POLITICA
Dura acusación de Leila Gianni a una dirigenta social: “A ustedes los utilizan para fundar cooperativas y recibir plata”

La justicia social y el rol de las organizaciones en los barrios quedaron en el centro de un fuerte cruce en A Dos Voces (TN). Laura Cibelli, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y Aldo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria, cuestionaron las políticas del Gobierno. En paralelo, Leila Gianni, concejal de La Matanza, y Pablo Walter, exsenador y dirigente cercano a Patricia Bullrich, defendieron el fin de la intermediación de las organizaciones sociales y apuntaron contra sus autoridades.
Gianni planteó que la justicia social no consiste solamente en distribuir recursos, sino en garantizar que las personas puedan vivir con dignidad y sin depender de un dirigente político. “No hay justicia social cuando se condena a una persona en situación de vulnerabilidad social a vivir dependiendo de un dirigente político, de un puntero”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó el funcionamiento de algunas organizaciones sociales y sostuvo que utilizaron los planes y la entrega de alimentos como herramientas de poder sobre las personas en situación de vulnerabilidad.
En contraparte, Cibelli defendió el trabajo territorial del MTE y cuestionó al Gobierno, señalándolo por el retiro de alimentos de los comedores. Por ejemplo, contó que su organización entrega alrededor de 5000 raciones de comida los lunes, miércoles y viernes, en una olla popular. También reveló que las cocineras dejaron de recibir el pago que cobraban en el pasado. “La justicia social es eso, la solidaridad y la comunidad”, sostuvo.
Del otro lado de la mesa, Walter expresó que durante años algunos dirigentes utilizaron la bandera de la justicia social para enriquecerse. “Los gerentes de la pobreza se llenaron sus bolsillos mientras la gente cada vez está más pobre”, cuestionó. También planteó que la situación actual no es responsabilidad exclusiva del gobierno de Javier Milei, sino de las gestiones que gobernaron durante las últimas décadas.
Leiva respondió que la discusión no podía limitarse a las responsabilidades de los gobiernos anteriores y pidió poner el foco en la situación actual. “Sería bueno ponernos de acuerdo para que los jubilados no sean condenados a no tener sus medicamentos, para que nuestras universidades no sean desfinanciadas, para que verdaderamente defendamos la industria nacional”, dijo.
El cruce escaló cuando Gianni le preguntó a Cibelli dónde estaba la justicia social en los barrios de La Matanza afectados por el narcotráfico. Además, acusó a algunas organizaciones de utilizar la asistencia alimentaria para movilizar personas y sostener estructuras políticas. “¿Qué están haciendo hoy las organizaciones sociales sin esos elementos de dominación?”, preguntó.
Cibelli rechazó esa mirada, defendió su trayectoria de más de 10 años en el MTE y destacó el trabajo de los cartoneros y los proyectos de reciclado y obras populares. En ese momento, la tensión aumentó dado que la referente criticó a Gianni por sus cambios de espacio político.
La concejal respondió con críticas a la gestión municipal y aseguró que todavía hay barrios con calles sin asfaltar, falta de luminarias y problemas de infraestructura. Además, afirmó que algunas familias de Rafael Castillo y Virrey del Pino reciben boletas de luz de hasta $400.000 y no pueden pagarlas.
En ese marco, Leiva cuestionó el rumbo económico del oficialismo y sostuvo que sus políticas perjudican a los trabajadores, los jubilados y la clase media. En ese contexto, lanzó: “Hay un sector de nuestra sociedad que siempre fue servil a los grupos poderosos, antes golpeaban las puertas de los cuarteles. Hoy se manejan de otra forma y tienen un Milei que es funcional a esos intereses”.
Walter le respondió que la gente ganó al eliminar la intermediación de dirigentes sociales que, según denunció, se enriquecieron a costa de los más vulnerables. Ante ese comentario, Leiva retrucó: “La intermediación de ustedes no es con los pobres, es con los ricos, con los poderosos”. También cuestionó lo que llamó la “inmobiliaria de Milei donde se alquila y se venden los votos”.
POLITICA
Reforma electoral: hacerle trampa a la Constitución

En estos días, a puertas cerradas y con un escrutinio público que se ha limitado a trascendidos periodísticos, el Senado está discutiendo la reforma electoral que, de confirmarse, sería la más ambiciosa de las últimas décadas: suspensión de las primarias obligatorias, supresión del debate electoral estatal, liberación del financiamiento privado de campañas, reducción de la publicidad televisiva gratuita. Con la desfachatez propia de la época, ya casi no quedan defensores de la propuesta que no confiesen lo que le resulta obvio a cualquier observador: el único propósito de la reforma es beneficiar al oficialismo. A tal punto esto es así, que ni siquiera se propone un cambio permanente: como ya se hizo el año pasado, se propone la suspensión de las primarias obligatorias por otra única vez… no sea cosa que en alguna otra elección sí le sirvan al Gobierno.
En septiembre, la Cámara Electoral había comunicado al Congreso la “conveniencia” de que este tipo de reformas se realice con la anticipación necesaria recomendada, además, por los organismos internacionales especializados en la materia. El mensaje es acertado pero insuficiente: este tipo de reforma, negociada entre bambalinas sin argumentos públicos y de modo abiertamente autointeresado, no es meramente “inconveniente”, sino que lesiona nuestros compromisos constitucionales más básicos.
Tal vez convenga comenzar por lo más claro y sencillo: cualquier ciudadano mínimamente interesado en los asuntos compartidos puede, desde el más básico sentido común, reconocer la implausibilidad (y, finalmente, la invalidez) de la reforma. No existen buenas razones públicas para sostener los cambios electorales propuestos. O, en términos más fuertes: quienes defienden la reforma no han ofrecido, para justificarla, el tipo de argumentos que nos deben a todos nosotros, en tanto miembros de la misma comunidad política. Es de sentido común que las reglas del juego no pueden ser cambiadas por quienes tienen una posición dominante en el juego, mientras el juego se está jugando. Todos reconocemos, por ejemplo, que no se justifica que la AFA cambie el sistema de descensos cuando el torneo está por terminar y se advierte que uno de los equipos “grandes” está por perder la categoría. De hecho, cada vez que algo así ocurre se desata un merecido escándalo. Hechos como los anteriores -aun si, como sabemos, pueden imponerse en la práctica- no se justifican en ningún caso: cualquiera entiende que se trata de trampas impermisibles, que nos avergüenzan a todos y que inculpan a sus propulsores.
Esta razonable y sensata visión de sentido común se vincula muy directamente con la mejor doctrina constitucional hoy en boga -una doctrina que, según veremos, calza perfectamente con lo que han sabido reconocer nuestros tribunales. La línea doctrinaria a la que nos referimos es lo que se conoce como una lectura procedimentalista de la Constitución, esto es, una lectura como la que impulsó, en el mundo anglosajón, John Ely; como la que defendió, en la Argentina, el mejor jurista que tuvo el país, Carlos Nino; y como la que expuso, en el ámbito europeo, el principal cientista social del siglo XX, Jürgen Habermas. Muy resumidamente, lo que la doctrina procedimentalista sostiene es que los órganos de control deben examinar con presunción de invalidez todas aquellas reformas impulsadas por los grupos a cargo del proceso de toma de decisiones que se dirijan a cerrar los canales del cambio político (típicamente, para permanecer en el poder, o dificultar las posibilidades de que sus opositores los remuevan) o se orienten a socavar los derechos de las minorías. Es decir, a menos que quien impulsa la reforma (el Gobierno, en este caso) pueda ofrecernos una justificación de peso extraordinario para defenderla (por ejemplo, evitar la violación de derechos fundamentales que resultarían arrasados sin dicha reforma), ésta debe considerarse inconstitucional.
No tratan estas reflexiones de meras expresiones de deseos: hablamos de consideraciones jurídicas de la más alta jerarquía. Acaso lo mejor para que el punto sea comprendido sea apelar a la simetría que, en materia de atropellos institucionales, nos ofrece la historia reciente. Cuando el gobierno de Cristina Fernández impulsó la llamada “democratización de la justicia” en 2013, la Corte Suprema presidida por Ricardo Lorenzetti tardó apenas seis semanas en declararla inconstitucional. Si bien lo que más se recuerda del fallo “Rizzo” son sus argumentaciones en favor de la independencia judicial, debe recordarse que la Corte también se detuvo en este crucial principio procedimental. Ante esa reforma electoral, que evidentemente tendía a beneficiar al partido de gobierno, la Corte lo amonestó en los términos más duros: “el Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a una o unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto” ya que el sistema debe tender a “fortale[cer] la calidad y transparencia de tal proceso”.
Estas palabras resuenan hoy. Con lo poco que se sabe hasta ahora (y eso, de por sí, es un dato que debería determinar nuestro rechazo), es claro que la reforma impulsada por el gobierno se trata de un intento de aprovecharse de las mayorías que el poder permite forzar, y para conservar ese mismo poder. ¿A quién beneficia, por ejemplo, la eliminación de la publicidad gratuita en televisión, sino al partido que puede aprovecharse de la visibilidad que le da la propia posición de gobierno? ¿Quién puede aprovecharse más de la eliminación del debate electoral que el presidente que debería explicar, frente a candidatos opositores y no periodistas amigables, los números que nos trae la economía real? ¿Quién puede beneficiarse de la liberación de los aportes privados de campaña, sino el partido que más ha hecho para beneficiar a los sectores más concentrados de la economía?
La Corte ya supo intervenir en circunstancias similares, cuando era el propio Poder Judicial el que se veía perjudicado. ¿Será muy ingenuo esperar que esta vez haga lo mismo, con la misma contundencia y la misma celeridad?
Roberto Gargarella,Sebastián Guidi,LA NACION,Política
POLITICA
Galmarini cruzó a Caputo por su reacción al evento del peronismo organizado por Massa: “Está bien que te agarres la cabeza”

Malena Galmarini salió al cruce en redes por un video que compartió el ministro de Economía, Luis Caputo, del acto por el Día de la Lealtad Peronista del martes en el que participaron, entre otros, Sergio Massa y dirigentes federales, kirchneristas y de las provincias. El funcionario mileísta publicó el fragmento en su cuenta de X junto a un emoji que emula a una persona agarrándose el rostro y la senadora lo cuestionó y apuntó contra el gobierno libertario.
“Está bien que te agarres la cabeza. El miedo no es zonzo”, le respondió, también a través de la red social, en alusión al ícono que utilizó el ministro. “Nos ves juntos, con ganas, construyendo la unidad que te va a sacar de ese lugar desde el que vendiste la Argentina. ¡Y la vamos a recuperar, eh!”, continuó.
En el video que compartió Caputo se puede ver a Massa arengando los aplausos y el canto de la marcha peronista junto a otros referentes como Mayra Mendoza, las diputadas Natalia de la Sota y Victoria Tolosa Paz, el senador Gerardo Zamora y la misma Galmarini, senadora de la provincia de Buenos Aires y esposa del exintendente de Tigre y excandidato presidencial.
“Con incentivo a la producción, industrialización y agropecuaria, nacional que genera trabajo, sin timba financiera. Apoyando a los laburantes que se rompen el lomo y no a los apostadores de poca monta. Sosteniendo a nuestros jubilados que dieron su vida por el país”, escribió Galmarini y siguió: “Cuidando a quienes cuidan, sobre todo a las mujeres que sostenemos el sistema de producción, con sus hombros, en sus espaldas”.
La también expresidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aseguró que buscarán también garantizar y mejorar la educación “para que pibes y pibas sientan que vivir acá es posible”. “Protegiendo a la población de la delincuencia, para que no haya más víctimas ni victimarios”, dijo.
“No te alteres que te sube la presión, el riesgo país y se te mueve el dólar. Un beso”, cerró, con ironía.
El acto en San Fernando
El video que compartió Caputo transcurrió durante un evento por el Día de la Lealtad Peronista el pasado 17 de octubre en San Fernando. Allí, con la notoria ausencia del gobernador Axel Kicillof, el massismo organizó el acto con el objetivo de levantar el perfil después de tres años y con la mirada en las elecciones del año que viene.
Sin oradores, en el escenario —con todos los dirigentes sentados en la platea— apareció un humorista político, Emanuel Rodríguez, y luego se proyectó un simulacro de entrevista con Juan Domingo Perón, hecho con inteligencia artificial. “El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio”, dijo en el video montado Perón, cuyas palabras estuvieron guionadas por Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se bajó a último momento, tal como consignó , con el argumento de que el acto generaba “más divisiones” en el peronismo. Si bien el principal grupo que quedó afuera del encuentro fue el axelismo, hubo representantes de casi todas las provincias, como el tucumano Juan Manzur, la fueguina Roxana Bertone, el chubutense Mariano Arcioni y el entrerriano Gustavo Bordet.
participaron, entre otros, Sergio Massa y dirigentes federales, kirchneristas y de las provincias,LA NACION,Malena Galmarini,Actualidad política,Luis Caputo,Conforme a
POLITICA
El Senado debate la nueva ley de Discapacidad y la restitución de la Ley de Tierras – Nexofin

El Senado tendrá este jueves una sesión clave para el cierre del período ordinario, con dos iniciativas centrales en discusión: el nuevo régimen de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción, y el proyecto que busca restablecer la Ley de Tierras, derogada mediante el DNU 70/2023.
La convocatoria fue acordada en Labor Parlamentaria, bajo la conducción de Victoria Villarruel, y comenzará a las 11. La Libertad Avanza deberá conseguir al menos 37 senadores para habilitar el debate.
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Al momento, cuenta con 21 bancas y necesita el respaldo de bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR y representantes provinciales.
Frente al rechazo de los aliados, el oficialismo eliminó las listas colectoras de la reforma electoral
Uno de los proyectos propone reemplazar la emergencia en discapacidad por un sistema permanente de prestaciones y financiamiento, además de establecer controles sobre los fondos y mecanismos para regularizar las deudas con los prestadores.
La otra iniciativa, denominada Inviolabilidad de la Propiedad Privada, incorpora la derogación del artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y dispone recuperar sus restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales. La norma establece un límite del 15% de propiedad extranjera en cada jurisdicción. Si el Senado aprueba el texto sin cambios, la legislación volverá a estar vigente.
El temario incluye además la designación de representantes parlamentarios en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, encargado de supervisar los lugares de detención.
También se debatirá una propuesta para declarar 2027 como el “Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, impulsada por el radical Eduardo Vischi.
Por último, los senadores tratarán el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, iniciativas sobre cabotaje y Marina Mercante, admisión temporaria, derechos de niños y adolescentes y distintos acuerdos internacionales.
Diputados: el Gobierno no consiguió quórum y se cayó la sesión por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central
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ley de discapacidad,Ley de Tierras,Senado,TRATADO DE PATENTES
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