se necesitan $11 billones.

El texto incluyó, además, un guiño al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo.

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Eduardo Falcone, del MID, reconoció una aceptación parcial de sus pedidos. El diputado obtuvo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el compromiso de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Las partidas, sin embargo, no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la Jefatura de Gabinete. Su espacio también había reclamado duplicar los recursos destinados a las Becas Manuel Belgrano.

Eduardo Falcone (MID)BERNABE RIVAROLA

Los pedidos que no fueron contemplados

No todos los gobernadores consiguieron respuestas favorables. El jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó un aumento del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología y propuso financiarlo mediante una reasignación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También exigió que se respetaran las partidas establecidas por la Ley de Bosques para Misiones. Ninguno de sus pedidos fue incorporado y su espacio se negó a acompañar el dictamen oficialista.

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Tampoco prosperaron los reclamos de los legisladores cordobeses alineados con Martín Llaryora, que exigían el pago de deudas con la caja jubilatoria provincial y obras en rutas nacionales, ni los de los representantes de Gustavo Sáenz, de Salta, que solicitaban mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

La oposición cuestionó el alcance de las modificaciones y presentó sus propias propuestas. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, defendió un dictamen alternativo con mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Entre otras medidas, propuso elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Martínez también consideró insuficientes los cambios en materia de discapacidad y cuestionó a los gobernadores que reclaman recursos, pero luego acompañan al oficialismo en el Congreso. En alusión a la reciente visita de León XIV y a sus llamados a priorizar el bienestar social, ironizó: “En una semana lo guardaron al Papa en un placard. Se terminaron las lágrimas”.

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Germán MartínezSoledad Aznarez

Su compañera de bloque Julia Strada puso en duda las proyecciones económicas del Gobierno y reclamó precisiones sobre las fuentes de financiamiento previstas para afrontar los vencimientos de deuda. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó el proyecto, al que definió como “un ataque en regla a las necesidades de la población”.

Pese a los cambios, el presupuesto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial proyectado de $1847,60. También prevé un superávit primario del 1,1% del PBI y mantiene el equilibrio fiscal como eje de la política económica.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo buscará darle media sanción al presupuesto el próximo 25 de noviembre, el mismo día en que Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Para conseguirlo, deberá sostener en el recinto los acuerdos que le permitieron avanzar en comisión.

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August 10, 2026,@CINoficial,November 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios – Nexofin

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El Tribunal Oral Federal 3 habilitó al exfuncionario Roberto Baratta a viajar a Buzios entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por motivos “de recreación familiar”.

La resolución contó con los votos afirmativos de Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, quienes exigieron su comparecencia dentro del tercer día posterior al regreso.

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El magistrado Javier Ríos votó en disidencia al señalar la “ineludible contradicción” entre costear vacaciones en el exterior e incumplir el embargo dictado en la causa de la caja chica. En ese expediente, iniciado por la Oficina Anticorrupción y procesado por Sebastián Casanello, se investigan gastos irregulares en el ex Ministerio de Planificación.

Roberto Baratta en Comodoro Py

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Actualmente, el excolaborador de Julio De Vido posee una condena no firme del Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua. Dicho fallo acreditó un perjuicio fiscal superior a 5,5 millones de dólares por sobreprecios en 11 buques de gas natural licuado (GNL).

Asimismo, el exfuncionario afronta el juicio oral por los Cuadernos de las coimas y procesamientos firmados por Julián Ercolini y Luis Rodríguez. Esas causas abarcan acusaciones por enriquecimiento ilícito, dádivas vinculadas a Techint y desvíos de fondos en Río Turbio.

Anteriormente, en marzo pasado, el mismo tribunal había concedido al acusado otro permiso para trasladarse a Río de Janeiro durante abril junto a su familia.

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Caso $LIBRA: recusaron a otro juez clave para la posible reapertura de la causa por estafa contra Milei

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El tribunal que debe resolver si reincorpora como querellantes a los presuntos damnificados por el desplome de $LIBRA -una decisión clave que podría reabrir el expediente contra el presidente Javier Milei– fue objeto de un nuevo cuestionamiento.

Uno de los inversores pidió el apartamiento del juez de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci, con el argumento de que su hijo, Ignacio Yacobucci, exnúmero uno de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fue designado a fines de septiembre en un cargo jerárquico dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

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Guillermo YacobucciFederico Garcia Romero 1165701478

Yacobucci fue el juez que, en minoría, consideró a principios de mes que la Sala no debía tratar el pedido de los damnificados para volver a ser querellantes, lo que implicaba cerrar definitivamente la causa. Por el contrario, sus colegas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma entendieron que sí debía evaluarse el planteo y el asunto quedó bajo estudio del tribunal.

La recusación, presentada por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, despega la decisión del juez Yacobucci del nombramiento de su hijo, pero sostiene que la designación es motivo suficiente para que se aparte del caso. Sostiene que el nombramiento es un “beneficio” conferido por el Presidente, que es uno de los imputados en la causa.

Además, el escrito destaca que la designación “fue otorgada durante la tramitación del proceso, un mes antes del sobreseimiento y mientras la cuestión de las querellas seguía abierta”.

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Fuentes judiciales de la vocalía de Yacobucci observaron que el pedido de recusación carecería de sustento sólido y tildaron las menciones alusivas al nombramiento de Ignacio Yacobucci como “pirotecnia”.

Ignacio Yacobucci fue director de la UIF de este GobiernoEleazarCR

En septiembre pasado, Ignacio Yacobucci fue designado en el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un área que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Es la segunda vez que el Gobierno nombra a un familiar de un funcionario judicial que interviene en el caso $LIBRA. Antes de los sobreseimientos que dejaron el caso al borde del cierre, Ana Juan, la esposa del juez a cargo del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, fue designada como jueza federal en el juzgado de Hurlingham.

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Segunda recusación

Antes, Mauricio Novelli, señalado como nexo entre el creador del activo Hayden Davis y el presidente Milei, promovió otra recusación contra la jueza Ledesma, con el argumento de que la camarista integraba un comité de la Inecip, una organización que buscó, sin éxito, convertirse en querellante en el expediente.

La jueza Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi

La Sala deberá resolver ahora la situación de ambos camaristas. Son los propios jueces recusados quienes deberán en primer lugar pronunciarse sobre los pedidos de apartamiento. Si consideran que no existen motivos para dejar de intervenir, serán sus otros dos colegas de la Sala quienes deberán resolver: Ledesma y Slokar, en el caso de Yacobucci, y Yacobucci y Slokar, en el caso de Ledesma.

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Si no hay acuerdo, la sala deberá convocar a un tercer magistrado para desempatar.

La situación de Ledesma tiene además una particularidad: en diciembre cumplirá 74 años y quedará a un año de alcanzar la edad límite para ejercer como magistrada sin un nuevo nombramiento. Si pretende continuar en el cargo, deberá solicitar una renovación que dependerá del presidente Milei y del posterior acuerdo del Senado.



Ignacio Yacobucci,Conforme a

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