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POLITICA

La campaña cívica para reclamar cambios en los concursos judiciales llegó al Senado

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La campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial, llegó este lunes al Senado, por medio de una carta enviada a la estratégica comisión de Acuerdos, encargada de debatir los pliegos de jueces que envía el Poder Ejecutivo.

Las entidades que forman parte de la campaña invocaron su derecho constitucional a “peticionar a las autoridades” para reclamar a los senadores que “al momento de firmar los dictámenes correspondientes a la designación de jueces federales o nacionales”, se “considere y pondere la circunstancia del orden de mérito del candidato antes y después de la entrevista personal que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

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La misiva se inscribe en la acción de una coalición transversal conformada por entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y referentes del ámbito jurídico, que promueven reformas inmediatas en el sistema de evaluación conducido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo.

El eje central de la demanda consiste en requerir al Consejo de la Magistratura la modificación del reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Específicamente, las organizaciones firmantes solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”. Según advierte el documento presentado, achicar al máximo el margen de decisión discrecional constituye “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional e insumo clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.

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“La ciudadanía ha percibido que el orden de mérito surgido de los concursos objetivos que realiza el Consejo, muchas veces es alterado después de las entrevistas de forma absoluta, debido a la discrecionalidad del procedimiento. Ello ha merecido una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que propone limitar al 20% del puntaje total la valoración de la entrevista personal, para no desplazar el mérito de los concursos efectuados. En el mismo sentido se han expedido en una declaración conjunta algunas de las más prestigiosas entidades de la sociedad civil y del ejercicio del derecho. Le adjuntamos ambos documentos”, indicaron los firmantes en la carta dirigida al senador Maximiliano Abad, integrante de la comisión de Acuerdos.

Un proyecto en el sentido de limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso había sido presentado por dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en marzo pasado. Pero hasta ahora sigue trabado dentro del Consejo de la Magistratura. La discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas personales ha permitido que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes terminen en posiciones expectantes para ser incluidos en las ternas de las que después salen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.

La campaña, visibilizada mediante la consigna #MasMeritoMasJusticia, es impulsada a través de una petición pública en la plataforma Change.org. Pone de relieve el diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las evaluaciones. En un comunicado, los impulsores señalan que, si bien la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de los jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”.

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La campaña «por una justicia independiente»

En ese sentido, remarcan la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos de los aspirantes.

La presentación cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el ámbito judicial como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Asimismo, se sumaron entidades del sector privado, entre las que se destacan el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Entre los juristas y constitucionalistas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.

También se sumaron a la iniciativa personalidades públicas y dirigentes políticos, como Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanús, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Liliana Negre de Alonso, Graciela Ocaña, Adrián Perez, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, María Eugenia Talerico, Martín Yeza, Soledad Acuña, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Facundo del Gaiso, Rodrigo de Loredo, Mónica Fein y Emmanuel Ferrario.

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“Por las razones expuestas y porque consideramos que los habitantes tienen derecho a una justicia imparcial e idónea, que se ajuste a los parámetros del mérito objetivo que propicia la Constitución Nacional, es que le solicitamos que, en el ejercicio de su representación popular, provincial y nacional, revise detalladamente y contemple la posibilidad de no conceder acuerdo a candidatos cuyo mérito se haya alterado de manera sustantiva en relación al orden inicial de los concursos”, indicaron los firmantes.



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POLITICA

Una denuncia penal y acusaciones sobre la marcha de Gastronómicos: crece la pelea entre Barrionuevo y Pettovello

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Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la República Argentina (UTHGRA), presentó una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por “negarse” a certificar las autoridades electas del sindicato pese a contar con fallo judicial que habilitaba esa obligación.

Para reforzar su reclamo, el dirigente dijo que la ministra “debe dar un paso al costado porque no sabe ejercer su tarea”, por lo cual planteó que “la Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo”.

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“Todos los trabajadores no podemos andar en los tribunales dirimiendo los problemas nuestros, que son problemas del mundo sindical”, enfatizó. Y advirtió: “Necesitamos resolver los problemas ahora”.

Los gastronómicos marcharon por la avenida Carlos Pellegrini, desde la Avenida de Mayo hasta la calle Juncal

Así lo sostuvo Barrionuevo durante una movilización de su sindicato ante el Ministerio de Capital Humano, en la avenida Carlos Pellegrini 1285, donde, mientras los manifestantes ocupaban toda la calle entre Arenales y Juncal, se quejó porque, debido a que el Gobierno no convalida su triunfo electoral, los trabajadores no cobraron el último aumento salarial porque no fue homologado por la Secretaría de Trabajo.

Por su parte, fuentes de Capital Humano consideraron que la marcha de Gastronómicos es similar a la que antes hacían los piqueteros y que “no expresó un reclamo laboral genuino sino que fue una demostración de fuerza organizada con personas que no sabían por qué estaban allí”, al tiempo que criticaron que en la movilización había menores de edad y “no había trabajadores que protestaran sino personas obligadas a asistir. “Que obliguen a la gente a ir es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente”, indicaron.

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En su cuenta de X, Pettovello denunció este sábado presiones y hostigamiento por parte de Barrionuevo y anunció que analiza una presentación judicial o una denuncia para resguardar su “integridad moral y física”.

Los manifestantes de Gastronómicos marcharon acompañados por un fuerte dispositivo policial

“No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar”, escribió. Y destacó que la elección de autoridades del gremio “se encuentra judicializada” y que recibió presiones para que el Ministerio desistiera del recurso extraordinario presentado ante la Corte por el expediente. “Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión”, sostuvo.

Por su parte, al hablar ante la sede de Capital Humano, que tenía una fuerte custodia policial, Barrionuevo comenzó con ironías: dijo que Pettovello “de capital tiene mucho, pero de humano no tiene nada” y a Julio Cordero, secretario de Trabajo, lo bautizó como “Corderito”.

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“Hace meses que vienen dilatando y no homologando los convenios de una paritaria justa y los trabajadores quieren cobrar ayer, no mañana -señaló-. Por eso le digo a la ministra y al secretario que hoy han sido denunciados por mi persona penalmente”.

Sandra Pettovello y Julio Cordero

Enseguida, Barrionuevo afirmó: “Nos han cansado. En diciembre ganamos las elecciones en todo el país y hasta el día de hoy no nos dieron la certificación de autoridades. Sí lo han hecho por coima con otros que no eran más dirigentes y que han saqueado las cajas de los trabajadores en el Banco Ciudad. También vamos a denunciar penalmente a los directores del banco”.

El dirigente contestó críticas que le hizo Pettovello: “Ya que anda diciendo que soy mafioso, le digo a la ministra, y si realmente defender los derechos de los trabajadores y tener uno de los sindicatos más importantes y limpios del país es ser mafioso, soy mafioso”.

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Agregó: “Si tener tener el mejor turismo, las mejores coberturas de obra social, las mejores 54 escuelas en todo el país y el Instituto Gastronómico, que es de alta jerarquía, es ser mafioso, le digo: sí, soy mafioso”.

A continuación, hizo un comentario que se se convirtió en una suerte de advertencia a los funcionarios: “Les digo a la ministra y a Corderito que adonde vayan, eventos, restaurantes, confiterías, bares, que se queden tranquilos porque serán bien atendidos por los gastronómicos”.

Luis Barrionuevo: “Hace meses que vienen dilatando y no homologando los convenios de una paritaria justa

“Hoy estamos en la calle, hoy comienza la lucha -remarcó-. No vamos a esperar más tiempo. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir en todo el país dando pelea porque damos la vida por las familias de los trabajadores gastronómicos”.

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A continuación, tras agradecer la asistencia de trabajadores de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, la costa atlántica y del Gran Buenos Aires, Barrionuevo aprovechó para criticar a Javier Milei y vaticinar que en las elecciones de 2027 ganará el peronismo: “Este es un país que merece estar mucho mejor. Por eso le digo al presidente, no sé si estará acá o fuera del país, que se baje del avión, que la escuche un poquito a la panadera, que es su hermana, sobre cómo está la situación”

“Lamentablemente no tenemos gobierno, no hay quien conduzca -puntualizó-. Por eso que el año que viene hay elecciones y democráticamente va a volver a gobernar el peronismo. No tengo ninguna duda”.

La movilización de Gastronómicos causó trastornos de tránsito en el centro porteño

En ese sentido, el líder de Gastronómicos pidió “que se vayan retirando los que perjudicaron tantos años al país, sean nuestros o extraños, pero queremos otros dentro de la democracia que nos costó conquistar”. Y apuntó: “Vamos a renovar el peronismo, les guste o no a algunos pavotes que andan dando vueltas”.

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El líder de Gastronómicos presidió la marcha acompañado por la conducción de su gremio y dirigentes de su sector como Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (guardavidas) y Oscar Rojas (maestranza).

Qué dice la presentación judicial

En la presentación de Barrionuevo contra Pettovello y Cordero, que fue presentada este lunes ante la Justicia por el abogado Horacio Ferro, se denuncia a ambos funcionarios de haber incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y desobediencia de una orden judicial.

Una manifestante de Gastronómicos, ante la sede del Ministerio de Capital Humano

Según el escrito, el sindicato celebró elecciones el 29 de diciembre de 2025, con 319.964 afiliados empadronados y más de 121.000 votos emitidos y la Lista Celeste 17 de Octubre, que lideró Barrionuevo, obtuvo 119.708 sufragios. Desde entonces, dice, “el Ministerio de Capital Humano se niega a expedir el certificado de autoridades que acredita la nueva conducción”.

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El certificado no es un trámite menor, según apunta Barrionuevo, ya que sin ese documento, la Secretaría de Trabajo observó la rúbrica de libros contables del sindicato al considerarlo con “Comisión Directiva vencida desde el 14/12/2025”, y la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo frenó la homologación de un acuerdo salarial firmado con la cámara empresarial FEHGRA.

La ministra Sandra Pettovello dijo en la red social X que evalúa una acción judicial ante presiones recibidas por Luis Barrionuevo

La denuncia del líder sindical se sustenta en un contraste documentado: en 2024, el mismo ministerio emitió un certificado a favor de una lista opositora a la conducción nacional, aun cuando existían sentencias de dos instancias que invalidaban esa elección seccional.

El escrito de Barrionuevo señala que en ambos episodios intervino el mismo asesor técnico, Hugo Mauro Landi, y que la única variable que cambió fue quién se beneficiaba del acto administrativo.

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Sobre esa base, Barrionuevo sostiene que Pettovello y Cordero convirtieron un acto de naturaleza reglada —es decir, que el funcionario está obligado a ejecutar sin margen de elección— en una potestad discrecional. La acusación encuadra esa conducta en los artículos 248, 249 y 239 del Código Penal, que sancionan el incumplimiento de deberes de funcionario público, la omisión de esos deberes y la desobediencia de órdenes judiciales, respectivamente.

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Javier Milei anunció la llegada de Lego a la Argentina

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El presidente Javier Milei anunció la llegada de Lego a la Argentina a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. La marca, con origen en Dinamarca, estará en el tercer piso del shopping Unicenter.

En las últimas 48 horas se hizo viral una imagen con un local de Unicenter tapado con el anuncio de la inminente llegada de la juguetería.

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El video de Milei sobre Lego

Milei reposteó varios mensajes en X y subió otros en su perfil de Instagram junto con un video en el que él mismo, hecho con piezas de Lego, abre el local y lo celebra con un mensaje: “Lego llega a la Argentina gracias a la apertura económica de Milei”.

En un discurso que dio en la gala de Endeavor el jueves, el jefe de Estado había anticipado que iría por una apertura comercial del 90 por ciento. Lego vende en la Argentina, hasta ahora, a través de terceros.

La fábrica se especializa en los juguetes para ensamblar en bloques, tiene líneas temáticas, y también reproducción de monumentos, ciudades, entre otras cosas y cuenta, además, con sus parques temáticos en distintas partes del mundo.

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Ley de Soberanía Nacional: el proyecto llega este miércoles a Diputados con diferencias entre el oficialismo y sus aliados

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La Libertad Avanza buscará aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas, y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El presidente del cuerpo, Martín Menem, convocó a una sesión para las 12, aunque el oficialismo todavía enfrenta cuestionamientos de sus aliados por los artículos que introducen modificaciones penales vinculadas con la injerencia extranjera y la libertad de expresión.

La convocatoria fue formalizada por el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, e incluye un amplio temario con acuerdos internacionales, convenios de transferencia de competencias judiciales y modificaciones al régimen de las pequeñas y medianas empresas.

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El principal punto de conflicto es el Título VII del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que los bloques dialoguistas pidieron eliminar durante las negociaciones de la semana pasada. El oficialismo propuso cambios en su redacción, pero esas modificaciones no conformaron a los legisladores que habitualmente acompañan a La Libertad Avanza.

Los aliados rechazan los cambios al capítulo sobre libertad de expresión

Los diputados de la oposición dialoguista mantienen su rechazo al Título VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales”, que contempla modificaciones en los códigos Electoral y Penal de la Nación.

Durante la reunión de la semana pasada, los legisladores trasladaron sus objeciones a la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei, quien participó en representación del Ejecutivo en lugar de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

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Karina Banfi, diputada nacional Adelante Buenos Aires. Foto Cámara de Diputados.

Sin embargo, las correcciones ofrecidas por el Gobierno no alcanzaron para destrabar las diferencias. “Pedimos que lo eliminen, no que lo cambien”, le dijo a TN un diputado que habitualmente participa de la construcción de mayorías con La Libertad Avanza.

El legislador anticipó que votará en contra del apartado cuestionado si el oficialismo insiste con mantenerlo. La diputada radical Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, también ratificó su rechazo.

“No estoy de acuerdo con el Título séptimo, de los tipos penales a la expresión ya que no son necesarios para el objeto de un proyecto de defensa nacional”, afirmó a TN.

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La aprobación de ese capítulo requiere una mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, es decir, 129 votos afirmativos, debido a las modificaciones que introduce en la legislación electoral.

La figura de injerencia extranjera genera diferencias con la oposición

Uno de los aspectos más discutidos de la ley Malvinas es la incorporación de una figura penal vinculada con las acciones de injerencia extranjera. La redacción original hacía referencia a las “campañas coordinadas de desinformación masiva”, pero el oficialismo propuso reemplazar esa expresión por la de “campaña de injerencia extranjera”.

El nuevo texto contempla actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten un vínculo con un agente extranjero.

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También establece que debe existir conocimiento de esa relación y excluye expresamente la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Pese a esas modificaciones, se mantiene una pena general de cinco a 12 años de prisión.

Los bloques dialoguistas cuestionan la precisión de la figura penal, sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión y las dificultades para demostrar la intención de los involucrados y su vinculación con agentes extranjeros.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade también expresó su rechazo al proyecto.

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Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica. Foto Cámara de Diputados.
Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica. Foto Cámara de Diputados.

“Hay una posición inalterable e la Coalición Cívica. Este proyecto es un instrumento que quiere el Poder Ejecutivo para tener un mayor control social y político. Perseguirán a todos los que, según el Ejecutivo, piensa que son campañas de desinformación”, sostuvo.

La ley Malvinas establece sanciones por la explotación de recursos naturales

Más allá de la controversia por los artículos penales, uno de los principales objetivos del proyecto es establecer un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para empresas y personas involucradas en esas actividades.

También establece restricciones económicas que podrían impedir a los sancionados desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

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El texto incluye, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.

El oficialismo buscará avanzar con la aprobación de la iniciativa durante la sesión del miércoles, aunque deberá resolver las diferencias con los aliados para reunir los votos necesarios en los artículos más cuestionados.

La reforma del Banco Central vuelve a Diputados con cambios del Senado

El segundo proyecto central de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a la Cámara de Diputados después de haber sido modificada por el Senado.

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La Cámara alta introdujo cambios en el artículo tercero, al eliminar el requisito de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades y a los integrantes del Directorio de la entidad.

El mecanismo de designación se mantiene: los miembros del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado mediante una mayoría calificada.

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