POLITICA
La rebelión de los aliados en el Congreso: la Casa Rosada ajusta su estrategia y volvieron los cortocircuitos internos

Son momentos de alta volatilidad en los que el Gobierno deposita cada vez más peso en las negociaciones del Congreso porque es la principal agenda reformista que tiene. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado mantuvieron agendas ayer y hoy con el objetivo de avanzar con proyectos de altísimo interés para el presidente Javier Milei. Aun así, en la gran mayoría de los casos tuvo que ceder frente a los aliados o virar de estrategia por la dificultad para obtener los votos necesarios. El panorama no dista de tener sus complejidades.
El oficialismo de La Libertad Avanza en Diputados consiguió ayer que se firmara el dictamen de mayoría por el Presupuesto 2027, pero esta tarde no tuvo quórum en el intento de sesión para buscar la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Senado retomó el tratamiento de la Reforma Política en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, ante la resistencia de los aliados, tuvo que sacar el apartado que incluía las “colectoras”, con la esperanza de conseguir las adhesiones suficientes para lograr el dictamen hoy a la tarde.
Además de ser proyectos complejos que abordan puntos sensibles, las negociaciones individuales por cada uno de estos terminan colisionando con las de otros. Un ejemplo de esta multiplicidad de variables es lo que hizo el bloque del MID esta tarde en Diputados. Sus dos bancas no bajaron a dar quórum para la sesión del proyecto por Malvinas porque la Reforma Política —que se trata en el Senado— contiene cambios que, a su parecer, afectan la existencia de los denominados “partidos chicos”.

Los negociadores del Gobierno admiten que el escenario resulta “algo caótico”. “Los gobernadores buscan mostrar poder bajándote las adhesiones y subiéndose el precio para conseguir una tajada más”, afirman.
En el despacho de Martín Menem atribuyeron la caída de la sesión de este miércoles principalmente a que los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ordenaron a sus legisladores que no bajaran, porque no se incluyó en el temario el proyecto de Biocombustibles, que el PRO no quiere.
Como añadidura a esto, la santafesina Gisella Scaglia denunció que Menem no le dará al bloque Provincias Unidas el cargo por la tercera minoría de Diputados para el Consejo de la Magistratura. Infobae pudo confirmar que desde Presidencia interpretan que se lo tienen que dar al PRO porque su interbloque tiene 22 bancas. Del otro lado afirman que se le debe dar a un bloque y que el suyo tiene 18 bancas, seis más que el espacio amarillo.
De cualquier manera, Menem acordó con el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que enviará al Consejo el nombre de la bonaerense Florencia De Sensi, por lo que eso promete ser judicializado. “Scaglia se supone que está afiliada al PRO, pero quiere ir en contra de Mauricio Macri”, denuncian en ese bloque.

Estos micromovimientos generan ganadores y perdedores en varios ámbitos. La Casa Rosada percibe la dificultad de algunas conversaciones. Un funcionario que responde de manera directa a los hermanos Milei afirma que esto es evidencia de que “aunque ganaste las elecciones, las mayorías no están, y es obvio que hay negociaciones que hacen muy difícil que las cosas salgan como quiere el Ejecutivo”.
Con la caída de la sesión por el proyecto malvinero volvieron a florecer las internas entre el entorno de Santiago Caputo y el de Martín Menem. En las últimas horas hubo sugerentes publicaciones de dirigentes y tuiteros que insinuaron una falta de voluntad del encargado de Diputados para ayudar a conseguir el número necesario para debatir en el recinto.
“Hay algunas personas que prefieren ver festejar a los ingleses antes que a Santiago”, esgrime una fuente gubernamental en estricta reserva. El asesor presidencial es el arquitecto principal del proyecto que endurece las sanciones a empresas extranjeras por explotaciones hidrocarburíferas en el área marítima de Malvinas, además de implementar nuevas regulaciones vinculadas a Asuntos Estratégicos y Seguridad Nacional.

En el menemismo no recogen el guante de las acusaciones y afirman que se trabajó para conseguir el número necesario para la sesión. “Hicimos todo para que saliera. Esta semana se perdió, pero la próxima podemos meter dos sesiones y clavar todos los goles. No es un proyecto de un sector: es una ley que pide el Presidente”, afirman.
La línea que empieza a tejerse en algunos sectores de la Casa Rosada es que hay una tendencia clara: al oficialismo le está costando dirigir la cuestión parlamentaria. “Algunos decimos que estamos ante la rebelión del Congreso. La oposición nos maneja los tiempos en ambas cámaras: Discapacidad, Malvinas, Reforma Política. Lo único que salió tal como se quería fueron los pliegos que impulsó [Juan Bautista] Mahiques, que es un capo. Todo lo demás no sale como quiere el Ejecutivo”, dice una fuente con despacho en Balcarce 50.
Con los matices que corresponden a cada sector, hay un reconocimiento general de que la situación política del oficialismo se complicó en el último tiempo a raíz de la llegada de la pretemporada electoral. Los más optimistas de las negociaciones afirman que los proyectos “se van a resolver todos con el tiempo”. Los más pesimistas sostienen que va a ser difícil avanzar con muchos de estos porque “se pretende que todo salga gratis y, además, sin materializar acuerdos políticos”.

¿Pero qué dicen los Milei? Una funcionaria que habla en su representación afirma que “una vez que se destrabe la Reforma Política, sale todo”. La cuestión es que hay una suerte de zona gris sobre la estrategia que se debe adoptar. Es decir, que no hubo una bajada de línea sobre cómo proceder en el diálogo con los gobernadores. “Al no haber una posición tomada, se tiende a estar más del lado de lo que quieren los Menem [tener más en cuenta los armados electorales al momento de las negociaciones]. Lo que pasa es que se está analizando. Llegado el momento, ahí se va a poder definir con claridad con quién se puede acordar o no”.
Al panorama en Diputados se le suma lo que aconteció en las últimas horas en el Senado con los últimos cambios en materia electoral que decidió La Libertad Avanza. Finalmente, la senadora Patricia Bullrich comunicó que su bloque retiró de la escritura del proyecto la incorporación de las “colectoras” y que retomará varios puntos del proyecto original. Tal y como marcó desde hace semanas, al oficialismo se le complicó conseguir las firmas para el dictamen en comisión y se vio forzado a hacer modificaciones.
“Esto va a llevar a que tengamos que hacer acuerdos de listas de unidad en los próximos meses”, aseguraron cerca de uno de los principales negociadores libertarios, que agregó: “[Las colectoras] eran un mamarracho. No íbamos tener dictamen porque se había desnaturalizado el proyecto. Ahora está bastante hablado todo con gobernadores y senadores. Ahora cambió todo”.
Martín Menem,Cámara de Diputados de la Nación Argentina,sesión legislativa,política argentina
POLITICA
El Tribunal Superior de Justicia porteño limitó la actualización de intereses por despido a la nueva ley de Modernización Laboral

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) impuso límites a la indemnización por despido de acuerdo con la denominada ley de “Modernización Laboral”, en lo que marca la jurisprudencia del tribunal en la materia, en consonancia con la Corte Suprema de Justicia.
Por mayoría, el máximo tribunal porteño hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Hipotecario S.A. y revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Lo que la Corte porteña dispuso es que los intereses y la actualización de la indemnización por despido se determinen l régimen establecido en el artículo 55 de la nueva legislación, aprobada el 28 de febrero pasado.
El 6 de marzo de 2026, durante el trámite judicial, entró en vigencia esta nueva norma número 27.802. Allí se establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios en trámite que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso. El resultado no puede superar lo que daría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% del monto que surgiría de aplicar esa fórmula.
Ahora, con este criterio, el Tribunal Superior de Justicia porteño falló en la causa “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”.
La Cámara Nacional del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización por despido y había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 que prohíben la indexación. Había ordenado actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC), más un interés puro del 3% anual.
Frente a ello, el Banco Hipotecario recurrió ante el TSJ al alegar arbitrariedad y apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.
La empleada del Banco Hipotecario que fue despedida planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, lo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.
En esta sentencia, el TSJ sostuvo que la declaración de invalidez de una ley es el último recurso al que se puede acudir.
Los magistrados destacaron que el esquema transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad.
Señalaron que el piso mínimo del 67% resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad sentada por la Corte Suprema de Justicia.
Decidieron que el artículo 55 de la Ley 27802 resulta aplicable para determinar la forma de actualización del crédito de la trabajadora, en coincidencia con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre pasado en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo.
Cuando un trabajador gana un juicio por despido, el dinero de la indemnización debe actualizarse desde el momento en que debió pagarse hasta el momento del cobro efectivo para no perder su valor frente a la inflación.
En este fallo, el Tribunal Superior de Justicia definió qué regla debe usarse en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando se sancionó la denominada ley de “Modernización Laboral”.
La mayoría del tribunal resolvió que es válida la fórmula fijada por el Congreso para estas causas pendientes. Se calcula el interés con la tasa pasiva del Banco Central, garantizando que el monto final nunca sea menor al 67% de lo que resulte de actualizar el capital por inflación (IPC) más un 3% anual, ni mayor al 100% que resulte de actualizar el capital con la misma fórmula.
Votaron por la validez de la norma Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, y votaron en disidencia Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz.
En su voto conjunto, De Langhe y Otamendi sostuvieron que no es irrazonable que los créditos laborales tengan un régimen propio, distinto del que rige para las deudas civiles y comerciales.
Tampoco consideraron discriminatorio que el artículo 55 trate a los juicios en curso de manera diferente que el artículo 54, que regirá para los casos nuevos.
Según los jueces, se trata de un mecanismo transitorio, pensado para causas que se tramitaron bajo la prohibición de indexar, con alta inflación y después de que la Corte Suprema descalificara varias fórmulas de la Justicia laboral por arrojar resultados “desproporcionados”.
Weinberg llegó a la misma conclusión con un voto propio. Allí puso el foco en que la trabajadora no demostró con números concretos cuánto perdía con la nueva fórmula, y advirtió que una objeción de esa gravedad exige probar el perjuicio en el caso.
Para la jueza, el piso legal protege al trabajador y la previsibilidad sobre el monto de las deudas también cuida la fuente de empleo. “La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria”, afirmó.
Lozano y Ruiz, desde el peronismo, votaron en contra y declararon inconstitucional la ley de Modernización Laboral. Consideraron que discrimina a los trabajadores, a quienes la Corte define como “sujetos de preferente tutela”, porque les otorga por la mora una reparación muy inferior a la que recibe cualquier otro acreedor, y además por el hecho de haber ido a la Justicia.
Para ilustrarlo, hicieron la cuenta de este expediente: entre el despido, en marzo de 2017, y agosto de 2026, el IPC subió 11.980%, la tasa pasiva que impone la ley arroja un 5930% y la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del BCRA, que se aplica al resto de las deudas, da 12.186%.
Con el voto de la mayoría, según la nueva Ley de Modernización Laboral, por cada 100 pesos de 1987 le correspondería al trabajador en 2017 unos 10.400 pesos. Y, según el voto de la minoría, los 100 pesos se convierten en unos 12.290 pesos.
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POLITICA
Quirno, sobre la inminente decisión del Tribunal del Mar por Malvinas: “Independientemente del resultado, el arbitraje sigue”

Entre el optimismo y la mesura, el Gobierno aguarda el fallo del Tribunal Internacional del Mar, que el próximo viernes 28 definirá si acepta o no el pedido argentino de suspender de modo provisorio los trabajos preliminares de exploración y explotación petrolífera que el consorcio binacional Sea Lion lleva adelante en la cuenca norte de las islas Malvinas, con la bendición y el impulso del gobierno británico.
“Fuimos donde teníamos que ir, estamos en manos del tribunal”, dijo el canciller Pablo Quirno, luego de participar del evento anual del estudio jurídico Marval, uno de los más importantes del país. “La estrategia es integral, con distintos pasos. Tenemos la responsabilidad justamente de usar todas las herramientas que están a nuestro alcance”, dijo el jefe de la diplomacia nacional, aunque dejó un resquicio para una respuesta adversa del Tribunal con sede en Hamburgo, que la semana pasada escuchó los argumentos de ambas partes.
“Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue, y nosotros tenemos también otras medidas que estamos tomando”, dijo Quirno durante la conferencia. Una vez culminada, Quirno aclaró a que aún en el caso de que el tribunal no frene de inmediato la actividad de las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en Malvinas “el arbitraje sigue” ya que “los dos [la Argentina y Gran Bretaña] somos los dos países miembros de la Convención del Mar”, y el tribunal estaría obligado a continuar tratando el reclamo argentino hasta su decisión final.
El canciller defendió la decisión del Gobierno de llevar a los tribunales a Gran Bretaña, ya que –afirmó- “hay resoluciones de las Naciones Unidas, la 2065, y específicamente la 3149, que hablan de que mientras el tema de fondo (la soberanía) no esté resuelto vía negociaciones pacíficas, los países deben abstenerse de tomar decisiones unilaterales. Nosotros consideramos que esto es una decisión unilateral del Reino Unido, que es de alguna manera irreversible porque una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”.
El miércoles pasado, y luego de escuchar también la postura de la delegación británica, que insistió en que el tribunal “no está obligado a intervenir” en este caso y defendió la labor de las empresas como generadoras de desarrollo para las islas, el tribunal anunció que se tomaría unos días para definir su competencia en el caso, en un veredicto provisorio.
El tribunal, de 21 miembros, tiene22 en este caso, ya que se sumó un representante británico ad hoc. Está encabezado por el camerunés Maurice Kamga
Desde el Gobierno se mostraron expectantes en que el tribunal falle de modo similar al de la controversia con Ghana por la Fragata Libertad, resuelto a favor del país en tres semanas.
En tren de detallar la estrategia del Gobierno, Quirno mencionó la ley de Defensa de la Soberanía nacional, que establece duras sanciones contra las empresas vinculadas la explotación de recursos en las islas, pero cuyo tratamiento se cayó hoy en la Cámara de Diputados. Una ley que, según el canciller, “lo que hace es permitirle a las compañías privadas y al sector privado elegir entre lo que es la potencialidad energética que hay en Argentina u operar en Malvinas bajo licencias ilegítimas. Creemos que la valoración que tiene Argentina de sus activos estratégicos permite esa decisión, una decisión absolutamente de negocios”, detalló.
Giro de dividendos
Durante su exposición, que duró unos 25 minutos, y que tuvo como interlocutor a Santiago Carregal, expresidente de Estudio Marval, O’Farrell y Mairal, Quirno se mostró satisfecho por la visita de León XIV, a la que definió como “la manifestación popular más grande de nuestra historia”. Trazó, además, un panorama optimista de las inversiones extranjeras en el país, en base al “respeto de los contratos, mantener el orden macroeconómico, todo lo que le permita facilidades al sector privado, generar las condiciones para que ellos inviertan, trabajen, contraten, ganen plata, y puedan devolvérsela en el caso extranjero, a sus casas matrices si así lo necesitaran”.
Agregó que en base a los conceptos de propiedad privada y libertad, que el Gobierno pregona “todos los días”, la gestión de Milei pudo “sostener negociaciones como las hechas con Estados Unidos” y cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur “por primera vez luego de años de negociaciones”. Con tono electoral, Quirno afirmó: “No tomamos real conciencia de lo que estamos viviendo, en gran parte porque tenemos nuestro pasado por delante, y ese es el pasado que nosotros no queremos”. Fue una referencia explícita a la oposición peronista.
pedido argentino,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
En el PRO apuntan contra Provincias Unidas por la caída de la sesión en Diputados y se reaviva la tensión entre los dialoguistas

La caída de la sesión en la Cámara de Diputados generó malestar en el PRO, que salió a cuestionar públicamente la falta de quórum y, puertas adentro, apuntó contra Provincias Unidas por no haber acompañado el debate. En el espacio que conduce Mauricio Macri interpretaron que la decisión estuvo vinculada con la disputa por un lugar en el Consejo de la Magistratura y también deslizaron que buscó presionar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
“Lamentamos que hoy no se haya podido sesionar”, expresaron desde la cuenta oficial del bloque del PRO en Diputados. Entre los temas que quedaron pendientes mencionaron el traspaso de la Justicia penal y de menores a la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —que contempla la protección de Malvinas y los recursos estratégicos— y la reforma del Banco Central, orientada a garantizar su independencia y terminar con la emisión sin control.
El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, también expresó su malestar. “Es una vergüenza que hoy no hayamos podido sesionar para tratar una ley fundamental para la defensa de nuestra soberanía nacional”, publicó. Y agregó: “Las Malvinas, nuestros recursos naturales y la seguridad de los argentinos tienen que estar por encima de cualquier diferencia política. La Argentina está primero”.
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