POLITICA
El gobierno bonaerense admitió que elegir al candidato del PJ sin las PASO “será más complejo y costoso”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reconoció que el peronismo tendrá que buscar otros mecanismos para definir sus candidaturas si el Gobierno logra suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque ratificó que el espacio seguirá defendiendo su continuidad, admitió que la oposición deberá organizarse de otra manera.
“El peronismo se va a organizar sin las PASO, me parece que esa era la forma más virtuosa, democrática y amplia posible. Se va a organizar de todas formas, pero seguramente va a ser más costoso, más complejo y menos democrático”, afirmó en declaraciones radiales.
El proyecto de reforma electoral del Gobierno plantea suspender las PASO por única vez para las elecciones nacionales de 2027, reincorporar las listas colectoras de forma excepcional, eliminar aportes públicos para el financiamiento de campaña y establecer la Ficha Limpia, entre otros cambios.
La iniciativa quedó trabada en el Senado el martes tras no alcanzar las firmas necesarias para emitir dictamen, pasando a un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy.
“Hubo un consenso y acuerdo de sostener las PASO, pero no depende solamente del peronismo. El gobierno está apostando fuerte y haciendo todo tipo de ofertas a gobernadores y otros sectores del peronismo independiente”, expresó Bianco en El destape 1070.
“La eliminación tiene como único objetivo que la oposición no se pueda organizar. Vamos a seguir insistiendo porque creemos que es el mejor sistema para dirimir candidaturas”, agregó.
El Gobierno nacional intentará avanzar esta semana con la firma del dictamen de la reforma política en el Senado, aunque todavía no tiene garantizados los votos y depende, en parte, de las negociaciones con los gobernadores.
Axel Kicillof, Carlos Bianco, Peronismo, PASO
POLITICA
El Gobierno aumentó un 2,2% los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad – Nexofin

Los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad se incrementaron un 2,20% desde noviembre, según estableció el Gobierno a través de la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El incremento utiliza como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.
La medida, dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, alcanza a todas las modalidades del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El ajuste se aplicó de manera uniforme, sin distinciones entre servicios, y se suma al aumento del 1,90% otorgado en octubre.
Diputados aprobó el proyecto de discapacidad con 237 votos y lo giró al Senado
Entre los nuevos valores, el Centro de Día con jornada doble quedó establecido en $1.166.692,96 para la categoría A, mientras que el Centro Educativo Terapéutico con la misma carga horaria alcanzó los $1.310.557,92.
En el caso de los hogares permanentes con Centro Educativo Terapéutico, el arancel llegó a $2.194.516,03 para la categoría A. La estimulación temprana, por su parte, se fijó en $439.719,68 y el módulo de apoyo a la integración escolar en $801.937,24.
También se actualizaron los montos de rehabilitación, formación laboral, escolaridad y residencias. El transporte quedó establecido en $953,22 por kilómetro y el servicio de alimentación en $5.223,37.
La resolución ratificó, además, la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones realizadas en las provincias patagónicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24.901.
La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año
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AUMENTO DISCAPACIDAD,CUD,discapacidad,Secretaría Nacional de Discapacidad
POLITICA
Alejandro Tullio respaldó la suspensión de las PASO y cuestionó los cambios en el financiamiento electoral

La discusión sobre la reforma electoral vuelve a poner bajo revisión reglas que ordenan desde la competencia interna de los partidos hasta la forma en que se financian las campañas y se arma una boleta. El proyecto que prepara el Gobierno plantea la suspensión de las PASO, modificaciones sobre los debates presidenciales y la posibilidad de habilitar colectoras, además de cambios en el régimen de aportes. En ese conjunto, hay medidas que simplifican el proceso, pero también decisiones que pueden alterar los controles políticos y económicos de una elección.
Alejandro Tullio, secretario electoral permanente de la provincia de Chubut y exdirector nacional electoral entre 2001 y 2016, explicó en Infobae Al Amanecer que la iniciativa reúne avances y asuntos que todavía requieren discusión.
“Hay cosas positivas, cosas necesarias y cosas que deben estudiarse un poco más”, resumió el especialista. Y ubicó el debate en una pregunta más amplia que la vigencia o no de una primaria: qué herramientas necesita el sistema para que los votantes comprendan la oferta electoral, para que los partidos definan sus candidaturas y para que la campaña no quede atada a intereses ajenos a la competencia. La reforma, según planteó, obliga a revisar cada uno de esos engranajes antes de fijar nuevas reglas.
La boleta única y sus categorías
Uno de los puntos que Tullio considera conveniente es eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. A su entender, la medida reduciría categorías en la boleta única de papel y evitaría que Argentina mantenga un sistema que otros países de la región ya dejaron de aplicar. Paraguay, recordó, fue el primero en elegir de forma directa a esos representantes, pero después abandonó ese mecanismo.
“Si quitamos dos filas, va a ser más claro para el ciudadano”, explicó al referirse a las candidaturas del Parlamento del Mercosur. Para Tullio, la simplificación tiene un efecto concreto sobre la experiencia del elector, que en los comicios nacionales ya debe elegir presidente, diputados y, en ocho provincias, senadores.
Las 24 jurisdicciones definen diputados nacionales durante una elección presidencial. Esa cantidad de cargos, sumada a las categorías ejecutivas y a las bancas senatoriales que se renuevan en parte del país, da cuenta de la extensión que puede adquirir una boleta. El secretario electoral de Chubut sostuvo que incorporar dos filas adicionales recarga una herramienta que busca, precisamente, hacer más transparente y comprensible el voto.
El planteo no se limita a una cuestión de diseño. El exdirector nacional electoral entiende que las categorías deben guardar relación con una representación efectiva y con decisiones que se tomen en el ámbito regional. Por eso puso el foco en la necesidad de revisar la elección directa de parlamentarios del Mercosur dentro de la discusión general sobre cómo se organiza la oferta electoral.
Tullio respaldó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las próximas elecciones y la definió como un “gesto de realismo” frente al escenario político actual. Su posición parte de una distinción: mantiene la idea de que debe existir un mecanismo común para seleccionar candidaturas, aunque acepta que esta vez las condiciones ameritan una excepción.
“Dejémoslas pasar”, dijo sobre las primarias, sin convertir esa frase en una defensa de su eliminación definitiva. El funcionario explicó que la estructura partidaria cambió, que las provincias tienen dinámicas propias y que los dirigentes locales ganaron peso, mientras los partidos nacionales perdieron capacidad de ordenar la competencia.
Esa transformación, según su análisis, obliga a pensar qué tipo de primaria puede funcionar en adelante. Tullio mencionó unas PASO voluntarias o un sistema de inscripción partidaria por el cual cada elector decida participar de una interna. Las dos alternativas conservan la idea de una selección abierta, aunque con reglas distintas de participación.

La suspensión, entonces, aparece como una salida para esta elección y no como el cierre de una discusión. El secretario electoral permanente señaló que, una vez superado el proceso, habrá que volver sobre el modo en que las fuerzas políticas eligen a sus candidatos y sobre el papel que debe asumir el Estado en esa instancia.
El financiamiento privado enciende una luz amarilla
El reparo más marcado de Tullio apunta al posible retiro del Estado del financiamiento de las campañas. Aceptó que se reduzca la pauta electoral oficial en los medios de comunicación, pero cuestionó que la reforma elimine por completo ese sostén. Para el especialista, esa decisión merece una “luz amarilla” porque modificaría la relación entre los partidos, los recursos y quienes aportan dinero.
“Los financiadores privados son los que van a controlar la medida en que las propuestas políticas llegan a la gente”, advirtió. Su preocupación es que la difusión de las candidaturas quede determinada por la capacidad de recaudación de cada espacio y que los aportes condicionen qué mensajes pueden circular durante la campaña.
Tullio también pidió establecer límites claros para impedir que terceros ajenos a los partidos hagan campaña sin controles. Esa vía, dijo en forma indirecta, podría habilitar influencias sobre la competencia electoral sin que las agrupaciones deban responder por el origen de los fondos ni por los gastos realizados en su favor.
En ese punto incluyó el riesgo de intervención del crimen organizado transnacional. El exfuncionario señaló que esos grupos pueden financiar candidatos y luego reclamar beneficios políticos. Por eso propuso que los aportes ingresen a los partidos, que cada agrupación sea responsable de sus gastos y que se mantengan mecanismos de control sobre el dinero que sostiene la actividad electoral.
Las colectoras sólo tendrían sentido como salida excepcional
La eventual habilitación de colectoras es otro de los aspectos que Tullio observa con cautela. El mecanismo permitiría que un mismo candidato presidencial figure más de una vez en la boleta, asociado en cada caso a listas legislativas diferentes. Una columna podría contener postulantes propios y otra, candidatos de una fuerza distrital adherida.
“No es natural que un presidente, un candidato a presidente, tenga diversos grupos de legisladores que lo apoyen”, planteó. La objeción remite a la relación entre la elección presidencial y la composición del Congreso, un vínculo que, a su juicio, resulta decisivo para la gobernabilidad.
El secretario electoral aceptó que las colectoras puedan servir de forma excepcional si las PASO quedan suspendidas y las alianzas necesitan resolver una competencia territorial. Sin embargo, consideró que no deberían transformarse en una regla estable. La boleta única busca ordenar la oferta electoral y, bajo ese criterio, no debería presentar como parte de una misma candidatura presidencial a sectores que luego se enfrentan en el Parlamento.

Tullio sostuvo que los acuerdos deben resolverse antes de la elección. Si distintas fuerzas deciden acompañar a un candidato presidencial, deberían definir previamente las condiciones de esa alianza y la relación con sus listas legislativas. De otro modo, afirmó, el voto al Ejecutivo puede quedar desligado de los representantes que necesitarán tratar las iniciativas del futuro Gobierno.
Los debates presidenciales seguirían, aun sin obligación legal
El proyecto también contempla cambios en los debates presidenciales. Según el último borrador mencionado durante la entrevista, el debate obligatorio de la primera vuelta dejaría de estar previsto, aunque podría realizarse uno en caso de balotaje. Tullio lamentó esa modificación, pero estimó que los encuentros seguirán ocurriendo.
“Quien no participe va a tener un costo por no hacerlo”, sostuvo. Para el exdirector nacional electoral, los candidatos tienen incentivos políticos para asistir porque los debates les permiten exponer sus propuestas ante los votantes en condiciones similares a las de sus adversarios.
También remarcó que esos espacios permiten escuchar a todos los postulantes sobre los mismos temas y reducen la mediación tecnológica propia de una campaña. Aunque defendió su utilidad, consideró que el interés público que despiertan debería bastar para sostenerlos, sin necesidad de imponerlos por ley.
La reforma deja abiertos, así, varios frentes que Tullio pidió discutir antes de que el Congreso fije las reglas para la próxima elección: el futuro de las PASO, el alcance de las colectoras, los controles sobre el financiamiento y la regulación de los debates. Desde Chubut, el funcionario sostuvo que el desafío no pasa sólo por acelerar o simplificar el proceso, sino por preservar condiciones claras para la competencia y el voto ciudadano.
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alejandro tullio, secretario electoral permanente de la provincia de chubut y exdirector nacional electoral entre 2001 y 2016
POLITICA
Pese a las tensiones internas, la Casa Rosada puso a Bullrich al frente de las negociaciones por la reforma electoral en el Senado

Enfocado en lograr el dictamen de la reforma electoral en las próximas 48 horas, el Gobierno decidió postergar las diferencias con Patricia Bullrich y le encargó a la jefa de la bancada oficialista en el Senado que encabece las negociaciones con los aliados para aprobar su ambicioso proyecto.
Por su rol como líder del bloque de La Libertad Avanza, la maniobra parece una obviedad. Sin embargo, hasta este martes la responsabilidad de llevar las riendas de las negociaciones era una tarea exclusiva del jefe de Gabinete, Diego Santilli, según daban cuenta entre los senadores del oficialismo.
“La pelota la tiene la Casa Rosada”, fue el mensaje que repetían en el bloque violeta, en referencia a las conversaciones que mantuvo durante meses el ministro coordinador con los diferentes gobernadores dialoguistas para destrabar el proyecto electoral. Sin embargo, con la decisión de acelerar el tratamiento, la mesa política que conduce Karina Milei decidió sumar a Bullrich a la misión de reunir los votos.
“Es correcto, va a conducir el proceso en tándem con Santilli”, explicaron a TN cerca de la senadora. Según pudo saber este medio, el nuevo esquema fue conversado por ambos en la Casa Rosada, donde esta mañana se celebró una nueva reunión de los principales estrategas del Gobierno. Allí, en un encuentro que fue definido por uno de los presentes como “muy tranquilo”, el Ejecutivo decidió ignorar las recientes tensiones públicas entre Bullrich y el oficialismo, luego de varias semanas de diferenciaciones políticas que en Balcarce 50 fueron leídas como desafíos a la conducción de la Secretaria General de la Presidencia.
En ese sentido, alrededor de la exministra de Seguridad hay quienes advierten que detrás de la maniobra podría esconderse una trampa: convertirla en un chivo expiatorio en caso de que el proyecto no prospere. Sin embargo, aseguran que la dinámica de trabajo entre Bullrich y Santilli es buena, y en el oficialismo se muestran confiados de poder avanzar con la reforma.
“Hasta acá no pudieron sacar la reforma sin ella. Así que responsabilizarla porque no salga algo que no pudieron sacar no pueden. Veremos si con ella ahora, sale”, planteó a TN un colaborador de la senadora porteña.
Los plazos del Gobierno y la búsqueda de los 37 votos en el Senado
La primera prueba que debe superar el oficialismo en el Senado es conseguir las diez firmas necesarias para dictaminar el proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el libertario Agustín Coto. Luego de que este martes se llamara a un cuarto intermedio para asimilar los cambios introducidos en el texto oficial, dos integrantes de la mesa política afirmaron a este medio que lograrán el despacho entre este miércoles y el jueves.
“No hay ninguna postergación. Simplemente son muchas modificaciones al proyecto original y todas tienen que ser atendidas”, reiteraron en Balcarce 50, donde explicaron que el plan sigue siendo tratar el proyecto en el recinto la próxima semana.
Entre los 19 integrantes que componen la comisión, La Libertad Avanza cuenta con seis propios (Coto, Bullrich, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta), por lo que necesita que sus aliados aporten cuatro firmas más. Los seis senadores peronistas ya adelantaron su rechazo, así que el Gobierno mira a los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama, a Carlos Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), a Carolina Moisés (Convicción Federal) y a Beatriz Ávila (Independencia) como sus potenciales aliados. Una vez firmado el dictamen, el oficialismo deberá esperar siete días antes de llevar el proyecto al recinto, donde necesitará 37 votos.
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